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Detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos

Venta de armas, tráfico de personas, huachicol: detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos

Texto: Óscar Nogueda y León Ramírez / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional han sido señalados por presuntamente colaborar con la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos delictivos, según una decena de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Correos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya relacionan a algunos elementos de ambas corporaciones con la venta de armamento a grupos delictivos; además, se les acusa de supuestamente proteger a miembros de los cárteles, darles información y permitir que trafiquen con personas, drogas e hidrocarburos.

Si bien en los reportes se advierte sobre estos casos y se emiten recomendaciones, no se menciona si se aplicó alguna acción al respecto o si hubo sanciones para las personas involucradas.

Un documento elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en junio de 2019 afirma que “un presunto militar” ofrece equipo táctico, armas y granadas, y además proporciona información sobre la movilidad y los operativos de las Fuerzas Armadas a un miembro de la Familia Michoacana en el Estado de México.

“El efectivo ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas” en la entidad, dice el reporte.

Además, dice que “el proveedor de armas y equipo táctico del militar vinculado a La Familia” es otro presunto integrante de la Sedena, cuyo equipo móvil se ubicaba en el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.

Por otro lado, un documento enviado desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), en agosto de 2022, da cuenta de presuntos vínculos de cuatro agentes de la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz para facilitar el traslado ilegal de personas migrantes.

“Actividades que realiza la G.N: Proporcionan el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, como medida de identificación para estas autoridades”, señala.

En el reporte se identifica que otro guardia nacional de caminos tiene vínculos con un grupo dedicado al robo de hidrocarburos en Veracruz. El agente, menciona, proporciona seguridad en el lugar de extracción y escolta los vehículos con combustible robado.

Huachicol y un “regalo” de 50 mil pesos

Otro informe de agosto de 2022 indica que una persona dedicada al robo de combustible en los límites de Hidalgo y el Estado de México manifestó tener comunicación con los comandantes del 96 Batallón de Infantería de Pachuca y de la 23 Zona Militar de Panotla, Tlaxcala.

Esta persona “supuestamente pretende entregar un regalo de 50,000.00 (cincuenta mil pesos) a cada uno, con la finalidad de que les permitan llevar a cabo la extracción de hidrocarburo”.

Según las autoridades, es posible que una persona supuestamente dedicada al robo de hidrocarburos haya coincidido en reuniones de trabajo relacionadas con la seguridad de ductos de Pemex.

Un informe del CNI de agosto de 2020, en el que advierten que el Cártel del Pacífico está fortaleciendo su red de corrupción en Sonora, afirma que un presunto delincuente se jactó de haber llegado a un acuerdo sobre el monto de la “cuota” semanal a autoridades: 20 mil pesos a policías municipales, 25 mil a policías estatales, 30 mil a “cajoneros” (corporación sin identificar), además de 40 mil pesos quincenales a miembros de la Guardia Nacional.

Además, indica, otro presunto delincuente había acordado el pago de “60 mil pesos semanales a un presunto mando militar (sin identificar), con la finalidad de implementar operativos contra Los Páez en Caborca y participar en la ‘limpia de la plaza’”.

En los correos también hay reportes elaborados por personal de inteligencia de la Secretaría de Marina. Según uno de estos correos enviados en febrero de 2020, se identificó a una persona adscrita a la Policía Militar de Sinaloa como presunto contacto para la venta de armas a la Familia Michoacana.

Según el documento, una persona “entrevistada” que trabajaba para un grupo criminal dio el número del contacto con quien adquiere armamento. Mediante “fuentes cerrada (sic)” los marinos detectaron que la persona pertenecía a personal del Ejército y que esta persona mantenía contacto con presuntos delincuentes, así como con funcionarios públicos.

Militares, acusados de proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa

En otro reporte, también de elementos de la Marina de marzo de 2020, se plantea que integrantes del Cártel de Sinaloa “cuentan con la protección de algunos elementos de Sedena y Guardia Nacional”.

Según este archivo, en el teléfono de una persona asesinada en un restaurante del Estado de México se encontraron fotografías y conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas, al igual que contactos de teléfono registrados como “Teniente Guardia N” y “Teniente”.

Otro informe, que el CNI envió a la Sedena en octubre de 2020, afirma que esta agencia tuvo conocimiento de que el Cártel de Los Páez tenía cooptados a dos mandos de la Sedena en Plutarco Elías Calles y Caborca, Sonora, quienes colaborarían con el grupo delincuencial para desplazar a grupos contrarios.

“Se sugiere que Sedena y GN realicen reconocimientos terrestres para la ubicación de los puntos referidos, y que incrementen el despliegue disuasivo en Caborca, Pitiquito y Plutarco Elías Calles, para disminuir la capacidad logística y operativa de los grupos en conflicto”, señala.

Asimismo, un par de reportes de la Semar de 2021 advirtió que un teléfono de celular utilizado por un miembro de la Guardia Nacional “aparentemente se encuentra relacionado con trasiego de droga y/o alguna organización delictiva”, mientras que otro número de teléfono “utilizado posiblemente por un elemento de Sedena” está vinculado con un jefe de la Familia Michoacana.

Incluso, un informe de 2020 del CNI señaló que un expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realizó actividades trasiego de drogas, vía aérea, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Se conoció que fue contratado por otro piloto para transportar un cargamento de droga vía aérea, así como a una persona” de Veracruz a Campeche.

Por otro lado, se confirmó que el exmilitar estaba en trámites para ser contratado como instructor en una escuela de aviación, con el objetivo de tramitar su licencia como piloto privado y, después, como piloto comercial.

Otro informe, de febrero de 2020, señaló que una célula de la Familia Michoacana en Huetamo, Michoacán, tuvo acceso a la frecuencia de radio utilizada por soldados mexicanos, con el fin de conocer los reportes de los recorridos de vigilancia en Tiquicheo, Michoacán.

