Los jóvenes, un objetivo de la violencia criminal

Las zonas desprotegidas por el Estado, donde no hay servicios, son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes en actividades criminales

Texto: Margena de la O

Foto: Andrea Mendoza

6 de marzo de 2024

Chilpancingo

Dos semanas después, los 11 cadáveres de las personas masacradas en la Sierra de San Miguel Totolapan la tarde del 19 de febrero pasado, la mayoría hombres jóvenes, por lo que se pudo apreciar en los videos que circularon al día siguiente de los hechos, siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados ni reclamados por familiares, informaron de la Fiscalía General del Estado (FGE)

La escena de los cadáveres apilados en algún punto de Las Tunas, pueblo de la Sierra de San Miguel Totolapan, difundida en videos el 20 de febrero pasado, expuso más que una deshumanizada manera de sopesar la vida, evidenció quiénes son los actores que quedan en medio de la violencia criminal de zonas marginadas de Guerrero: los jóvenes.

La noticia de esos videos, que daban cuenta de una masacre, ocurrida un tarde antes en la parte de la Sierra que pertenece a la Tierra Caliente de Guerrero, fue difundida por los medios de comunicación sólo desde el ángulo de la rivalidad de grupos del crimen organizado, porque los mismos agresores se jactaban de su hazaña y de pertenecer a determinado grupo criminal, como una manera de dejar clara su fuerza.

La imagen corresponde a una captura de pantalla de los videos difundidos sobre la masacre en Las Tunas, parte de la Sierra de la Tierra Caliente, donde se aprecia que varias de las víctimas son jóvenes.

Pero en los mismos videos hay otros elementos: la mayoría son muy jóvenes. De los dos lados están vestidos con ropa de estampado militar, y tienen armas y chalecos antibalas; sería muy difícil saber, sino fuera por lo que los autores de los videos exponen, quiénes son unos y quiénes son los otros, que pertenecen a grupos antagónicos.

“¡Así se mata!”. “¡Gracias por el arsenal!”, se escucha que gritan en los videos donde, primero, se ve que los agresores siguen disparándole a los cadáveres; después los apilan y les prenden fuego.

De estos hechos la FGE informó en un primer boletín que personal oficial acudía a la Sierra a confirmar los hechos, después difundió que elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Policía Estatal y Ejército hallaron cinco cadáveres calcinados, de quienes se desconocía su identidad, pero que serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Estos eran mucho menos de los que se ven en los videos.

Ahora, dos semanas después de los hechos, personal de Comunicación Social de la dependencia informó que en total llegaron al Semefo 11 cadáveres calcinados y semicalcinados que siguen en calidad de desconocidos. De esto ya no hubo boletín. “Ya se les tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos, en espera de que familiares acudan a la Fiscalía a reclamar los cuerpos y otorgar muestra, también para hacer el comparativo”, se lee en el mensaje que compartieron al solicitar esos datos.

Jóvenes toman un descanso y conversan en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, el 19 de febrero del 2024.

La antropóloga Rosa Isela Robles Jiménez, quien es integrante del Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro), comentó desde su papel de estudiosa del tema, los dos contextos más habituales del involucramiento de jóvenes con grupos del crimen organizado: uno, desde el elemento aspiracional, porque desean formar parte de una que en realidad es vida ficticia, pero que se alimenta con lo que difunde desde algunos medios masivos de comunicación, y dos, la forzada, que ocurre con mayor constancia en las comunidades marginadas y desprotegidas por el Estado.

“Yo he visto ese fenómeno en las comunidades donde no hay condiciones, donde hay pobreza; donde no hay acceso a un mayor grado de educación, los jóvenes llegan hasta la secundaria y de ahí sus imaginarios son migrar a Estados Unidos o al norte del país, o incluirse en estas filas del crimen organizado”, comentó en entrevista.

Pero al abundar en que las zonas desprotegidas por el Estado son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes a actividades criminales, mencionó que las condiciones están dadas para que no pase nada, porque “se sabe que nadie va a reclamar por ellos, el Estado no va a hacer nada por ellos, porque son comunidades pobres, (algunas) indígenas, que a quién le importan, ¿verdad?”.

En la Sierra de Guerrero, es decir la cordillera de la Madre Sierra que pasa por unos 14 municipios del estado, de acuerdo con algunos estudios, está un surco de comunidades de abundante riqueza natural, pero de evidente abandono institucional, lo que se nota particularmente en los caminos y en la falta de servicios de salud pública y educación.

El lugar donde ocurrió la masacre del 19 de febrero pasado forma parte de ese surco de poblaciones marginadas.

Aun con esto, la antropóloga aclaró en la entrevista que ella no tiene identificado cuáles son las funciones a las que más se dedican los jóvenes cooptados.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado también cómo los menores son el objetivo de grupos delincuenciales. Ha identificado casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde los siete, ocho y nueve años, de acuerdo con una de sus investigaciones periodísticas publicada en agosto de 2022 en su sitio oficial. Esto forma parte de un panorama general de la situación en el país.

Robles Jiménez había comentado antes que los contextos de cada zona, en este caso de Guerrero, determinan la asociación de los jóvenes a ciertas actividades de esas agrupaciones. “De por sí es visible el abandono del Estado hacia estas cuestiones, también la invisibilidad de estas situaciones que están pasando con los jóvenes, las desapariciones, asesinatos, es un tema que no se quiere tocar, pero ya es como una bombita de tiempo”, agregó.

La desaparición de menores y jóvenes en el estado es un asunto cotidiano, y se observa con la constante emisión de fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE) que circulan en redes sociales, pero cuando se difunden videos como los del 20 de febrero lo que más pesa es la idea de grupos criminales en rivalidad, lo que suprime otras reinterpretaciones.

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas también exponen esta situación. Sólo el Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, de los más de 10 grupos en Guerrero, tiene documentadas en sus listas a 180 personas desaparecidas, de las cuales 120 son hombres y de éstos 80 son menores de 22 años.

Los colectivos de familiares desaparecidos están encargados en este país de buscar a los suyos de muchas maneras, desde en el campo hasta en las instituciones de gobierno. Han logrado, como una de las rutas de su búsqueda, que les tomen muestras para cotejarlas con los cadáveres que llegan al Semefo.

Para el reconocimiento de los cadáveres de las víctimas de la Sierra de hace un par de semanas sólo queda el cotejo de muestras, porque quedaron irreconocibles por la saña presente aún después de la masacre.

La supuesta llamada que generó una supuesta tregua entre grupos criminales en Chilpancingo

Dos líderes, rivales a muerte, se hablaron por teléfono y se desactivaron ocho días de ataques criminales

Texto y Foto: Marlén Castro

Sábado 17 de febrero del 2024

Chilpancingo

Una sola llamada, sin testigos, sin la intervención de nadie más en la conversación fue suficiente para que dos enemigos a muerte, líderes de dos grupos del crimen organizado, Onésimo Marquina Chapa, de Los Tlacos, y Celso Ortega Jiménez, de Los Ardillos, concretaran una supuesta tregua.

De esta forma, de acuerdo con la versión del director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el sacerdote católico José Filiberto Velázquez Florencio, se puso fin a una crisis de violencia en Chilpancingo, en la que siete conductores del transporte público fueron asesinados, dos personas más resultaron heridas, 10 unidades destruidas, una ciudad paralizada y ataques de pánico de la ciudadanía que ante el miedo se encerró en sus casas.

Sólo los criminales hablaron. La llamada habría ocurrido alrededor de las nueve de la mañana del martes 13 de febrero, reveló el sacerdote.
Filiberto Velázquez aclaró, fue el interlocutor para que esta llamada tuviera lugar, pero no estuvo en la llamada, ni él ni ningún otro sacerdote más, sólo facilitó los números telefónicos de uno y otro, ya hecha la mediación para la negociación.

El día de la llamada se cumplían nueve días de la crisis de violencia cuyo blanco fueron conductores del transporte público. La noche anterior, alrededor de las siete y media de la noche, hombres armados asesinaron al séptimo conductor y otra persona más resultó herida. Esa noche se vivió la jornada de mayor terror. Después de ese ataque circularon mensajes en las redes sociales de que hombres armados a bordo de varias unidades tenían órdenes de disparar a todo el que anduviera en la calle. El resultado: la ciudad se sumió en un silencio absoluto.

El día de la supuesta llamada, con la que se alcanzó la tregua, fue el día más silencioso de todos.

Esta mañana del 16 de febrero del 2024, dos días después de que se reveló que los sacerdotes católicos mediaron para una tregua entre los líderes criminales, Filiberto Velázquez atiende una entrevista tras otra.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio durante la entrevista en la Casa del Peregrino.

Cuelga el celular y entra otra llamada. Esta mañana ya lo han entrevistado unas siete emisiones diferentes de televisión, de radio, de la Ciudad de México, de otros estados de la República y también de medios de comunicación de Estados Unidos. Al final del día platicará con 17 medios locales, nacionales e internacionales.
Quienes lo entrevistan piden que les cuente cómo fue que los sacerdotes católicos se convirtieron en los salvadores de la ciudad ante la falta de oficio de las autoridades federales, estatales y municipales.

A Filiberto Velázquez le dan las 12 del día sin tiempo para tomar su café. La bebida sigue a su alcance, pero fría no la quiere, tampoco tiene tiempo para volverla a calentar. Continúa con las entrevistas. Tiene la agenda llena.

El sacerdote católico atiende todas estas entrevistas, algunas telefónicas y otra presenciales, en la Casa del Peregrino, un refugio para familiares de enfermos del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, ubicado por la entrada norte de la capital. Se trata de una construcción solitaria sobre la carretera México-Acapulco.

La Casa del Peregrino, refugio en el que el sacerdote Filiberto Velázquez, atiende entrevistas este 16 de febrero.

