Etiqueta: Derechos Humanos

Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y CDMX suman 81.6% de las quejas contra el INM por violaciones a derechos humanos este año

Las cinco entidades acumulan 330 de las 404 quejas presentadas ante la CNDH entre enero y febrero. El INM es la tercera institución federal con más expedientes abiertos en lo que va de 2023.

Texto: Mauricio Torres / Animal Político

Fotografía: Rey R. Jáuregui / La Verdad de Juárez 

Cinco de las 32 entidades del país concentran el 81.6% de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va de este año, de acuerdo con cifras oficiales.

Entre enero y febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 404 expedientes relacionados con el INM, de los cuales 330 corresponden a posibles abusos de funcionarios del organismo en Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Las 404 quejas registradas, además, hacen del INM la tercera institución federal con más señalamientos en su contra, solamente detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tuvo mil 001, y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tuvo 498.

Por entidad, la que encabeza la lista de expedientes de queja abiertos es Chiapas, con un total de 111, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH.

Dentro de este estado de la frontera sur del país —punto de entrada de miles de personas migrantes de origen centroamericano, caribeño y sudamericano—, los principales hechos que dan pie a quejas son acciones u omisiones que transgreden los derechos de quienes migran y sus familias, falta de honradez por parte de funcionarios, prestación indebida del servicio público y omisión para resolver la situación jurídica migratoria.

En el otro extremo de México, la frontera norte, Sonora ocupa la segunda posición en la materia con 78 expedientes de queja. Ahí, a los motivos de denuncia se suman las restricciones para moverse libremente por México.

Tabasco está en el tercer lugar de la lista, con 68 quejas —algunas de ellas por incomunicación y negación de atención médica—; Tamaulipas está en cuarto, con 38, y la Ciudad de México está en quinto, con 35.

En la Ciudad de México, a donde cientos de migrantes llegan para acudir a las oficinas centrales del INM o de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para pedir permisos o solicitudes de asilo, el principal motivo de queja es la falta de honradez por parte de funcionarios de Migración.

Animal Político publicó el martes pasado que las quejas contra el INM han aumentado 200% en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. De 714 en 2019 —el primer año de la administración— pasaron a 2 mil 141 en 2022.

Los cuestionamientos al INM han aumentado desde hace un mes, luego del incendio en su estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 migrantes. Por ese hecho, el titular del instituto, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, aunque se mantiene en libertad y en el cargo.

De las 404 quejas presentadas contra el INM en lo que va de 2023, 74 corresponden a 13 entidades del país: Baja California (12), Chihuahua (2), Coahuila (12), Nuevo León (8), Aguascalientes (1), Guanajuato (1), Estado de México (2), Tlaxcala (2), Puebla (5), Veracruz (11), Oaxaca (2), Yucatán (1) y Quintana Roo (15).

En contraste, de 14 estados no se han abierto expedientes: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Campeche.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Por el delito de homicidio dictan prisión preventiva a Marisol, hija de activista

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

En una audiencia que duró varias horas, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, dictó prisión preventiva por el delito de homicidio a Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista Marisela Núñez Trujillo.

Figueroa Núñez permanecerá detenida tres meses, tiempo en que desahogarán más pruebas por el delito que se le imputa.

Entrevistada vía telefónica, Núñez Trujillo denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de pruebas y declaraciones falsas, pretenden culpar a su hija de participar en actividades delictivas asociada a grupos criminales que operan en la zona.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, denunció la madre.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas, en el que hallaron a un hombre decapitado.

«Querían que mi hija (Marisol) culpara a un hombre, conocido como El Gordo Mata, de ser el que decapitó al cadáver, pero ella no sabe nada ni tiene nada que ver con esas personas», mencionó Núñez Trujillo, quien es conocida por participar en las protestas en reclamo de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al negarse, Marisol fue trasladada a los separos de la FGE, donde estuvo incomunicada hasta que su madre la halló y comenzó el procedimiento para su liberación inmediata.

«Entro (a los separos) y veo que está golpeada y me dijo que la dieron en la cara con un arma, le quitaron todas su pertenencias y la querían acusar primero de venta de drogas, luego de agredir a una policía ministerial y, luego, de ser parte de un grupo criminal», contó Núñez Trujillo.

Al no comprobarle ninguna de esas acusaciones, dijo, sólo pagaron una fianza y liberaron a Marisol, «pero ya íbamos en la salida de la Fiscalía cuando nos detienen y nos dicen que tiene una orden de aprehensión, que la van a detener y le van a leer sus derechos».

La activista dijo que ella les respondió: «Qué derechos va a tener, si aquí se los están violando todos».

