Aumenta el abuso sexual en Sinaloa: mujeres y menores de edad, las principales víctimas

Texto y foto: Alejandra Figueroa/Revista Espejo

Lunes 22 de Julio 2024

Chilpancingo


Culiacán, Sinaloa.- Los delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad y mujeres han ido en incremento durante los últimos años en Sinaloa, según datos recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). Sin embargo, las autoridades han señalado que más que un aumento de casos, es un incremento en la cultura de la denuncia.

La información de la FGE indica que los casos de abuso sexual donde las víctimas son mujeres van a la alza, pues en 2021 se registraron 371 casos, pero este número aumentó a 450 en 2022 y a 488 en 2023. Hasta el mes de junio del 2024 ya se han reportado 275 casos, lo que sugiere que este año podría superar los registros si la tendencia actual continúa.

Una situación similar ocurre con el delito de violación donde las víctimas son mujeres. Según la Fiscalía, en 2021 se reportaron 284 casos de violación, en 2022 el número creció a 319 y en 2023 a 331. Hasta la mitad de 2024, se han registrado 163 casos, lo que indica una tendencia similar a los años anteriores.

Por otra parte, de acuerdo a información del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en 2021 la Fiscalía recibió 300 denuncias por el delito de violación, en 2022 esta cifra incrementó a 346 denuncias y en 2023 volvió a incrementar a 369 denuncias ante la FGE.


Las principales víctimas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual son niñas, niños y adolescentes

Datos de la SESESP indican que de enero a junio del 2024, se han abierto 178 carpetas de investigación por el delito de violación, dentro de las cuales se han contabilizado 181 víctimas. De estas, 117 son víctimas de 0 a 17 años de edad, es decir, el 64%.

Durante este mismo periodo de tiempo pero en 2023, se abrieron 177 carpetas de investigación por el delito de violación y se contabilizaron 183 víctimas. De ellas,132 fueron menores de 18 años de edad, es decir, el 72.1% de las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes.

En el caso del delito de abuso sexual, se abrieron 297 carpetas de investigación entre enero a junio del 2024, con un total de 307 víctimas. De ellas, el 71%, es decir, 221, son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad.

Mientras que en 2023, el número de carpetas abiertas en ese mismo periodo de tiempo fue de 287, con un total de 307 víctimas. De ellas, 246 son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, es decir, el 80%.

No hay aumento de casos, hay mas denuncias, aseguran autoridades

María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres en Sinaloa (SEMUJERES) y Sara Bruna Quiñónez, Fiscal General del Estado (FGE), manifestaron que este incremento en las cifras no necesariamente refleja un aumento en los casos, sino una mayor disposición a denunciar.

De acuerdo con Tere Guerra, en años anteriores los casos de violencia sexual no se denunciaban, pero ahora gracias al esfuerzo de las autoridades se ha incrementado la cultura de la denuncia en Sinaloa.

“El grueso de los casos de violencia sexual no se denunciaba, hemos crecido, no descartamos que pueda haber también en ciertas áreas mayor incidencia, pero yo lo que creo es que hay sobre todo más denuncia”, dijo.

Por su parte, Sara Bruna Quiñónez, al ser entrevistada por medios de comunicación el pasado 5 de julio, previo a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Atención y Asistencia a Víctimas de los de Delitos de Trata de Personas, mencionó que se trata de un delito muy recurrente y un problema que siempre ha existido, pero ahora se visibiliza más gracias a la cultura de la denuncia.

“Es como la violencia familiar, siempre ha existido, mientras no se visibilizaba creíamos que no estaba, que eran casos esporádicos, pero es muy frecuente”, aseguró.

Guerra Ochoa y Quiñónez Estrada mencionaron que lamentablemente muchos de los agresores son parientes consanguíneos y los hechos ocurren dentro de los contextos familiares, donde el tío, el vecino, el abuelo o el padre son los violentadores.

