Una serie de imágenes que captó ayer miércoles con su cámara el fotorreportero Óscar Guerrero refleja la realidad que vive Guerrero que se parece en mucho a la de otros estados del país en donde la violencia está imparable.
La primera gráfica muestra a dos soldados del Ejército que realizan labores de vigilancia a plena luz del día en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, la capital del estado.
En esta ciudad desde hace tres semanas sus habitantes viven otra oleada de violencia. Van 11 asesinatos, seis vehículos incendiados y durante tres días los vendedores de pollos cerraron sus establecimientos después de que tres distribuidores con cinco de sus trabajadores fueron asesinados por hombres armados, dos en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y seis en una granja en la comunidad vecina de Petaquillas.
Después de las diez de la noche, las calles del centro de Chilpancingo lucen desoladas y los transportistas han suspendido el servicio nocturno.
Hace diez días llegaron a Chilpancingo cien elementos de la Marina para patrullar las calles.
Otra imagen captada por Guerrero Ramírez, es la de una mujer que salió huyendo de Chilapa derivado de la desaparición de su hijo, un chofer de una camioneta Urvan de transporte público que hoy jueves cumple cuatro meses de haber sido privado de su libertad por tres hombres armados en aquella localidad.
Doña María Engracia Guerrero López, madre de Jesús Antonio Moyao Guerrero y su familia tuvieron que salir para no ser atacados, y son revictimizados por la Fiscalía General de Justicia y peor aún, los intimidan para que dejen de buscar a su desaparecido.
Ella hizo la denuncia, el 24 de febrero de este año, y hasta ocho días después la Fiscalía publicó la ficha de búsqueda. Pero las autoridades ni buscan a Jesús Antonio ni mucho menos detienen a los que se presume son los responsables.
Desde hace casi una década Chilapa se ha convertido en una zona de violencia con asesinatos, desapariciones y secuestros. Van más de ocho operaciones de fuerzas de seguridad federal y estatal del 2014 a la fecha, y la situación sigue igual.
Este martes, un grupo de reporteros que cubrían una conferencia de prensa con líderes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (Crac-Pf) quedaron atrapados en una balacera que estas autodefensas protagonizaron con integrantes de un grupo delictivo en el cerro de la comunidad de Tula, que está a menos de 60 minutos de la cabecera municipal de Chilapa.
Otras imágenes que captó Guerrero Ramírez, es la de una protesta que realizaron policías estatales en una de las laterales de la autopista del Sol para exigir al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que acate la resolución de un juez federal que ordena su reinstalación.
Los más de cien agentes fueron despedidos en el 2017 por el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores por realizar protestas en demanda de uniformes, patrullas, armamento, pago de bono, viáticos y que se les aumentara el monto económico del seguro de vida.
Ayer, el grupo de agentes iban a ser desalojados por sus propios compañeros en la autopista.
Hombres armados se robaron una camioneta con un cargamento de pollos vivos en el puente de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Petaquillas en donde el sábado 12 de este mes fueron asesinadas a balazos seis personas en una granja.
En estos hechos que ocurrieron alrededor de las diez de la noche de este jueves los delincuentes dejaron en libertad al conductor del vehículo quien les fue a contar su versión a los agentes de la Guardia Nacional que desde hace diez días tienen instalado un retén de revisión debajo del puente de esta vía federal.
La víctima les contó a los agentes que las pérdidas económicas por el robo de los pollos vivos es de 200 mil pesos.
El grupo de hombres armados se llevaron también la camioneta marca Super Duty de 3. 5 toneladas.
En este vehículo se trasladaban los pollos vivos que al parecer se le iba a entregar a un distribuidor de Chilpancingo donde todavía hay escasez de este producto por la violencia.
Un mando de la Guardia Nacional dijo a un grupo de reporteros que el conductor de la camioneta con el cargamento de pollos vivos le comentó que acudiría a la Fiscalía para interponer la denuncia por el robo.
La mañana del pasado 11 de junio un grupo armado ingresó en una granja de pollos ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en Petaquillas, del municipio de Chilpancingo y asesinó al distribuidor de este producto, a su hija de 14 años de edad y a cuatro trabajadores.
Días antes de este hecho, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla ubicado al norte de Chilpancingo hombres armados asesinaron a tiros a dos distribuidores de pollos.
Por la violencia que se desató durante varios días contra los distribuidores, más de 50 establecimientos de este producto los cerraron y los reabrieron este miércoles con medidas de seguridad.
Por los hechos de violencia registrados en Petaquillas, el Vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa, aseguró que las investigaciones avanzan y que de este hecho existen varios videos que son analizados.
Según el funcionario este caso no quedará en la impunidad.
