Con protestas para exigir justicia, colectivos conmemoran el Día Internacional del Desaparecido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con estudiantes, protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y atención a los casos de sus familiares.

Durante la protesta, afuera de la FGE, salió la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, con ocho guardaespaldas a su alrededor, a buscar diálogo con los manifestantes.

Durante su salida, normalistas de Ayotzinapa gritaban consignas.

Valdovinos Salmerón se acercó a los estudiantes y acarició a uno de ellos en la cara, mientras decía, «quiero que sepas que estoy para apoyarte».

Los normalistas no respondieron a la fiscal y continuaron gritando consignas.

Los integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se negaron a dialogar con la fiscal porque lo consideraron una falta de respeto que en este día conmemorativo y en medio de una manifestación busque el diálogo.

«Por respeto a nuestro compañeros normalistas y a los padres y madres de los 43 y por respeto a nuestro dignidad no vamos a hablar con la fiscal, es su trabajo y tiene todo el tiempo del mundo para atendernos, porque solo cuando nos manifestamos y es un día conmemorativo se acerca a nosotros», mencionó Molina Rodríguez.

Al término de la manifestación, Valdovinos Salmerón comentó que trata de atender los problemas de la fiscalía, uno a la vez.

«No voy a resolver un problema de 10 años en ocho meses», mencionó la fiscal.

La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada

El contingente encabezado por el hijo de Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, dijo que en la entidad hay un estimado de unos 5,000 desaparecidos.

El activista señaló que el colectivo optó por rechazar las invitaciones de las instituciones de gobierno, puesto que no se trata de celebrar el día.

Agregó que existe un distanciamiento con la FGE porque no hay apertura al diálogo con la fiscal ni sus funcionarios.

De 2018 a la fecha, el Colectivo halló 180 cadáveres, los cuales ya fueron entregados a sus familiares.

El colectivo se fundó el 23 de septiembre de 2016 y primero era encabezado por Guadalupe Rodríguez Narcizo, quien falleció en agosto del 2021.

Otra de las exigencias del Colectivo es que el Congreso local homologue y apruebe la Ley de Declaración de Ausencia, para que los familiares de desaparición tengas acceso a apoyos sociales y reconocimiento.

«Conmemoramos un día que no tendría que existir»

Durante un acto de conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada Ema Mora Liberato, presidenta de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, dijo frente a autoridades que por irresponsabilidad del Estado es que existen personas desaparecidas.

«El Estado nos falló y nos vemos en la necesidad de conmemorar un día que no tendría que existir», mencionó Mora Liberato frente a la fiscal general del estado.

En el marco del día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Salud, y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron una ofrenda floral en el Cementerio Estatal Forense.

Al acto asistieron como invitados integrantes de la asociación Familias de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos.

Durante su participación, Mora Liberato dijo que la construcción de un cementerio estatal es un avance para las familias de las víctimas pero que eso no resuelve el problema.

«Este cementerio no nos da una respuesta para evitar la desaparición de personas, necesitamos saber quiénes están ahí y que tengan una identidad», mencionó.

También le pidió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que sus funcionarios se apeguen a los protocolos y respeten el dolor de las víctimas.

«No se olviden que tienen un puesto derivado de una necesidad».

Mora Liberato explicó que muchas veces les entregan cadáveres incompletos y cuando son completos no todas las partes pertenecen a uno mismo.

Por lo que pidieron entregas de cadáveres dignas para las familias de las víctimas y que dejen de apilarlos en bolsas de basura sin algún registro.

«Sin algún protocolo ni tacto, en el Ministerio Público nos dicen que nuestro familiar ya está en Semefo y que vayamos por él, esas palabras nos laceran».

Exigió también los apoyos que por ley les deben otorgar como víctimas indirectas, ya que explicó que muchos familiares por las búsquedas se quedan sin empleo y quedan vulnerables.

Durante la participación, la fiscal general dijo que no puede influir en las desapariciones ni en las mentes de quienes las cometen.

“Es un hecho que no podré cambiar, el que sigan desapareciendo personas, o que no pueda influir en la mente malvada de un ser humano”, mencionó Valdovinos Salmerón.

Lo que sí puede hacer, dijo, es brindar apoyo para la localización de sus seres queridos.

Personal del Semefo informó que en el cementerio estatal hay un total de 673 cadáveres sin identificar, de los cuáles, en los últimos seis años, identificaron solamente ocho.

La cifra del total de cadáveres sin reclamar en todo el estado asciende a 680.

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Hermano de desaparecido hace 16 años acusa a Fiscalía de perder expediente

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Nicolás Remigio Rojas, quien desde hace 16 años exige a las autoridades la localización de su hermano desaparecido en Chilpancingo, denunció que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que el expediente del caso se extravió.

Rogelio desapareció el 19 de octubre del 2006. El último día que su hermano Nicolás tuvo contacto con él le dijo que iba a Mazatlán, ubicado a 15 minutos de Chilpancingo, a un asunto de trabajo, pero desde ese día perdió contacto con él.

En los días posteriores Nicolás le marcó por teléfono varias veces a su hermano, pero nunca le respondió; después una mujer, compañera de él, le contestó y le dijo que Nicolás dejó su celular y que sólo se llevó la motoneta.

Entonces presentó la denuncia por la desaparición de su hermano ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.

Según contó Nicolás entregó “información valiosa” para facilitarle el trabajo a la Agencia del Ministerio Público y la investigación y localización de su hermano avanzara, pero no hubo avances.

En el 2007 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el 2008 el organismo emitió una recomendación a las autoridades, pero todo siguió igual, el caso siguió estancado.

En el 2009, a petición de Nicolás, la Agencia del Ministerio Público remitió la averiguación previa a la Agencia de Delitos Graves de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), para que continuaran en esa instancia la investigación.