“El tema lamentablemente de la violencia sexual en el grueso de los casos hemos observado que se trata de los contextos cercanos, estamos hablando incluso a veces dentro del contexto de familia, aunque no sean a veces directas se puede tratar cuando se trata de menores desde tíos, desde vecinos, hay un contexto cercano”, dijo Guerra Ochoa.

“Es un delito muy recurrente, por eso es que salen tantas vinculaciones y tantos procesos abreviados, porque es un delito muy frecuente. Muchos son niños y lo peor de todo es que son parientes consanguíneos los agresores, siempre son sus ascendientes, es una alerta para todos”, mencionó Quiñónez Estrada.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres mencionó que se ha trabajado para atender el delito de violencia sexual en Sinaloa, pues en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura se elaboró un protocolo que permite suspender de inmediato a cualquier docente involucrado en un caso de violencia sexual mientras se realiza la investigación pertinente.

Además, se han fortalecido los protocolos de la NOM-046, para asegurar que el personal de salud reporte los probables casos de violencia sexual a la Fiscalía, pues aunque muchas veces la familia no denuncia formalmente, sí llevan a los menores a una unidad médica para que reciba atención y este delito se persigue de oficio.

Sin embargo, dijo que hay áreas que necesitan mejoras para la atención de la violencia sexual. Por ejemplo, se requiere de más personal psicológico especializado en terapias para infancias violentadas sexualmente y más personal pericial en la Fiscalía preparada para abordar estos casos con una perspectiva de género e infancia, evitando la revictimización.

“Yo creo que hace falta más personal pericial que nos permita atender estos casos con una perspectiva no solamente de género, sino de infancia y evitar en un momento dado la revictimización”, dijo.

Tanto la Fiscal como la Secretaria de las Mujeres señalaron que es un tema que requiere la atención de la ciudadanía y gobierno, por lo que hicieron un llamado a las familias estar atentas y denunciar en caso de detectar un delito de esta índole

Acusan a madre de violencia familiar por denunciar que el padre de sus hijas abusó sexualmente de ellas

Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía:
25 de abril de 2022

Mónica Peyro, quien desde abril de 2020 denunció al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las niñas, no ha logrado alcanzar la justicia y ahora enfrenta una acusación en su contra y el riesgo de ser procesada.

La denuncia en contra de la mujer, de su hermano y de su padre es por violencia familiar y la interpuso el padre de las menores.

“El delito que se nos imputa es que salimos a medios e hicimos publicaciones en redes sociales denunciando el abuso sexual y la violación y pidiendo justicia para mis hijas y eso le causó a él (al padre) daño psicológico”, explicó Mónica Peyra, en entrevista con Animal Político.

Por esa denuncia de su exesposo, el martes 26 de abril tendrá que presentarse a una audiencia judicial, a las 9 de la mañana.

El lunes 11 de abril entregaron en la casa de sus padres un citatorio para que acudan ella, su padre y su hermano a la audiencia en el Cereso.

“No se nos notificó de esto antes, para conocer de la carpeta y hacer lo correspondiente, sino hasta que ya está judicializada, para darnos cita como imputados”, denunció Peyro.

La denuncia que interpuso el padre de sus hijas contra ella y sus familiares se turnó a un área llamada naturaleza específica, donde se atiende la violencia familiar pero cuando ya hay de por medio una agresión con alguna arma, lo que, asegura, no ha sucedido.

Mónica Peyro sostiene que esto es una represalia por haber hecho público el caso de agresión sexual contra las niñas y por señalar, incluso ante diputados en el congreso local de Durango, donde viven, que las autoridades han actuado para favorecer al presunto agresor por ser un destacado empresario del estado, y por los nexos políticos del padre de este.

“Incluso teniendo el dictamen de una médica legista que revisó a mi hija menor y determinó que la niña había sufrido penetración anal, el juez resolvió sobreseer el caso y el no ejercicio de la acción penal, porque según él la médica se había equivocado y los actos de molestia que referían las niñas respecto a su padre eran actos de amor”, dijo Peyro.