Este viernes en Petaquillas la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez realizó su audiencia pública con los funcionarios de su gabinete y se sintió un tenso ambiente.
Durante una conferencia de prensa dio a los reporteros declaró que buscará tener una reunión con los integrantes de la policía comunitaria de esta comunidad con el propósito de tener una coordinación para brindar seguridad a la comunidad.
La policía comunitaria de Petaquillas enfrenta denuncias ante la Fiscalía General por los presuntos delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.
El pasado siete de junio, un grupo de pobladores encabezados por el comisario municipal de esta comunidad retuvieron nueve horas de cinco patrullas con 30 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal.
Precisamente una de las peticiones del comisario de este pueblo y habitantes fue la reinstalación de un retén de revisión de las autodefensas en la carretera federal Petaquillas-Chilpancingo.
Este viernes, durante las labores de vigilancia por parte de la Guardia Nacional un mando que dirige el retén de vigilancia debajo del puente, en la entrada de Petaquillas, atendió a un señor que le dijo que su hijo está desaparecido.
Esta persona le entregó al agente federal una fotografía de su hijo desaparecido.
«Por si lo llega a ver por aquí, le doy esta fotografía», le dijo el señor al de la Guardia Nacional.
En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.
Texto: Ampola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Más de 300 personas entre policías comunitarios, niños y mujeres marcharon en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, para exigir la instalación de retenes de la Guardia Nacional y Ejército para disuadir a un grupo delictivo que opera en esa región de la Montaña baja.
Las autoridades del pueblo y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PF), emplazaron a los gobiernos federal y estatal para que en dos semanas empiecen a cumplir con su pliego de demandas de seis puntos.
Este domingo 12 de junio, autoridades estatales acudieron a esta comunidad en donde se reunieron con los pobladores y recibieron sus peticiones.
Los enviados de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les regalaron despensas a las mujeres y juguetes a los niños.
En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.
También piden la instalación de un Banco del Bienestar y el pago de una indemnización a viudas de 10 hombres que fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo.
Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, dijo que están emplazando al gobierno hasta este fin de año cumpla con esos seis puntos del pliego petitorio y que en caso de no hacerlo van a preparar a unos 60 niñas y niños para que se ejerciten como policías comunitarios.
«¡Zapata está vivo apuntando a Los Ardillos y si siguen secuestrando les dará su merecido!», gritaron esta consigna los pobladores en referencia a este grupo delictivo que la Fiscalía Genera del Estado (FGE) en 2019 les integró una carpeta de investigación por el asesinato de 10 músicos de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, es decir, dentro de la misma Montaña baja.
Alcozacán es una comunidad vecina de Ayahualtempa y desde el 2019, sus pobladores y policías comunitarios han tenido enfrentamientos armados con los miembros de ese grupo criminal.
Los pobladores de las dos comunidades han denunciado que Los Ardillos han asesinado y desaparecido a más de 40 personas. Ayahualtempa y Alcozacán no solamente viven en una situación de violencia e inseguridad también de bajos niveles de desarrollo humano.
La marcha de los niños, mujeres y policías comunitarios de la CRAC-PF se desarrolló alrededor del pueblo.
Los policías comunitarios vestían uniforme color verde olivo y portaban escopetas y rifles de bajo calibre.
Morales Rojas dijo que están reclamando a la FGE que realice la búsqueda de 13 personas que fueron privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo. La desaparición de las 13 personas ocurrieron algo largo de los últimos tres años.
En las cinco patrullas iban también el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el delegado de gobierno en la región Centro, Raúl Suárez Martínez.
Texto y fotografía: Amapola Periodismo
Chilpancingo
Habitantes de Petaquillas que mantuvieron retenidos nueve horas en un cerro a 30 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal los apedrearon cuando salían de esta comunidad en convoy la noche de ayer martes
«¡Fuera!», «¡Fuera!», «¡Fuera!», «¡El pueblo unido jámas será vencido!», gritaron unos 50 pobladores que condujeron a las cinco patrullas de elementos de seguridad federal y estatal hacia la salida del pueblo.
En las cinco patrullas iban también el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el delegado de gobierno en la región Centro, Raúl Suárez Martínez.
Posteriormente el grupo de pobladores, transportistas y autodefensas que estaban sin armas recogieron piedras del suelo y las lanzaron contra las patrullas y camiones de los policías antimotines estatales.
Un grupo de 35 periodistas que estaban ahí realizando su trabajo informativo quedaron atrapados entre militares, agentes de seguridad y pobladores.
«¡Váyanse de aquí cabrones!», le gritaba la gente a las fuerzas de seguridad.
Dos camiones con elementos de la Guardia Nacional de la sección de antimotines que se quedaron rezagados fueron apedreados por los manifestantes. Ningún agente resultó herido.