Allí, el hermano del desaparecido se topó con la misma omisión, no hubo avances, entonces comenzó a solicitar copias del expediente de la averiguación previa, pero no se las facilitaron.

Contó que, desilusionado, en el 2012 dejó de darle seguimiento al caso; “me sentía cansado, me traían en la misma situación y solamente iba a preguntar, de vez en cuando, si había algún avance, pero la respuesta era la misma: que estaban haciendo lo conducente”, pero en los hechos, dijo, todo seguía igual.

A partir del 2016 volvió a estar más al pendiente del caso; acudía con regularidad a la Agencia de Delitos Graves a pedir informes.

De pronto, un día, le dijeron que no tenían antecedentes de la averiguación previa, que debía estar en la Agencia del Ministerio Público, donde se radicó la denuncia.

Se justificaron que las investigaciones no avanzaban porque no tenían el expediente, que ni si quiera contaban con el número del registro, “seguramente porque ya habían pasado muchos titulares”, le argumentaron.

Entonces, Nicolás Remigio regresó a la Agencia del Ministerio Público para que le confirmaran si habían radicado el expediente a la Agencia de Delitos Graves y le respondieron que sí.

El hermano del desaparecido aceptó que está seguro que la Agencia del Ministerio Público envió la averiguación previa a Delitos Graves, y solicitó cuando menos el número de registro para mostrarle al titular de Delitos Graves que sí le habían enviado el expediente.

Sin embargo en el Ministerio Público le respondieron que ya no tenían el acuse de recibido, aunque le explicaron debía estar en el libro de gobierno.

Para documentar el trámite Nicolás después solicitó por escrito tanto el Ministerio Público como a Delitos Graves copias del expediente y un informe del estado procesal de la averiguación, en razón de que ya había transcurrido mucho tiempo.

El titular de Delitos Graves respondió que no era posible atender su petición porque no tenía antecedentes de la averiguación y el de la Agencia del Ministerio Público reiteró que la envió a Delitos Graves.

Derivado de ambas respuestas, el hermano del desaparecido promovió un amparo en octubre del 2021 por omisión a su solicitud y para que se obligara a los dos titulares a entregarle el expediente pero la respuesta a la autoridad federal fue la misma que le dieron a él.

Con base a esa respuesta la autoridad federal resolvió que “no ha lugar a concederle el amparo al quejoso Nicolás Remigio Rojas, debido a que no existe el acto reclamado”.

Casi 16 años después, Nicolás reprochó: “cómo es posible, en el expediente está toda la información con datos confidenciales que yo les proporcioné, eso no puede estar pasando”.

Recientemente, con el acompañamiento de David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, solicitaron una audiencia con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón pero sólo los recibió el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa.

Le reclamó a Celaya Gamboa que no puede ser posible que después de mucho tiempo le salgan con que se perdió el expediente con toda la información que les proporcionó y de su hermano siga sin tener indicios de su paradero.

Celaya Gamboa le prometió que van a instalar una mesa de trabajo para revisar el asunto, pero denunció que no se ha realizado a pesar de que el funcionario le aseguró que sería “lo más pronto posible” y le prometió que participarían peritos “para ver cómo se tiene que reiniciar a trabajar”.

Durante el seguimiento del caso de su hermano, Nicolás se enteró que a pesar de que en la región Centro es donde más se denuncian las desapariciones, los ministerios públicos sólo reciben las denuncias pero no realizan las investigaciones.

Dijo que tiene datos que indican que desde el 2006 cuando desapareció su hermano, se han consignado con detenidos sólo dos casos pero que “se les cayeron los asuntos al Ministerio Público por falta de pruebas”.

De tal forma que, aseguró, actualmente no hay un solo sentenciado por desaparición de personas.

 

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Bloquearon más de seis horas vía federal para exigir presentación con vida de un profesor en Guerrero

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Texto: ​Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Familiares y amigos del profesor Román Hernández Gallardo bloquearon seis horas la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca a la altura de la localidad de Cruz Grande, para exigir su presentación con vida.

El maestro de educación física, vecino de la comunidad de Pico del Monte, municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande) desapareció el pasado 8 de julio.

La última vez que Hernández Gallardo tuvo contacto vía telefónica con su esposa fue la tarde del 8 de julio cuando dijo que venía pasando la localidad del Bejuco, del municipio de Acapulco a bordo de su automóvil, un Ford, tipo Focus, del año 2010.

El profesor venía de Acapulco en donde laboraba en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama).

«El venía a la comunidad a reunirse con su familia pero ya no tuvimos noticias de él cuando dijo que venía por El Bejuco», señaló Adriana Hernández Gallardo, hermana del profesor desaparecido.

Denunció que lo único que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) fue activar en su plataforma digital la notificación oficial de su desaparición

«Lo único que nos han dicho en la Fiscalía es de que el vehículo que conducía mi hermano no ha salido de Acapulco», afirmó la hermana del docente.

Los familiares, amigos y vecinos del profesor desaparecido cerraron la vía federal a las nueve y media de la mañana y abrieron el paso a las tres de la tarde después de que un enviado del gobierno estatal dialogó con ellos.

«Estamos pidiendo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque hasta el momento no vemos nada que haga la Fiscalía», señaló la hermana del profesor.

El docente desaparecido imparte clases en una escuela secundaria de la comunidad de Pico del Monte.
Aunque recientemente el gobierno municipal de Acapulco le asignó un cargo en la Capama.

Los familiares advirtieron que en caso de que no les den una respuesta satisfactoria volverán a cerrar esta vía federal a pesar de que nuevamente sean amenazados por la Guardia Nacional de ser desalojados por la fuerza.