Expuso que pretenden implicar a su hija en un delito que ocurrió en agosto del 2022, sostenido en declaraciones falsas y en señalamientos de testigos que no tienen nombres en la carpeta de investigación.

Marisol es acusada de estar con un grupo de personas que en agosto de 2022 salieron de un bar de la calle Valerio Trujano, en el centro de Chilpancingo, con una hielera que cargaba una mujer, en la que transportaban una cabeza humana que, se supone, un testigo vio que se les cayó y rodó la cabeza.

La persona que contó la supuesta escena de la hielera, de acuerdo con Núñez Trujillo, habría reconocido a ese grupo de personas como ladrones de autos, porque el testigo es ojalatero y a él, aparentemente, le llevaban a reparar los autos.

«Pero en la carpeta de investigación ese testigo no tiene nombre, no tiene nada, y eso se lo hice saber al nuestro abogado de oficio», contó la madre.

Existe otra declaración, dijo, de una menor de edad, también sin nombre, que aseguraba que vio la hielera y a un grupo de personas que «actuaban de manera sospechosa».

Por ambas declaraciones, denunció la activista, están detenidas o juzgadas otras nueve personas.

La madre de Marisol contó que la jueza que lleva el caso determinó una prorroga de tres meses para recabar más pruebas y emitir un fallo. Agregó que tiene esperanza de que su hija salga en libertad.

 

Irrumpen policías ministeriales a comunidad de la Sierra; la FGE aduce boicot para impedir detenciones

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Fotograma

3 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Elementos de la Policía Ministerial irrumpieron en Campo del Cielo, pueblo serrano del municipio de Petatlán, catearon viviendas «sin alguna orden judicial» y dispararon contra pobladores, denunciaron los propios habitantes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) justificó que los agentes sólo iban de paso por la población cuando fueron agredidos.

Los pobladores de Campo del Cielo, comunidad ubicada en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, exhibieron a través de un video a Policías Ministeriales que realizan disparos e insultan a la población.

«¡Órale a chingar a su madre!», se escucha gritar a un agente ministerial encapuchado a un grupo de pobladores que están sobre una calle del poblado.

Inmediatamente se escuchan varios disparos de arma de fuego y gritos de mujeres.

Para defenderse de las agresiones los pobladores, entre hombres y mujeres, portan palos con los que tratan de hacerle frente a los agentes ministeriales armados.

«¿Por qué se van?», les pregunta una mujer a los policías ministeriales que portan rifles AR-15.

En el video se ve que una mujer le lanza un garrotazo a un agente e inmediatamente se escucha como los agentes cortan cartucho.

«No, no hagan eso», les gritan de nuevo los pobladores.

Entonces los policías disparan al aire y al suelo y gritan insultos contra los pobladores.

«¡Órale a chingar a su madre pendejo!», grita un agente luego de accionar su arma.

En el video se aprecia que patrullas de la FGE, Guardia Nacional y Ejército circulan por una calle de la comunidad y ante las agresiones por parte de los elementos ministeriales, las otras corporaciones no hacen nada para impedirlas.

En un escrito redactado en una hoja de cuaderno, los habitantes de esa zona de la Sierra de Guerrero denunciaron que en la irrupción que realizaron este jueves los agentes de la FGE golpearon a niños y a mujeres de las comunidades de La Morena y La Barranca del Bálsamo, del municipio de Petatlán.

En su escritorio los pobladores agregan que algunas mujeres lesionadas por los policías están embarazadas.

Narraron en esas líneas que los ministeriales saquearon sus viviendas a las que se metieron sin una orden judicial de cateo.

Por los hechos exigieron la presencia de personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG) para que recaben las denuncias de las agresiones que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad.

Los agentes fueron los agredidos, respondió la FGE

En un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) está tarde informó que un grupo de 25 personas de la comunidad Campo del Cielo comenzaron las agresiones contra los agentes ministeriales luego de que éstos, en compañía de elementos del Ejército, realizaron una diligencia judicial en el pueblo La Morena.

Además, de cuerdo con la FGE los pobladores colocaron obstáculos en el camino, lo que provocó la huida de dos personas identificadas como «jefes de plaza y de sicarios del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana», se lee en e comunicado de la Fiscalía.

La FGE difundió que a las 17:15 horas de este jueves 2 de marzo, los agentes y militares arribaron a La Morena y en el camino se hallaron «estrellas poncha llantas que averiaron ocho vehículos, además de personas que bloquearon la vía con vehículos abandonados tipo tortón cargados de madera».

