Precariedad y pobreza enfrentan las víctimas de la violencia en Guerrero

Texto: Beatriz García

Foto: José Luis de la Cruz / Archivo

15 de junio de 2021

Chilpancingo

 

Sortear la vida con 2,000 pesos al mes a lado de dos hijos y ser víctima de la violencia es un calvario. Regina Cervantes Teopatzin sabe cómo es vivir así, luego de la desaparición y asesinato de su esposo, el hacerse cargo de dos menores y buscar justicia.

 

Regina Cervantes Teopatzin es originaria de Zitlala, tiene 34 años, y el 8 de marzo del 2015, su esposo Roberto Zapoteco Chinito desapareció en una base del servicio público.

 

Por la desaparición de Roberto, Regina, interpuso una denuncia formal. Dos meses después, Chilapa fue sitiado por hombres armados durante cinco días, donde se denunció la desaparición de unas 30 personas, y ahí las familiares víctimas de los desaparecidos se unieron y se conformó el Colectivo Siempre Vivos, al que se integró Regina. Ahí empezó su lucha por buscar a su esposo.

 

Tres años después, luego de que le tomaron una muestra de ADN, un 24 de diciembre, del 2018 le avisaron que el cuerpo de su esposo fue hallado. Pero ahí su lucha no terminó, porque a su cargo quedaron su hijo y la sobrina de su esposo, pues él se hacía cargo de ella.

 

Actualmente Regina busca justicia por su esposo, su sobrina, su hijo y ella, en compañía del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).

 

Regina contó cómo es vivir con un salario raquítico y el apoyo de 2, 000 pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado le dan, cuando Roberto era el principal sustento de su hogar.

 

Ella no sabe si está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Solo sabe que le dan un apoyo del gobierno. Le dan mensualmente 2,000 pesos, según para productos de la canasta básica.

 

El Renavi es la unidad administrativa de la CEAV, encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, así lo describe el gobierno federal en su página web oficial.

 

-¿Estos 2,000 pesos le alcanzan para subsistir?- se le preguntó a Regina.

 

-No, la verdad es un apoyo, no nos alcanza para nada, son 2,000 pesos para 30 días y dos chamacos- respondió la mujer

 

“Yo tengo que trabajar, la verdad, trabajo en el campo. Ahorita que es tiempo de lluvias sembramos”.

 

En un día Regina gana 70 pesos y ese dinero lo hace alcanzar para completar los gastos de la casa.

 

Afortunadamente Regina no paga renta, pero sí servicios como luz y agua, y leña que es con lo que cocina, y que es más económico que usar estufa de gas.

 

“La verdad son muchas necesidades, yo con dos (hijo y sobrina) imagínese cuántos gastos. Otras personas tienen muchos hijos, es mucho gasto”, insistió.

 

A veces se ve en la necesidad de llevarse a trabajar a su hijo y su sobrina al campo, aunque ambos estudian, el niño entrará a la secundaria este año y la joven va a la preparatoria.

 

Regina, también siembra su propia cosecha como maíz, frijol y calabaza, en terrenos prestados o rentados. Con esto se ayuda en la alimentación de sus hijos, como ella llama a ambos menores a su cargo.

 

Manifestó que junto con otras víctimas y apoyo de los defensores de derechos humanos del Centro Morelos están buscando que los hijos de víctimas de la violencia reciban apoyos.

 

“Es lo que estamos pidiendo les otorguen una beca, nosotros quisiéramos que les otorgara el gobierno becas especiales a cada hijo, que no fuera cada dos meses si no que fueran cada mes aunque sea”, expresó.

 

Regina pidió a las autoridades poner atención a quiénes les dan los apoyos gubernamentales, porque sabe que hay niños y jóvenes a quienes les dan becas y son hijos de profesores, y los hijos de víctimas no son tomados en cuenta. Incluso su sobrina no tiene la beca federal de estudiante Benito Juárez.

Vivir en la precariedad

Son diversas las precariedades que enfrentan las víctimas de la violencia, hijos, esposas y padres, no solo económicas si no también emocionales.

 

Luego, las instancias gubernamentales encargadas de velar por ellas no se coordinan, actúan lento y los apoyos que ofrecen son raquíticos.

 

“Las autoridades del Estado se distinguen por no hacer nada, al contrario, entran al juego del negocio turbio, sin que les importe cientos de miles de víctimas. En materia de derechos humanos estamos por los suelos, pues las propuestas de crear nuevas instituciones nos lleva al mismo resultado si no hay voluntad política para resolver los más básicos derechos o ayuda humanitaria a las víctimas directas e indirectas de desaparición y desplazamiento, menos van a solucionar temas de acceso a la verdad y justicia para las víctimas”, escribió en un comunicado la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra.

 

En el mismo comunicado, la también abogada del Centro Morelos, dijo que en Guerrero se cuenta con una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que forma parte del Sistema Nacional de Búsquedas que tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, pero que funciona a cuenta gotas y por presión de los colectivos de familiares víctimas.

 

La abogada enlistó instancias gubernamentales como la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado y leyes como la Ley 487 para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno, que enmarcan el derecho de las víctimas, pero aún con su existencia los resultados son nulos.

 

“La CEAV Federal otorga más de cuatro mil seiscientos pesos mensuales de apoyo para la alimentación, la de Guerrero solo aporta dos mil pesos y para ello se tuvo que tomar sus instalaciones en Chilpancingo para que otorgará esa cantidad, esto es parte de la revictimización (sic)”, se lee en el escrito.

 

Hace unos días una víctima, a quien le desaparecieron a su hijo y que teme por su vida, reveló lo mal que se sentía anímicamente mientras no paraba de llorar, porque además de estar desplazada por amenazas, su hijo no aparece, pero a raíz de todos estos problemas tiene otro hijo sumido en el alcoholismo.

 

Este jueves, Teodomira Rosales informó que el pasado miércoles, el desplazado de la violencia del 2018 en la sierra de Leonardo Bravo, más longevo, de 94 años, murió víctima de un derrame cerebral.

 

“Vivió los últimos dos años con nueve meses con la ilusión de poder regresar a su tierra, la nostalgia y la tristeza lo embargaba, añorando los campos y los bosques donde era libre, donde había formado su familia y su patrimonio, sin imaginar que algún día la ambición de algunos hombres lo sacarían de sus tierras”, señaló la abogada.

 

En un documento que circuló la directora del Centro Morelos dijo que, así como cuando ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ahora con la candidata electa por el mismo partido Morena, Evelyn Salgado Pineda, las víctimas tienen la esperanza de que se solucionarán los problemas de inseguridad y retornarán a sus casas.

 

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