La confesión de una agente de la Policía Estatal es tétrica y reveladora. Ilustra perfectamente el punto en el que está este gobierno de Guerrero.
El sábado 28 de enero, esta agente junto con 27 de sus compañeros fueron desarmados y retenidos casi 24 horas por pobladores de El Parotal, en el municipio de Petatlán, luego de un enfrentamiento a tiros con habitantes de esta comunidad.
La agente contó que ese día pasaron al hotel Fiesta Americana, en Acapulco, por tres civiles que murieron después en el enfrentamiento. Confesó que a los tres civiles les dieron uniformes oficiales de la Policía Estatal y los integraron al convoy que arribó a El Parotal.
Lo dijo frente al secretario de Seguridad Pública estatal, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez; del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y habitantes de El Parotal.
Armados y encapuchados, los agentes y los tres civiles vestidos de policías allanaron viviendas, las saquearon y luego golpearon a mujeres y niños, según versiones de la gente agraviada.
La gente se organizó y logró detener a los policías a quienes les exigieron su identificación personal. Un comandante protegió a los tres civiles y se desencadenó el enfrentamiento armado. Murió el comandante, un policía y los tres infiltrados a quienes después la gente del pueblo los identificó como miembros de la organización criminal la Familia Michoacana.
También hay la versión de que la agente tenía varios mensajes de WhatsApp en su teléfono celular en donde el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Irving Jiménez Sánchez, les ordenaba ir a recoger a los tres individuos a dicho hotel en Acapulco.
Otra historia de la Policía Estatal: La mañana del sábado 21 de enero, agentes estatales y soldados de la Guardia Nacional irrumpieron en Apaxtla de Castrejón y desalojaron a supuestos autodefensas de Heliodoro Castillo y del Movimiento Apaxtlense, y lograron la detención de ocho de sus integrantes.
Los líderes de ambas organizaciones que, según se sabe, tienen relación con grupos del crimen organizado, incluidos políticos y funcionarios de esa región, denunciaron que gracias a “una gestión” (se supone que con el gobierno de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda) lograron la libertad de los ocho detenidos.
Pero los ocho supuestos comunitarios que después dejaron en libertad, fueron custodiados por policías estatales y agentes de la Guardia Nacional hacia la localidad de Riva Palacio, del municipio de San Lucas, Michoacán, y desde entonces están desaparecidos.
Las organizaciones que cobijan a estos dos grupos armados, acusan que las fuerzas de seguridad prácticamente entregaron a sus ocho compañeros a la Familia Michoacana, porque a ese lugar donde los llevaron es territorio que las autoridades han cedido a esta grupo criminal.
Con estos dos hechos, la gente con seguridad se preguntará: ¿en manos de quién está la Policía Estatal? ¿Qué intereses controlan a esa corporación?
Hay que recordar que estos dos sucesos se registran en Tierra Caliente y Costa Grande, donde la Familia Michoacana y otro grupo criminal mantiene rivalidad, aun cuando hace más de un año pactaron una tregua que mediaron políticos y funcionarios.
Parece que esa tregua se rompió con la masacre de San Miguel Totolapan, ocurrida el 5 de octubre del 2022, donde asesinaron al alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda y a su papá, Juan Mendoza Acosta y otras 21 personas más –las autoridades sólo reconocen a 20. Después, en diciembre, en El Durazno, comunidad del municipio de Coyuca de Catalán, un grupo de hombres armados asesinó a otras siete personas. Ambos casos son atribuidos a la Familia Michoacana.
¿Hasta qué grado está involucrado el gobierno estatal en todo esto?
Pero también este gobierno que se dice de izquierda utiliza un doble rasero; con los delincuentes poco o nada hace para combatirles o contenerles, pero, contra las protestas sociales, en vez de resolver sus demandas les manda a policías para garrotearlos.
El ejemplo más reciente: estudiantes de la Normal Rafael Ramírez durante varios días protestaron en las calles de Chilpancingo para pedir una audiencia con la gobernadora.
Los normalistas pedían material didáctico y una plaza docente. En lugar de eso, el viernes 27 de enero, el gobierno de Salgado Pineda les mandó a la Policía Estatal con equipo antimotín a la Autopista del Sol para apalearlos.
Ese viernes el grupo de policías ejecutaron lo que les ordenaron y para lo que están entrenados, desalojar con violencia.
Esto constituyó otro acto de represión de este gobierno. Pero ojalá podamos ver su magnitud, cuando este gobierno morenista perjuró que no reprimiría.