El sacerdote ya enfrentó un atentado, ocurrió el 18 de octubre del 2023, cuando circulaba por la carretera Chilpancingo-Chilapa, en Tixtla, en un área dominada por Los Ardillos, donde el sacerdote lleva a cabo su trabajo pastoral.

En estos momentos, en la Casa del Peregrino solo hay cuatro personas: un hombre que, por sus características, es evidente que tiene la función de guardaespaldas, quien en una computadora está pendiente de las imágenes de las cámaras colocadas en las diferentes áreas de la casa, un niño y otro hombre que hace labores de tipo administrativas, y el padre.

Para llegar a la Casa del Peregrino se toma una desviación del lado derecho de la carretera Chilpancingo-Zumpango y se interna unos 500 metros por un camino de terracería.
El sacerdote tiene pactada una entrevista con Carlos Loret de Mola, para su programa de la W Radio. Ayer por la noche, Loret en su programa de Latinus, transmitió una entrevista con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Ortega Jiménez aparece con el rostro cubierto y una gorra. Sólo se ven sus ojos. Lo entrevistan en un espacio abierto, hay árboles y al fondo la montaña. Para la población guerrerense la aparición de Celso Ortega es una novedad, se escucha hablar de él, pero pocos lo conocen, aun cuando su familia es pública porque se mueven en diferentes dimensiones. El integrante más conocido es Bernardo Ortega Jiménez, diputado local por el PRD, quien acumula una carrera de cargos públicos en la zona de operaciones de su hermano.

En la entrevista –presentada como un trabajo de investigación por Latinus, pero sólo es la entrevista a un criminal–, Celso Ortega revela a Loret de Mola que en 2006, tiempo en que dice que pertenecía a Los Zetas, uno de los líderes del grupo lo comisionó que se viniera a Guerrero a apoyar en la campaña al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A principios de año, un medio norteamericano reveló el tema del financiamiento del crimen a la campaña de López Obrador, en 2006.

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador se burló de la entrevista. Dijo que era un montaje y que seguramente el escenario era el rancho de Loret en Valle de Bravo.

En la entrevista, lo primero que pregunta Loret de Mola al padre es si vio su programa y si es Celso Ortega el que aparece en la entrevista y, también, sí reconoce los paisajes de la zona en la que opera el grupo en cuestión.

Buscaba la ratificación de la información que publicaron.

“Es él –afirma el sacerdote–. Son sus ojos. Es su voz”. “Sí, el lugar puede ser Quechultenango o Mochitlán”, dice sobre el escenario.

Después, lo entrevista sobre la mediación para conseguir la tregua. Cuenta otra vez, lo que ya ha contado a los medios que precedieron a Loret. Al sacerdote ya se le empieza a notar la voz ronca de tanto hablar esta mañana.

Para las entrevistas presenciales el sacerdote tiene poco tiempo.
Esta entrevista se interrumpió varias veces, por las llamadas de algunos medios que no tenían agenda, pero que por su peso y porque son en vivo, no les puede decir que no, y las que ya estaban agendadas.

–¿Alguien fue testigo de la llamada?

–No, nadie, sólo ellos dos hablaron y acordaron.

–Es difícil imaginar a dos criminales en una plática telefónica. ¡Hola, ¿compa cómo estás? ¿Se habrán saludado primero?

–No, ni idea, no sé. Sólo ellos saben. Pero andan en esto, es su negocio, deben saber cómo hacerlo.

–¿Y cómo empezó esta mediación de los sacerdotes con ellos?

–Fui yo. A mí me buscó alguien de allá arriba, de Los Tlacos, pidiéndome que buscara a los del otro grupo para platicar.

–¿Entonces la iniciativa fue de Los Tlacos?

–Sí.

–¿Los Ardillos aceptaron?

–Sí aceptaron, pero se tardó en concretar.

El padre Filiberto cuenta que esta mediación comenzó más o menos por mediados de noviembre.

–¿En medio de la mediación, entonces, ocurrió la peor jornada que se ha vivido en Chilpancingo, por la violencia?

–Sí.

Entra otra llamada. El padre contesta y lo vuelven a entrevistar.

Esta semana en la que ocurrió esta crisis de violencia, era una semana de definiciones en lo político, por la elección del próximo 2 de junio. En Guerrero se elegirán diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores.

En esta nueva entrevista, el sacerdote agrega que la iniciativa de la tregua vino de los mismos grupos, porque ellos mismos se estaban afectando en sus negocios. Explica cómo evolucionó el crimen organizado en Guerrero, porque, quien lo entrevista, menciona el tema de la venta de drogas.

–No. Se estaban afectando en sus negocios legales, –dice. Explica que esos grupos tienen negocios legales–no sólo ilícitos, como se supone– y estos días ellos mismos se afectaron. Parte de sus negocios legales son el transporte, la venta de carnes, de bebidas.

Filiberto Velázquez cuenta que esta crisis ahora detonó en el transporte, como antes en las granjas de pollo. Dice que en Chilpancingo la pelea ya no es territorial, sino económica, por la preeminencia de los negocios legales de cada uno.

–¿Pero por qué ocurrió esta nueve crisis de violencia, si ya había una mediación?

–Lo desconozco.

–Finalmente, después de una semana de crisis, se hablan ¿qué ocurrió que lo hizo posible?

El sacerdote levanta los hombros. Para muchas cosas Filiberto Velázquez no tiene respuesta.

–Si nadie estuvo en esa llamada ¿cómo se enteró usted que sí se llevó a cabo?

–Por información de gente cercana a las dos partes.

El sacerdote revela que él no hubiera querido estar en medio de estas entrevistas, que hubiera querido que no se revelara la mediación suya para resolver el conflicto, pero ya que el obispo Salvador Rangel Mendoza lo reveló, tiene que aclarar cómo se dieron las cosas para que no se mal entienda. También dice que no sabe cómo Rangel Mendoza se enteró que medió con los dos grupos.

El miércoles, después de la misa tradicional por el inicio de la cuaresma, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, reveló en entrevista acerca de un acuerdo que intentaron con los distintos grupos criminales en Guerrero para alcanzar la paz.

En Chilpancingo, como en gran parte del estado, se está muy lejos de la paz, sólo cesaron por ahora los ataques a transportistas, pero el miedo sigue. Este viernes, antes de las nueve de la noche, las calles del centro de la ciudad están semivacías; las camionetas Urvan pararon el servicio mucho antes de la hora que formalmente dejan de funcionar.

También fue en Latinus, con Loret de Mola, en la misma emisión en la que se transmitió la entrevista a Celso Ortega, donde Rangel Mendoza reveló la tregua entre los grupos locales.

En esta entrevista, luego de hablar del tema del financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006 y de otros acuerdos locales de ese tipo en Guerrero, Rangel Mendoza pidió a la ciudadanía reflexionar su voto en las próximas elecciones.

 

La niñez en Ayahualtempa, Guerrero, atrapada entre las autodefensas y el crimen organizado

Texto y fotos: Marlén Castro, Amapola Periodismo

Ayahualtempa/José Joaquín de Herrera

30 de enero 2024

 

Es viernes 26 de enero, las niñas y los niños de Ayahualtempa hacen lo que cualquier niñez en cualquier comunidad. Unos pequeños en edad preescolar se comparten un triciclo para recorrer la calle contigua a la comisaría, unos adolescentes juegan en sus celulares en la cancha techada y unas niñas con cubetas de nixtamal caminan rumbo al molino.

Lo diferente es que en esta plaza con niñas, niños y adolescentes que juegan despreocupados hay por lo menos una docena de policías comunitarios que vigilan el primer cuadro de la población y otros más apostados en los accesos.

Apenas hace dos días, en esta misma cancha, 20 menores de 11 a 15 años, entre ellos cinco niñas, fueron presentados con los rostros cubiertos, ropa tipo militar y armas, algunas de palo, como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

La imagen de los menores armados, por tercera ocasión, de nuevo dio la vuelta al mundo.

Menores caminan por la calle principal de Ayahualtempa dos días después de la presentación de niños y niñas como policías comunitarios.

La presentación de las niñas y los niños en labores de defensa del territorio se debió a la desaparición forzada de la familia integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58; los hijos Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, y Roberto Domingo Gaspar, de 31, el pasado 21 de enero.

Los cuatro hombres de la familia Domingo Gaspar son policías comunitarios.

La Policía Comunitaria buscó a la familia dentro de su territorio, pero no se aventuraron a hacer ninguna incursión fuera de su comunidad. Hicieron la denuncia a las autoridades, sin embargo, consideran que no han hecho nada para dar con su paradero.

La impotencia de no poder ir más allá de su propio territorio originó la nueva presentación de menores como soldados.

La primera vez que la CRAC-PF presentó a menores vestidos como militares fue el 22 de enero del 2020, en Alcozacán, municipio de Chilapa. En esa ocasión, supuestamente 19 menores se integraban a la Policía Comunitaria e hicieron una demostración de su entrenamiento.

Cinco días antes, 10 hombres de la comunidad de Alcozacán, adherida también a la organización, fueron asesinados.

Los dolientes querían los restos de sus familiares para velarlos y sepultarlos, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se apuraba en las diligencias.

La presentación de los menores fue un golpe mediático al gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores. Los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraron a los niños soldados y las comunidades adheridas a la CRAC-PF consiguieron que se les cumplieran varias peticiones.

Después del impacto mediático nada se volvió a saber de los menores autodefensas, hasta que se hizo una segunda presentación de más menores, ahora en Ayahualtempa.