A las 9:15 de la noche, el convoy logró salir de la comunidad y tomaron con rumbo a Chilpancingo por la carretera federal.
Durante la tarde se tensó la situación porque ya había la orden de que los policías estatales y la Guardia Nacional de antimotines entraran al pueblo para rescatar a los retenidos.
Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizó varios sobrevuelos en la zona donde un grupo de 150 pobladores tenían a los retenidos.
Pero dos horas después el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, envió un mensaje en WhatsApp a varios reporteros informando que ya había acuerdos con el comisario del pueblo.
Una hora después los militares, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron liberados al firmar una minuta de acuerdos con el director de Gobernación estatal, Francisco Cisneros y el delegado de la región Centro, Raúl Suárez, quienes firmaron una minuta de acuerdos con el comisario municipal del pueblo, Efrén Moreno Carrera.
Uno de los acuerdos fue que el coronel del Ejército, Rodrigo Medina Maganda, no entraría a la comunidad de Petaquillas y se coordinaría con la Comisaría Municipal del pueblo.
El mando militar dejará libre la circulación el corredor Petaquillas-Quechultenango, dice el documento.
Otro de los acuerdos es de que cuando el coronel acuda a esta zona acepte la revisión de representantes del pueblo a sus unidades para verificar que no lleven ninguna arma decomisada a esta población.
Los funcionarios estatales que estuvieron en la reunión se comprometieron a gestionar que haya medidas de seguridad al transporte público del tramo Chilpancingo-Petaquillas.
Una de las peticiones de los pobladores es que fuera reinstalado el retén de los supuestos autodefensas del pueblo en las cercanías de Chilpancingo, pero fue rechazada por las autoridades estatales.
Esta última demanda fue lo que motivó a los habitantes retener a las fuerzas de seguridad en un camino estrecho que conduce al panteón en la colonia Zocomulco, en el cerro de San José.
El comisario municipal de Petaquillas, Efrén Moreno, declaró que debido a los últimos hechos de violencia que han ocurrido en su comunidad contra transportistas exigen la reinstalación del retén de revisión de los autodefensas.
Durante la noche de lunes y madrugada del martes recientes, hombres armados incendiaron cinco vehículos de transporte público, tres en distintos puntos de Chilpancingo y dos en las cercanías de Petaquillas.
Además, el dueño de un taller de reciclaje fue asesinado a balazos cuando estaba en su negocio ubicado cerca de esta comunidad.
En el ataque una mujer y un hombre fueron heridos de bala.
Los pobladores y las autodefensas aparte de que retuvieron nueve horas a los militares, a elementos de la Guardia Nacional y a policías estatales cerraron el acceso principal de esta comunidad que es la entrada hacia Quechultenango, donde tienen su centro de operaciones un grupo delictivo.
Los pobladores obligaron a los transportistas suspender el servicio público.
De esa manera la gente que trabaja o estudia en Chilpancingo tuvieron que caminar hasta 10 kilómetros para llegar a su destino.
Incendian taxi en colonia de Chilpancingo
La noche de ayer martes, hombres armados bajaron por la fuerza a un trabajador del volante, luego rociaron de gasolina al taxi y le prendieron fuego, en la colonia Rubén Mora, una colonia ubicada al poniente de Chilpancingo.
En la colonia 14 de febrero, ubicada en esa misma zona de la Rubén Mora, hombres armados arrojaron una bomba molotov contra un taxi, pero no le causó daños a la unidad y el taxista resultó ileso.
Cerca de las 13 horas, efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal que patrullaban una de las calles de este poblado fueron vistos por los habitantes y de inmediato procedieron a retenerlos.
Texto y foto: Amapola Periodismo
7 de junio de 2022
Chilpancingo
Pobladores de la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo, tienen retenidos a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para exigir que haya recorridos de vigilancia para frenar la violencia en esta zona.
Las protestas de los pobladores y autodefensas civiles se lleva a cabo después que varios vehículos de transporte público de la ruta Petaquillas-Chilpancingo fueron incendiados por hombres armados.
Una de las demandas de los pobladores es de que se reinstale nuevamente el retén de revisión por parte de autodefensas de Petaquillas.
Desde la mañana de este martes, los habitantes de Petaquillas, que está ubicada a 10 kilómetros de Chilpancingo, cerraron los accesos de esta localidad. El servicio de transporte público Petaquillas-Chilpancingo y viceversa estuvo suspendido.
Cerca de las 13 horas, efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal que patrullaban una de las calles de este poblado fueron vistos por los habitantes y de inmediato procedieron a retenerlos.