El CNI mencionó que un “Comandante” de la Sedena proporcionaba información a integrantes del grupo delictivo para avisarles de operativos en la zona. Adicionalmente, se informó que este grupo fue alertado de un operativo de la Guardia Nacional.

“Se compartió la información con la Subjefatura de Inteligencia de la Sedena, a fin de alertar sobre el posible riesgo de vinculación de personal militar con la célula criminal”, menciona el documento.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Cuatro de las seis entidades con mayor presencia militar para tareas de seguridad pública son gobernadas por Morena. De ellas, solamente una, Michoacán, también está en los primeros lugares en homicidios dolosos.

Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía:

22 de septiembre del 2022

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.

De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.

Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego

Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.

De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.

En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.

Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.

Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de reparación de daño

Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.

Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.

En la imagen elementos del Ejército durante un acto cívico en la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Félix Salgado antes criticaba al Ejército ahora le echa flores

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

En un acto público que encabezó su hija la gobernadora Evelyn Salgado PIneda, el senador Félix Salgado Macedonio elogió el trabajo de la Guardia Nacional (GN) y consiguió que trabajadores y transportistas votaran a mano alzada que se amplie de cinco a nueve años que el Ejército Mexicano tenga el control operativo de esta corporación.

«A ver los que estén de acuerdo a favor de la Guardia Nacional que alcen la mano», les pidió el senador a los asistentes en la explanada del palacio de gobierno.

La gente, en su mayoría eran trabajadores a los que se les obligó asistir a la actividad, de inmediato acataron la orden de Salgado Macedonio y alzaron la mano.

Observado por la gobernadora, la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, los comandantes de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López y el de la Octava Región Naval, Julio César Pescina Ávila, recordó que este lunes las comisiones en el Senado en las que él participa votaron por mayoría la minuta para ampliar el periodo de la GN en las tareas de seguridad bajo la supervisión del Ejército.

«Se votó de que pase de cinco a nueve años pero yo tampoco estoy conforme con nueve años, yo diría que ya se quedara de manera permanente la Guardia Nacional bajo la supervisión y apoyo del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional», planteó el senador morenista quien cuando era opositor criticaba la militarización en Guerrero y denunciaba los abusos que esta institución cometía contra la ciudadanía.

Contó que este miércoles esta minuta pasará al pleno del Senado y para que salga la reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes.

Pidió a los partidos de la oposición en el Senado que no regateen los votos porque según él, «esta reforma es tan importante para el país porque la seguridad pública no tiene color partidista, es la patria».

«La violencia no tiene género, la violencia es para todos, tanto contra hombres y mujeres», expresó el senador.

Este martes, Salgado Pineda puso en marcha la primera fase del programa denominado Transporte Violeta que tiene el propósito de evitar abusos que se comete contra las mujeres cuando utilizan el transporte público.

Desde el gobierno anterior del priísta Héctor Astudillo Flores, Guerrero tiene dos alertas de violencia de género, una de ellas por violencia feminicida.

Entre el pasado domingo 18 y lunes 19, cuatro mujeres fueron asesinadas, dos en Acapulco, una en Marquelia y otra en Chilpancingo, en este último caso, la víctima fue quemada.

En este acto, Salgado Pineda y la coordinadora para la erradicación de la violencia feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), Flor Dessiré León Hernández, hablaron del acoso que sufren las mujeres cuando viajan en transporte público.

«Guerrero tiene fama de ser machista pero ya no lo es porque ahora tenemos una mujer de gobernadora», dijo el senador quien en el 2021 cuando era candidato a gobernador -antes de que el INE le cancelara su candidatura por no haber comprobado gastos de precampaña- fue acusado de violación sexual en agravio de dos mujeres.

Salgado Macedonio a quien le gusta que le digan el «toro sin cerca», recordó que los guerrerenses fuerom sometidos muchos años por gobiernos de «mano dura».

«Aquí se decía que Guerrero necesitaba un gobernador de mano dura», expresó el senador.

En su discurso, Salgado Macedonio siguió recordando la sesión de este lunes en donde las comisiones votaron a favor de que la GN permanezca bajo las órdenes del Ejército.

«Les ganamos (a la oposición) por muchos votos», presumió Salgado Macedonio quien al final se dio un abrazo efusivo con los comandantes de la 35 Zona Militar y de la Octava Región Naval y con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, quien también es teniente militar.

Al término del acto, el senador fue rodeado de decenas de sus seguidores y realizó una trasmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook.

«Conéctense, conéctense», les pedía a sus correligionarios que lo seguían y que de inmediato se conectaban a través de su teléfono celular.

Violencia en Guerrero: durante los últimos cinco meses, el mismo patrón, ataques armados

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Ana Itzel y María Rita son los nombres de dos mujeres asesinadas en agosto. La primera durante un ataque armado por civiles en Iguala y la segunda asesinada a tiros presuntamente por su hijo, el director del Registro Civil de Benito Juárez, Juan Antonio Benítez García.

Ambas forman parte de las 46 personas asesinadas durante el mes pasado, en el que se registró el homicidio de 44 hombres y dos mujeres.

María Rita García Barrientos fue titular de la Dirección de la Mujer en Benito Juárez y militante del PRD, pero en las elecciones pasadas compitió para el cargo de regidora por Morena.

El 21 de agosto, a las 8:40 de la noche, vecinos de la calle principal de la localidad Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, en la Costa Grande, llamaron a la Policía Municipal, al escuchar gritos en la casa de María Rita, de acuerdo con el reporte policiaco de esa noche.

Lo policías municipales que llegaron al lugar hallaron a María Rita muerta y, a su lado, su hijo, quien fue detenido por ser el primer sospechoso del asesinato de su madre.