«No es justo que mi hermano tenga 18 días de desaparecido y la Fiscalía no haga su trabajo», dijo la hermana de profesor que no aparece.

Durante las seis horas de bloqueo total de la carretera, cientos de vehículos se quedaron varados.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante el conversatorio Narrativas y memorias de la desaparición en Guerrero, Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron los riesgos a los que se enfrentan, la omisión de los tres niveles de gobierno, a demás del desgaste físico, emocional y económico que viven durante la búsqueda de sus seres queridos.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera y el de Familias en Búsqueda Lupita Rodríguez Narciso coincidieron en la falta de presupuesto para atender a las víctimas de personas desaparecidas, en la falta de protocolos para investigar los casos de desaparición y en el peligro que implican las búsquedas en fosas clandestinas.

En el conversatorio las integrantes de los colectivo contaron las condiciones en las que realizan sus labores de búsqueda y las dificultades a las que se enfrentan en su lucha por visibilizar la problemática de los desaparecidos.

“Cuando buscamos cuerpos en fosas clandestinas nunca es cerca, caminamos siempre entre ocho y 10 kilómetros solo para que los grupos de la delincuencia nos amenacen con disparos al aire, pero eso nunca nos ha detenido”, comentó durante el conversatorio Ivon Álvarez Gil del colectivo Lupita Rodríguez.

Álvarez Gil busca a su hermano, Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2013, secuestrado por un grupo de civiles armados en las calles de Chilpancingo, para ella la búsqueda de su hermano es un compromiso que hizo con su madre, que falleció hace cinco años. “Mi madre se fue y no le pude cumplir la promesa de regresarle a su hijo”, contó con la voz entre cortada.

Gema Antúnez Flores, del colectivo Lupita Rodríguez, también abordo el tema de las búsquedas.

“Como familiares nos enfrentamos al clima, a los grupos criminales, muchos recibimos amenazas de esos grupos, pero lo que nos mueve es algo más grande, es el amor por nuestros familiares y por eso nunca nos hemos detenido”.

El conversatorio se realizó en el marco de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, capitulo Chilpancingo, donde a demás del conversatorio se realizó una muestra colectiva de carteles, un concierto y un taller para los familiares de personas desaparecidas.

Otro de los temas que se abordaron durante el conversatorio fue el papel de las instituciones gubernamentales y como hacen caso omiso a la problemática.

En el caso de Guerrero, de parte de la administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, los colectivos contaron sobre la falta de apoyos que hay hacía su labor.

Gema Antúnez contó que desde el comienzo de la administración, en octubre del 2021, buscan una reunión con la gobernadora pero siempre que agendan les cancelan de último minuto.

Lo único positivo que lograron en esta administración es la apertura al diálogo con la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, quien, dijeron, está en la disposición de atender al colectivo María Herrera.

Al respecto, Álvarez Gil mencionó que de parte de su colectivo (Lupita Rodríguez) ya se reunieron con la gobernadora pero no hay acuerdos concretos.

“Es lo de siempre, solo vamos y la gobernadora nos dice que tenemos a disposición a todos los secretarios, pero nosotros no queremos eso, no queremos a un funcionario detrás de un escritorio, queremos que salgan y nos apoyen en nuestras búsquedas”.

Un punto en el que coincidieron los colectivos es en aumentar el presupuesto para los organismos que trabajan directamente con las víctimas y sus familiares, pues denunciaron que las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en Acapulco no hay ni garrafones de agua para los trabajadores, menos para apoyar y solucionar peticiones de las víctimas y colectivos.

Llamqron a las autoridades a dotar de presupuesto y herramientas como palas, picos y retroexcavadoras para las búsquedas y que queden a disposición de todos los colectivos

En el caso de las fiscalías piden agilizar las investigaciones porque dijeron que los avances que hay en las carpetas de investigación es porque los familiares aportaron todas las pruebas.

Al finalizar el conversatorio Gema Antúnez llamó a los grupos del crimen organizado parar las desapariciones.

“Les preguntamos a todos esos perpetradores, ¿si ya los mataron por qué enterrarlos, que les cuesta dejarlos donde podamos encontrarlos para que sus familias puedan estar en paz”.

Muestra colectiva de cartel

En el marco de la Caravana se realizó la muestra colectiva de carteles Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, una serie de 97 carteles creados por artistas de diversos colectivos y universidades que plasmaron su sentir por las desapariciones en el país.

Los carteles tienen la temática de desaparecidos y estará expuesta hasta el próximo viernes en el centro cultural El Zanate Azul, espacio que fue sede de estas actividades.

El evento fue organizado por los colectivos Técnicas Rudas, Amapola periodismo y el Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro).

Además de la exposición de carteles se realizó un concierto gratuito de los rockeros mexicanos Francisco Barrios, conocido como El Mastuerzo y Arturo Muñoz, Cárcara, quienes cantaron canciones dedicadas a personas desaparecidas.

El Mastuerzo es conocido por formar parte del grupo de rock Botellita de Jeréz, además de ser solidario con diversos movimientos sociales que van desde la Guerra sucia, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y actualmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Una de las canciones que tocó está dedicada a una sobrina desaparecida durante la guerra sucia.

En el conversatorio tambien participaron la reportera Marlén Castro, de Amapola periodismo y Arturo de Dios, también fundador de este medio nativo digital.

Castro y De Dios señalaron la responsabilidad del Estado en todas las desapariciones registradas en Guerrero, estado en el cual se documento la primera documentación forzada en el país.