La FGE asegura que estos obstáculos tenían el objetivo de impedir que las fuerzas de seguridad arribaran al lugar y completar unas órdenes de aprehensión, lo que ocasionó que esas personas (supuestamente integrantes de la FM) huyeran del lugar.

En los cateos que realizaron los elementos de seguridad en La Morena, aseguraron, de acuerdo con el mismo comunicado, una cabaña con acabados de lujo, diseñada en madera, de dos plantas, con ocho cuartos y estancia principal.

También aseguraron una camioneta Camper Pinnacle de aproximadamente 12 metros de largo y 3 metros de ancho, acondicionada con 2 recámaras cocineta, refrigerador y lavadora.

«Cuatro camionetas tipo Pick-Up con reporte de robo, uniforme tipo militar pixelado, artefacto explosivo artesanal tipo granada, envoltorios con marihuana y diversos cartuchos útiles, además de un plantío de marihuana de 600 metros cuadrados».

La FGE informó que durante el retiro del convoy de los agentes y militares hacia Petatlán fueron interceptados por unas 25 personas, en su mayoría mujeres, en el poblado de Campo del Cielo.

«Trataron (las personas) con palos y piedras de impedirles el paso (a agentes y militares) al poblado, siendo golpeado un elemento de la policía investigadora ministerial y otro más resultó golpeado por una piedra», es un párrafo del comunicado de la FGE.

«En ese contexto y a fin de evitar mayores agresiones físicas, un agente ministerial realizó diversos disparos con su arma de cargo hacia el piso, con el objetivo de disuadir a dichas personas, acción que se permitió que lograran pasar (los agentes y soldados)», es la explicación de la Fiscalía sobre los disparos.

Fotograma del momento en que elementos de la Policía Investigadora Ministerial discuten con Pobladores de Campo del Cielo.

 

Teme Tlachinollan una segunda verdad histórica, ahora de AMLO, sobre el caso Ayotzinapa

En el informe número 28 de la organización, el abogado de las madres y padres, que también forman parte de este equipo, ve pocas posibilidades de esclarecimiento en este sexenio 

Texto: Amapola periodismo (con información de José Miguel Sánchez)

Fotografía: José Miguel Sánchez

21 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan evaluó que el caso Ayotzinapa no sé resolverá en este sexenio, y planteó su preocupación porque otra verdad histórica puede ser fabricada.

Este balance lo planteó el abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien es asesor de las madres y los padres de los 43 e integrante de Tlachinollan, durante la presentación del informe número 28 de la organización al que denominaron Naufragio por la Verdad, celebrado en un salón del hotel Paradise Inn, al norte de la ciudad de Chilpancingo.

El abogado denunció que el Ejército sigue negándose a presentar sus expedientes e informes que, según el argumento de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, ya les solicitó en 30 ocasiones, todas esas veces se han negado.

“Hasta el presidente como comandante supremo ya ordenó que entreguen los expedientes, pero no lo hacen, no quieren pisar los juzgados, quieren vivir en la impunidad”.

Rosales Sierra mencionó que en este gobierno tampoco ve posibilidades del esclarecimiento de los hechos, justo ante la negativa de los militares de mostrar sus expedientes.

“Todos los indicios nos llevan a establecer que el principal responsable de la desaparición de los 43 fue el Ejército y hay un ocultamiento de pruebas que los militares no quieren dar a conocer”, mencionó Rosales Sierra.

El temor de que creen otra verdad histórica, el abogado la basa en que el último informe presentado por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa mantiene como pruebas unas capturas de pantalla donde presuntamente intercambian mensajes integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos con mandos militares y hablan sobre el paradero de los 43 normalistas.

De acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) esas capturas de pantalla son falsas.

“Ya no vemos posibilidades de esclarecimiento del caso, por el contrario, tememos que haya un cierre del caso y haya una nueva verdad, y ahora el gobierno diga que resolvió los hechos, ya se sabe qué pasó”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, estuvo presente en el informe y dijo que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, para conocer los avances de la investigación, pero temen que pretendan cerrar el caso de cara a las próximas elecciones.

“Esperemos que en estos días no nos den una nueva sorpresa con el nuevo informe que presentara el licenciado Encinas, para no llegar a la elecciones con el gran problema de los 43”, comentó.

Insistió en la importancia de investigar al Ejército para saber la verdad de lo que sucedió con los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

“Tenemos información de la implicación de los militares en la desaparición de los 43, nosotros sólo pedimos la justicia que merecemos”.

Durante el informe abordaron otros ejes que atente la organización, como los matrimonios forzados, los desplazados, los jornaleros y los asesinatos de activistas que están en la impunidad.