Familiares de María Rita, vía redes sociales, mostraron sus condolencias e indignación por su asesinato. La principal petición es que se juzgue al responsable conforme a derecho, dejando de un lado que es funcionario del municipio.

Las autoridades municipales nunca reaccionaron en proporción a la dimensión de los hechos. En un escueto comunicado, la alcaldesa Glafira Meraza lamentó el asesinato “de una persona del sexo femenino”, pero nunca nombró el nombre de la ex funcionaria, mucho menos que el probable responsable es funcionario de su administración y era su hijo.

Cuatro días después, activistas del municipio convocaron a una marcha donde solicitaron se investigue y se castigue al responsable del feminicidio, según lo que reportaron medios de comunicación local.

Días después, el 23 de agosto, Ana Itzel, una vendedora de ropa de uso, fue asesinada al norte de Guerrero, en Iguala.

De Ana Itzel y su familia hay poca información, circuló algo en redes sociales y se sabe la información que proporcionaron las autoridades policiacas.

Esto es lo que se supo: hombres armados ingresaron a su casa por la madrugada y atacaron a ella y a sus famiiares con arma de fuego. Al lugar llegaron efectivos policiacos y ministeriales para acordonar la zona. Ana Itzel fue asesinada y su esposo herido, a quien trasladaron a un hospital.

La mujer fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para hacer las investigaciones pertinentes.

En agosto, en un día se registraron nueve asesinatos

A veces, en un solo día, ocurren varios asesinatos en Guerrero, como el pasado 5 de agosto, cuando asesinaron a nueve hombres en Guerrero: dos en Acapulco, seis en Quechultenango y uno en Mochitlán.

Durante agosto, Amapola. Periodismo transgresor documentó 46 asesinatos, entre ellos, dos mujeres y 44 hombres.

El mayor número de asesinatos se registró en Acapulco, con 15. Uno de los factores por los que hay un mayor registro en este municipio puede ser su población, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) es de 779, 566 habitantes; es el municipio con el mayor número de habitantes en Guerrero y donde la violencia es mayor.

El segundo lugar lo ocupó Chilpancingo, con seis asesinatos y el tercer lugar, Iguala, con cuatro.

Las autoridades sobre la violencia no dicen mucho

Las autoridades estatales y municipales hablan poco sobre la violencia, lo que más anuncian son operaciones policiacas en los municipios del estado.

En las operaciones participan policías municipales, estatales, Guardia Nacional y el Ejército pero la violencia no cesa.

El 7 de junio se puso en marcha un despliegue de fuerzas de seguridad con la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la capital, porque en ese mes, en Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas la violencia dejó una serie de asesinatos.

En la última sesión que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con funcionarios del estado, la cual es privada, según el comunicado oficial que difundieron después, realizaron la operación especial de seguridad a escuelas por el regreso a clase y no reportaron incidencias.

Lo que va del año: marzo, abril, mayo, junio y julio los meses de más asesinados

El 21 de marzo, en menos de 24 horas, 14 personas fueron asesinadas en Guerrero, todas por arma de fuego, entre ellas, tres mujeres. Es uno de los días más violentos en lo que va del año.

Aquí un recuento rápido. En un solo hecho mataron a seis integrantes de una familia, entre ellos una mujer; los asesinaron a balazos cuando viajaban en una camioneta en un camino de terracería que va al poblado de Cucuilotlatzala, municipio de Metlatónoc, en la Montaña alta de Guerrero.

En otro hecho, en Iguala, durante la madrugada, asesinaron a un matrimonio y a su hijo de 13 años cuando descargaban pollos de un camión.

En Zihuatanejo asesinaron a balazos al gerente de un restaurante. Mientras que una mujer fue asesinada a pedradas en Tlacuitlapa, municipio de Teloloapan y en Acapulco hallaron el cadáver desmembrado de una persona. En otro hecho, un hombre fue asesinado a tiros.

La víctima 14 fue un hombre asesinado a balazos durante una fiesta religiosa en Alacatlazala, municipio de Malinaltepec.

Hace seis meses, al terminar febrero, Amapola periodismo registró 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y seis mujeres.

En abril un hecho que destacó fue el asesinato de cinco hombres, quienes fueron decapitados y hallados dentro de un taxi de la ruta Marquelia-Acapulco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, municipio de Juchitán.

En mayo este medio destacó la violencia de Acapulco. En tan solo dos semanas hubo 26 asesinatos.

Un hecho específico fue el del 7 de mayo en la calle Postal, de la colonia Emiliano Zapata, civiles armados irrumpieron en la zona y asesinaron a dos personas y otras dos heridas, quienes estaban fuera de una cervecería. El 24 de abril hubo un ataque a balazos en el bar Jager Club, cerca de la Costera Miguel Alemán, asesinaron a dos hombres. Al siguiente día, a cinco hombres en distintos hechos.

En junio la violencia del estado se focalizó en la ciudad de Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas, lo que provocó la suspensión del transporte del servicio público y el cierre de las pollerías de la capital, ante el asesinato de comerciantes de este giro. Al parecer el asunto de la violencia es también el manejo de la venta y distribución de pollo.

El 6 y 9 de junio dos distribuidores de pollo fueron asesinados en las inmediaciones del Mercado Central Baltasar R. Leyva Mancilla.

El 11 de junio, una menor de 12 años y cinco personas más fueron asesinadas por hombres armados mientras laboraban dentro de una granja avícola, ubicada al sur de la capital, cerca de Petaquillas.

La violencia en el estado escala sin una atención real de las autoridades para reducir los asesinatos. En agosto el panorama fue similar.

En julio, de acuerdo con un recuento puntual de este medio, ocurrieron 56 asesinatos. El 23 de julio fue el día con más personas asesinados en 24 horas: seis; dos hombres por arma de fuego y otros dos por un torniquete en Acapulco y en Ometepec, y en Tixtla y Zihuatanejo mataron a dos hombres con arma de fuego.