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Integrantes de los colectivos de desaparecidos María Herrera y Lupita Rodríguez participan en la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición Forzada en México, capítulo Chilpancingo


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Margena de La O

Chilpancingo

 

«Cada día que amanece y salen los rayos del sol, me recuerda tu presencia, tengo la esperanza que algún día llegarás para abrazarme como solías hacerlo. Confieso, te extraño». Se lee a un lado de la fotografía de Josué Molina Rodríguez. Estas palabras las escribió su padre Ignacio Molina.

Josué desapareció el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, desde ese momento su madre Guadalupe Rodríguez Narcizo lo buscó hasta su último aliento. Lupita falleció el año pasado sin encontrar a su hijo Josué. Desde entonces, el colectivo de desaparecidos lleva su nombre.

La historia de Josué se repite en miles de familias guerrerenses que sufren la incertidumbre de no saber nada de sus familiares desparecidos.

Son las cuatro de la tarde del lunes 25 de julio del 2022, familiares integrantes de colectivos comienzan a llegar al Centro Cultural El Zanate Azul, donde se realizó una de las actividades de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición Forzada en México. Una actividad del colectivo de Puebla Técnicas Rudas, en articulación con Amapola periodismo.

Los familiares llegaron en grupo, los colectivos María Herrera y Lupita Rodríguez Narciso, estuvieron presentes.

Para conocerse y presentarse, se realizaron dinámicas de integración en las que los participantes dijeron su nombre, su lugar de origen y el colectivo del que forman parte.

Después de unos minutos de conocerse, y de platicar entre ellos comenzaron con la primera dinámica que consistió en expresar con una palabra, qué significa para ellos búsqueda.

Palabras como, amor, fe, cansancio, fortaleza, angustia, miedo, peligro y alegría fueron las que los participantes mencionaron.

El objetivo de esta actividad fue crear una canción con todas las palabras propuestas por los familiares de personas desaparecidas.

La Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México tiene el objetivo de visibilizar y sensibilizar acerca de la desaparición en México, combatir la criminalización y revictimización de las víctimas de desaparición y de sus familias, lograr que las voces de las víctimas sean escuchadas, generar narrativas contrahegemónicas sobre la desaparición, así como contribuir a un cambio de imaginario sobre la desaparición, las víctimas y los familiares, encaminado a la búsqueda de la verdad, la justicia, la no repetición y la memoria viva.

Como una manera de apoyar a los familiares a sanar el dolor por su familiar desaparecido se realizaron diversas actividades como la creación de un cartel con la imagen de su familiar desaparecido, a partir de la intervención de la fotografía de la persona desaparecida.

Además del cartel, los familiares realizaron un poema a sus desaparecidos, se trabajó en equipo y de acuerdo con Técnicas Rudas, organizadoras del taller, es para que entre colectivos exista comunidad y confianza.

Los carteles realizados fueron colocados en una mampara para su exhibición, la cual estará hasta el día viernes en el centro cultural El Zanate Azul, sede del evento.

Al término del evento y en un círculo las y los integrantes del colectivo expresaron su sentir acerca de las actividades.

“Lo que hicimos hoy es una manera de sacar todo el dolor que llevamos dentro, a partir de nuevos procesos como el arte”, mencionó Gema Antúnez integrante del Colectivo María Herrera.

Ante la voz de ninguna familia buscando sola, ninguna madre buscando sola, el colectivo Técnicas Rudas, el Colectivo de personas desaparecidas María Herrera, el Colectivo de familiares en búsqueda Lupita Rodríguez y la DW Akademie América Latina desarrollaron este proyecto que, a través de la expresión artística, busca informar y sensibilizar acerca de la desaparición forzada en México.

La actividad fue a puerta cerrada para que las victimas tuvieran privacidad, pero hoy (26 de julio) a partir de las 10 de la mañana se realizaran actividades abiertas al público, entre estos un conversatorio, una muestra colectiva de carteles y un concierto con la temática de desparecidos.

La sede del evento es en el centro cultural El Zanate Azul, ubicado en la avenida Miguel Alemán 94 altos, colonia Cuauhtémoc sur.

 

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Solo habrá paz cuando haya verdad y justicia: sacerdote Filiberto Velázquez

“En un espacio puede haber ausencia de violencia porque hay una patrulla de la policía o el Ejército, pero de que sirve eso si en otro lugar hay una familia y una madre que no tiene paz porque no sabe donde está su hijo”, dijo el sacerdote. 


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

24 de julio de 2022

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, ofició una misa para familiares de personas desaparecidas y asesinadas, donde pidió a las autoridades ser unos verdaderos constructores de la paz y no criminalizar a las víctimas ni a sus familias.

Durante el sermón dirigido a los familiares de las víctimas, Velázquez Florencio dijo que las instituciones del Estado deben ser constructoras de paz, “pero si de verdad quieren hacerlo necesitan garantizar a los familiares de la víctimas acceso a la verdad y la justicia, solo así habrá una verdadera paz”.

Además pidió al Estado dejar de perseguir e intimidar a los colectivos de búsqueda y a los defensores de derechos humanos porque consideró que ahí no van hallar a los generadores de la violencia.

“En un espacio puede haber ausencia de violencia porque hay una patrulla de la policía o el Ejército, pero de que sirve eso si en otro lugar hay una familia y una madre que no tiene paz porque no sabe donde está su hijo”, dijo el sacerdote.

Velázquez Florencio propuso a los colectivos de búsqueda ser promotores y artesanos de la paz, continuar con su camino que consiste en buscar a sus desaparecidos y exigir justicia y propuso que María Magdalena sea la patrona de las mujeres buscadoras, porque “María Magdalena fue la primer mujer en buscar a un ser querido asesinado por el Estado”.

La misa se celebró cómo parte de la Jornada Nacional de Oración para Víctimas de la Violencia, la cual es una iniciativa del Congreso Episcopal Mexicano para visibilizar la violencia en el país, y surgió después del asesinato de los dos sacerdotes Jesuitas en Chihuahua.