En su participación, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó al gobierno estatal y federal de un “abandono institucional” a los pueblos de Guerrero.

“En todos los problemas sociales que tiene Guerrero no hay un apoyo institucional, los desplazados exigen paz, las víctimas justicia, pero nadie tiene nada de eso. Hay una clase política distraída en otros temas que no resuelve nada”, dijo.

Durante la presentación del informe acudieron activistas y víctimas de la violencia en diferentes puestos del estado.

También estuvo presente el representante en México del alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien reconoció la labor de Tlachinollan al frente de las problemáticas sociales.

También asistió Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), hermano de Vicente Suástegui, activista desaparecido en Acapulco en 2021.

Suástegui Muñoz exigió la aparición con vida de su hermano e hizo un recuento de la violencia que viven desde el 2000 por su activismo en defensa del río Papagayo.

“En el 2000 fuimos encarcelados por el gobernador René Juárez Cisneros, en 2005 reprimidos por el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, y con Aguirre Rivero enviados a una prisión de máxima seguridad para ser torturados, sólo esperemos ser ejecutados por la morenista Evelyn Salgado Pineda”.

El informe de Tlachinollan permitió ver sólo parte de los problemas sociales y las víctimas de Guerrero que son quienes dan la lucha por la justicia pendiente.

El presidium durante la presentación del informe 28 de Tlachinollan Náufragos por la Verdad, en un salón del hotel Paradise Inn, al norte de Chilpancingo. Foto: José Miguel Sánchez.

Inés Fernández y su lucha contra el Estado mexicano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Fotograma del vídeo publicado en Tlachinollan 

Chilpancingo

 

Inés Fernández Ochoa tenía 25 años de edad cuando fue violada por 11 militares, de acuerdo con un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)), a partir de ahí, su exigencia de justicia la llevó a fundar un Centro Comunitario donde da acompañamiento para que “ninguna otra mujer sufra la mismo”.

Era 22 de marzo de 2002, Inés estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, cuando un grupo de aproximadamente once militares con armas ingresaron a su casa.

De acuerdo con lo relatado en la ficha técnica de la Coidh, los hechos ocurrieron de la siguiente manera; uno de los militares la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo.

Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”

Por los hechos se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

Inés habitante Me’phaa que desde hace más de 20 años busca justicia,

Después de los hechos, Inés Acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de los Libres a denunciar la agresión, pero ahí fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia fue obstaculizado.

“En el MP de Ayutla me discriminaron por hablar mi lengua originaria, no me hacían caso y nadie buscó un interprete para ayudarme”, menciona Inés en el documental Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña.

En 2010 la Coidh condenó a México por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército y la clasifico como una grave violación de derechos humanos cometida en 2002, en Ayutla de Los Libres.

Aunque los perpetradores aun no son condenados a una sentencia firme, Inés avanza un paso más en el camino a la justicia y la “reparación comunitaria”.

Más de una década después, de la que muchas organizaciones de derechos humanos e instancias jurídicas catalogaran de histórica la sentencia en el caso de Inés, se cumplió una de las medidas ordenadas por la CIDH.

Con la inauguración de la Casa de los Saberes Guwá Kumá, “La medida de reparaciones comunitarias fue reapropiada para todas las mujeres de su comunidad”, menciona Inés.

En su diseño está que las mujeres coordinarán los trabajos y contarán con un equipo de profesionistas que hablen la lengua Me’phaa, para brindar una atención acorde a su contexto,

La Casa de los Saberes, explica Inés, cuenta con los servicios de psicología, enfermería, medicina y una abogada para brindar acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género.

En Me’phaa, Inés explica que la Casa de los Saberes es una victoria colectiva, que fue el resultado de un camino que abrieron las mujeres que fueron víctimas de ultrajes por parte del Éjército, “las que sufrieron humillaciones, escarnio y violencia institucionalizada”.

“Esto es una reparación del daño del gobierno por lo que me hicieron los militares”.

El pasado viernes 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, Tlachinollan difundió un video en el que da a conocer la lucha de Inés Fernández.

Ese mismo día en Ayutla de los Libres, Inés encabezó una marcha.

Se prevé que en los próximos días un juez de Distrito de Acapulco emita una sentencia contra uno de los elementos del Ejército que abusó sexualmente de Inés.

El otro soldado que también estaba procesado por este mismo delito, fue asesinado en la cárcel donde estaba preso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enorme malestar y pérdida de confianza”: concluye GIEI sobre el informe de la Covaj

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
31 de octubre del 2022
Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe garantía sobre la veracidad de las 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Las pruebas presentadas en el Informe Preliminar de la Covaj, el pasado 18 de agosto, por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “es inconsistente y no puede ser considerada como evidencia”, dijeron los integrantes del GIEI en conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

«Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”, afirmó Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.