En agosto, el mayor número de asesinatos los tiene Acapulco, con 21 casos; el segundo Chilpancingo, con siete asesinatos, y el tercero Iguala, con cinco.

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Se pone en riesgo a la población por la militarización de la seguridad pública: Centro Morelos

Texto: José Miguel SánchezFotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Derivado del último informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón denunció que el gobierno mexicano fomentó acciones de terror y violencia, a través de grupos «paramilitares y narcoparamilitares», para justificar la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública.

A través de un comunicado el Centro Morelos mencionó que la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública es una estrategia contrainsurgente y que la prueba de ello es el caso Ayotzinapa, donde participaron policías municipales, estatales, federales Ejército y «grupos paramilitares».

El comunicado se centra en denunciar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública y mencionaron que respetan la postura de las madres y padres de los 43 de no dar, por el momento, una declaración pública.

Acusaron al Ejército de ser los principales culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

«Es de destacar la participación del Ejército en estos hechos, como en la infiltración que se mantiene desde hace varias décadas al interior de la normal», se lee.

El Centro Morelos explicó que la estrategia de contrainsurgencia y militarización fue una labor acelerada por parte de los ex presidentes y que actualmente, a traves de eso, el presidente Andres Manuel Lopez Obrador pretende instaurar una «dictadura militar constitucionalizada».

En el comunicado denunciaron que para involucrar al Ejército en las tareas de seguridad reformaron la Constitución para «allanarse el camino y entregar todo el poder a los militares».

Expusieron su preocupación sobre que las instituciones de seguridad son dirigidas por personal militar, como el caso de la fiscal general del estado y el comisario de la Guardia Nacional en Chilpancingo, a pesar de recomendaciones internacionales que lo prohíben.

«Vemos la militarización de las instituciones y de los encargados de la seguridad pública. Nos preocupa por el alto riesgo de violación a los derechos humanos de la población de todos los lugares del estado, los indígenas de la montaña, los habitantes de la sierra y de los barrios y colonias».

El Centro Morelos llamó a no olvidar la epoca denominada cómo Guerrero Sucia, donde con el pretexto de combatir a la guerrilla desaparecieron, asesinaron y encarcelaron a cientos de personas.

«Tampoco pasemos por alto los miles de desaparecidos, asesinados y desplazados, hechos en que de acuerdo al testimonio de las víctimas participaron militares».

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Llegan otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilapancingo

Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero, donde autoridades insisten en la presencia de dos grupos delictivos, llegaron a Chilpancingo 500 soldados de la Guardia Nacional.

Los elementos arribaron alrededor de las cuatro de la tarde de este sábado a las instalaciones de la 35 Zona Militar.

En poco más de un mes este el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en la zona Centro de Guerrero. Apenas el pasado 5 de julio llegaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.

En los últimos tres meses la violencia en varios municipios que comprende esta región, como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo, la violencia sigue en aumento.

Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona funcionan las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos y que son las generadoras de la violencia. Pero no mencionan que ambos grupos tienen también el control político de estos lugares.

En Chilpancingo la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad es criticada por los organismos empresariales.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado su inoperancia para contener la ola de violencia con el argumento de que el municipio cuenta con tan sólo una plantilla de 112 policías preventivos. Chilpancingo tiene una población de más de 300,000 habitantes.

Acapulco ocupa el quinto lugar más violento del país a pesar de despliegue de fuerzas de seguridad

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Acapulco está hoy en el quinto lugar de las 50 ciudades más violentas del país, aunque en los últimos diez meses las autoridades implementaron operaciones con fuerzas federales y estatales para vigilar las calles.

En el primer semestre de este 2022, Acapulco sumó 213 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los diez meses que lleva gobernando el municipio de Acapulco la morenista, Abelina López Rodríguez, renunció el capitán de la Marina, Maximiliano Serrano Pérez en la Secretaría de Seguridad Pública.

Dos escándalos fueron parte del motivo de la destitución de Serrano Pérez: el caso de dos marinos incorporados a esta corporación y que desaparecieron cuando al parecer fueron asignados como escoltas del senador morenista José Narro Céspedes.

En un acto público, la alcaldesa López Rodríguez regañó a Serrano Pérez por permitir que agentes viales extorsionaran a la ciudadanía y a funcionarios públicos.

Antes de que López Rodríguez llegara a ocupar la alcaldía, Acapulco estaba en el lugar 10 de las 50 ciudades más violentas de México.

Actualmente, este puerto turístico figura en el quinto.

No solamente asesinatos se registran en las calles de este puerto, también extorsiones a comerciantes y a empresarios, transportistas y a prestadores de servicios en las playas.

En las mismas playas más famosas de Acapulco como Caleta, Caletilla y Manzanillo y frente a turistas, hombres armados han asesinado a prestadores de servicios.

Colectivos de desaparecidos y asesinados de este destino turístico aseguran que desde el 2006, las desapariciones de personas no han parado.

El empresario y ex líder de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González, dijo que la violencia en este puerto no es nueva sino que viene de años atrás y pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que busquen restaurar la seguridad y justicia reconstruyendo el tejido social.

«Desde hace más de diez meses las extorsiones, cuando menos en el sector hotelero, han disminuido», aseguró el empresario hotelero en entrevista telefónica.

Sin embargo mencionó que existen denuncias de que a otros sectores económicos de Acapulco, son víctimas de la extorsión por parte de la delincuencia.

Dice que a pesar de la violencia y del caso más reciente como fue el asesinato del empresario y presidente de la Asociación de Bares y Discotecas Jesús Rivera Rojas, la afluencia turística en Acapulco ha crecido.