En pocas palabras, el clan de los Salgado ha mostrado que no hay ningún cambio por más que con retórica y demagogia emulen un discurso que al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha desgastado con sus decisiones y políticas públicas, es decir, que vivimos en un país con gobiernos que no son de izquierda.
Además, el gobierno de Guerrero se ha blindado, literal y metafóricamente, informativa y operativamente. Es decir, habrá que reflexionar si Evelyn Salgado Pineda se atrincheró o la tienen acorazada, protegida o separada de lo que tanto habla, estar cerca del pueblo.
Hay que desmenuzar varios acontecimientos.
El 7 de junio de 2022, la gobernadora declaró: “Jamás voy a hacer represora, jamás voy a mandar a golpear ni a maestros ni estudiantes ni a campesinos, pero necesitamos saber quiénes están detrás de estos bloqueos, porque los mismos familiares y colectivos nos han dicho que hay personas ajenas de su movimiento que los están provocando”.
En esa ocasión se refería a que un grupo armado estaba detrás de unos bloqueos en la localidad de Petaquillas, en Chilpancingo, pero con el paso de los meses esas palabras se han diluido, y el principal argumento, es que se prioriza la libertad de circulación de los ciudadanos, aunque no seamos ilusos, lo que en realidad se protege son las ganancias económicas de los empresarios y del peaje de la Autopista del Sol.
En Tierra Caliente, también han ocurrido bloqueos de los que, incluso, las mismas autoridades han señalado a grupos delictivos de esos territorios estar detrás, y el gobierno no actúa de la misma forma ni aplica los mismos criterios, la diferencia, es una carretera federal y es otro nivel económico el que se mueve en esa zona. Aunque han sostenido que no hay guerrerenses de primera o de segunda, operativamente sí los hay.
Pero, siendo benévolos con la gobernadora, tal vez ella no envió directamente a los antimotines a desalojar con patadas, piedras, golpes, escudazos y mentadas de madre a los chavos y profesores, sino un subalterno que quería quedar bien, aún así, de buena fuente sabemos que ella tiene un reporte en vivo y observa las transmisiones de las páginas informativas en Facebook, por lo que sí tenía conocimiento de lo que ocurría.
Lo que observamos es que la gobernadora se ha atrincherado, o la han atrincherado, en varios sentidos; desde que no da declaraciones o responde cuestionamientos relevantes a los medios, ni tampoco la mayoría de su gabinete; cuando uno busca un entrevista con algún secretario, la respuesta es que las entrevistas se acuerdan directamente con la dirección de Comunicación Social, o sea no tienen libertad de contestar.
¿Qué esconden, qué ocultan, por qué evitar dar declaraciones? Lo peor del caso, es que si se pide la entrevista con el director de Comunicación Social, René Poseelt Aguirre, el sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no te responde; te lee y te ignora.
Y si nos ponemos más quisquillosos, resulta que tanto en Palacio de Gobierno o Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, como pomposamente le nombró el priísta Héctor Astudillo, y que Evelyn Salgado reitera que es la Casa del Pueblo, los policías encargados de la puerta no te dejan entrar libremente, te hostigan, ni siquiera te dejan llegar a la puerta, porque desde las escaleras se te acercan para cuestionarte a qué vas, parece, que lo que menos quieren es que a este espacio público accedan los ciudadanos.
Chirrionazo. Hablando de que los gobiernos morenistas se han develado como no ser de izquierda, Abelina López Rodríguez, en Acapulco, la semana pasada lo dejó bien claro, pues, demandó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a los líderes de dos organizaciones sindicales porque encabezaron el cierre de la costera Miguel Alemán en demanda de pago de salarios y su reinstalación.
Es cierto que los gobiernos anteriores han dejado un número enorme de burócratas, pero eso no justifica que por protestar y manifestarte el gobierno los denuncie penalmente cuando hay problemas más grandes que resolver en Acapulco, como el de la seguridad.
Nada más para que vean, un dato: En los primeros 29 días de este 2023 hay un registro oficial de 62 homicidios dolosos en las calles de Acapulco y muchos de estos ocurridos en la costera que está super vigilada por Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Pero lo más jocoso es de que López Rodríguez anunció una reunión que tuvo con el defenestrado ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le pidió que interceda para convencer al millonario empresario Carlos Slim que invierta en la construcción de un Maribús. Ya se sabe que la nacida en Oaxaca y alcaldesa de Acapulco, al igual que Aguirre Rivero y el saltimbanqui (porque ha estado en el PRI, PRD, MC y ahora Morena) Luis Walton Aburto andan con la matraca en apoyo al canciller Marcelo Ebrard y ya crearon un frente contra el clan de los Salgado que impulsan a la Sheinbaum.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
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