Colonos del Nuevo Mirador, damnificados por las lluvias y la corrupción

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El día 13 de septiembre de 2013 a Marcos Briones Vázquez le cambio la vida.

La corriente de agua de las lluvias provocadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel le destruyeron su casa que tenía en la barranca Chululuya, ubicada en la colonia del mismo nombre al noroeste de Chilpancingo.

 “Fue pérdida total”, recuerda.

Al igual que Marcos, otras 400 familias que resultaron damnificadas viven en este asentamiento humano que les construyó la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu:

 Estas familias continúan a la espera de tener un vivienda estable, digna, segura y propia.

Briones Vázquez recordó que Después de permanecer año y medio en un albergue que se improvisó en la cancha de basquet bol del CREA, los damnificados fueron reubicados en el fraccionamiento Nuevo Mirador, un asentamiento que a lo largo de los años ha presentado un sinfín de irregularidades.

Este asentamiento está ubicado al sur de esta capital a un costado de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en el carril norte-sur.

 “Desde que llegamos ya había unas casas cuarteadas y como de lado, pero lo que nos importaba en ese momento era tener un espacio para nuestras familias”, menciona Marcos.

Nueve años después de Ingrid y Manuel, Marcos está sentado en la última silla de un grupo de colonos del Nuevo Mirador para pasar a firmar un documento para que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) realice un estudio de suelo para comprobar que le área donde habitan las 400 familias es segura para vivir.

Mientras espera, Marcos continua su historia.

 «Cuando llegamos aquí no había luz, no estaba pavimentado, pero de momento fue de gran ayuda”, dice.

A decir de los habitantes de este asentamiento humanos con el paso del tiempo comenzó a mostrar los efectos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

Las casas comenzaron a mostrar deslizamiento, cuarteaduras y en 2018 se derrumbó una sección habitacional porque el suelo era muy inestable.

Hasta la fecha, y casi nueve años después los colonos no tienen escrituras, y sus casas están en riesgo porque se desconoce si existió un estudio previo del suelo para determinar si era factible construir ese tipo de viviendas en la zona.

Marcos cuenta que aún no tiene escrituras porque al parecer, cuando Sedatu compró el predio el vendedor no les extendió un recibo de compra, por lo que aún no está regularizado.

“Sin regularización no podemos hacer nada, no podemos ni formar un Comité de Desarrollo porque no entramos en el marco legal del Ayuntamiento”.

Al no estar oficialmente registrados como colonia ante el Ayuntamiento capitalino los habitantes del Nuevo Mirador no tienen acceso a nada; la Policía Municipal no llega, no hay agua entubada ni centro de salud.

La entrada a la colonia está pavimentada a medias, solo la parte visible tiene concreto, el acceso y la salida que conecta a la autopista son de terracería.

Muchas familias además de vivir los desastres naturales les tocó enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19.

Uno de los vecinos contó que con la pandemia murió su madre, quien era la que habitaba en el Nuevo Mirador.

Hoy jueves, personal de la Sedatu, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavin) y la Secretaría del Bienestar firmaron un convenio con los vecinos del Nuevo Mirador para realizar un estudio de suelo y determinar la seguridad de la zona.

De acuerdo con Rafael Durán Mayo, técnico de la Conavin, no hay registros de algún estudio de suelo previo realizado para determinar si el asentamiento es seguro.

“Desconocemos si existe alguno (estudio), y debido a las demandas de la población, a través del Programa Nacional de Reconstrucción se determinó realizar uno”, afirmó el funcionario.

Los estudios son para conocer la capacidad de carga del suelo y conocer si las viviendas construidas fueron las correctas, indicó.

Además, determinara si la zona es segura o no, si no es segura existe la posibilidad de tener que ser reubicados de nuevo.

Los otros sitios afectados que atenderá el Programa será la unidad habitacional Infonavit y varias colonias de esta capital que por los daños del sismo del 2021 tienen agrietamiento del suelo.

Durán Mayo dijo que muchos de los problemas de agrietamiento y estructurales que se suscitaron en la capital en los últimos años también son a consecuencia de Ingrid y Manuel.

“Con estos dos fenómenos meteorológicos (Ingrid y Manuel) hubo cambios en el suelo que se pueden visibilizar en varias partes de Chilpancingo que ya son zonas de riesgo», dijo.