El sábado 10 de abril del 2021 presentaron de nuevo a 15 menores que se integraban a la Policía Comunitaria, entre ellos una niña. Los habitantes de Ayahualtempa y de Alcozacán llevaban meses con la petición de que enviaran médicos, medicinas y abrieran escuelas en las comunidades para no tener que ir a Chilapa o a Hueycatengo, cabecera de José Joaquín de Herrera, población pegada a Ayahualtempa. La respuesta fue casi inmediata. Unas semanas después llegó el DIF con enfermeras, médicos y medicinas para equipar las unidades de salud.

Las circunstancias en Ayahualtempa y Alcozacán no han cambiado mucho, salvo porque las comunidades ahora tienen calles pavimentadas. En abril del 2021, la columna de comunitarios levantó una nube de humo al marchar por las calles polvorientas de Ayahualtempa. Ahora no hay polvo y las calles tienen detalles de flores dibujadas en el pavimento en cada esquina.

El pasado 19 de enero se reportó la desaparición de la familia Domingo Gaspar y cinco días después, como las autoridades no mostraban resultados en la búsqueda y en Ayahualtempa ni siquiera saben si hay búsqueda, convocaron a una tercera presentación de menores armados. Otra vez la foto generó escándalo.

Los medios nacionales y extranjeros difundieron la noticia, pero en esta ocasión, como respuesta, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, a través de la FGE inició una investigación por corrupción de menores contra la policía comunitaria.

El abogado Rubén Cayetano García, ex diputado federal por Morena, calificó esta acción del gobierno de Salgado Pineda como “un acto ridículo”. Aseguró que la FGE “no tiene un solo elemento para integrar una carpeta de investigación seria, eficiente y fundada” porque no hay “exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante”. Estas características se establecen en el artículo 171 del Código Penal de Guerrero para el delito de corrupción de menores.

Nacer y crecer en Ayahualtempa

Eliezer Bolaños y Román Vázquez son dos niños de cuarto año de primaria de la comunidad de Ayahualtempa. Son parte de los menores de edad, algunos en edad preescolar, que juegan en la calle contigua a la cancha techada.

Se divierten con algunos de los juguetes que los Reyes Magos les trajeron el pasado 6 de enero; no son los que querían exactamente, pidieron carros con control remoto, pero se ven felices, recargados en los carritos que deslizan sobre el pavimento. Otros niños más pequeños, entre cuatro y seis años, se prestan un triciclo para ir y venir por la cuadra.

Eliezer Bolaños y Román Vázquez quieren ser maestros y dar clases aquí mismo. Dicen que “aquí mismo” para no salir de Ayahualtempa porque escuchan a las personas adultas decir que es peligroso. Son muy chicos aún, no saben que para estudiar como maestros tienen que salir de aquí, porque dentro del pueblo solo hay telesecundaria. Tampoco saben por qué es peligroso y por qué hay hombres armados en la cancha techada. Sólo saben que los cuidan.

–¿Saben de qué los cuidan o por qué tienen que cuidarlos? Los niños se ven entre ellos, a ver si alguno sabe la respuesta y terminan levantando los hombros en señal de que no lo saben.

Menores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, juegan en una de las calles de la comunidad vigilados por integrantes de la CRAC-PF. Ilustración: Saúl Estrada

Tampoco saben quiénes fueron los menores, algunos incluso de sus mismas edades, presentados como policías comunitarios para la defensa de la gente y del territorio.

En una esquina de la cancha techada, un grupo de adolescentes se entretiene con sus celulares. Es la misma imagen que se repite en otras comunidades, los adolescentes se reúnen en el espacio en el que hay señal del celular. Frente a la cancha venden las tarjetas para abonar crédito a los aparatos. Por tres horas, 10 pesos, una tarjeta de 24 horas cuesta 24 pesos.

Los adolescentes no platican mucho entre ellos. No están reunidos para convivir, sino para agarrar señal. En este grupo hay un adolescente que sí estudia el bachillerato. Sólo dos menores de todo Ayahualtempa estudian este nivel escolar. Para hacerlo, salen todos los días a la cabecera de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, un lugar en el que han asesinado a algunos habitantes de Ayahualtempa.

El adolescente dice que en su caso va y viene sin problema.

Adolescentes se reúnen en Ayahualtempa a jugar en el sitio con mejor cobertura de Internet.

“Yo puedo ir y venir porque no soy comunitario”, dice sin despegar su vista del celular.

Una zona en conflicto

Ayahualtempa es una comunidad nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, asediada por un grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos. Este grupo criminal es liderado por una familia originaria de Tlanicuilulco, una comunidad del municipio de Quechultenango, municipio de la zona Centro. Los hermanos Ortega Jiménez son los líderes de este grupo “generador de violencia”, así los llama ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus comunicados oficiales.

Bernardo Ortega Jiménez, diputado local del PRD por tercera vez, es parte de esta familia. Ortega Jiménez fue coordinador del Congreso local y dos veces fue presidente municipal de Quechultenango. Bernardo Ortega se deslindó muchas veces de forma pública de su familia, pero las veces que ganó la alcaldía y como diputado local obtuvo urnas llenas en todos los municipios controlados por el grupo criminal.

Por esta razón, Los Ardillos no son un grupo de delincuentes comunes “generadores de violencia”. Los grupos del crimen organizado se articulan para conseguir metas políticas y económicas y lo conforman actores económicos y políticos de la región. La periodista canadiense Dawn Marie Paley llama a organizaciones criminales como Los Ardillos, los nuevos grupos paramilitares, porque son los operadores del Estado o de los grupos fácticos, definidos estos segundos como sectores poderosos de la sociedad al margen de las instituciones políticas, entre los que figuran los grupos empresariales.

Ayahualtempa antes fue asediada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Rojos. En la región de la Montaña baja en la que se ubica Ayahualtempa, se asociaba a Los Rojos con grupos de políticos priístas.

Los Rojos y Los Ardillos –en su versión política el PRI y el PRD– se enfrentaron durante varios años y en estas comunidades varias personas fueron asesinadas de formas salvajes.

Ayahualtempa y Los Pinos son dos comunidades que se blindaron de la incursión de estos grupos criminales con la creación de la CRAR-PF, en agosto del 2014. En total 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a este sistema de justicia.

Al interior de la CRAC-PF también hay división. Los de Ayahualtempa se separaron del grupo de comunitarios de Alcozacán, el grupo dirigido por Jesús Plácido, sobrino de Bruno Plácido Valerio, el máximo líder de las autodefensas en Guerrero, asesinado el 17 de octubre del 2023, en Chilpancingo.

Policías comunitarios por necesidad

Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, de la que forma parte la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), afirma que son policías comunitarios por necesidad, incluidos los menores que fueron presentados como parte de la organización.

Los menores y adultos que se dedican a trabajar en el campo no tienen opciones, dice. Tienen que aprender a disparar para defenderse porque andan en el campo y deben cuidarse solos. Entre los cerros, los acechan integrantes del grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos.

En las familias en las que el papá es pintor, albañil o tienen cualquier otra actividad que no implica salir al descampado, los menores no tienen que aprender a disparar.

En estos días posteriores a la desaparición de la familia Domingo Gaspar en Ayahualtempa, patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal recorren el perímetro entre Chilapa y José Joaquín de Herrera. Pasan todas estas comunidades en conflicto, algunas abandonadas, sin detenerse. A lo largo de esta carretera hay mucha seguridad por los retenes del Ejército y Policía Estatal. Toda esta seguridad, como es evidente, no abona a la tranquilidad de los habitantes de Ayahualtempa.

La gente de esta comunidad nahua se tiene que hacer cargo de su propia tranquilidad y como estrategia mediática presentar a menores en labores de defensa del territorio, lo que funcionó a medias en las dos ocasiones anteriores.

Un policía comunitario vigila en la comunidad de Ayahualtempa.

La presentación de menores como autodefensas es más que una estrategia para llamar la atención de las autoridades. Las niñas y los niños presentados como policías comunitarios, aunque nunca disparen un arma, firman una sentencia. El grupo paramilitar de Los Ardillos ya eliminó a varios habitantes de Ayahualtempa que figuran como policías comunitarios.

Los policías comunitarios de la familia Domingo Gaspar son las víctimas recientes.

Policía Comunitaria conmemora 28 aniversario y acuerda defender su territorio contra mineras y organizaciones criminales 

Texto y fotografía: Emiliano Tizapa Lucena

Totomixtlahuaca, Tlacoapa

16 de octubre de 2023

 

En medio de una crisis jurídica por el desconocimiento constitucional del Estado a su sistema de justicia y de una división interna, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró 28 años de su fundación, y para conmemorarlo marcharon este domingo un poco más de 1,500 personas en la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero.

Durante este fin de semana la CRAC conmemoró otro año más de su fundación en donde se notó su división; las casas de justicia de Caxitepec, Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc y la de San Luis Acatlán, esta última considerada como la casa principal, porque en este lugar se fundó la CRAC-PC en 1995, no participaron en los trabajos de conmemoración de este año.

En Totomixtlahuaca estuvieron integrantes de las casas de justicia de El Paraíso, Espino Blanco y de Escalerilla Lagunas, de los municipios de Ayutla de los Libres, Malinaltepec y San Luis Acatlán, respectivamente.

Durante los trabajos de sábado en la comunidad acordaron seguir con la lucha en defensa de su territorio, al impedir el asentamiento de las empresas transnacionales mineras extractivistas de recursos naturales.

En las mesas de trabajo que instalaron desde el sábado, los integrantes de la CRAC acordaron su rechazo a las organizaciones criminales al interior de su agrupación; también demandaron al Congreso local la creación de seis municipios y que el Estado realice las reformas constitucionales que establezca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un esquema de autogobernanza.

El sábado, desde las seis de la mañana, comenzaron a llegar a Totomixtlahuaca los integrantes del sistema comunitario a bordo de camionetas desde las diferentes comunidades de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi, Tlacoapa, Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, para celebrar el aniversario de la organización.