Una de las inconsistencias en las capturas de pantalla es la palomita azul, que permite saber cuando un mensaje es leído, el GIEI dijo que eso no es coherente porque esa funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014, 20 días después de que supuestamente fueran tomadas esas capturas.

Además mencionaron que las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no sé basaron en el informe.

Las y los integrantes del GIEI afirmaron que hay varias inconsistencias en la información del informe que deben ser corroboradas porque no pueden ser tomadas en cuenta como evidencia judicial para el caso.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, subrayó que la presentación de estas supuestas evidencias, sobre todo 467 capturas de pantalla entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, mencionó que el intento por acelerar los resultados sobre el caso Ayotzinapa generó una crisis de desconfianza, ya que “se desencadenaron hechos que han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”.

Uno de esos casos fue la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que por no estar bien sustentada se corre el riesgo de liberarlo por fallas en el debido proceso.

Además de las capturas de pantalla, el GIEI descalificó otras 180 pruebas presentadas por la Covaj, al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

El pasado mes de septiembre, el GIEI informó que pidió una prórroga para analizar el Informe de la Covaj, la cual concluyó el día de hoy, según lo acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI también informó que se retiran del caso pero verán un mecanismo de seguimiento, entre estos, que dos de sus integrantes continúen en las investigaciones.

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No basta prohibir el matrimonio infantil, faltan políticas públicas para erradicar el problema: UNFPA

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recomendó al Congreso local legislar políticas públicas que ayuden a erradicar el problema de los matrimonios infantiles y la venta de niñas en la entidad, ya que mencionaron que no basta con prohibir los casamientos si no se atienden las condiciones sociales que generan el problema.

Durante una conferencia dedicada a los oficiales del Registro Civil de Guerrero, realizada en las instalaciones del Congreso local, José Roberto Luna Manzanero, especialista en matrimonios infantiles del UNFPA, mencionó que si no hay políticas públicas que acompañen la prohibición de los matrimonios infantiles no se erradicará el problema.

“Es más probable que las niñas que se casan vivan en áreas rurales, en pobreza, en una situación de vulnerabilidad y no tengan acceso a educación, y si no le damos a las niñas y adolescentes una manera de emanciparse o de paliar la pobreza sus padres van a ver en el matrimonio una salida a su pobreza”, mencionó Luna Manzanero.

Agregó que hacen falta apoyos sociales que acompañen las problemática de los matrimonios infantiles, el propone, de acuerdo con leyes en otros países, atender las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, falta de educación, sexualidad y roles de género para empoderar a las niñas y adolescentes.

Esto para que ni ellas, ni los padres vean el matrimonio como una única alternativa para salir de la pobreza y la situación precaria de las familias, por lo que recomendaron a los diputados legislar a favor de políticas públicas que abarquen todo el problema y no centrar todo en los registros civiles.

“No queremos que todo el peso de erradicar los matrimonios infantiles recaiga en los registros civiles, porque ahí no está el problema, el problema es la situación que viven las menores y las condiciones que las llevan a casarse, muchas veces obligadas, a temprana edad”, mencionó.

En la conferencia se mencionó que erradicar los matrimonios infantiles es garantizarles sus derechos humanos a las menores de edad, “porque un matrimonio a temprana edad casi siempre termina en violencia para ellas y sin alguna otra salida se convierten en esclavas modernas del trabajo doméstico y la maternidad”.

La propuesta del UNFPA es que el Congreso garantice el acceso a la educación de todas las mujeres, dotar de servicios públicos a comunidades rurales, reducir la pobreza y garantizar salud para que los matrimonios infantiles no sean vistos como una salida.

A los registros civiles les recomendaron mecanismos administrativos, reglamentos claros y difusión acerca de la prohibición de matrimonios en menores de edad.

Por último, al sector educativo se recomendó promover entre los niños y niñas un entorno de igualdad de género y trabajar con los niños para que abandonen las ideas machistas.

De acuerdo con datos del UNFPA, en México, en 25 años no disminuyeron los matrimonios infantiles y si sigue así en 10 años México será el segundo país con más matrimonios infantiles, solo detrás de África Subsahariana.

A nivel América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas contraen matrimonio, a nivel mundial es una de cada cinco, y anualmente son 12 millones de mujeres menores de 18 años las que contraen matrimonio.

Aunque reconocieron que estos datos pueden estar sesgados porque muchos matrimonios se dan en la informalidad.