Al respecto Velázquez Florencio dijo que es un gran paso que la iglesia católica despierte ante los hechos de violencia que siempre han ocurrido en México.

La jornada de oración se replicó en todas las iglesias del país. Además de ser dedicada a personas desaparecidas o asesinadas se pidió a los familiares llevar una foto para colocarla en el altar.

Y así fue, a la misa asistió el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera con las fotos de sus familares desaparecidos.

En el altar está la foto de Jesús Pineda Mejía, quién el 19 de julio de 2016 desapareció en las calles de Chilpancingo; la foto de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido el 5 de diciembre frente a la playa Tlachopanocha, ubicada en el centro de Acapulco.

Al término de la misa, el sacerdote pidió un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia.

Continúa el hostigamiento contra el sacerdote

Velázquez Florencio denunció en días pasados diversos actos de intimidación que realiza el gobierno estatal y federal en su contra, desde amenazas de parte elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y una amenaza de denuncia por bloquear la Autopista del Sol y causar daños a la propiedad federal.

El pasado 13 de julio, agentes ministeriales acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, y familiares de enfermos hospitalizados en el Hospital General, a pocos metros de la parroquia, a preguntar al personal cuáles eran las actividades del sacerdote.

Después de esa visita, Velázquez Florencio denunció que esos son actos de intimidación por el acompañamiento que brinda a víctimas de la violencia desde el Centro Minerva Bello.

Al respecto, Velázquez Florencio dijo que hay disposición a un diálogo abierto con la gobernadora, pero de parte de la administración estatal no hay respuesta favorable.

“El obispo ya habló con el jefe de la oficina de la gobernadora, Jesús Urióstegui, para pedir una reunión y despejar todo tipo de malos entendidos, pero el señor obispo no ha obtenido respuesta”, contó Velázquez Florencio al terminar la misa.

Agregó que él ya interpuso un oficio ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) dirigido a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que cesen las intimidaciones.

“Solo tengo el acuse de que ya recibieron el documento pero no hay una respuesta favorable”.

El sacerdote y director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, durante la misa dirigida a familiares de personas víctimas de la Violencia

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Víctimas reclaman a titular de la CEAV falta de ayuda humanitaria

Texto y fotografía: Jesús Guerrero 

Chilpancingo

 

Familiares de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas por la violencia en Guerrero reclamaron a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, la falta de apoyo humanitario como es la vivienda y salud.

En la reunión que se desarrolló en un salón de las oficinas de la Secretaría de la Cultura a la titular de la CEAV le llovieron demandas que siguen sin ser solucionadas.

Rodríguez Estrada quien vino acompañada por su equipo, justificó su falta de acción para resolver las problemáticas que enfrentan las víctimas a la ausencia de un buen presupuesto para este 2022, dijo la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra.

El encuentro con integrantes de cuatro colectivos de familiares de personas asesinadas y desaparecidas empezó a las 12 del día y concluyó a las 15 horas de este viernes.

“Nosotros agradecemos que haya venido a Guerrero la comisionada pero finalmente no nos trajo ningún anuncio positivo de ayuda humanitaria a las víctimas”, señaló Rosales Sierra entrevistada al concluir la reunión.

En el salón donde se desarrolló el encuentro había mujeres, hombres, adultos mayores y niños que viven desplazados en diferentes municipios de Guerrero.

Rosales Sierra afirmó que a la titular de la CEAV se le plantearon tres puntos: que a la gente que tiene un desaparecido o asesinado se le reconozca su calidad de víctima, la reparación del daño, la reubicación de las familias desplazadas, becas y educación a los niños además de una ayuda humanitaria económica.

En el 2021, familiares de desplazados por la violencia de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Chilapa estuvieron tres meses en plantón afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Se firmó una minuta de acuerdos con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Pero gran parte de esos acuerdos no han sido cumplidos”, dijo Rosales Sierra.

Contó que en estos momentos las familias desplazadas que están en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, tienen que pagar la renta de la casa donde viven.

En la reunión con Rodríguez Estrada la gente que está en Chichihualco le dijo que el lugar donde están viviendo no es seguro y que es imposible regresar a sus pueblos.

Desde noviembre del 2018, este grupo de familias fueron expulsadas de seis comunidades de la Sierra por integrantes de una supuesta policía comunitaria del municipio de Heliodoro Castillo.

Otras familias de desplazadas que estuvieron en la reunión son del municipio de Zitlala que están desplazadas por amenazas que sufrieron por integrantes de un grupo delictivo que tiene bajo su control esa zona de la Montaña Baja de Guerrero.

Rosales Sierra dijo que durante la plática que tuvieron con la titular de la CEAV le hicieron saber que el gobierno federal está violando la Ley General de Víctimas al no dar los apoyos.

Durante la reunión a Rodríguez Estrada le interesó más tratar el tema de la salud y evadía tocar el punto de la ayuda humanitaria ya que insistía en que la CEAV tiene poco presupuesto para este año.

“También es importante la salud pero lo es más la ayuda humanitaria porque como vas a sobrevivir, como vas alimentar a tus hijos si no tienes recursos económicos”, expuso Rosales Sierra.

A Rodríguez Estrada se le dijo también que muchas víctimas tienen una salud deplorable como consecuencia, entre otras, de que no les otorgan una ayuda humanitaria.

Las familias acordaron que a mediados de agosto próximo van a reactivar sus movilizaciones.

Rosales Sierra aseguró que las 300 desplazados forzado que asesora llevan casi tres años luchando porque el gobierno federal les cumpla con sus demandas.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador les prometió muchas cosas a las víctimas y sigue sin cumplir”, dijo la activista del Centro Morelos.