«Lo he dicho, todo tipo de violencia es inadmisible porque nos lastima profundamente como sociedad», expresó.
En este 2022, ya van dos empresarios asesinados en Acapulco.

Roberto Morales Silva, un empresario dueño de varias farmacias, fue privado de la libertad por varios hombres armados el 8 de enero, en el patio de su vivienda ubicada en el libramiento que comunica a Bajos del Ejido, en la zona rural de Acapulco, en los límites del municipio de Coyuca de Benítez.

El día 9 de enero, el empresario fue hallado muerto a balazos en el punto conocido como Paso Texca.

Asesinan a dirigente de bares y discotecas

El presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la avenida costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, habría sido secuestrado hace cuatro años por un grupo de hombres armados y lo dejaron en libertad al convenir los pagos de su rescate en abonos en miles de pesos.

Rivera Rojas, asesinado a balazos por hombres armados este domingo en la madrugada, cuando se subía a su automóvil en la avenida costera Miguel Alemán, era dueño del bar Tóxicas y de otros antros.

Empresarios que conocían a Rivera Rojas cuentan que era un hombre de carácter fuerte y cuando había reuniones con funcionarios para exigir algunas demandas de su sector como de seguridad, eran fuertes sus reclamos.

Apenas la semana pasada, Rivera hizo un reclamo a las autoridades municipales de Acapulco por los altos cobros de licencias a los establecimientos de todos los giros comerciales.

Acusó de «extorsionadores» a los funcionarios del ayuntamiento que se encargan de realizar ese tipo de cobros y de la colocación de espectaculares.

En este año hubo ataques a bares de Acapulco y está el caso del bar Andrómedas, en donde el pasado 28 de mayo, un grupo armado ingresó a este negocio y asesinaron a uno y dos resultaron heridos.

Otro ataque se registró el 25 de abril de este mismo año contra el antro Bar Jager Club en donde hubo dos personas asesinadas a tiros y otro más quedó herido.

La madrugada del 30 de septiembre del 2021, horas antes de que López Rodríguez asumiera el cargo a la alcaldía, varios individuos se introdujeron a la discoteca Baby, O y la incendiaron.

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Integrantes de la GN se quejan de falta de condiciones para desactivar protestas en Autopista del Sol

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Palo Blanco

–¿A poco sí duermen en el suelo?, –pregunta a los reporteros un agente de la Guardia Nacional (GN) de la sección Caminos sobre sus compañeros que están en el campamento de la caseta de Palo Blanco por encargo de mandos superiores para desactivar las protestas de los movimientos sociales.

–Sí, claro, ¿a poco usted duerme en un hotel?, –le contesta uno de los reporteros.

–No, qué va, dormimos frente al Crea (Unidad Deportiva Chilpancingo), –revira el agente, quien se refiere al edificio de la desaparecida Policía de Caminos, ubicada en la avenida de La Juventud, en la zona sur de Chilpancingo.

El tema del que hablan es el de los agentes instalados a unos metros de la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol. Los guardias denunciaron a través de las redes sociales las malas condiciones en que duermen en su campamento.

En el pavimento del lugar, cercano a la caseta, todavía hay regados clavos que se desprendieron de los petardos de la refriega entre policías estatales y normalistas de Ayotzinapa del viernes 4 de febrero pasado.

Después de ese enfrentamiento en el que una de las demandas principales de los normalistas fue la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala, el gobierno federal y el gobierno estatal pusieron en marcha la operación policial Caseta Segura, que en realidad es una acción para evitar que grupos sociales la tomen.

Dicha operación consiste (que se instaló en las tres casetas de la autopista que están Guerrero: Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta) en que decenas de elementos de la GN y policías estatales permanecerán en ese lugar día y noche.

En el caso de la caseta de Palo Blanco escogieron un lugar cercano para que los elementos de la GN descansen y realicen sus necesidades fisiológicas.

A cinco meses de que se puso en marcha esta operación, los agentes federales empezaron a denunciar las malas condiciones en que está su campamento.

“Todos compramos casas de campaña porque si no lo hacemos estamos expuestos a mordeduras de alacranes, tarántulas y ratones y, además, aquí dormimos en el piso”, se escucha decir a un agente en un audio que compartieron por WhatsApp y que después difundieron por otras redes sociales.

El sitio donde los agentes tienen su campamento está a un costado de la caseta. Un grupo de policías estatales también se protege del sol y de la lluvia; amarraron una manta de los troncos de dos pequeños árboles.

Son las doce del día y los agentes estatales (tres hombres y una mujer) apenas desayunan.

Al fondo donde están los policías estatales hay una gran lona que cubre las casas de campaña donde duermen los agentes de la GN.

De la base salió un mando de la GN que se identificó como teniente Renato y ordena a sus subordinados que pregunten el nombre de cada uno de los reporteros que cubrían esta información y su número de teléfono celular.

En un aparente tono amable, el mando militar les dijo a los periodistas que para dar alguna declaración ellos debían tener la autorización de sus superiores.

Quien se identificó como teniente Renato se paseó por el lugar y se le vio por un largo rato llamar por teléfono. Luego le dijo a los reporteros que lo esperaran.

El miércoles pasado por la noche, los agentes de este campamento subieron a las redes sociales fotografías y videos del lugar donde duermen. En mensajes denunciaron que la comida que les daban era antihigiénica, y que carecían de baños limpios; utilizan sanitarios portátiles. Denunciaron que no hay agua suficiente y que tardan días sin bañarse.

En julio del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un cuartel de la GN en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, cerca de la comunidad de Petaquillas.

Hace siete días, otro grupo de agentes que tienen sus operaciones de seguridad en Acapulco denunciaron, también a través de las redes sociales, que en el lugar donde viven, el sótano del edificio inteligente ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, carece de literas, comedores y baños.