Poco después de las 14 horas arribó a la comunidad el director de Gobernación estatal, Francisco Cisneros y el delegado de gobierno en la región Centro del estado, Raúl Suárez Martínez, para negociar con los pobladores y autoridades.
A unos 300 metros de la entrada del pueblo hay varios camiones de policías antimotines estatales.
Los funcionarios estatales van a escuchar los planteamientos de la gente de esta comunidad y conseguir la liberación de las fuerzas de seguridad que están a bordo de sus patrullas rodeadas de los pobladores.
Este lunes, autoridades de Petaquillas ofrecieron una rueda de prensa para exigirle al gobierno que le permita la reinstalación de un retén de sus autodefensas, porque según ellos, ha aumentado el índice de actos delictivos y ninguna corporación policiaca ha podido frenar esta situación.
Hasta las 15 horas, los militares seguían retenidos por los pobladores y las autoridades negociando con las autoridades y dirigentes de los autodefensas.
En una entrevista que dio a los reporteros en Tixtla, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que en el tramo Chilpancingo-Petaquillas se instalará una Base de Operaciones Mixta compuesta por la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal.
Policías estatales y Guardia Nacional hicieron disparos al aire para dispersar una turba de comerciantes que los perseguían afuera de la central de abastos en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco.
Los agentes federales y estatales llegaron a la central de abastos al recibir un reporte de que en el interior de las instalaciones se había registrado un enfrentamiento a balazos entre comerciantes con saldo de un herido.
Los locatarios al notar la presencia de los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional se inconformaron y empezaron a agredirlos a pedradas y jitomatazos.
El grupo de agentes salieron corriendo del inmueble y cuando ya veían que los comerciantes los tenían rodeados tiraron disparos al aire para dispersarlos.
Solo de esa manera los comerciantes se retiraron y los agentes de seguridad federal y estatal abordaron sus patrullas y se fueron.
Se confirmó que previo a la llegada de los agentes policiacos a la central de abastos los comerciantes se enfrentaron a balazos resultando uno de ellos herido y que fue trasladado por sus familiares a una clínica particular.
Los familiares del herido y los comerciantes impidieron que las autoridades de la Fiscalía realizaran las diligencias diligencias de ley.
En un video que circula en las redes sociales se observa que un grupo de ciudadanos que viajaban en un camión urbano se tiran al piso al escuchar las detonaciones.
“Son disparos al aire”, se escucha que dice uno de los pasajeros al tiempo que se agacha.
En otro video se ve a los comerciantes como les lanzan proyectiles a un grupo de policías estatales quienes reaccionan tirando balazos al aire y logran detener a un individuo que viste playera roja.
Sobre estos hechos la Fiscalía General del Estado no ha dado su versión oficial.
“No tenemos ningún reporte, fueron hechos aislados pero vamos a esperar el reporte de la Fiscalía Regional”, dijo el director de Comunicación de la Fiscalía, Rafael Lara.
Esta confrontación se registra después de que este lunes en la tarde, comerciantes de esta central de abastos bloquearon por casi una hora el boulevard Vicente Guerrero para exigir la salida de la Policía Estatal por cometer presuntos abusos contra ellos.
El grupo de inconformes piden la presencia del Ejército Mexicano en esa zona de Acapulco.
Desde hace semanas la violencia en las calles de Acapulco no para pese a que existe un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal.
“Bajo la Bota” es un proyecto web hecho por organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes donde se muestra, a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública sobre la triste realidad que viven día con día las personas que intentan lograr asilo en México o, en su defecto, cruzar el país en dirección a los Estados Unidos de América.
Texto: Josué Ibarra / ZonaDocs
24 de mayo de 2022
“La militarización de las políticas migratorias va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional en materia de derechos humanos”, mencionaron los colectivos que participaron en el proyecto web: “Bajo la Bota”, el cual muestra -mediante diversos trabajos periodísticos- los efectos de la militarización en las políticas migratorias.
En este proyecto participaron las organizaciones Fundación Para la Justicia, Sin Fronteras, Red de Periodistas de a Pie, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, Uno de siete Migración y Derechoscopio.
El origen del proyecto fue la implementación, por parte del Estado Mexicano, de una de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos donde se usó tanto a la Guardia Nacional como a otros cuerpos militares para ser el aparato de control del flujo migratorio.
Esta política migratoria vulnera los derechos de las personas migrantes en sus recorridos para llegar a Estados Unidos, pero también lo hace con los solicitantes de asilo, pues en ambos casos éstos se ven forzados a tomar rutas clandestinas para evitar a los cuerpos militares, y esto los pone en riesgo de sufrir desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.
El proyecto hace énfasis en tres cuestiones que consideran alarmantes en la violación de los derechos humanos de las personas migrantes; la primera son “Las detenciones arbitrarias e ilegales”.