En agosto próximo cuando se movilicen las familias una de las exigencias es de que el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que según Rosales Sierra, está atorada en las comisiones legislativas.

Aquí en Guerrero existe la Ley 487 para atender y prevenir el desplazamiento interno que fue aprobada en el 2014 durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

A siete años de que existe esta ley, el Congreso local sigue sin aprobar su ley reglamentaria.

“Esta Ley de desplazamiento en Guerrero es letra muerta porque ningún gobierno la ha cumplido”, aseguró Rosales Sierra.

Gema Antúnez Flores, presidenta del Colectivo de Familias de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que a la titular de la CEAV, le plantearon un programa de vivienda para las víctimas además de atención a su salud.

“En estos momentos es la problemática más importante que tenemos nosotros, vivienda y salud”, aseguró.

Mencionó que la mayoría de las familias que ella representa carecen de una vivienda propia ya que tienen que rentar o bien viven con algún familiar.

Antúnez Flores consideró que para su colectivo la reunión con Rodríguez Estrada fue muy provechosa.

Al concluir la reunión, la titular de la CEAV y el personal que la acompañaba salió por la puerta trasera del edificio ubicado en el zócalo de Chilpancingo.

La salida casi furtiva de la funcionaria del gobierno federal fue para evitar que los reporteros la entrevistaran.

 

 

Amplían un día más de búsqueda para localizar cadáveres en Tlapa

 

Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Chilpancingo

La Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE) y Ejército ampliaron un día más la búsqueda de al menos dos cadáveres en fosas clandestinas en las afueras de Tlapa, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

«Ya llevan cuatro días de búsqueda y hasta el momento no han localizado cadáveres», señaló el director ejecutivo de este organismo, Abel Barrera Hernández.

Los trabajos que iniciaron el 11 de julio se realizan en el punto conocido como Tres Postes, a la orilla de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

En este sitio fue hallado en una fosa clandestina el cadáver del activista y defensor del medio ambiente Arnulfo Cerón Soriano, el 20 de noviembre del 2019, 40 días antes de que hombres armados lo privaron de su libertad en una de las calles de Tlapa.

Varios de los detenidos por el secuestro y asesinato de Cerón Soriano y que pertenecían al grupo criminal de Los Rojos, confesaron que en ese sitio habían sepultado más víctimas.

Fue por ello que un juez ordenó esta diligencia de búsqueda de más cadáveres.

Integrantes del Colectivo Luciérnagas solicitó la búsqueda de más cadáveres en este lugar.
Familiares de desaparecidos están al pendiente de estos trabajos en espera de resultados.

Barrera Hernández afirmó que para agilizar los trabajos se rentó una excavadora más.

La búsqueda concluirá este viernes 15 de julio.

Mamá busca a su hijo desaparecido porque Fiscalía de Guerrero no lo hace

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La señora María Engracia Guerrero López, denunció que su hijo Jesús Antonio Moyao Guerrero cumple cuatro meses de desaparecido y la Fiscalía no realiza su búsqueda a pesar de que ella ha aportado datos para que lo localicen.

En una conferencia de prensa que ofreció en las oficinas del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados “Guadalupe Rodríguez Narciso” ubicadas aquí en Chilpancingo, Guerrero López contó que ella se vio obligada a salirse de Chilapa ante posibles amenazas que pudiera tener.

Jesús Antonio Moyao, de 29 años de edad fue privado de su libertad por tres hombres armados el 23 de febrero de este año cuando trabajaba en una camioneta Urvan de transporte público de la ruta Centro-San Juan, en Chilapa.

Por versión de algunas personas es de que el transportista fue interceptado por una camioneta negra de donde descendieron tres sujetos armados. Después de someter a Moyao Guerrero lo subieron a la unidad.

“Yo le hablé a su teléfono celular alrededor de las 3 de la tarde para saber como estaba y mi hijo me contestó que estaba bien y que no me preocupara”, contó la mamá del desaparecido.

Pero después de las 4 y media de la tarde de ese mismo día doña María Engracia recibió una llamada de su nuera preguntándole si su hijo se había ido a su casa porque el dueño de la combi de transporte de nombre Francisco le había dicho que había abandonado el vehículo y que si no se escondía por ahí.

Además el mismo concesionario de la unidad de transporte acusó a su hijo de haberse llevado el dinero de la cuenta del cobro del pasaje. «Desde ese día no he sabido más de mi hijo y la Fiscalía no lo busca», dijo Guerrero López. El mismo 23 de febrero la mamá del desaparecido acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilapa para presentar la denuncia pero las oficinas estaban cerradas y en la policía ministerial dijeron que no tenían detenido a su hijo. Al otro día doña María Engracia acudió al Ministerio Público en donde se negaron recibirle la denuncia bajo el argumento de que esos casos (las desapariciones) se presentan ante las oficinas de la Fiscalía General, ubicadas en Chilpancingo. «Nos recibieron la denuncia el 24 de febrero y ocho días después la Fiscalía emitió la ficha de la desaparición de mi hijo y desde ese momento supe que las autoridades no iban actuar para investigar y localizar a mi hijo», señaló Guerrero López. Señaló que en la denuncia que presentó dio los nombres de dos testigos uno de ellos es el dueño de la unidad de transporte público quien solo ha dicho que su hijo andaba en la combi y que la había dejado abandonada en la comunidad Flor Morada que es el último punto de esa ruta. En esta zona de Chilapa en la ocurrió la desaparición de Moyao López es donde opera el grupo criminal de «Los Ardillos» Un familiar del chofer desaparecido y que por razones de seguridad pidió que se omitiera su nombre señaló que dos agentes ministeriales fueron a su domicilio para preguntar si ahí vivián los dos testigos.