La asamblea general que inició a la una de la tarde del sábado se llevó a cabo en la cancha techada de esta comunidad que tiene una población de 400 habitantes.

Durante la asamblea, la CRAC- PC acordó seguir en la lucha para impedir que en su territorio se asienten las empresas mineras.

En la primera mesa de discusión, los pobladores debatieron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación y a un autogobierno. Acordaron iniciar una serie de movilizaciones en Guerrero; la primera la programaron para el próximo 1 de diciembre en el Congreso local, en Chilpancingo.

En la segunda mesa, los pobladores manifestaron sus inquietudes acerca de la protección de la tierra y el territorio. Propusieron elaborar estatutos o reglamentos ejidales en la CRAC-PC en los que se prohíba actividades mineras en su territorio, y pronunciarse contrarios a los cambios de uso de suelo para el extractivismo.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC-PC y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que en el territorio comunitario, el Estado mexicano ha otorgado 50 concesiones mineras; convocó a los pobladores a luchar para que el gobierno federal reconozca como dueños ancestrales de su territorio a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que servirá para hacer más difícil la llegada de empresas extractivas.

En la tercera mesa de discusión, los pobladores propusieron plantearle al diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, que lleve ante el Poder Legislativo una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, gestión que será acompañado por una movilización de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC en Chilpancingo.

Esta propuesta de reforma ya fue entregada en la legislatura anterior pero no fue contemplada por los diputados locales, y pretenden atender los rezagos en problemas de salud, educación, autogobierno y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

 

La cuarta mesa de discusión se enfatizó en el rol de las mujeres en el sistema comunitario y, a diferencia de los otros tres grupos, sólo participaron 25 mujeres representativas de 10 comunidades del sistema de la CRAC-PC.

Las mujeres alertaron que la violencia contra la mujer va en aumento en los pueblos que están en el sistema comunitario, y que el machismo sigue presente en sus localidades, porque aunque ya tienen cargos de comisarias o policías su opinión no es tomada en cuenta.

Expusieron que las mujeres deben involucrarse en la resolución de conflictos comunitarios, y hacer evidentes los contextos diferenciados en las comunidades, por ejemplo, la situación de pobreza y marginalidad en las que se encuentran miles de mujeres en sus pueblos.

También abordaron el aborto y plantearon que, aun cundo su regalmento ya establece que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigen que quede claro que ninguna mujer deberá ser castigada por su sistema comunitario por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Durante este debate, las mujeres denunciaron que siguen ocurriendo las uniones tempranas en niñas y adolescentes en la zona, ahora se hace en secreto; insistieron en que deben terminar con esta práctica.

Otra propuesta, es que en la justicia comunitaria de la CRAC-PC deben añadir el delito de feminicidio y de violencia familiar, y crear redes de apoyos de mujeres líderes que traten estos casos para prevenirlo, así como crear medidas de protección a las mujeres.

La última propuesta fue hacer excepciones en su artículo 77 del reglamento interno, que obliga a la mujer y al hombre por igual pagar los gastos de los hijos, y proponen analizar si las mujeres tienen ingresos económicos, porque la mayoría están dedicadas al hogar.

Otro de los planteamientos que se mencionaron en la asamblea es que los pueblos indígenas ejerzan el poder, y sean quienes tomen las decisiones sobre la vida pública y política, no sólo encaminados a recibir los apoyos sociales. Expusieron que están en la búsqueda de la creación de nuevos municipios, como Huixtepec, que se desprendería de Ometepec; San Cristóbal, que saldría de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, que se desprendería de Igualapa; Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; Huehuetan, de Azoyu y Totomixtlahuaca, de Tlacoapa.

También destacaron que estos nuevos municipios funcionarían bajo sistemas de gobierno con usos y costumbres, respetando procesos comunitarios, como en la actualidad lo tiene Ayutla de los Libres, y no depender de los partidos políticos.

La mañana de ayer domingo, los policías comunitarios se concentraron nuevamente alrededor de la cancha techada del pueblo. A las ocho de la mañana, algunos con flores en las manos, sus escopetas en la espalda, se tomaron un momento en el altar de la iglesia del pueblo del Santo Entierro, para pedir por sus familias.

Uno de ellos fue Leonardo García, de 22 años, policía comunitario de la localidad La Cortina, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, comentó que acuden por costumbre y llevan de ofrenda una flor este día a la iglesia. “Yo vine a pedir por la salud de la familia y por mí, que no me pase nada en el camino”, comentó.

A las diez de la mañana, la marcha comenzó en la orilla del pueblo, en la colonia Las Palmas hacia el centro de Totomixtlahuaca, y duró cerca de 40 minutos el recorrido de un poco más de tres kilómetros.

Los vecinos admiraron el desfile de los policías comunitarios y fue amenizado por tres bandas de música de chile frito, el recorrido terminó con una asamblea en la cancha techada nuevamente donde se aprobaron a mano alzada las propuestas echas el día anterior.

Crisis en la CRAC-PC 

La crisis que vive la CRAC-PC a los 28 de su creación se debe, dijeron, a las posibles filtraciones del grupo delictivo de Los Ardillos, con presencia en zonas de Zapotitlán Tablas, municipio donde en los últimos meses han ocurrido la desaparición de 28 personas.

A esto se suma un conflicto entre las casas de justicia, principalmente con la casa matriz de San Luis Acatlán, ante su negativa de validar a Escalerillas como casa de justicia y mantenerla como casa de enlace.

De las cinco casas de justicia, a las celebraciones de Totomixtlahuaca no participaron los pobladores de las casas de Caxitepec, Zitlaltepec y San Luis Acatlán, quienes celeberaron aparte el aniversario.

Esta división surge en medio de un debilitamiento a la CRAC-PC, luego de que el Congreso local encabezado por diputados morenistas aprobaron las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, e incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló este año los cambios en los que se deja de reconocer el sistema de justicia y reeducación; deja a la organización sólo como un auxiliar del sistema de seguridad del gobierno.

Policías comunitarios de la CRAC conmemoraron su 28 aniversario con una marcha en las calles de esta comunidad.

La administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consolidó las reformas propuestas desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para disminuir constitucionalmente al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC, y que en la administración de Héctor Astudillo Flores se logró modificar por los diputados locales.

Aunque en un primer momento la SCJN hizo retroceder esos cambios para que el Congreso local tuviera que consultar a los pueblos afromexicanos e indígenas, la banca de Morena encabezó la simulación de dicha consulta y aprobaron las modificaciones basándose en la ley de la administración priista.

El problema que enfrentan ahora es que la Policía Comunitaria no podría constitucionalmente reeducar a ningún ciudadano infractor de su reglamento porque los diputados locales borraron ese reconocimiento que había, lo que para asesores de la organización es un retroceso legislativo; han planteado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuevamente se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario.

Crece con gobierno de la gobernadora Evelyn grupos del crimen organizado, dice Tlachinollan

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) asegura que en esta administración estatal que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda se han expandido en Guerrero los grupos del crimen organizado en las zonas turísticas, en las regiones mineras y ciudades comerciales.

En su informe por el 28 Aniversario de la fundación de esta organización no gubernamental y que presentó a finales de febrero de este año, señala que en el 2022 se registraron 25 organizaciones criminales que han protagonizado disputas férreas en la Tierra Caliente, zonas Centro y Norte, Acapulco y Costa Grande.

En su análisis, Tlachinollan, asegura que los municipios más convulsos derivado de la actividad de estas bandas del crimen organizado son en los que hay mayor actividad económica como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tixtla y Chilapa.

Menciona que en regiones de Guerrero como en los nueve municipios de Tierra Caliente, las organizaciones criminales han tomado el control del comercio y están disputando los ayuntamientos como sucede en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.

En Tierra Caliente, es un territorio con nueve municipios y desde hace más de una década la Familia Michoacana tiene el control de esta zona, aseguran fuentes gubernamentales.

Para Tlachinollan, en los municipios de la zona Norte, Iguala, Huitzuco de los Figueroa, Cocula, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Tepecuacuilco, se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Por versiones oficiales, en estos municipios, Los Tlacos y La Bandera (una escisión de Guerreros Unidos) se pelean esta zona.

«La población se encuentra inerme ante la ausencia de los cuerpos de seguridad y por la complicidad de las mismas autoridades que prefieren pactar con algún grupo para que se encargue de controlar la plaza y brindar seguridad a los gobernantes», dice el informe de Tlachinollan.

Menciona que también en el municipio de Chilpancingo hay tres organizaciones criminales que han incursionado en los giros comerciales como la venta de pollo y ganado vacuno.

En el caso de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri, las organizaciones delictivas se disputan la siembra y el trasiego de la droga además del botín de las grandes ganancias que dejan las empresas mineras con capital extranjero que están asentadas en esta zona centro de Guerrero desde hace más de una década.

Tixtla, Chilapa y Quechultenango, son municipios que tiene bajo control un grupo del crimen organizado que ya tiene asegurados los negocios del ámbito comercial así como de las administraciones públicas municipales.

En los ocho municipios de la región de la Costa Grande, Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de Montes de Oca y Coahuayutla, tienen presencia en las cabeceras municipales y se han organizado para incursionar en varios giros comerciales que son redituables por la presencia del turistas nacionales y extranjeros, indica el informe de Tlachinollan.

Esta oganización dice que en Guerrero el Ejército ha sido utilizado no solo para tirar cuerpos al mar en los llamados «vuelos de la muerte» durante la llamada «Guerra sucia» sino también las aeronaves militares fueron utilizadas para asegurar droga y trasladarla a la frontera con Estados Unidos para hacer jugosos negocios.

Menciona que en Guerrero la clase política ha devastado a las instituciones del Estado, las ha utilizado para beneficio propio y ha permitido que prosperen los negocios de la economia criminal.