En el caso de Guerrero, de acuerdo con la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes, no se tienen datos sobre los matrimonios infantiles que ocurren en la entidad.

La conferencia fue denominada Elementos básicos para contribuir a la erradicación de los matrimonios infantiles en Guerrero y fue coordinada por la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes del Congreso y la Coordinación Estatal del Registro Civil.

 

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Activista de las poblaciones LGBTTT+ recibe reconocimiento al Mérito Juvenil 2022

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La mañana de este miércoles, Ricardo Alexis Locia Hernández recibió de manos de la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, el premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría de derechos humanos.

Locia Hernández es antropólogo y activista por los derechos de las poblaciones LGBTTT+.

El acompañamiento a personas que viven con VIH, pláticas a comunidades indígenas y afromexicanas sobre temas LGBTTT+ son parte del activismo que Locia Hernández realiza.

“Este reconocimiento no representa una mezquindad, sino un ejercicio de visibilidad que no debe quedar ahí”, expresó Herndández Locia.

Estos reconocimientos fueron otorgados por la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero.

Fue mediante una convocatoria a la que se postularon 112 jóvenes guerrerenses que 10 jóvenes en diferentes categorías fueron seleccionados.

Jessica Maldonado Morales, secretaria de la Juventud y Niñez de Guerrero, felicitó a las y los galardonados y reconoció su labor en diferentes ámbitos.

“Es importante visibilizar lo que las y los jóvenes hacen por sus iguales desde sus municipios”, mencionó Maldonado Morales.

Llamó a que las historias de los jóvenes galardonados sirvan de ejemplo para otros jóvenes e hizo la invitación a que continúen con sus labores desde sus ámbitos.

En el evento estuvo presente el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, quien felicitó a Salgado Pineda por apoyar a los jóvenes.

“Tener una gobernadora joven como Evelyn es el ejemplo de que todo se puede lograr”, dijo Salgado Macedonio.

Además, sugirió a Salgado Pineda que esta entrega se realice cada mes para motivar y reconocer a las y los jóvenes.

Por su parte, Salgado Pineda felicitó a los galardonados, así como a sus madres y padres.

Reconoció la participación de los jóvenes en la vida política.

“Los jóvenes y las mujeres son el motor de la Cuarta Transformación”, comentó en su discurso.

Aseguró que en su gobierno la mayoría de espacios son ocupados por jóvenes y mujeres. Además de apoyar a las juventudes del estado.

Los galardones entregados fueron: logro académico entregado a Arleth Pamela Silva Hernández, originaria de Acapulco, quien ganó una beca para una estancia de una semana en la NASA por un proyecto para realizar procedimientos oncológicos no invasivos y al vacío.

El mérito de expresiones artísticas y artes populares fue para Ámbar Stephanie Santos Ríos, quien se desempeña como actriz y productora; tuvo participaciones en Netflix, como en Luis Miguel, la serie.

Mérito compromiso social fue para Sergio Daniel Agüero Ramírez. La categoría de derechos humanos fue para Ricardo Locia Hernández.

Protección al ambiente y desarrollo sostenible lo ganó Lizeth Alejandra Helguera Peralta, ingenio emprendedor fue para María de Los Ángeles Arcos González, y discapacidad e integración para Ulises Daniel Díaz Adame.

Ciencia y tecnología lo recibió Dillan Michael Pérez Ramos, aportación a la cultura política y a la democracia fue para Jana Laura Voorting Salazar, y mérito deportivo para Miguel Ángel García Ramos.

Las y los galardonados recibieron una presea, un reconocimiento y un estímulo económico para que continúen con sus labores.

 

Gobierno de Evelyn Salgado amenaza con desalojo de plantonistas en palacio

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotin amenazaron con desalojar a habitantes de Cochoapa El Grande, que tienen un plantón afuera de palacio de gobierno.

El gobierno del estado acusó a los manifestantes de que por el plantón no pueden sacar las unidades del Transporte Violeta presentadas el día de ayer por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Hoy policías estatales con equipo antimotin cercaron a los manifestantes mientras se desarrolló un diálogo con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, y el subsecretario de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán.

En frente de la manifestación, en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Salgado Pineda encabezó un acto público.

Mientras el acto de la gobernadora se desarrollaba, los policías llegaron y rodearon la entrada principal de palacio de gobierno, además de tres grúas que rodearon los carriles norte-sur del boulevard René Juárez Cisneros con el objetivo de desalojar y mover los automóviles de los manifestantes.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, denunció que ellos no tienen retenido ningún vehículo del Transporte Violeta, como se les acusó,

García Rodríguez reprochó que la gobernadora esté a unos metros de la protesta y no acuda a dialogar con ellos, dicha postura fue respaldada por el asesor de la Secretaría General de Gobierno y líder de la Asamblea popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien acudió a la protesta.