“La Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”
Este punto lo resaltan incluyendo otros temas de suma importancia: el racismo y la xenofobia, las que se activan con la represión militar, esto lo reflejan con dos reportajes realizados en Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas; regiones donde documentaron situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas que fueron detenidas arbitrariamente.
La segunda cuestión fue “El uso excesivo de la fuerza” que hace referencia a como la Guardia Nacional, junto con el Instituto Nacional de Migración, han ejecutado un uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En su mayoría, las Caravanas Migrantes han sido las que más sufrieron estos atentados, así lo confirma el informe a través de la documentación periodística que se hizo del tema.
En último punto que remarca “Bajo la Bota” es “La violencia sexual”, sobre la que señalan:
“Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.”
“Bajo la Bota” deja claro que esto no son hechos aislados; al contrario, son actos que cada vez se vuelven más comunes por parte de la Guardia Nacional y de los agentes del INM.
Tras su trabajo realizaron las siguientes recomendaciones tanto para el gobierno mexicano como para el estadounidense.
Al gobierno mexicano:
Cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias;
Eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes;
En particular, ninguna niña, niño o adolescente ni personas solicitantes de asilo deberían ser privadas de su libertad.
Derogar acuerdos migratorios o cualquier clase de acuerdo con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos.
Respetar el principio internacional de no devolución.
Al gobierno estadunidense:
Cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.
Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.
Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.
El Congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias que ha traído para la región impulsar acuerdos migratorios que violan las reglas internas de los países que los suscriben.
El proyecto web “Bajo la Bota” cuenta con reportajes que narran, a través de distintas historias, los efectos que tiene en la frontera norte y en la frontera sur de México, la militarización de las políticas migratorias. Algunas de estas historias llevan por nombre “Mamá ¿Por qué nos van a matar?: el infierno del secuestro de migrantes en México” o “Temblaba de miedo: la Historia de Natalie, migrante extorsionada por la Guardia Nacional”; en ellas se retrata la violencia que sufren día con día los migrantes que pisan el país en la búsqueda de una vida más digna.
Aquí puedes visitar el sitio del proyecto “Bajo la Bota”:
Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Hace 12 días, las familias que fueron resguardadas por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se regresaron a Zihuaquio de donde en enero del 2020 salieron por amenazas que recibieron por parte de un grupo delictivo que les quemó sus casas y los quería obligar a que se unieran a sus actividades delictivas.
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oficial
30 de agosto del 2022
Chilpancingo
Familias de la comunidad de Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán nuevamente huyeron después de haber recibido amenazas de muerte por integrantes de un grupo delictivo.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó que el grupo de personas de esta localidad ubicada en la Sierra nuevamente se desplazó hace cuatro días hacia Vallecitos de Zaragoza que era donde desde hace más de dos años estaba refugiados.
Vallecitos de Zaragoza, pertenece al municipio de José Azueta donde también operan varios grupos de la delincuencia.
La mandataria estatal afirmó que su gobierno dará todo su apoyo a las personas que se salieron de Zihuaquio.
«En todo momento estamos dispuestos a apoyarles en todo lo necesario, con seguridad, vamos a redoblar esfuerzos en coordinación con La Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército», dijo Salgado Pineda quien fue entrevistada después de haber encabezado un acto oficial en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo.
Según las versiones de las familias ese día que llegaron a su pueblo y a otras demarcaciones aledañas los pistoleros incendiaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal.
Las familias que habían regresado a su pueblo tenían la esperanza de volver a la normalidad sembrando sus tierras y reactivar sus viñatas de mezcal.
El mezcal artesanal que se elabora en esta comunidad de la Sierra tiene la fama de ser uno de los mejores de todo Guerrero.
La activista Teodomira Rosales Sierra, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí en Guerrero, el de Evelyn Salgado Pineda, no tienen una estrategia para garantizarles el regreso a sus comunidades de miles de desplazados por la violencia.
Rosales Sierra quien es presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, afirmó que el anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de ahora Evelyn Salgado Pineda no han podido frenar a las organizaciones criminales que operan en distintas zonas de Guerrero.
«Estos grupos delictivos que se asientan en las comunidades expulsan a las familias porque rechazan unírseles», añadió.
La activista da acompañamiento y asesoría a familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala, Chilapa, Coyuca de Catalán y Acapulco.
Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco, 28 empresarios en este puerto en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones
En un video sin audio que dura 32 segundos se observa como tres individuos que portan armas cortas asesinan a balazos al panista y ex comandante de la policía ministerial estatal, Juan Carlos Brito Morán cuando ingresa a un gimnasio ubicado en la Costera Miguel Alemán, en la zona dorada de Acapulco.