«La venta de armas, el trasiego de droga, la trata de personas por parte del crimen organizado con fines de explotación sexual, el control de los giros comerciales por parte del crimen organizado, el pago de cuotas para el sostén de la delincuencia y la disputa por el control territorial y de los mismos ayuntamientos, nos dan la radiografía de un estado sumido en la violencia», establece Tlachinollan.

Señala que a más de un año de que la morenista Salgado Pineda asumió el cargo, su gobierno es ya un desencanto en materia de seguridad pública.

Menciona que en estos 16 meses de gobierno de Salgado se han registrado irrupciones armadas en municipios de Costa Chica, Tierra Caliente, zona Centro, Costa Grande y Acapulco.

«Las playas de Acapulco son ahora escenarios lúgubres controladas por el crimen organizado; los turistas en lugar de divertirse, corren para protegerse de las balaceras, indica Tlachinollan.

Para el presidente del Colectivo de Personas Desaparecidas y Asesinadas «Siempre Vivos» de Chilapa, José Díaz Navarro, los grupos del crimen organizado han venido creciendo en Guerrero desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Recordó que fue con Aguirre cuando se avivó la lucha en Chilapa entre las organizaciones criminales de Los Rojos y Los Ardillos, éste último prácticamente ya se adueñó de la plaza en este municipio.

«Este grupo del crimen organizado de los Ardillos sigue desapareciendo y asesinando gente en Chilapa y ninguna autoridad federal y estatal hacen algo para detener a sus líderes», dijo el activista quien en el 2014 sus hermanos Alejandrino y Hugo fueron hallados decapitados luego de que integrantes de esta organización los privaron de su libertad.

Desde Aguirre, quien solicitó licencia en octubre del 2014 por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de ese mismo año, gobernó el estado el perredista Rogelio Ortega y a partir del 2015, el priísta Héctor Astudillo Flores.

El problema de la inseguridad que vive Guerrero ha provocado que diversos actores políticos fijen sus diferentes posiciones e incluso esto ha llegado a la tribuna del Congreso local.

Luego de que el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, aseguró que alcaldes del PRI y PRD tienen pacto con algunos grupos del crimen organizado, sus pares del PRI y PRD, lo acusaron de «irresponsable».

Durante el debate de este jueves en la sesión del Congreso, la perredista Elzy Camacho Pineda, le exigió a González Varona que presentara pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.

Un enfrentamiento en Sierra de Guerrero deja un herido y tres desaparecidos

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

Un nuevo enfrentamiento a balazos registrado este sábado entre habitantes de comunidades de la Sierra de Guerrero con presuntos integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana (FM) dejó un saldo de una persona herida y tres desaparecidas.

En un video que se difundió en las redes sociales que circuló este sábado en la noche se escuchan detonaciones de arma de fuego. Según versiones extraoficiales este hecho es un enfrentamiento de pobladores de las comunidades de Santa Clara y Las Golondrinas, del municipio de Coyuca de Catalán contra miembros de la FM.

Según los lugareños, este viernes en la noche, presuntos integrantes de la FM llegaron al pueblo de Santa Clara de donde se llevaron dos cuatrimotos. Los habitantes pidieron el auxilio del Ejército para que fueran con ellos y trajeran de nuevo las cuatrimotos.

Debido a que los militares no les hicieron caso, habitantes de las comunidades de Santa Clara, La Sierrita y La Olla, del municipio de Tecpan de Galeana y el Crucero de San Antonio Texas, del municipio de Coyuca de Catalán se armaron con rifle 22 y de alto poder y se trasladaron este sábado en la tarde a un punto conocido como Las Golondrinas en donde estaban los miembros de la Familia Michoacana.

En este punto se registró un enfrentamiento a tiros que duró una hora.

Durante la confrontación armada uno de los habitantes de nombre Nicolás, de la comunidad de Santa Clara, resultó herido de bala y hay otras personas lesionadas por parte de la FM.

Los lugareños aseguraron que posterior al enfrentamiento se enteraron que los miembros de la Familia Michoacana se llevaron por la fuerza a Prisco Herrera Mendoza, Onidis Herrera Montor y Lalo Aguilar, de 50, 20 y 18 años, respectivamente.

Prisco y Onidis viven en la comunidad de La Trinidad, municipio de Ajuchitlán del Progreso y Lalo de El Porvenir, municipio de Tecpan de Galeana.

“Los dos adultos y el menor de edad que siguen desaparecidos eran ajenos totalmente al conflicto que existe entre la gente de la Costa Grande con el grupo de la Familia Michoacana”, afirmó uno de los lugareños.

Hasta este domingo en la tarde, los integrantes de la FM tienen tomada la comunidad de Ballades, municipio de Ajuchitlán del Progreso y sus opositores están en Santa Clara por lo que se prevé nuevos enfrentamientos.

Azucena Rosas García, comisaria de la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, contó que los militares que tienen su base en este lugar luego de la masacre de las siete personas el 10 de diciembre del 2022, no quisieron acudir al sitio donde se registraba el enfrentamiento este sábado en el punto conocido como Las Golondrinas.

“La gente tiene mucho miedo porque a pesar de la presencia del Ejército sigue la violencia en la Sierra”, expresó.

La violencia en esta parte de Guerrero, en donde colinda la Costa Grande y Tierra Caliente, se agudizó a partir del pasado 28 de enero cuando un grupo de policías estatales realizó una operación en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán.

Según la versión de los habitantes de El Parotal, el enfrentamiento a balazos que tuvieron los agentes fue porque en este grupo tres individuos se negaron a identificarse, los que murieron en la confrontación, junto con un comandante de la corporación y un policía raso.

En videos que los pobladores montaron en las redes sociales, los policías estatales admitieron que los tres individuos que iban en la operación pertenecían a las filas de la FM.

Informes oficiales aseguran que en los municipios de la Costa Grande operan cuatro grupos del crimen organizado que tienen conexión con los poderes económicos y políticos de esta zona.

Estas organizaciones criminales que reconoce el gobierno son Los Granados, Sangre Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.

Estos cuatro grupos del crimen organizado tienen una disputa con la Familia Michoacana que desde hace más de una década opera en los nueve municipios de Tierra Caliente.

 

 

García Luna fue clave para la expansión del cartel de Sinaloa: El Rey Zambada

“Sin (Genaro) García Luna no hubiéramos podido trabajar”, declaró Jesús Zambada García, El Rey, en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad y socio de Felipe Calderón. El testimonio es clave en el proceso que podría terminar en unos días.


Texto: Alberto Nájar / Pie de Página

Foto: Retomada de El Financiero

Ciudad de Mexico

 

Desde la prisión donde se encuentra desde 2019, Genaro García Luna planeaba asesinar a un testigo fundamental en el juicio que enfrenta por narcotráfico.

Fracasó, y ahora el sobreviviente del frustrado atentado ha declarado que el exsecretario de Seguridad Pública y principal colaborador de Felipe Calderón, fue el elemento clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El testigo es Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso que se ventila en Brooklyn, Nueva York.

El Rey, quien es hermano del actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.

El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa.

Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

La protección aumentó en el período de Felipe Calderón. Gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.

Pero el repunte inició con Fox, aseguró El Rey de acuerdo con el reporte del periodista de Vice News Keegan Hamilton, quien cubre el juicio contra el exfuncionario mexicano.

“Cada día de los seis años de ese período el cartel se volvió más fuerte”, aseguró Jesús Zambada. En ese tiempo la organización enviaba un promedio de cien toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.

García Luna fue pieza clave en ese crecimiento. “Se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se daba apoyo con los combates y los sicarios, era muy importante” aseguró el testigo.

El apoyo del exsecretario de Seguridad al cartel de Sinaloa fue a tal nivel, que inclusive agentes de la Policía Federal eran los responsables de descargar los cargamentos de cocaína que arribaban al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

“No hubiéramos podido trabajar sin esa ayuda” afirmó el testigo. “Era una forma muy segura de trabajar”.

El testimonio de Jesús Zambada seguirá este martes. La Fiscalía estadounidense informó al juez Brian Cogan que presentará otros dos testimonios breves y con ello concluirá su participación en el período de presentación de pruebas en el juicio.

Después tocará el turno a los abogados del exsecretario para presentar sus propios testigos.

Hasta ahora, de acuerdo con el periodista Hamilton, los defensores dijeron al juez que presentarán sólo una participación, aunque eso podría cambiar.

García Luna informó al reiniciar el juicio este lunes que se reserva su derecho a presentar su propio testimonio.

Después de concluir la presentación de los testigos la Fiscalía y defensores deben presentar sus conclusiones ante el jurado, que a continuación iniciará un receso privado para tomar su decisión.

Si Genaro García Luna es encontrado culpable, el juez Cogan determinará el período que permanecerá en prisión, así como las sanciones económicas que debe cumplir.

En caso de que lo absuelvan, el exsecretario debería permanecer en la cárcel mientras el Departamento de Estado resuelve la petición del gobierno de México para su extradición.

En este país García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión y dos investigaciones judiciales en curso, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR).

No está claro el tiempo que demore la eventual extradición, pues el acusado tiene derecho a promover acciones judiciales para evitarlo. Una de ellas es solicitar asilo político o humanitario.

Testigo valioso

El Rey Zambada es el primer testigo que reconoce haber entregado personalmente sobornos a García Luna, y de conocer de forma directa la protección del exfuncionario al cartel de Sinaloa.

Antes la mayoría de los testimonios se basaron en versiones o hechos que les contaron o supieron de su existencia. Es decir, fueron testigos de oídas.

De hecho, los abogados del exsecretario, encabezados por César de Castro, han logrado desarticular varios de los testimonios de la Fiscalía.