Chávez Adame dijo que “si la gobernadora regala 15 minutos a los manifestantes todos se van en paz”.

El acuerdo que los manifestantes tuvieron con Reynoso Núñez fue de atenderlos en una mesa de trabajo en Casa Guerrero.

Desde el día de ayer la circulación del encauzamiento Huacapa fue bloqueado por los manifestantes, el cual ya fue liberado.

Los manifestantes dijeron que no moverán su plantón hasta tener una respuesta favorable sobre sus demandas.

Los manifestantes son pobladores de 52 comunidades de Cochoapa El Grande que quieren formar un nuevo municipio porque los apoyos sociales del gobierno estatal y federal se queda en la cabecera municipal y no llegan a todas la comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En Guerrero es difícil reconocerse como parte de la población LGBT+»: Locia Hernández

Texto y fotografía: Itzel Urieta 

Chilpancingo

 

Por la deuda histórica que la entidad guerrerense tiene con la comunidad LGBTI+ «no podemos ser abiertamente quienes somos, ni acceder a ciertos derechos y tenemos que vivir entre la homofobia de algunas personas», señaló Ricardo Alexis Locia Hernández, quien recibirá la Presea al Merito Juvenil 2022 en la categoria de derechos humanos.

Explicó que en un estado como Guerrero es difícil reconocerse como personas de las poblaciones LGBTI+.

Locia Hernández es antropólogo, egresado de la Escuela de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+ e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Locia Hernández impartió la ponencia titulada Deuda histórica del estado con las poblaciones LGBTI+ en el Centro Cultural el Zanate Azul, en Chilpancingo, la tarde del jueves.

Ahí afirmó que la reforma al artículo 170 del Código Penal que criminaliza a las personas con VIH es otra deuda del estado.

Reconoció el trabajo de activistas que visibilizaron el tema del VIH.

Locia Hernández tiene VIH y reconoce que recibir este premio le genera cierto miedo al quedar expuesta parte de su vida.

«Hay gente de mi familia que no sabía que tengo VIH, hay desinformación y toca reeducarlos».

Tiene una carga viral baja de VIH y está en tratamiento por lo que el riesgo de transmitir a otra persona es nula.

En relación al matrimonio igualitario, la legislación actual de Guerrero no contempla el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, lo que complica a parejas homosexuales compartir derechos sociales como salud y vivienda.

En el tema de los crímenes de odio, mencionó a algunos activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+ asesinados, como Quetzalcoatl Leíja Herrera.

A 20 años de haberse creado el colectivo, reconoce que hay cosas que cambiaron, pero otras que son tabú.

Pidió se brinden más oportunidades en el ámbito académico para realizar trabajos e investigaciones sobre las poblaciones LGBTI+.

Ricardo comenzó su participación en marchas de las poblaciones LGBTI+ a los 17 años.

Además de la deuda histórica, apeló a que se conozca más sobre la historia de los colectivos y su lucha.

El pasado 3 de septiembre del 2022, Ricardo estaba en una reunión con su colectivo cuando se percató que en su perfil de Facebook tenía diversas etiquetas felicitándolo por obtener el Premio al Mérito Juvenil 2022 en materia de Derechos Humanos.

Este premio es otorgado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero a varios jóvenes en diferentes categorías.

«Sé que se tiene que postular, pero la verdad yo no se quién me postuló pero al final lo agradezco».

No quería aceptar el premio porque considera podía verse como una vanidad, comenta. «Al final es una visibilidad, es cambiar el discurso y las narrativas sobre las personas que vivimos con VIH y de las poblaciones LGBT».

Locia Hernández es el primer joven abiertamente homosexual en recibir este premio.

«Este premio significa una gran responsabilidad de saber que puedo ser un referente para las juventudes diversas».

 

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Denuncian ante Derechos Humanos a director que niega a estudiante participar en su clausura por carecer de uniforme de gala

La menor terminaría su primaria el próximo 28. El docente ya impidió que apareciera en la fotografía de su generación

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

Apango 

Diana Abril Astudillo Ronco de 12 años es una alumna destacada de la escuela primaria Federico Encarnación Astudillo, ubicada en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan. Tiene uno de los mejores promedios de su generación y es parte de la escolta de su escuela, pero fue excluida de su foto de generación y del acto de clausura por el director, porque carece del uniforme de gala que le exige a los estudiantes.

El padre de Abril, José Astudillo Rodríguez, interpuso una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) por la exclusión que vició de su hija. Ahí mismo exigió la destitución del director del plantel, Getulio Sebastián Cuevas.