La alcaldesa morenista del puerto, Abelina López Rodríguez, dijo que su gobierno siguen sin adquirir un terreno para que construyan un cuartel para la GN.

Agentes de la GN asignados a Acapulco denunciaron que el gobierno dispuso como cuartel un sótano, el del edificio del C-5 dispuesto para las oficinas de la Secretaría de Salud federal. En las redes sociales circula un video donde se escucha la voz de un elemento denunciando las malas condiciones del lugar donde descansan cuando están de francos.

En ese mismo inmueble a veces despacha el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, por la decisión del presidente Andrés López Obrador de que las secretarías estén en los estados. La administración estala de Guerrero ofreció a la federación ese inmueble.

“Como pueden ver es una situación muy denigrante, ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para injerir nuestros alimentos, tampoco área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas”, dice un agente en el video.

El agente hace un paseo del lugar y se ven varias filas de cubetas donde cae el agua de lluvia que se filtra por el techo del edificio. También a decenas de agentes que duermen en el suelo encima de colchonetas.

“Aquí nos tienen día y noche sin poder descansar y nos mantienen encerrados exigiendo una ardua labor”, comenta.

Denunció también que les prometieron descansar de dos a tres meses, pero que sólo les dan de dos a tres días. “No se cumple con esos principios de que en la Guardia Nacional haya un vínculo familiar”.

Desde noviembre del 2021, después de la llegada a la gubernatura de la morenista Evelyn Salgado Pineda, el gobierno federal envió más elementos del Ejército, Marina y GN, a municipios como Acapulco y Chilpancingo, por la inseguridad medida con los homicidios dolosos.

Hace dos semanas llegaron a Chilpancingo 300 elementos de la GN, y el lunes 10 de julio otros más a Acapulco.

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Pobladores de Acapulco retuvieron dos horas a militares y a Guardia Nacional por cometer abusos

Texto: Jesús guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Habitantes de la comunidad de La Venta, municipio de Acapulco, retuvieron este martes dos horas a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) en protesta por supuestos abusos que cometen contra la ciudadanía.

En videos difundidos en las redes sociales se observó que en una de las calles principales de La Venta había vehículos atravesados impidiendo el paso a las unidades en que se transportan los militares y los guardias.

Los habitantes del lugar, ubicado a la salida del puerto en dirección hacia Chilpancingo, denunciaron que en los patrullajes que realizan las fuerzas federales abusan de la ciudadanía con el uso de su fuerza.

Poco antes de las once de la mañana, los soldados y agentesse dirigían hacia la salida del pueblo cuando fueron interceptados por los pobladores.

Los vecinos acusaron a los elementos institucionales de haber detenido y golpeado a tres jóvenes de la comunidad esta misma madrugada.

Durante el diálogo en el que participó el comisario de La Venta, los mandos militares aceptaron que los soldados agredieron a los tres jóvenes y que serán cambiados de esa zona.

Pero, al final, los habitantes aceptaron que los militares y la GN continúen patrullando las calles de la comunidad.

En este año ya son tres veces que elementos de las fuerzas federales son retenidos por pobladores de distintos municipios.

El 16 de febrero pasado, en la cabecera municipal de Quechultenango, zona Centro del estado, militares fueron retenidos por más de seis horas por unos 200 pobladores que exigían su salida por supuestos abusos que han cometido contra la ciudadanía.

El pasado 7 de junio, habitantes de la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, retuvieron más de 10 horas a 50 militares, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y a dos funcionarios del gobierno del estado.

Quechultenango y Petaquillas, ambas de un mismo corredor, son lugares donde realizan sus actividades delictivas el grupo criminal de Los Ardillos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE). Es decir que autoridades estatales tienen clara la presencia criminal, sin dar resultados para erradicarla.

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Agentes de Guardia Nacional denuncian trato denigrante en Acapulco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Agentes de la Guardia Nacional (GN) que recién llegaron para llevar a cabo operaciones de seguridad en Acapulco denunciaron que el gobierno les asignó como cuartel un sótano de un edificio en donde carecen de literas para dormir, comedor para ingerir sus alimentos y baños.

A través de las redes sociales, circula un video donde se escucha la voz de un elemento denunciando las malas condiciones del lugar donde descansan cuando están de francos.

Por lo que se ve en el video este sitio es el sótano del edificio del C-5 que alberga las oficinas de la Secretaría de Salud federal ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco.

En este inmueble a veces despacha el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.

«Como pueden ver es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco área de baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas», denuncia un agente a través del video.

En un paneo que el agente hace del lugar se ven varias filas de cubetas donde cae el agua de lluvia que se filtra por el techo del edificio.

También se ve a decenas de agentes que duermen en el suelo encima de colchonetas.

«Aquí nos tienen día y noche sin poder descansar y nos mantienen encerrados exigiendo una ardua labor «, señala el agente.

Denuncia que se les promete descansar de dos a tres meses pero en realidad solo les dan de dos a tres días.

«No se cumple con esos principios de que en la Guardia Nacional haya un vínculo familiar», dice el agente de la GN.

Desde noviembre del 2021, después de la llegada a la gubernatura de la morenista Evelyn Salgado Pineda, el gobierno federal reforzó la seguridad en municipios como Acapulco y Chilpancingo que atraviesa una nueva crisis de seguridad.

Elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional arribaron a estos dos municipios para enfrentar a los grupos del crimen organizado.

Hace dos semanas aquí en Chilpancingo llegaron 300 elementos de la GN.

Este lunes 10 de julio llegaron refuerzos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional a Acapulco.

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Inicia otra mega operación de fuerzas federales en Chilpancingo para frenar la violencia

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Unos 300 agentes de la Guardia Nacional (GN) se desplegaron en la capital como parte de una nueva operación del gobierno federal para frenar la violencia.