En algunos casos, durante los contrainterrogatorios, lograron inclusive que los testigos admitieran que nunca se habían reunido con García Luna.

Pero no es el caso de Jesús Zambada García. En su primera comparecencia aseguró haberse reunido en dos ocasiones personalmente con el exfuncionario.

Los encuentros fueron en 2006 en el restaurante Champs-Élysés de Ciudad de México, ubicado a unos metros de la embajada de Estados Unidos.

En ambos casos las reuniones fueron para entregar dinero: tres millones en la primera ocasión y otros dos en el segundo encuentro.

Tras los sobornos García Luna se comprometió a proteger a El Mayo Zambada.

“Le iba a dar protección a mi hermano, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora” dijo El Rey.

Además, El Rey afirmó que el exsecretario aseguró que mantenía un arreglo similar con Héctor Beltrán, El Barbas, líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido puntualmente el actual proceso y antes el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, publicó en Twitter que García Luna permitió al cartel elegir a los comandantes de la Policía Federal o a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De esta manera, Jesús Zambada logró colocar a Edgar Bayardo, uno de sus colaboradores, en una posición estratégica dentro de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El puesto le costó 350 mil dólares que le entregaron a un sobrino del inculpado, Víctor Hugo García.

Un método similar se utilizó para que El Rey virtualmente tomara el control del AICM, donde cotidianamente aterrizaban aeronaves cargadas con droga.

En ocasiones, declaró el testigo, eran pequeños jets privados procedentes de Venezuela, pero también aeronaves de carga con capacidad de trasladar hasta cinco toneladas.

También se utilizaban vuelos comerciales. En estos casos la droga viajaba en maletas marcadas que descargaban policías.

Los envíos “eran según el gobierno lo permitiera”, añadió el testigo. El control del capo sobre la terminal aérea capitalina terminó en 2008, cuando fue capturado por un grupo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva disfrazados de agentes de la Policía Federal que lo entregaron a la policía de Ciudad de México.

Jesús Zambada García fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico.

En 2018 fue uno de los testigos clave en el juicio contra El Chapo Guzmán, y gracias a eso su nombre fue borrado de la lista OFAC del Departamento del Tesoro.

El Rey fue sentenciado a 12 años de prisión, pero cumple su condena en libertad, e inclusive se le permitió trasladar a su familia a territorio estadounidense.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Sigue el acoso del crimen organizado a gaseras de Zihuatanejo aun con la presencia militar

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Cortesía

Chilpancingo

 

Integrantes del crimen organizado mantiene el acoso e intimidación contra los directivos y trabajadores de las empresas de gas LP en Zihuatanejo, aun con a la presencia del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Empresarios de este destino turístico relataron que ayer lunes solicitaron vía telefónica el servicio de gas LP en pipa para rellenar sus cilindros, pero los delincuentes les impidieron llegar.

La pipa de gas que pidió un empresario la custodiaban elementos de la Marina y aún así, los delincuentes obligaron a los trabajadores de la empresa a regresarse a sus instalaciones.

El domingo pasado, el gobierno del estado informó que los establecimientos de las tres empresas gaseras de Zihuatanejo y la otra en Petatlán reanudaron la venta del gas y reabrieron sus instalaciones.

En las fotografías que distribuyeron de la administración estatal se ven pipas de gas en las calles de Zihuatanejo custodiadas por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Marina.

Pero los carros repartidores de estas tres empresas gaseras no han salido a las calles a vender el insumo porque siguen acosándolos.

Habitantes de Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, denunciaron que la empresa gasera sigue cerrada y que se trasladan hasta Tecpan de Galeana para rellenar sus cilindros.

Desde el pasado 4 de febrero las gaseras LP de Zihuatanejo y Petatlán pararon labores después de que hombres armados amenazaron a directivos y trabajadores con asesinarlos e incendiarles sus instalaciones.

La consigna fue que dejaran de vender el combustible, de lo contrario hasta los asesinarían.
Una versión extraoficial expone que este grupo del crimen organizado no les exige cuota a los empresarios, les condiciona para que le compre a ellos el combustible. Los empresarios de las gaseras compran el sumo a empresas nacionales.

Una fuente contó que esta medida no es nueva, en otras regiones de Guerrero las organizaciones criminales controlan la venta de pollo, huevo, carne, tortillas, refresco, cerveza, medicinas, refacciones y el servicio de transporte público.

Un claro ejemplo es en los nueve municipios de Tierra Caliente, donde la Familia Michoacana interviene en esas funciones con muchas libertades, porque las corporaciones, como ocurren Zihuatanejo, parece que tienen la consigna de no intervenir.

En el caso de Zihuatanejo y Petatlán el asunto va para largo, debido a que los empresarios de las gaseras se niegan a aceptar las condiciones del grupo del crimen organizado.

Empresarios de gas LP de Zihuatanejo y Petatlán denunciaron que sigue el acoso de delincuentes aun con la presencia de elementos de seguridad federal y estatal.

Zihuatanejo y Petatlán llevan seis días con desabasto de gas por asedio de crimen organizado

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

09 de Febrero del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Petatlán, ubicados en la Costa Grande de Guerrero, cumplieron seis días con el desabasto de gas LP, debido a que las empresas gaseras cerraron sus instalaciones por amenazas de un grupo del crimen organizado involucrado en las varias de las actividades económicas.

Los camiones repartidores de gas dejaron de salir a las calles de Zihuatanejo y Petatlán.

De las cuatro gaseras instaladas en estos municipios sólo una de ellas, Gas Express Nieto, reabrió y empezó a vender el gas desde el martes pasado, esto ha provocado que afuera de sus instalaciones haya largas filas de personas en sus vehículos que quieren el servicio.

En Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, los trabajadores de la empresa de Gas Mundial contaron que el pasado sábado 4 de febrero unos hombres armados llegaron a las instalaciones y les dijeron que dejaran de vender el producto.

Los individuos que forman parte de un grupo del crimen organizado les advirtieron a los empleados de la empresa que si vendían el gas les incendiarían las instalaciones.

Versiones extraoficiales informaron que son los integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), de quienes se ha documentado relaciones con grupos económicos y políticos, de manera particular en Tierra Caliente, aun cuando ahora se hable de su presencia en Costa Grande, son los que extorsionan a estas gaseras.

“Están cobrando (los de la FM) a todos, a empresarios y hasta a comerciantes de los mercados”, dijo una fuente.

Hasta a principios de diciembre había un pacto de no agresión entre la FM, que estaba en Tierra Caliente de Guerrero, y otros grupos del crimen organizado que están asentados en los municipios de la Costa Grande. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra, donde ha habido enfrentamientos a balazos en días recientes.

Pero esta tregua se rompió luego de que el 11 de diciembre del 2022 un grupo armado, al parecer de la FM, asesinó a siete personas de la comunidad serrana de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

El 28 de enero en la comunidad de El Parotal, del municipio de Tecpan de Galeana, Costa Grande, donde se sabe hay otro grupo criminal, ocurrió un enfrentamiento entre los pobladores y policías estatales que iban acompañados por tres individuos, a quienes después la gente los identificó como miembros de la FM.

En la refriega hubo cinco muertos, un comandante de la Policía Estatal que iba al frente de la operación policiaca y un policía, además de los tres sujetos que presuntamente forman parte de la FM.

Esta acción puso de manifiesto las estrechas relaciones institucionales y criminales. Entonces, cuando acá se habla de crimen organizado se expresan las relaciones que criminales tienen con actores políticos y económicos.

“Todos estos hechos han desencadenando en daños colaterales que los está pagando la ciudadanía, porque no hay gas en Zihuatanejo y Petatlán”, dijo una fuente.

Desde este martes 7 de febrero, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal patrullan las calles de Zihuatanejo.

Aun con este reforzamiento de seguridad, el martes pasado, en la calle Vicente Guerrero, en el centro de Zihuatanejo, un sujeto armado hirió de bala a tres mujeres, una de ellas falleció en el Hospital General.


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Pobladores de la Sierra pactan tregua con delincuentes para evitar más hechos violentos

Texto y fotografía: Jesús Guerrero

Chilpancingo

 

Ante la inacción de las autoridades de gobierno, pobladores de comunidades de una parte de la Sierra de Guerrero pactaron una tregua con grupos criminales para evitar más confrontaciones violentas, informó Víctor Espino Cortés, ex vocero de lis autodefensas de la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, región de la Costa Grande.

Espino Cortés recordó que en el municipio de Zihuatanejo los grupos criminales pretenden cobrar a la ciudadanía por una tregua. Les propuso que tomen el ejemplo de los pueblos de la Sierra de Tecpan y Coyuca de Catalán, donde se organizaron para correr a los delincuentes.

“En la zona de nosotros hubo guerra, pero ahorita, gracias a Dios, ya se pactó una tregua, y ya no entran (los grupos delictivos); nosotros les dijimos aléjate de aquí porque nosotros aquí decidimos”.

Espino Cortés acompañó a unos 40 comisarios de comunidades serranas de Tecpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Coyuca de Catalán a una reunión con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno.

En este encuentro estuvieron los titulares de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y de la Comisión de Infraestructura Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), a quienes las autoridades de los pueblos plantearon la necesidad de la construcción de caminos y también comentaron, aun cuando no son los responsables directos, de la necesidad de que les mejoren la inseguridad pública.

El ex vocero de las autodefensas denunció consideró que es mentira que el gobierno no sepa dónde están escondidos los integrantes de estos grupos criminales.

“Los pueblos deben de apretar a sus gobiernos para que detengan a los delincuentes”, expresó.

En febrero del 2021, Espino Cortés y dos de los autodefensas de Santa Rosa de Lima fueron detenidos por militares por portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México. Cuatro días después los tres fueron dejados en libertad.