El asesinato ocurrió a las 6 con 40 minutos de la mañana del lunes 28 de febrero. Ese día, el último del mes, se registraron otros cinco homicidios en distintos puntos de este puerto.
Brito Morán fue subsecretario de Seguridad Pública municipal durante el gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre con quien lo unía un compadrazgo y conflictos de interés.
Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres. El recuento de Amapola. Periodismo transgresor arrojó que, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco.
Iguala ocupó el segundo lugar en número de asesinatos con ocho casos y en tercer lugar Chilpancingo con seis homicidios dolosos.
Chilapa que en las estadísticas figura en los primeros lugares en casos de homicidios, hubo un crimen registrado.
Acapulco, considerada desde hace décadas como la joya de la corona en Guerrero, por su derrama económica y porque aquí las organizaciones criminales tienen un control, vive desde el 2006 —desde que gobernó la alcaldía Félix Salgado— una escalada de eventos de violencia.
Aquí en este puerto han gobernado los partidos políticos con más presencia en Guerrero: el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y desde el 2018, Morena.
Ninguna autoridad municipal proveniente de esos cuatro partidos políticos ha dado resultados tangibles para resolver la violencia e inseguridad.
El 30 de septiembre asumió la alcaldía de este municipio la morenista Abelina López Rodríguez antecediendo a su compañera de partido, Adela Román Ocampo.
Unas ocho horas antes de que López tomara protesta, cinco hombres que se desplazaban en un vehículo por la Costera Miguel Alemán ingresaron a la emblemática discoteca Baby ‘O y después de rociarla de gasolina le prendieron fuego.
Desde esa fecha la inseguridad es percibida por la ciudadanía, como una marca del nuevo gobierno que encabeza López Rodríguez, al igual que sus antecesores en el cargo.
Al inicio de su administración hubo dos despliegues de seguridad con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y La Marina. Uno el 8 de noviembre y otro a mediados de diciembre, sin que los homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios y otros delitos dejen de ocurrir.
Decapitados que aparecen tirados en las calles, asesinatos en las playas, ataques e incendios en camiones de transporte urbano, extorsiones a comerciantes y empresarios son hechos ocurridos en febrero.
El primero de febrero a los turistas que caminaban por la avenida Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, les sorprendió ver un anuncio afuera de una taquería.
«Este negocio ha sido cerrado porque me quisieron matar a mí y a mí familia por un grupo que opera en esta zona», decía la manta que colocó el dueño de esta taquería.
Días antes de que apareciera este anuncio, un grupo armado atacó a tiros esta taquería dejando a una persona herida.
El pequeño empresario denunció que integrantes de una organización delictiva le estaba exigiendo una cuota mensual a lo que no accedió y en represalia atacaron a balazos su negocio.
Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) dijo que una prueba de la inacción del gobierno para frenar la violencia en Acapulco es de que las autoridades reconocen que 800 elementos de la Marina y Ejército Mexicano carecen de patrullas para movilizarse en la ciudad para que participen en forma activa en los operativos.
Dijo que ese problema se los hizo saber el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Irving García Lozano en una reunión que tuvo con empresarios de Acapulco.
«Lo que nos dijo ese día el funcionario del gobierno estatal es sumamente grave», informó.
En esa reunión con el funcionario estatal les dijo a los empresarios que son 800 el número de elementos del Ejército y Marina no tienen vehículos para moverse.
Este grupo de elementos de fuerzas federales son parte del operativo Refuerzo 2021 que el 8 de noviembre del 2021 pusieron en marcha el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo.
Martínez Sidney señaló que en esa reunión se le presentó al subsecretario de Seguridad una lista de 28 empresarios de Acapulco que en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones.
«Se le dio todos los datos al Subsecretario para que se realicen las investigaciones», expuso.
En cifras que dio a conocer esta organización de empresarios se informó que en el 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos.
En un reconocimiento explícito de que el gobierno no puede frenar la delincuencia en Acapulco y en otras regiones de Guerrero, el comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, dijo que no tienen suficientes soldados para combatir a la delincuencia.
Durante un encuentro que el general tuvo con integrantes del Grupo ACA el pasado 28 de febrero, se refirió a las protestas de los comerciantes del mercado central de Acapulco por los supuestos que cometen los soldados en sus operativos en esa zona y por la retención de un grupo de militares por más de cinco horas por parte de pobladores de Quechultenango.
«Son gente (los inconformes contra los soldados) que es manipulada por la delincuencia organizada», aseveró.
Dijo que en el caso de Quechultenango (en donde opera un grupo delictivo) recibieron órdenes de no hacer nada cuando los soldados estaban retenidos.
«Recibimos órdenes de parar», señaló al referirse a esos hechos registrados el día 16 de febrero en Quechultenango durante el fallido operativo que realizó el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en esa zona.