Esta es la tercera operación en su tipo, en los casi nueve meses que lleva el gobierno de la Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa capitalina Norma Otilia Hernández Martínez, ambas del partido Morena.

Los patrullajes por las calles de la GN en esta capital iniciaron este martes a cuatro días que se registró el último hecho de violencia con el incendio de tres unidades de transporte público y los asesinatos de dos personas.

Los de la Guardia arribaron a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería y después del pase de lista iniciaron su recorrido en diez camionetas y siete camiones.

El grupo portaba armas largas y en cada una de las camionetas llevaba una metralleta artillada.
Varios fotorreporteros fueron invitados para que realizaran un recorrido en una de las patrullas.

Uno de los primeros puntos que visitó un grupo de agentes fue el mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, en donde hace menos de un mes hombres armados asesinaron a balazos a dos distribuidores de pollos.

Días después de este hecho fue asesinado otro distribuidor de pollos, su hija y cinco de sus trabajadores en una granja ubicada en la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo.

Esta situación obligó a los dueños de más de 50 locales de venta de este producto a cerrar sus establecimientos durante tres días.

Desde hace 30 días, la violencia en esta capital sigue a la alza a pesar de que hace dos semanas la alcaldesa morenista del municipio, Norma Otilia Hernández Martínez, dio a conocer el arribo de cien elementos de la Marina.

Durante la madrugada del pasado viernes 1 de julio individuos armados incendiaron una camioneta Urvan de transporte de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.

Esto ocurrió en la calle Francisco Mier Terán, en la colonia Morelos, en esta capital.

Ese mismo día a las siete de la mañana, otros sujetos quemaron un autobús de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Colotlipa, estacionado en la lateral sur-norte del boulervard Vicente Guerrero.

Durante la tarde fue incendiada otra camioneta de transporte público que conduce a Chilapa.
En los tres hechos delictivos no se registraron víctimas.

Durante la presentación de los 300 agentes de la Guardia Nacional, un mando señaló que los elementos provienen de diversos estados del país como Puebla, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México.

«Vienen a realizar tareas de seguridad y a combatir todos los delitos del orden del fuero común y del fuero federal», expresó.

El operativo se llama Fuerza de Tarea Conjunta en México, precisó.

La IX Región Militar informó que los 300 elementos de las fuerzas federales vienen a apoyar a los tres niveles de gobierno, en su labor de proporcionar seguridad a la ciudadanía de la capital y de las diferentes comunidades.

«Es con el objeto de reducir la incidencia delictiva que actualmente se presenta en este municipio», indicó el comunicado.

El primer despliegue de militares y GN, durante este periodo de la morenista, fue en noviembre del 2021; el segundo, fue hace apenas dos semanas con cien elementos de la Marina.

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A 3 años de su creación, la Guardia Nacional es ineficaz contra la violencia y conserva perfil militar: legisladores y expertos

La corporación que comenzó a funcionar en 2019 no ha logrado contener la violencia y está lejos de consolidarse como una instancia civil, como se planteó que ocurriera, advierten diputados, senadores y especialistas en seguridad.

Texto: Sergio Rincón y Zedryk Raziel

Fotografía:

30 de junio de 2022

Mientras la Guardia Nacional (GN) cumple tres años este jueves, expertos en seguridad y legisladores consultados por Animal Político coincidieron en que en este periodo la institución se ha consolidado como un cuerpo militar y no como uno civil —como lo ordenaba la reforma constitucional que le dio vida—, así como en que ha fallado en brindar seguridad a la ciudadanía.

Advirtieron que, a pesar del despliegue de elementos de la GN en todos los estados, se han incrementado los números de homicidios y desapariciones en México. Según las cifras oficiales, de julio de 2019 a la fecha se han registrado más de 100 mil asesinatos.

La politóloga y exdiputada federal Martha Tagle consideró que la GN es una fuerza militarizada que no ha transitado a una guardia civil y que no está cubriendo tareas de investigación, inteligencia y seguridad pública.

“Lo único que se está haciendo es aumentar el número de efectivos, pretendiendo que con esta presencia militar se disuada a la delincuencia criminal, pero obviamente eso no va a pasar. No se ha fortalecido las capacidad en seguridad pública, de inteligencia y civiles para atender la inseguridad, que no todo está relacionado con delincuencia organizada (…) Los resultados en cuanto a homicidios nos hablan que esta Guardia Nacional militarizada no está siendo una solución, y además, ha dejado por completo de hacer todas las obligaciones que se manejaron en la reforma constitucional”, dijo.

Para Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sustituir a cuerpos civiles por militares no ha ayudado a disminuir la violencia y la inseguridad.

“La militarización no es compatible con un régimen de democracia, porque hay una relación entre lo militar y los ciudadanos que está basada en la amenaza, en el uso y abuso de la fuerza por parte del Estado. Porque eso son las Fuerzas Armadas, y por eso tiene los resultados que ya conocemos. Hay índices de letalidad, por el uso y abuso de la fuerza. Se trata de una fuerza del Estado y es más letal. Me parece que esa es una reflexión pendiente, si esa es la estrategia que queremos como país, en términos del modelo de seguridad”, argumentó.

El 30 de junio de 2019, el gobierno federal dio el banderazo de salida a la GN. Actualmente, esta institución cuenta con más de 96 mil elementos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un plan para que en 2023 no haya efectivos civiles, sino que busca que todos sean de procedencia militar, como lo ha documentado Animal Político.

Actualmente, un 70% de los efectivos de la GN son militares uniformados como si fueran policías.

Para la panista Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la estrategia de seguridad con la GN ha fallado, dado que se trata de una institución militarizada que no ha disminuido la inseguridad en tres años.