Durante el encierro de Espino Cortés y sus compañeros, los habitantes cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de su localidad, para presionar por la liberación.

En esa ocasión, habitantes del Ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, acusaron a Espino Cortés de participar en la tala inmoderada de árboles y de ser responsable de la desaparición de dos personas de la región.

En entrevista en Chilpancingo, Espino Cortés dijo que en las comunidades de esa parte de la Sierra de Petatlán, Tecpan ya no existen como tal las autodefensas porque, según él, la zona ya está pacificada sin la ayuda del gobierno.

En su experiencia como integrante de las autodefensas, Espino Cortés mencionó que el gobierno en vez de ayudarles se les echó encima, aun cuando le apoyaban para combatir la inseguridad.

“Cuando uno se pone a defender como pueblo, uno lucha con los puños o resortera contra la delincuencia que trae muy buen armamento”, dijo.

En la Costa Grande están identificados tres grupos criminales que en otros momentos han hecho alianzas y que después discuten, lo que afecta a la ciudadanía con sus acciones.

En Zihuatanejo, en junio pasado, el servicio de transporte paró, cerraron tortillerías y suspendieron clases en las escuelas por la extorsiones.

Según Espino Cortés en Petatlán y Tecpan ya no hay delincuentes porque la gente se unión para enfrentarlos. “La unión es como una muralla en donde no permites que entre nadie, así se venga el gobierno, los mañosos, tú lo puedes atrancar, porque peleas por la razón y por tu familia”.

Dijo que en esa parte de la Sierra se aplica la ley del pueblo. “La gente de la Sierra no es mala, es buena, pero si alguien hace un mal, pues, te lo chingas. Le dice uno (al delincuente) oye cálmate, vete, pero si ves que anda secuestrando, entonces no queda de otra”.
En la reunión que los comisarios tuvieron con los funcionarios estatales plantearon la necesidad de la construcción de caminos para que la gente pueda comercializar sus los productos básicos que siembran.

En enero pasado, el entonces secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, se reunió con autoridades y habitantes de comunidades de la Sierra. En ese encuentro, el funcionario les dijo a los pobladores que pidieran dinero prestado para la reparación de caminos rurales que fueron dañados por las lluvias.

La gente consiguió un préstamo de 600,000 pesos, pero hasta ahora el gobierno estatal no se los ha devuelto. En la mesa de diálogo de ayer en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, los comisarios pidieron la reposición de ese recurso.

En la minuta de acuerdos de la reunión ayer establecieron que para este año las autoridades les repararán los caminos y para 2023 les pavimentarán varias vías que comunican a localidades de una parte de la Sierra.

 

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“Los santitos”: migrantes como moneda de cambio del crimen organizado

Miles de migrantes que llegan a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las pandillas y tomaron el control de “La Bestia”. En municipios del Estado de México, las personas migrantes son reclutadas como «soldados» para la venta y distribución de droga


Texto: Alejandro Mendoza Benítez  / Pie de página

Fotos: Alejandro Mendoza Benítez  y Jessica Lizbeth Mendoza Benítez

28 de marzo del 2022

Estado de México

 

En el calor de las vías del tren, entre los arbustos y las rocas que se desprenden de la barranca en una localidad del norte del Estado de México, se encuentran hombres, mujeres y niños con la postura de fatiga y una mirada derrotada. Aquí, los migrantes centroamericanos interrumpen su viaje hacia la frontera con Estados Unidos tras ser empleados de manera forzada en la primera fila del crimen organizado y las pandillas.

“Nosotros lo tenemos que hacer por la familia, si no nos ponen y terminamos allá en el altar”, explicó Marvin Josué, un migrante centroamericano que fue reclutado y actualmente trabaja para una facción de la Mara Salvatrucha (MS-13), adjunta al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aseguró que de no haber aceptado trabajar para la pandilla, habría sido asesinado y sus restos óseos colocados en un altar a la Santa Muerte.

El 12 de mayo del 2021 a las 11:17 de la mañana, en la entidad mexiquense, el joven Marvin Josué, a quien se le cambió el nombre tras aceptar conversar sin ser grabado, estaba sentado a la orilla de las vías del tren con un cigarro en la mano izquierda, la capucha de la sudadera puesta y los tenis amarrados a sus sueños desde que salió de su lugar de origen. Junto a él, dos hombres más, de rostros delgados y labios entrecortados. El primer contacto fue directo pero precavido:

—Buenos días— dijo; extendió la mano y saludó. —¿Qué necesita? —preguntó con firmeza después—. Junto a ellos había una mochila que alejaron levemente al iniciar la conversación y, luego de soltar una breve risa al escuchar el motivo del acercamiento, agregó: —No puedo responder tus preguntas, si yo hablo, en lo que tú vas y las llevas hasta donde escribes, a mí ya me mataron. Pero, te voy a decir lo que sí puedo.

Luego de alrededor de 20 minutos de conversación, en los que dijo asegurarse de que no se trataba de “un cuatro”, Marvin Josué reveló que, tras su llegada al Estado de México, algunos meses atrás, en el municipio de Tultitlán fue abordado por una persona que “se encargaba de reclutar”. Junto a otros hombres, Marvin fue trasladado a una localidad aledaña en donde fueron destinados a realizar distintas actividades por miembros de la MS.

Sin precisar la fecha, relató que después de salir de lo que él llamó “un país de abajo” (para referirse a Centroamérica) y debido a los pocos recursos con los que contaba en ese momento, se vio obligado a recorrer el territorio mexicano por una de las tres rutas principales de traslado hacia Estados Unidos, una de las cuales implica un menor costo: se trata de la ruta del centro que conecta el camino que recorre de Tenosique, Tabasco, o de Tapachula, Chiapas, hasta el Estado de México; son poco más de 1000 kilómetros para llegar al municipio de Tultitlán en donde, de manera irregular, los migrantes suben al tren carguero, conocido como “La Bestia”. Anteriormente los migrantes solían desplazarse en dirección a Reynosa, en la frontera con Tamaulipas y Texas; sin embargo, debido al amplio control que tomó en su momento el cartel de los Zetas en esta ruta, optaron por desplazarse al noroeste, en la zona limítrofe de Sonora y Baja California con Arizona y California, la denominada ruta del “infierno”, el camino largo hacia el “sueño americano”.

Tren carguero “La Bestia”, (Jessica Lizbeth Mendoza Benitez, 2021).

En la actualidad, Marvin es una más de las 177 personas extranjeras en condición migratoria irregular que ha sido víctima de algún delito en territorio mexicano durante 2020 y de los 3 mil 732 casos registrados desde 2016, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En México, hasta el 25 de abril de 2021, datos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indican que se registraron al menos 2 mil desapariciones de personas migrantes en el país, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Algunas de ellas interceptadas por el crimen organizado y las pandillas, las personas indocumentadas sufren delitos como tortura, secuestro, extorsión o robo antes de ser asesinados y ofrendados, como dicen ellos, a la “niña blanca”.

Los migrantes son reemplazados de la primera fila de la pandilla cuando cometen un error o se resisten a colaborar con las organizaciones, según el testimonio de una fuente cercana a la pandilla, a quien se geolocalizará, por seguridad, en el municipio de Cuautitlán y se nombrará como Alberto para los efectos de esta historia. Las personas migrantes reclutadas en la entidad llevan a cabo actividades de venta y distribución de droga, así como de sicariato, y se les denomina “soldados”. Los centroamericanos —la mayoría— se rigen bajo las órdenes de un “cabecilla” de la MS que opera en el Estado de México, lugar con 125 municipios y 163 mil 244 habitantes que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha convertido en una “zona roja” para la comunidad migrante.

Con miembros de la pandilla a bordo de los trenes de carga, a las personas indocumentadas se les obligada a pagar una cuota para que no las arrojen al convoy en movimiento o se les detenga, hasta pagar una extorsión, en “casas de seguridad” ubicadas estratégicamente en territorios aledaños a las vías del ferrocarril: así es la vida del migrante.

Migrantes durante la pandemia por covid-19

Durante el último año, la pandemia por SARS CoV-2 originó cambios en la movilidad de los migrantes, las rutas de tránsito ordinario se vieron afectadas y los carteles del país se desplazaron a nuevos territorios. Los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad iniciales, al descontento y la xenofobia generadas a partir de la organización de las caravanas. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018, y que desde entonces van en aumento, dieron lugar, en conjunto con las contradicciones del gobierno federal y las políticas internacionales, al colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión.

Incluso en el periodo correspondiente a 2021, el crimen organizado se había apoderado de zonas estratégicas; incrementó las operaciones focalizadas, el afianzamiento social y la diversificación económica. Se desplazó al conocido “nicho de valor” que proporciona la población migrante en el país y que representa un potencial ingreso económico de hasta 134 millones de dólares anuales por actividades como secuestro, robo, cobro de cuotas de piso y robo de tarifas de contrabando (sin incluir las tarifas de tráfico ilícito).

Según el informe del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de junio de 2018, en algunas entidades en México las víctimas de delitos por cada 300 personas migrantes han llegado a las 101 personas; tal es el caso de los jóvenes centroamericanos Marlon José, Julio César y Jairo Enrique, quienes tras ser cuestionados el pasado 30 de agosto de 2020 sobre la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19, respondieron: “Nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el 26 de junio de 2020, en San Luis Potosí, un mes antes de la entrevista; luego de algunas llamadas telefónicas, el 8 de agosto del mismo año se perdió contacto con Marlon. Julio César y Jairo Enrique se separaron en Guadalajara tras sufrir un atentado.

MS-13 pacta con carteles mexicanos

Paradójicamente, cientos de migrantes salen de sus países de origen debido a la expansión de las pandillas y al cobro de piso; sin embargo, al llegar a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las clicas y tomaron el control de “La Bestia”, el tren que transporta combustibles, materiales e insumos a lo largo de más de 5 mil kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte. Debido a las prácticas de intimidación, la pandilla es notoriamente ineludible.