La víctima aseguró que denunció el caso en medios y redes sociales porque sentía que debía saberse la manera en que la justicia favorece al agresor.

“Mientras a mí me reservaron el acceso a la carpeta de investigación durante meses, a él le daban acceso, yo misma fui testigo de eso una vez que nos encontramos en el Centro de Justicia”, aseguro.

Lo que Mónica Peyro teme es ir a la cárcel pues no tiene confianza en las autoridades por todo lo que considera han sido actuaciones para favorecer a quien ella señala como el agresor de sus hijas.

“Falta que yo y mi padre; y mi hermano acabemos en la cárcel, cuando somos el apoyo principal de las niñas, y ¿qué va a pasar?, ¿se las van a dejar a su agresor? ¿Las van a institucionalizar?”

Animal Político solicitó una entrevista o una postura a la Fiscalía de Justicia del estado de Durango; sin embargo, a través de su oficina de comunicación, respondió que no puede dar detalles del caso porque es un tema en el que están como afectadas dos menores de edad, a quienes se les debe proteger.

Informaron que las carpetas siguen en proceso porque aunque hubo una determinación inicial de un juez, Mónica Peyro impugnó y, por lo tanto, el proceso continua. “Se sigue trabajando en las carpetas de investigación, es un proceso abierto, así que no se puede dar información”, señalaron.

En cuanto a la denuncia y la cita para la audiencia a Peyro, la oficina de comunicación subrayó que cualquier persona aunque esté denunciada, mientras un juez no emita un fallo condenatorio, también puede ser víctima de un delito, y en este caso el imputado también presentó una denuncia y será el juez quien tenga el fallo en esa situación.

Historia de un presunto abuso

En octubre de 2019, Mónica Peyro le pidió el divorcio a su entonces esposo. El 29 de noviembre de 2019, todavía viviendo todos en la misma casa, él pasó por las niñas a la escuela y no las regresó al domicilio familiar. Ese mismo día, el padre de las menores interpuso una demanda de divorcio y de custodia y patria potestad, “alegando que yo no estoy bien de mis facultades mentales, que siempre estoy dopada por eso, y que no he estado cuidando a mis hijas. En seis horas hábiles le otorgan a él la custodia, estando las niñas sustraídas y fuera del estado”, narró la madre.

Peyro interpuso la denuncia por sustracción de menores y acudió a la fiscalía a que le hicieran un examen psicológico y toxicológico, en el que resultó apta para el rol de madre, aunque con rasgos de depresión y ansiedad, pero por la desaparición de las menores. Mónica logró además comprobar con fotos y videos que ella siempre ha vivido con sus hijas y las ha cuidado.

Finalmente se vinculó a proceso al padre de las menores porque se declaró culpable y solicitó la suspensión, el juez se la concedió y Peyro solicitó al juez que le regresaran a sus hijas, a lo que le respondió que no lo podía hacer porque un juez familiar había otorgado ya la custodia al padre.

Mónica acudió con un juez penal para reclamar la custodia y se la otorgaron, por lo que junto con las autoridades, Peyro acudió a la casa de los abuelos paternos donde se supone que estaban las niñas, pero no encontraron a nadie.

Al día siguiente, sostiene Peyro, los abogadas del padre de las niñas buscaron a los de ella y les dijeron que Mónica podía volver a ver a sus hijas si firmaba un convenio.

“Negociaron con mis hijas porque en ese convenio yo tuve que renunciar a la casa familiar, entregar el automóvil, renunciar a la manutención, él solo se comprometió a solventar sus estudios, actividades extra escolares y gastos médicos; tuve que aceptar una custodia compartida, con cuatro días con él y cuatro días conmigo y los periodos vacacionales equitativamente repartidos”.

Fue en ese periodo en que Peyro empezó a notar cambios en el comportamiento de sus hijas, que la hicieron sospechar de un probable abuso sexual. El 17 de abril de 2020, ella presentó una denuncia por este delito contra quien resulte responsable.