El padre considera que si hija sufrió discriminación y prepotencia cuando el director le impidió tomarse la foto del recuerdo con sus compañeros. Dijo que el director pretenden que ya no participe en la escolta en el acto de clausura.

Todo comenzó cuando en reuniones previas entre los maestros y el Comité de Padres de Familia abordaron el tema de la clausura, donde según Astudillo Rodríguez nunca hablaron sobre la foto y la manera en que tenían que ir vestidos los estudiantes.

Por la pandemia de la Covid-19 y las clases híbridas a los alumnos de esta escuela les permitieron asistir a clases con el uniforme deportivo.

Después de dos años en clases virtuales a Diana Abril ya no le queda su uniforme de gala y sus padres decidieron ya no comprarlo porque el ciclo escolar concluye y sería un gasto extra para la familia.

Astudillo Rodríguez contó que tuvieron un gasto familiar muy fuerte por la operación a uno de sus hijos de una pierna; el uniforme de gala era un gasto extra y consideraron en su familia que no era necesario.
“Fue en una reunión privada entre los seis padres que integran el Comité y los directivos que tomaron la decisión de utilizar el uniforme de gala sin consultar a los demás padres”, comentó Astudillo Rodríguez.

El día 13 de julio informaron de esa decisión que tomaron unos cuantos a los padres de familia por mensaje: la foto del recuerdo sería el día 15 de julio con el uniforme de gala de manera obligatoria.

“De buenas a primeras nos avisan que en dos días se tomará la foto y que es obligatorio el uniforme de gala”, agregó.

Los padres de Diana Abril trataron por todos sus medios conseguir el uniforme pero por el poco tiempo les fue imposible, porque en las boneterías del pueblo estaba agotado y en dos días no estaría listo.

“Yo le dije a mi esposa que iba hablar con la maestra y con el director de que mi hija pudiera salir con el uniforme de la escolta, debido a la situación de que no logramos conseguir el uniforme”.

La mañana del 15 de julio, Diana Abril se presentó a la toma de fotografía con su uniforme de la escolta, pero al momento de colocarse intervino su maestra y le dijo a ella y a su padre que no podía salir en la foto sin el uniforme de gala.

Ante la negativa de la maestra, el padre de Abril buscó al director para que interviniera. Le explicó la situación pero éste se negó y la maestra del grupo dijo que ella sólo atendía las órdenes del director.

El padre dijo que si su hija no salía en la foto tampoco participaría en la escolta, y el director le respondió: “eso no me importa, es lo de menos, yo le diré al maestro de educación física que ponga a otro niño”, recordó Astudillo Rodríguez.

El maestro de educación física se negó a sacar de la escolta a Diana Abril, sólo mediante oficio emitido por la dirección. A la estudiante le impidieron salir en la foto.

La situación fue denunciada por Astudillo Rodríguez, primero por redes sociales. Derivado de eso, Diana Abril recibió comentarios de reproche de sus maestros.

“En clases los maestros le dicen a mi hija indirectas sobre esa situación y le dicen que ella no sabe lo que es discriminación, que se confunden los términos”, agregó el padre.

El padre ya habló con el supervisor de la zona escolar, quien le recomendó que la alumna ya no asista a las clases y se presente hasta día de la clausura a recibir sus documentos. El acto de clausura está programado para el próximo 28.

De acuerdo con Astudillo Rodríguez, el director de la primaria tiene acusaciones por malos tratos a los padres y madres de familia, “pero por miedo muchos ya no dicen nada”.

El padre también expuso en la entrevista que el director Sebastián Cuevas fue denunciado por no comprobar más de 600,000 pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo en la primaria de la comunidad de La Esperanza, también de Mártir de Cuilapan, donde laboró anteriormente.

Denunció además que en la primaria Federico Encarnación Astudillo, donde actualmente es el director, no comprobó 300,000 pesos del programa La Escuela es Nuestra correspondiente al 2020 que inició la pandemia.

Esta tarde, Astudillo Rodríguez acudió con su hija a las instalaciones de la CDHEG en Chilpancingo para interponer la denuncia contra el director por discriminación y exclusión contra la menor.

“Lo que hoy hacemos aquí es para sentar un presente y las nuevas generaciones no sufran por los actos del director de la primaria”.

 

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Denuncia activistas que intimidaciones del gobierno estatal al párroco Filiberto Velázquez son para desestabilizar el movimiento social

Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.

Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.

Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.

En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.

“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.

Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.

En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.

Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.

El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.

Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.

“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.

Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.

“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.

Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.

A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.

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