“La estrategia para combatir la inseguridad que el gobierno ha implementado es una estrategia fallida, hay claramente datos del propio gobierno que demuestran que no hay condiciones de prever que esto pueda cambiar, pueda mejorar para los mexicanos; los datos que tenemos del propio gobierno incluso demuestran que esta administración del presidente López Obrador ha alcanzado más de 121 mil homicidios. Con esta cifra se supera todo el acumulado en toda la administración del presidente (Felipe) Calderón. El número de feminicidios debería de preocupar a la Presidencia de la República, y debería de fijar una posición clara a favor de las mujeres; sin embargo, eso no ha sucedido. Hay un dato que a mí me parece de los más lamentables en esta administración y son las personas desaparecidas, más de 32 mil personas desaparecidas solo en esta administración”, dijo la senadora.

Como este medio ha documentado, pese al despliegue de la GN en las calles, los asesinatos crecieron 9%. Son 8 mil 422 asesinatos por encima de los 92 mil 562 registrados en el periodo previo a que se movilizara a la GN. El promedio diario de asesinatos era de 88.

Para el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, la GN falla en su labor de brindar seguridad porque atiende tareas distintas a aquellas para las que fue concebida.

“Los resultados de la GN son pobrísimos, porque se le está dedicando a lo que no se concibió: hoy la GN reparte libros de texto, acompaña la repartición de tanques de gas, cuida fertilizantes, obras públicas, ayuda a la construcción de aeropuertos, trenes, refinerías, pero nada de lo que era su función principal”, dijo.

El legislador agregó: “No hay una correlación entre delitos y presencia territorial. Claramente, hay una multiplicidad de tareas que limitan su eficacia y el sentido para el que fue creada, que no están entendiendo que la criminalidad y la violencia son problemas, no son enemigos, los problemas se resuelven con factores multidimensionales, con estrategia, con institucionalidad democrática, y eso no es lo que estamos viendo. Si siguen como van, lo que va a pasar en este gobierno es que la intervención de la GN va a ser absolutamente insulsa para detener el narcoestado militarizado y autoritario”.

Bernardo León Olea, especialista en reforma policial y justicia penal, dijo que la GN está realizando tareas que hacen actualmente las policías municipales, pero debería realizar actividades de investigación, como el FBI de Estados Unidos.

“La Guardia Nacional tiene varios errores de origen, pues parte de un análisis muy equivocado de lo que necesita México en seguridad, porque las policías deben investigar los delitos, pero en el caso de la Guardia Nacional, es como tener una policía municipalota, porque las policías municipales hacen patrullaje en las calles, detienen en flagrancias, ordenan el tránsito vehicular, es la enumeración legal de lo que tiene que hacer (…) Lo que necesitamos es una policía de investigación, una especie de FBI que diga cómo se va a desmantelar al Cártel de Sinaloa o al del Golfo, que tenga claro cómo se van a sacar de la jugada”, consideró.

Agentes de la Guardia Nacional han contado a este medio sentirse confundidos, pues muchos de ellos tienen doctrina militar y ahora tienen funciones de policía civil. A esto se suma que las capacitaciones que han tenido han sido exprés.

Por ejemplo, el curso de formación inicial para la GN dura solamente ocho semanas; el curso de combate individual, igualmente ocho semanas, y el curso básico para ser policía militar tiene una duración de un mes.

“Hay una falta de capacitación, un policía tiene una capacitación totalmente distinta a la de un militar, y es evidente; se puede ver ahora a lo largo y ancho del país, los militares hoy terminan teniendo tantos frentes abiertos que lamentablemente no hay una respuesta favorable para la ciudadanía, para los migrantes, para las mujeres”, dijo la senadora Kenia López.

Para el especialista Bernardo León Olea, la GN no está capacitando a sus agentes para ser policías, sino para convertirse en una fuerza militar de ocupación.

“Vemos a los agentes de la Guardia Nacional haciendo tareas de policías municipales, es decir, haciendo rondines, pero la diferencia es que no conocen la zona, a la gente del lugar. Los policías municipales saben de la zona y eso genera cierta estabilidad social, controlar pleitos vecinales, cosa que la GN no tiene idea. No solo es que no los capaciten, sino que no tienen esa proximidad con la comunidad. La Guardia Nacional es una fuerza de ocupación”, agregó.

Para Daniel Gómez-Tagle, consultor especializado en utilización de la fuerza y derechos humanos, los agentes de la GN son expuestos a condiciones que surgen de una filosofía militar, donde tienen que realizar su deber hasta el sacrificio, incluso renunciar a su derecho a la vida, aunque esto solo se puede dar en un contexto de guerra.

“Este sistema militarizado justifica estas condiciones, que no permiten que los agentes se protejan a sí mismos ni el Estado los protege; entonces, la ciudadanía no puede sentirse segura. Es una idea que los elementos tienen que seguir las órdenes sin importar las condiciones en las que se encuentren, no importa si no tienen arma o techo, o si no tienen comida, no importa, porque es su obligación hasta el sacrificio. El problema es que esto se utiliza en la guerra y en el Ejército, pero en la seguridad pública esto no aplica, porque quien brinda esa seguridad pública es un ciudadano que protege a los ciudadanos”, argumentó Gómez-Tagle.

El senador Álvarez Icaza dijo que la GN no está cumpliendo con la seguridad ciudadana y tampoco está garantizando la seguridad nacional, a pesar de la militarización en el país. Por ello, consideró que se debe fortalecer la visión civil.

“Yo creo que se (debe reforzar) la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la seguridad civil, los controles ciudadanos de las fuerzas de seguridad pública y el trabajo del MP, porque hoy por hoy la procuración de justicia no solo está peor, sino que la apuesta que teníamos de hacer una nueva fiscalía ha resultado una gran decepción”, señaló el senador.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

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