Sin embargo, hasta que una médica legista certificó que la menor de las niñas tenía signos de una penetración anal  interpuso la denuncia por violación, el 11 de agosto de 2020, contra el padre de sus hijas porque una de ellas lo señaló directamente.

Fue esa denuncia en la que un juez resolvió que la médica legista se equivocó y que lo que las niñas referían no eran más que “actos de amor de su padre” e hizo el sobreseimiento y el no ejercicio de la acción penal.

Una renuncia sorpresiva

A mediados de marzo de 2022, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que aceptaba la renuncia al cargo presentada por la hasta entonces fiscal general del estado, Ruth Medina, después de que se hicieran públicas denuncias por casos de impunidad en violencia sexual contra mujeres.

Por esas denuncias, el congreso estatal citó a comparecer a la fiscal, pero en lugar de acudir a la comparecencia, presentó ese día su renuncia. Quienes sí se presentaron ante los legisladores fueron víctimas y familiares de víctimas de violencia sexual, entre ellas Mónica Peyro, quien expuso el caso de sus hijas.

“Ese mismo día yo les dije a los legisladores que esperaba una represalia por todas las denuncias públicas que yo estaba haciendo y por hablar ante el congreso, pero no me esperé que llegará en forma de una denuncia penal por violencia familiar en mi contra, de mi papá y de mi hermano, y de verdad que ante la actuación que han tenido las autoridades, temo terminar en la cárcel”, señala Peyro.

‘Un niño nunca olvida un abuso’: piden a Suprema Corte que delitos sexuales contra menores no prescriban

Este miércoles 19, la Primera Sala de la Suprema Corte decidirá si atrae o no la discusión sobre si los abusos sexuales en contra de menores pueden prescribir.


 

Texto: Manu Urueste / Animal Político

Fotografía:

19 de enero de 2022

 

Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si atrae o no la discusión acerca de si los delitos sexuales en contra de menores pueden prescribir. De atraer la discusión, entonces la Corte deberá someter el asunto a una posterior revisión a fondo para emitir una postura al respecto.

La solicitud de atracción 462/2021, que fue turnada para su estudio a la ministra Margarita Ríos Farjat, surge a partir del caso de una niña de 9 años que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato.

Los abusos habrían tenido lugar entre febrero y marzo de 2018, pero debido a los impactos psicológicos que sufrió la menor, ésta no verbalizó los hechos hasta dos años después, en 2020, cuando finalmente sus padres interpusieron la denuncia ante la Fiscalía guanajuatense.

Por este caso, un juez de León giró una orden de aprehensión en contra de Roberto ‘N’, el presunto agresor. Sin embargo, la defensa de éste interpuso un amparo para tratar de evitar la detención alegando que el delito ya había prescrito.

El abogado defensor de la menor, Moisés Castillo, expuso que actualmente el Código Penal de Guanajuato prevé una pena máxima por abuso sexual de tan solo dos años. Por lo que, debido a que a la denuncia por la agresión fue interpuesta dos años después de los hechos, y la pena máxima es de dos años, el delito a perseguir ya habría prescrito. Y aunque en noviembre de 2020 se llevó a cabo una reforma al artículo 123 del Código Penal que establece que este tipo de delitos ya no pueden prescribir tampoco en el estado de Guanajuato, los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se llevara a cabo esa reforma. De ahí que la defensa del imputado se aferra a la caducidad del delito para evitar la detención.

Al entrar a discutir de fondo el asunto, el juez resolvió el 30 de abril de 2021 negar ese amparo argumentando que, si bien el delito había prescrito según lo establecido en el Código Penal de Guanajuato antes de la citada reforma de noviembre de 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los delitos cometidos en contra de menores no pueden prescribir.

Sin embargo, la defensa de Roberto ‘N’ interpuso un recurso de revisión en contra de esta decisión, que le tocó analizar al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, mismo que el 2 de septiembre pasado decidió turnar el caso a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que este miércoles 19 decidirá si atrae o no el asunto para su discusión.