Para que fueran liberados los soldados, el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez firmaron una minuta de acuerdos con los habitantes de esa localidad en el que hubo el compromiso de dejar en libertad a uno de los detenidos de nombre Jesús Flores García.
Otro de los compromisos firmados es de que cuando el Ejército y Guardia Nacional realice operativos en esa zona donde tiene su bastión un grupo delictivo sean acompañados por la policía municipal de Quechultenango y los llamados policías comunitarios.
Hechos que conmocionaron en febrero
Durante febrero se registró un ataque a balazos contra integrantes de una familia en la comunidad de Arroyo-Blanquito, el 2, Día de la Candelaria.
Aquí murieron un señor de nombre Francisco «N» de 44 años y su hijo de 17 años y su esposa resultó herida de bala.
En Tecoanapa, municipio enclavado en la región de la Costa Chica y en donde desde el 2013 está la policía comunitaria para dar seguridad a esa zona, un grupo armado asesinó a cuatro personas que viajaban en un taxi en las inmediaciones de la comunidad de El Limón.
Este hecho ocurrió el seis de febrero, murieron tres hombres y una mujer.
En las últimas 72 horas, once personas fueron asesinadas, cuatro están desaparecidas y un nuevo ataque por parte de un grupo delictivo contra la comandancia de una policía comunitaria.
Este viernes en Acapulco hubo una llamada al 911 para reportar que en el boulevard de Las Naciones que conecta a la caseta de La Venta de la autopista del Sol, fue hallado abandonado un taxi Nissan, tipo Sentra.
En el parabrisas del vehículo estaba la cabeza de un hombre asesinado.
La cabeza de otro hombre y los dos cuerpos fueron hallados en el interior de la cajuela del taxi.
En el parabrisas a los lados de la cabeza de una de las víctimas había dos cartulinas de color verde con mensajes dirigidos a presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Acapulco.
A su vez, en otro punto de Acapulco, en la calle Diego Hurtado de Mendoza fue hallado un individuo muerto de un torniquete en el cuello.
Las autoridades señalan que varios testigos se percataron que varios individuos armados arrojaron en esta vía al cadáver desde un vehículo en movimiento.
En la colonia Ciudad Renacimiento en este mismo puerto, varios individuos armados que iban a bordo de un vehículo persiguieron a un hombre quien se resguardó en una tortillería.
Los sujetos entraron al negocio e hirieron de siete balazos a su víctima.
Ninguna ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar para recoger al herido y fueron sus familiares los que se lo llevaron a un hospital para que le dieran atención médica.
En tanto, en Iguala, dos comerciantes fueron torturados y asesinados por hombres armados en una colonia popular sin que se conozcan los motivos.
Los cadáveres de las dos víctimas fueron hallados en una de las calles de la colonia Victoria Hernández Brito, ubicada al poniente de Iguala.
Según el reporte oficial, los dos jóvenes asesinados tenían los ojos vendados con cinta canela y las manos amarradas hacia atrás.
Uno de ellos fue identificado con el nombre de Luis Alberto “N” y Orlando “N” de 25 y 30 años de edad, respectivamente.
Las dos víctimas fueron identificadas por sus familiares.
Este viernes 4 de marzo en la comunidad de Yucunduta, del municipio de Metlatónoc, tres hombres murieron a balazos luego de una discusión por el reclamo de una parcela.
Según los reportes oficiales, un individuo de nombre Ángel Basurto llegó al domicilio de sus vecinos Zacarías Prado Basurto y Raúl Prado Ángel a quienes asesinó a tiros.
Cuando Ángel Basurto huía del lugar se encontró con un familiar de sus víctimas y fue asesinado a tiros.
Este sábado en Coyuca de Benítez, individuos armados atacaron a balazos una ferretería en donde resultó muerto un presunto ex agente de la policía federal y otros dos más resultaron heridos.
A su vez, fueron en el tramo de la carretera Zihuatanejo-Manzanillo, fue hallado un automóvil marca Honda Civic, color blanco en cuyo interior estaban los cadáveres de dos hombres.
Uno de las dos víctimas tenía una credencial de elector a nombre de Omar Darío “N” con domicilio en Ezequiel Montes, en Querétaro.
En tanto, este domingo en la tarde, un grupo de hombres armados atacaron con granadas de fragmentación la comandancia de la policía comunitaria en la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo.
En la agresión hubo dos personas con lesiones leves.
Poco después del ataque, arribaron elementos del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional llegaron al lugar para resguardar a los habitantes de este pueblo.
El pasado 26 de enero, hombres armados que pertenecen a un grupo delictivo atacó esta comandancia de las autodefensas muriendo cinco de sus integrantes.