“Yo les dije que no y uno de los agentes me dijo que no encubriera a nadie y eso para mí fue un acto de intimidación porque estaban buscando a los testigos en la casa de la víctima”, expresó.

Dijo que la Fiscalía tiene las sábanas de las últimas llamadas telefónicas que recibió su hijo pero que no les quieren dar ninguna copia.

La madre del desaparecido denunció que a cuatro meses de la desaparición de su hijo la Fiscalía no ha realizado ninguna búsqueda.

“En la Fiscalía nos han dicho que no realizan ninguna búsqueda porque en Chilapa está muy peligroso y por eso no van”, afirmó Guerrero López.

La organización del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos que dirige el profesor José Díaz Navarro, asegura que la organización criminal de Los Ardillos es la responsable de decenas de desapariciones y asesinatos que se han registrado en Chilapa en los últimos ocho años.

Señala que este grupo también controla los municipios de Tixtla, Zitlala y Ahuacuotzingo, el primero gobernado por Morena y los otros dos por el PRD.

 

«Ya se cumplieron once meses y no localizan a mi esposo», dice Samantha, esposa de Vicente Suástegui

Vicente Suastegui es integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) y defensor de la tierra y el río Papagayo. El pasado 5 de agosto de 2021 hombres armados se llevaron a Vicente, cuando trabajaba en un taxi en el puerto de Acapulco, desde ese entonces se desconoce su paradero.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

9 de junio de 2022

Chilpancingo

 

Samantha Colón, esposa del defensor del medio ambiente, Vicente Suastegui Muñoz, desaparecido desde hace seis meses, acudió la mañana de hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir informes sobre los avances de la investigación y exigió a las autoridades la pronta aparición con vida del ambientalista.

Vicente Suastegui es integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) y defensor de la tierra y el río Papagayo. El pasado 5 de agosto de 2021 hombres armados se llevaron a Vicente, cuando trabajaba en un taxi en el puerto de Acapulco, desde ese entonces se desconoce su paradero.

El pasado domingo cumplió 11 meses desaparecido y su familia espera su pronta aparición con vida exigiendo a las autoridades realizar y agilizar su trabajo para encontrarlo.

Fuera de las instalaciones de la FGE Samantha declaró a medios de comunicación que se reunió con el Vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa, quien le informó sobre los avances de la investigación para localizar a Vicente Suastegui.

Samantha dijo que a pesar de que existen avances en la investigación falta mucho para resolver el caso.

“Existen órdenes de aprehensión que no se han llevado a cabo, y son muy importantes porque son paras las últimas personas con las que estuvo Vicente antes de su desaparición, nosotros solo queremos resultados”, dijo Samantha y pidió que continúen las búsquedas para dar con el paradero de Vicente.

La esposa del defensor del medio ambiente denunció que el gobierno sigue negándole las medidas cautelares a ella y a sus hijas además del apoyo psicológico y económico.

“Nosotros vinimos a pedir que no quiten el dedo del renglón, que no le den carpetazo al caso, porque aquí hay unas hijas que esperan el regreso de su padre”, comentó Samantha.

Los familiares de Vicente dijeron que la línea de investigación que está siguiendo la FGE es por su labor en defensa del medio ambiente y el territorio

Desde hace 20 años, Vicente Suastegui junto con su hermano Marco Antonio, a través del Cecop luchan contra la construcción de la hidroeléctrica La Parota y empresarios gravilleros que explotan la zona.

Vicente Suastegui por su labor ya había sido arrestado y agredido por elementos de seguridad, dice un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En el 2018 Vicente Suástegui fue detenido y acusado por los delitos de homicidio y despojo y fue liberado después de pagar una fianza de 185 mil pesos.

Después de que el ambientalista recobró su libertad recibió amenazas de parte de policías ministeriales y estatales en Acapulco.

Su hermano Marco Antonio Suastegui encabeza las protestas y las búsquedas en la zona rural de Acapulco en espera de hallarlo con vida.

Desaparecen tres menores de edad y una mujer en la última semana en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

5 de junio de 2022

Chilpancingo

 

En los últimos siete días tres menores de edad y un mujer están desaparecidas en distintos municipios de Guerrero, informó en su plataforma digital la Fiscalía General del estado.

l pasado 30 de mayo la Fiscalía  activó una ficha de la Alerta Amber por Lucero Cruz Méndez de 15 años de edad que desapareció en Ciudad Altamirano, que es la cabecera del municipio de Pungarabato, en la región de Tierra Caliente.

En el resumen de los hechos de la ficha indica que al momento de la desaparición de la menor de edad vestía sudadera gris, blusa de color naranja, pantalón de mezclilla y tenis negros.

El día primero de junio despareció Anay Ortega Peña, de 34 años de edad, por lo que se activó el protocolo Alba.

Según los hechos esta mujer desapareció en la Ciudad de Tlapa de Comonfort en la Montaña de Guerrero y se desconoce la vestimenta que vestía cuando fue la última vez que se le vio

A pesar que la desaparición de Anay Ortega ocurrió desde el primero de junio, la ficha del Protocolo Alba y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se accionó en las redes sociales este domingo cinco de junio.

En el sitio oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) no aparece la ficha de Anay Ortega.

Otro caso que ocurrió el primero de junio fue el del menor Kevin Leonel Jiménez Ortega, de 14 años de edad. Kevin, al igual que Anay, desapareció en Tlapa de Comonfort en Montaña.

Kevin vestía playera y pants negros al momento de su desaparición.

Otro caso es el de la menor Nayeli Pérez Leal de 15 años que desapareció el pasado 3 de junio en la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca en esta misma región de la Montaña.L

a menor vestía short negro, blusa blanca y tenis negros.