En 2012, el diario Infobae publicó que las prácticas como desmembramientos y decapitaciones realizadas por los carteles mexicanos eran técnicas de intimidación aprendidas de las pandillas salvadoreñas, según la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Posteriormente, el 14 de febrero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó su relación, ya que en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación en contra de 14 líderes de mayor rango de la MS- 13 que integraban la Junta Directiva de la organización conocida como la Ranfla Nacional y quienes fueron señalados como responsables de negocios ilegales en distintas partes del mundo, principalmente en México. Los Zeta, el Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son señaladas como las principales organizaciones con quienes la pandilla se dedica a la trata y el contrabando de personas, es decir, quienes convierten a México, en palabras de José Carlos Aguiar, en un “jardín de huesos”.

De igual forma, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de junio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó un mapa del Estado de México con las zonas de principal operación y disputa de cuatro organizaciones criminales; sin embargo, el CJNG es el que mantiene el control en el corredor ferroviario Tultitlán- Huehuetoca, encabezado en la entidad y en la Ciudad de México por Omar Ramsés “el Calaca”. Datos de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indican que la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cuenta con presencia en al menos 23 estados de la República mexicana entre los que se incluyen Guadalajara, Guanajuato y el Estado de México.

Durante el periodo de 2006 a 2016, autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1978 fosas clandestinas y la PGR, 132. Según el mapeo realizado por el sitio de periodistas de investigación “A dónde van los desaparecidos” y Quinto Elemento Lab, fueron 24 las fiscalías que encontraron fosas en su territorio, con al menos 2284 cuerpos; sin embargo, en el Estado de México solo se reportó la ubicación de cuatro sitios con siete fosas y 10 cuerpos; ningún dato indicó la localización de la fosa en el municipio de Huehuetoca.

El 17 de agosto de 2016, mientras personal de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento municipal de Huehuetoca realizaba labores de limpieza en el pozo de agua “Planta Noria”, lugar donde actualmente se localiza el Museo del Ferrocarril, se encontraron 900 restos óseos, de los cuales 792 correspondían a restos humanos y 72 a animales, según informó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía del Estado. Se logró constatar que uno de los perfiles genéticos de las víctimas correspondía a una mujer, sin embargo, MVS reportó que no se divulgó más información sobre los mismos debido a su avanzado estado de descomposición. Un habitante de la zona, entrevistado el pasado 2 de mayo del 2021 y que no aceptó ser grabado, aseguró que sí había un conocimiento previo de las víctimas en el lugar, pues era como “un secreto a voces que esperas no sea verdad”.

“Un residente de allá me contó que una vez que iba pasando por el lugar escuchó que gritaban y enseguida dos disparos. Mejor subió el puente y rodeó el lugar”, refirió el hombre de la tercera edad. Dos personas más cercanas al caso fueron contactadas, pero señalaron que no se les tiene permitido hablar sobre el tema.

El actual fiscal del Estado señaló que no se descartó ninguna línea de investigación, ya que una de las hipótesis apuntaba a que, debido a la localización de la fosa dentro del municipio, podría constatarse que las víctimas eran migrantes centroamericanos; sin embargo, ésta tampoco fue comprobada y los perfiles genéticos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM). Recientemente el joven Alberto, argumentó que “cada cierto tiempo” se ven “soldados” migrantes nuevos, soldados a los que “se suele cambiar de territorio”. Señaló que, tras ser descubiertos los restos de las 12 personas en inmediaciones de la cabecera municipal de Huehuetoca, los “soldados” fueron trasladados de lugar a otras regiones operadas por la pandilla y el CJNG.

Fotografía 3. Pozo de agua “Planta Noria”, (Alejandro Mendoza Benitez, 2021).

Los santitos

“A nosotros nos dicen santitos, ¿sabes por qué nos dicen santitos? Porque si no lo haces (distribución y venta de narcóticos) te ofrendan a la Santa, pero se tiene que hacer. No importa dónde estés, si no lo haces, te matan a ti y a tu familia”, aseguró Marvin Josué en otro momento de la entrevista. El joven declaró que tiempo después de haber sido reclutado fue “puesto” por alguien de la MS-13 para ser asesinado, pero la persona encargada de trasladarlo a una ubicación inexacta dentro de la entidad lo confundió con alguien más, a quien ultimaron y colocaron en un altar como parte de un culto a la Santa Muerte.

Desde entonces, Marvin se identifica con la pandilla con un nombre que no le pertenece, pues tuvo que adoptar la identidad del sujeto a quien se llevaron “en su lugar”. De forma ilegítima, Marvin desapareció…Y luego de ponerse de pie frente a las vías del tren, preguntó:

Yo vengo de allá. Yo me salvé, mírame. A mí me llevaron a matarme. Me enseñaron las fotos de cómo los ponen y cómo los dejan. A mí me dijeron mira, así vas a quedar. Pero mira, aquí estoy, si no me hubieran llevado allá a sus altares. Ellos allá llevan los huesos de los santitos, por eso es que nos dicen santitos, porque nos convierten en santos. ¿Tú sabías que ellos tienen altares?

En ese sentido, el investigador de organizaciones religiosas emergentes en México Arturo Fabián Jiménez, considera que la Santa Muerte está vinculada de manera directa a lo que él denominó “cinco categorías”: la religión católica, la santería, los ángeles y las creencias prehispánicas; sin embargo, es en su asociación con el satanismo o la magia negra en donde se hace uso de restos humanos para “cuestiones de brujería” ya que, hasta el momento, no hay conocimiento de su relación con las creencias denominadas prehispánicas; sería “un hallazgo el que encuentres tú restos humanos en un altar a la Santa Muerte pero dentro de un culto prehispánico, y precisamente asociado al crimen organizado”.

El experto aseguró que, no obstante, lo que “está en juego” en este tipo de culto asociado a la brujería no es la “capacidad que tiene la Santa Muerte”, sino creer en la persona que te hará el trabajo, pensar que realmente será efectivo. Aseveró que no todos los tipos de culto a la Santa Muerte están relacionados con lo negativo, pues hay “asociación a cuestiones positivas”; incluso dentro del crimen organizado, pueden rendirle culto a la Santa Muerte para protección de sus hijos o en un embarazo en riesgo ofrecer al bebé, “eso hacen las familias”.

“Entre los devotos a la Santa Muerte se encuentran policías y criminales por igual, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan los levantones”, escribió el antropólogo José Carlos G. Aguiar en una publicación para Aristegui Noticias. Paradójicamente, aunque la niña blanca “no hace milagros, tira paros”, y pareciera no hacerlos por igual. Sin respaldo, los migrantes se ven obligados a formar redes de relación con las pandillas, aquellas por las que, en muchos de los casos, abandonaron su país de origen.

“El migrante es visto como un signo de pesos, alguien a quien se puede explotar laboralmente, sexualmente y económicamente”, dice el encargado diocesano de Movilidad Humana de la Diócesis de Cuautitlán, el padre Horacio Robles Cedillo. Bandas que buscan ganar territorio presionan al migrante con el pago de derecho de piso, “acostumbrado mucho en países centroamericanos”, o al menos eso es lo que le platicaban los migrantes en su estancia como director de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de 2015 a 2017. El padre Horacio Robles recuerda que la zona en Tultitlán donde se ubicaban las instalaciones era peligrosa, “había autos raros”.

No obstante, al realizar su traslado al municipio de Huehuetoca, “se continuó escuchando de los polleros y aledaño al lugar de casas de seguridad”; este cambio de ubicación geográfica no determinó el cese de las agresiones contra migrantes, por el contrario, éstas se expandieron y potenciaron. Según su testimonio, consideró que para los vecinos resultó difícil “que llegaba el pollero o el que quería secuestrar o extorsionar al migrante en esa zona, por lo que la presión de la comunidad se debió más que a las personas migrantes”, a los “actores negativos” que provocaron ese conflicto.

La casa a cargo de la Diócesis de Cuautitlán se encontraba ubicada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, pero tiempo más tarde, y debido a los

conflictos con la población de la zona, tuvo que cerrarse el 10 de julio de 2012. Posteriormente se le trasladó al municipio de Huehuetoca, a kilómetro y medio de la Presidencia municipal, en una región poco poblada, frente a las vías del tren, donde actualmente opera bajo las estrictas medidas de salud que exige la pandemia por covid-19.

Sin embargo, luego de que entre 2008, 2009 y 2010 el flujo era de hasta 300 migrantes por día, hoy la cantidad oscila de entre 10 a 30 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su reporte 2020, como resultado de las actuales medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, los migrantes se encuentran en una serie de situaciones precarias, restricciones a la movilidad relacionadas con las medidas de seguridad sanitaria, el desalojo de los refugios seguros, personas varadas en centros de detención y, finalmente, la exposición de las personas migrantes a contraer covid-19.

Finalmente, sobre las vías de “la Bestia” y esta vez con la cabeza descubierta, Marlon Josué se despidió de la entrevista con un choque de puños y asentando con la cabeza; en sus ojos se reflejaba todo, menos tranquilidad.

Al ingresar al territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a situaciones como las que los hicieron huir de su país, pero con la diferencia de que en México se ven obligados a integrarse a las filas de las pandillas para sobrevivir. Se convierten en sicarios y burreros; soldados al servicio de los cabecillas de la MS que han logrado pactar con las organizaciones criminales más grandes de México, aquellas que se extienden en la búsqueda de nuevas plazas, que los posicionan como nuevos “sectores económicos”. Al igual que una gran empresa , los carteles de la droga diversifican sus actividades y se incluyen cada vez más a fondo en la “cotidianeidad” del México actual.

*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

 

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