El Programa Nacional de Reconstrucción pretende atender a los damnificados por Ingrid y Manuel, ocurridos hace 9 años, y del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Aurora Muñoz Martínez, coordinadora estatal del Programa Nacional de Reconstrucción, informó que en Guerrero hay un censo de 2,000 familias afectadas en 42 asentamientos en la región Centro, Montaña y Costa Grande

Sobre el estudio de suelo el resultado se tendrá en cuatro meses, y a partir de ahí se tomará una determinación con los colonos del Nuevo Mirador.

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chicahuales, municipio de Chilpancingo

 

En el olvido gubernamental y sin servicios públicos es como viven mil cien personas que en el 2013 resultaron afectadas por el huracán Ingrid y Manuel reclaman al gobierno que cumpla con la construcción de sus viviendas y la legalización de su predio.

En el 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicó a las mil cien personas en un predio llamado «Risco de Oro» que tiene una longitud de 14.8 hectáreas y que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo.

A cada una de las familias damnificadas la Sedatu solo les entregó un folio como garantía de que les iban a construir sus viviendas.

Pero a casi nueve años de distancia las familias solo tienen un pedazo de tierra donde ellos, sin el apoyo del gobierno, construyeron sus casas.

Y es la fecha en que la Procuraduría Agraria ni siquiera les ha entregado las escrituras que acreditan la propiedad de su terreno.

Ahora un grupo de 400 personas se regresó al lugar donde vivián antes de la tragedia ambiental y las otras 700 se quedaron en el predio «Risco de Oro».

Las mil cien personas que viven en diferentes puntos, no cuentan con servicios públicos como agua, drenaje y un centro de salud.

«Lo único que nos dieron fueron los folios o sea fuimos prácticamente engañados», afirmó Rafael López Sánchez, representante de Bienes Comunales de Chicahuales.

Mencionó que ante la falta de apoyo del gobierno la gente construyó sus viviendas.

«Con la madera de nuestras casas que derrumbó las lluvias del 2013 construimos otras en el terreno que nos asignó el gobierno», refirió López Sánchez.

Indicó inicialmente toda la gente se fue a vivir a ese predio del Risco de Oro pero con el paso del tiempo la gente se cansó y regresó al sitio.

«La gente que regresó a sus antiguas casas viven en una zona de alto riesgo porque están en las laderas y hacemos responsable al gobierno si pasa otra tragedia», afirmó López Sánchez.

Dijo que la gente con los pocos recursos que van obteniendo de la siembra de maíz sobreviven pero incluso algunos se han trasladado a Estados Unidos para emplearse de braceros porque en esta zona de la Sierra no hay empleo.

«Antes del 2013, la gente se dedicaba a la siembra de amapola, pero ahora ya no, ahora es la siembra de maíz», dijo le autoridad comunal entrevistado durante el recorrido que se realizó en esta comunidad que está a casi tres horas de camino.

Una de las peticiones que hicieron al gobierno federal es de que los incluyan en el programa de Sembrando Vida.

López Sánchez exigió a Protección Civil que emita el dictamen que verifique que en ese sitio donde vivián las familias era una zona de riesgo.

«Una vez vino Protección Civil pero solamente nos engañaron porque no nos han dado el dictamen», expresó.

Las familias damnificadas advirtieron que en caso de que no haya una solución a sus demandas van a trasladarse a Chilpancingo para realizar una serie de protestas.

El próximo 13 de septiembre se cumplen 9 años de la tragedia ambiental del huracán Ingrid y Manuel.

«Pedimos la intervención del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y de la gobernadora (Evelyn Salgado) porque lo único que queremos es vivir en un lugar seguro y con todos los servicios», comentó una señora.

Recordó que la única que los ha visitado es la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez quienes solo les prometió pavimentarles una calle.

Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre del 2013 Ingrid y Manuel azotaron el territorio de Guerrero dejando un saldo oficial de 157 muertos, carreteras y caminos destrozados y miles de viviendas afectadas.

Durante esos tres días de las lluvias hubo una inacción de las autoridades de los gobiernos federal y estatal.

El viernes 13 de septiembre en la noche mientras estaban las lluvias, en la residencia oficial de Casa Guerrero, el entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero junto con políticos del PRI y PRD disfrutaban de una cena acompañados por música de mariachi.

Esta cena-fiesta se llevó a cabo después del acto de la entrega de la presea Sentimientos de la Nación que se realizó en la parroquia de La Asunción, en Chilpancingo.

 

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