Su ficha aunque ya está circulando en redes sociales en el sitio oficial de la FGE no está publicada.

 

 

«Podrán borrar un mural pero nunca lo harán de nuestros corazones»

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Celeste Hernández / Facebook y Redes

Chilpancingo

 

La voz de doña Socorro Gil se oye con coraje al enterarse de que borraron con pintura blanca el mural con los rostros de 52 desaparecidos que estaban plasmados en la pared del restaurant El Anafre ubicado en la avenida Miguel Alemán en la zona tradicional de Acapulco.

«Podrán borrar un mural con los rostros de nuestros desaparecidos pero nunca los van a borrar de nuestro corazón», señaló la señora quien tiene un hijo desaparecido y su rostro estaba en ese mural.

El primero diciembre del 2021 este mural había sido borrado con pintura blanca pero con las lluvias que han caído en los últimos días de apenas este mes de mayo se deslavó la pared y nuevamente aparecieron los rostros de los desaparecidos.

«Fue un milagro del cielo», dijo doña Socorro Gil cuando vio nuevamente el mural.

Pero este martes 31 de mayo nuevamente fue borrado el mural con agua de cal y no se sabe quién o quiénes lo hicieron.

Para doña Socorro Gil Guzmán, madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero, consideró que el que hayan escondido con pintura blanca este mural es una acción de las personas que no tienen ninguna sensibilidad.

«No tengo pruebas de que haya sido la autoridad pero seguramente fueron los malos (delincuentes) los que borraron ese mural y yo no sé que les molesta que estén ahí las imágenes de nuestros desaparecidos», afirmó la señora.

Señaló que la primera vez que fue borrado el mural, en diciembre del 2021, fue amenazado el dueño del restaurant por los delincuentes.

Este mural con los 52 rostros de los desaparecidos fue pintado por el artista plástico Alexis.

Los colectivos de los desaparecidos le pagaron el material y la comida al pintor para que realizara el mural.

«Le dimos dinero para las pinturas y durante el tiempo que estuvo trabajando le pagamos la comida», señaló doña Socorro quien pidió que el rostro de su hijo Jonathan quedara plasmado en este mural.

El joven Jonathan Guadalupe Romero Gil junto con su amigo Carlos Ignacio Rojas fueron privados de su libertad por un grupo de policías municipales cuando se dirigían a jugar futbol rápido en la cancha de la CROM en la avenida Miguel Alemán, cerca de la playa Tlacopanocha el 5 de diciembre del 2018.

Carlos Ignacio Rojas, apareció asesinado a tiros el seis de diciembre de ese año, pero hasta el momento Jonathan sigue desaparecido.

La desaparición de Jonathan y del otro joven que fue hallado 24 horas después asesinado a tiros, ocurrió durante la administración de la morenista Adela Román Ocampo.

Desde entonces doña Socorro Gil sigue buscando a su hijo y exigiendo a las autoridades que le hagan justicia deteniendo a los policías municipales que siguen en activo en la corporación como si no hubieran hecho nada.

Doña Socorro Gil cuenta que en diciembre del 2021 ella develó una pintura con el rostro de su hijo Jonathan frente a la playa Tlacopanocha.

«Le pagué al pintor creo 4 mil 500 pesos y hasta hace un mes ahí seguía la pintura y yo espero que esta no sea borrada o destruida», expresó la señora que fue entrevistada vía telefónica.

Ema Mora Leyva, presidenta de la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de Desaparecidos, señaló que en el 2021 los colectivos fueron los que impulsaron que se pintara ese mural de sus desaparecidos con el propósito de que se visibilizara este problema ante la comunidad nacional e internacional.

«Ese mural se pintó en esa pared del restaurant El Anafre porque es un lugar estratégico ya que por esa zona caminan los turistas pero a alguien no le gustó que con esa obra de arte la gente se diera cuenta de la realidad de lo que pasa en Acapulco desde hace más de 15 años», afirmó.

Indica que esos 52 rostros son de personas fueron desaparecidas durante el 2011 al 2021. 

«Obvio que en Acapulco la cifra de desaparecidos es muchísimo más que los 52 que están plasmados en ese mural que fue borrado», afirmó la activista quien desde el 2011 tiene un hijo desaparecido.

Cuenta que su hijo José Alberto de 14 años fue secuestrado en el 2011.

El de José Alberto es uno de los 52 rostros que estaba en ese mural que pintó el artista plástico Alexis.

Dice doña Ema que fue el dueño del restaurant del Anafre quien dio el permiso para que Alexis pintara ese mural.

Indica que para los familiares de esas 52 personas que estaban plasmados sus rostros en el mural significaba una esperanza de que a lo mejor alguna gente que los viera les dijera haber visto alguno de ellos en vida.

La activista no descarta que las autoridades hayan ordenado que se borrara el mural porque en una sesión de cabildo del ayuntamiento de este puerto hubo la propuesta de que se construyera un antimonumento de los desaparecidos en Acapulco pero el director de turismo se opuso.

«El secretario de turismo (David Abarca Rodríguez) dijo que como era posible que al turismo se le de a conocer ese tipo de imágenes de Acapulco», señaló Ema Mora.

Después de que el mural con los 52 rostros de los desaparecidos fue borrado de la pared del restaurant, los colectivos van a financiar a un grupo de artistas plásticos para que pinten otra de estas obras en las paredes de una universidad privada de Acapulco.

Doña Ema Mora lamenta que Acapulco sigue viviendo una situación de terror por la violencia en las calles pese a que a nivel estatal y municipal los gobernantes provienen de un partido diferente al PRI.

«Hay desapariciones de personas todos los días en Acapulco y no se acabarían decenas de paredes para pintar sus rostros», dijo.

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