Posteriormente cuando los atacantes se daban a la fuga por la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, dos de ellos murieron a balazos cuando se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal que se dirigían a Buenavista de la Salud.
En tanto, versiones de la comunidad de Xochipala, del municipio de Zumpango de Neri, informaron que cuatro integrantes de una familia que desde el pasado jueves 3 fueron privados de su libertad por un grupo armado siguen desaparecidos.
Se trata de un adulto, dos de sus hijos y un sobrino que estaban en el interior de su domicilio cuando llegaron los delincuentes y se los llevaron por la fuerza.
Los familiares de los desaparecidos exigen a la Fiscalía General del Estado que regresen a esa zona para reiniciar la búsqueda.
En diferentes hechos de violencia registrados este viernes en Guerrero cinco personas fueron asesinadas a tiros y cuatro integrantes de una familia privadas de su libertad por integrantes de un grupo delictivo que opera en municipios de la Sierra.
Según informes oficiales, alrededor de las 13 horas con 30 minutos en Acapulco hubo una llamada al 911 para reportar que en el boulevard de Las Naciones, que conecta a la caseta de La Venta de la autopista del Sol, fue hallado abandonado un taxi Nissan, tipo Sentra.
En el parabrisas del vehículo estaba la cabeza de un hombre asesinado.
La cabeza de otro hombre y los dos cuerpos fueron hallados en el interior de la cajuela del taxi.
En el parabrisas a los lados de la cabeza de una de las víctimas, había dos cartulinas de color verde con mensajes dirigidos a presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Acapulco.
A su vez, en otro punto de Acapulco, en la calle Diego Hurtado de Mendoza fue hallado un individuo muerto de un torniquete en el cuello.
Las autoridades señalan que varios testigos se percataron que varios individuos armados arrojaron en esta vía al cadáver desde un vehículo en movimiento.
En la colonia Ciudad Renacimiento en este mismo puerto, varios individuos armados que iban a bordo de un vehículo persiguieron a un hombre quien se resguardó en una tortillería.
Los sujetos entraron al negocio y hirieron de siete balazos a su víctima.
Ninguna ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar para recoger al herido y fueron sus familiares los que se lo llevaron a un hospital para que le dieran atención médica.
En tanto, en Iguala, dos comerciantes fueron torturados y asesinados por hombres armados en una colonia popular sin que se conozcan los motivos.
Los cadáveres de las dos víctimas fueron hallados en una de las calles de la colonia Victoria Hernández Brito, ubicada al poniente de Iguala.
Según el reporte oficial, los dos jóvenes asesinados tenían los ojos vendados con cinta canela y las manos amarradas hacia atrás.
Uno de ellos fue identificado con el nombre de Luis Alberto “N” y Orlando “N” de 25 y 30 años de edad, respectivamente.
Las dos víctimas fueron identificadas por sus familiares.
Se llevan de Xochipala a cuatro
Varios sujetos armados ingresaron a la comunidad de Xochipala del municipio de Zumpango de Neri y se llevaron por la fuerza a un adulto, a sus dos hijos y un sobrino cuando estaban en su domicilio.
Luego de que se dio a conocer la desaparición de los cuatro integrantes de esta familia, personal de la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano procedieron a realizar la búsqueda en esa zona que es la entrada de la Sierra.
Hasta este viernes en la noche, las fuerzas de seguridad estatal y federal seguían con las indagaciones para dar con el paradero de los desaparecidos sin que hubiera resultados.
A menos de un mes de que en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol policías estatales y agentes de la Guardia Nacional (GN) se enfrentaron con normalistas de Ayotzinapa, elementos de esta última corporación federal reciben entrenamiento para disuadir manifestaciones en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Chilpancingo.
Los de la GN llevan su equipo antimotin y durante el entrenamiento se les enseña la manera de como enfrentar a los manifestantes.
Durante la práctica se escuchan gritos de los soldados y de la Guardia Nacional quienes portan sus escudos.
En el enfrentamiento con los normalistas en la caseta de Palo Blanco, los de la GN, sacaron la peor parte ya que 22 de ellos resultaron lesionados uno de ellos de gravedad.
A su vez, los policías estatales que eran dirigidos por el coordinador en la región centro de esta corporación, Constantino Velázquez, hubo ocho lesionados leves.
Fueron los agentes estatales los que iniciaron el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y los que iban al frente de la columna y además arremetían con más furia contra los jóvenes.
La GN tiene su cuartel (que en julio del 2021 inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador) en el boulevard Chilpancingo-Petaquillas.
Medio centenar de la Guardia Nacional fueron entrenados por militares en uno de los campos de las instalaciones del 60 Batallón de Infantería.