El abogado Moisés Castillo subrayó en entrevista que aunque con la reforma reciente al Código Penal de Guanajuato el delito de abuso sexual ya no puede prescribir, es de “vital importancia” que la Suprema Corte entre a analizar a fondo el caso, pues de atraerlo y pronunciarse a favor de la no prescripción estaría sentando un precedente jurídico “histórico” en todo el país, que “cerraría por completo” la puerta en otros estados a que más agresores puedan alegar la caducidad del delito.

Por el momento, aunque este miércoles la decisión únicamente versará sobre si la Primera Sala de la Suprema Corte entra o no a la discusión del tema, el abogado dijo que por tratarse de un asunto “de extrema importancia” espera que la Corte lo atraiga y que, además, “lo eleve al Pleno de la Suprema Corte” para que los 11 ministros lo discutan ampliamente.

Incluso, Castillo dijo que también espera que la discusión del tema en la Corte también pueda servir para iniciar otra en el legislativo de Guanajuato, para que los diputados estatales revisen la pena máxima de dos años de cárcel en esta entidad por abuso sexual, cuando en otras entidades, como el Estado de México, se castiga hasta con 15 años.

“Una de nuestras intenciones es también modificar la pena para este delito. Queremos llevar el caso también hasta el Congreso del Estado”, recalcó el letrado en entrevista.

“El abuso sexual nunca prescribe en la mente del niño”

Madres, padres, y familiares de menores víctimas de abuso sexual dijeron a este medio que irán este miércoles a las inmediaciones de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, para exigir a los ministros que atraigan el caso.

“Ojalá que la Suprema Corte atraiga el caso y vote a favor de la no prescripción de los abusos sexuales a menores”, apuntó en entrevista Carlos Alfonso Navarro, padre de un niño de ocho años que también denunció ser víctima de abuso sexual de Roberto ‘N’, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido luego de que se girara otra orden de aprehensión en su contra por este caso.

“Si el abuso sexual no se olvida ni prescribe nunca en la mente de un niño, ¿por qué debería hacerlo el delito?”, cuestionó por su parte el señor Juan, padre de una menor que también denunció un caso de agresión sexual distinto.

“Este caso de Guanajuato significa mucho para muchos niños en todo el país porque se abre una puerta a que tengan justicia más allá del tiempo que pasó de la agresión”, agregó el padre de familia, que criticó que los jueces no entienden que, en muchos casos de violencia sexual, los menores pueden tardar años en verbalizar los abusos, y por eso le restan credibilidad a su testimonio.

“Este tipo de delitos no pueden prescribir nunca -hizo hincapié el hombre, que pidió proteger su identidad y la de su hija menor-. Los niños se tardan mucho en hablar porque es un proceso muy doloroso y complicado, y hay veces que hasta se mueren y no lo verbalizan por miedo. Por eso, este caso es una gran oportunidad”.

La psicóloga María del Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la organización civil Guardianes, dijo que, en efecto, un mecanismo de defensa de las menores víctimas de abuso es tratar de olvidar lo sucedido, debido al dolor y al sufrimiento que les generan los recuerdos. De ahí que muchos menores puedan verbalizar los hechos hasta años después, algo que deberían de tener muy en cuenta los juzgadores que analizan este tipo de casos.

“Actualmente, las leyes en México están hechas de una forma no empática ni conectada con las necesidades de los menores víctimas de abuso”, criticó la psicóloga.

“Se tiende a minimizar todo lo relacionado con el abuso infantil; se ve como algo chiquito, cuando, si pusiéramos en el centro de todo el interés superior de los niños, nos daríamos cuanta de que esa es la etapa mas importante en el desarrollo de una persona porque se está estructurando su cerebro y se está formando su personalidad”.

De ahí, subrayó la psicóloga, la importancia de que se siente un precedente jurídico que evite que haya entidades donde el delito de abuso sexual infantil pueda quedar sin castigo.

 

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