Con compromisos a medias de la gobernadora, habitantes de Cochoapa el Grande levantan plantón

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.

“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.

“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.

García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.

“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.

En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.

Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.

Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.

“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.

El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.

“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.

Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.

La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.

El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.

Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.

Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.

Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.

 

Grupo armado ataca a balazos a jugadores de softbol en Zihuatanejo

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

Chilpancingo

El equipo de softbol Sub-25 de Tamaulipas que participó en un torneo nacional en Zihuatanejo, destino turístico de la Costa Grande de Guerrero, fue atacado a balazos por un grupo armado la tarde de este domingo.

El hecho se registró en el punto conocido como La Salitrera, a la salida de Zihuatanejo. Las personas armadas dispararon contra la camioneta Van blanca en que viajaban 22 jóvenes; durante el ataque los jóvenes salieron por donde pudieron de la unidad y se escondieron en la maleza.

Habitantes de Zihuatanejo informaron que en el ataque ninguno de los deportistas resultó herido.

El torneo de sóftbol empezó el pasado jueves 25 y concluyó este domingo 28; al terminar su participación regresaría a Tamaulipas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los individuos que atacaron a los 22 jóvenes del equipo de sóftbol viajaban en vehículo color guinda que después se dieron a la fuga.

También detalló que después del ataque arribó personal de la FGE y constató que en una de las dos camionetas tipo Van color blanco en que viajaban tenía los huecos de arma de fuego en el neumático delantero, del lado del conductor, y otro más a un costado del neumático trasero.

Reportó que en este lugar hablaron con Jorge Alberto “N”, quien dijo ser encargado de los deportistas. Él les comentó que al momento de la agresión viajaban con 22 jóvenes; se disponían regresar a su lugar de origen, Tamaulipas, cuando una camioneta color guinda los interceptó y desde ahí les dispararon.

Quien conducía la camioneta se detuvo forzado por los neumáticos dañados, y los jóvenes salieron de las camionetas y se refugiaron en la maleza.

La FGE reportó que integró una carpeta de investigación por esos hechos.

Después de las ocho de la noche de ayer, agentes de la Policía Estatal, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, brindaron seguridad durante el traslado a los afectados desde la ciudad de Zihuatanejo a la localidad de Bajos del Ejido y, después, a Acapulco, donde tomaron un vuelo este lunes 29 de mayo hacia Tamaulipas.

La FGE informó que personal de seguridad federal y estatal realizaron labores de búsqueda para dar con los agresores sin obtener resultados positivos.

El grupo de afectados no quiso interponer ninguna denuncia por la agresión.

De acuerdo con versiones de empresarios y ciudadanos de Zihuatanejo en el tramo carretero donde fueron agredidos los 22 deportistas está asentado un grupo criminal que instalan retenes de vigilancia y detienen a los automovilistas, a quienes despojan de sus pertenencias y a veces hasta agreden a balazos.

Ataque armado contra agentes en Zihuatanejo

Este lunes, hombres armados atacaron a tiros a una patrulla de policías estatales cuando realizaban un rondín por la colonia El Barril, en Zihuatanejo.

Según un reporte policiaco ningún agente resultó herido, pero contestaron la agresión a los delincuentes, quienes se rindieron, y los elementos detuvieron a dos hombres y una mujer que se identificaron como Pedro “N”, Alberto “N” y María Guadalupe “N”.

A los agresores les aseguraron un vehículo marca Honda, tipo CRV, con placas de circulación del estado de Guerrero, así como una motocicleta Italika.

 

Normalistas bloquean por tres horas entradas a Palacio de Gobierno; piden plazas y material didáctico

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.

El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.

Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.

El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.

Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.

A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.

Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.

Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.

 

«Prácticamente nos esclavizó»: mujeres migrantes agrícolas hacen frente a injusticias

17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria. Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), único que sobrevive y destinado únicamente a la migración internacional. 


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Tlachinollan

 

Sin que parezca siquiera percibirlas, las moscas atestan sus pies descalzos. Inmóviles, como el resto de sus piernas, permanecen apoyados en unas sandalias de plástico. Hace casi tres meses que ‘Carolina’, a sus 27 años, no tiene movilidad en sus extremidades inferiores. Un día, trabajando en el campo, la sorprendió un dolor en la cintura hasta que ya no pudo levantarse. Sin seguro social, su esposo y su papá siguen trabajando prácticamente para pagar las cuentas médicas.   

‘Carolina’ y su familia nuclear viven en un cuarto de dos por dos metros, en el último rincón de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa —a unos 40 minutos de Mazatlán—. Adentro solo hay un colchón, utensilios de cocina y un par de arpillas con algunos productos del campo, más unas cuantas sillas. En un metro cuadrado más, sin techo, está el baño. ‘Carolina’ bebe un poco de té y caldo en silencio, y espera con resignación. 

Por el cuarto, un arrendatario que vive en Mazatlán les cobra 2 mil 500 pesos al mes. La cuenta del doctor particular, que no dio un diagnóstico certero ni mejoró el estado de ‘Carolina’, llegó a más de 8 mil pesos. También hay que pagarle 100 pesos diarios a un policía de tránsito para llegar al sitio donde su esposo y su papá encuentran a un empleador diferente cada día. 

En la región sur de Sinaloa, a diferencia de otras sindicaturas cercanas a Culiacán, como Villa Juárez y El Dorado, así es la dinámica para trabajar en el campo: de entrada por salida, cada día “cachar” la mejor oferta entre los empleadores que se congregan muy temprano en el estacionamiento de un supermercado a la entrada del poblado, con la única expectativa de llenar seis o siete arpillas —a 25 pesos cada una—. Si les va bien, ganan 200 pesos por la jornada.

“Estamos trabajando y estamos comprando medicamentos; es mucho dinero, se ha gastado mucho. Aquí casi cada quien trabaja por su cuenta nada más… los tres o cuatro meses que estemos aquí, nada más un día con un empleador y otro día con otro”, dice ‘Arturo’, esposo de ‘Carolina’, cuyos nombres han sido cambiados porque prefirieron dar su testimonio bajo anonimato.

Después de un rato, ella se anima a participar brevemente en la conversación. Desde los 16 años conoció el trabajo en el campo migrando junto con su familia. Ahora que enfermó, lo que más le duele son los pies y todavía no puede levantarse sola; su esposo y su papá le ayudan. No tiene mucha fuerza e incluso siente calambres cuando quiere pararse. Cuenta que un día, después de llegar del campo, ya no pudo caminar bien. 

Su papá relata que incluso han tenido que pedir dinero prestado, y eso solo para pagar las cuentas. A sus 62 años, ha trabajado desde los 15 en el campo. Vive en una casa a pocos metros de distancia, donde habitan cuatro adultos y tres niños, por la que pagan 3 mil 500 pesos mensuales. Igual que ‘Carolina’ y ‘Arturo’, además hay que pagar los servicios y la “cuota” del policía de tránsito. Un lunes, mientras casi anochece, su esposa cocina solo con leña al aire libre. 

 

Esa es la “mejor” vida que la familia fue a buscar a Sinaloa cuando decidió migrar desde Lindavista, municipio de Tlapa, en la montaña guerrerense, porque “allá no hay nada que hacer”, dice ‘Arturo’. La migración desde las comunidades de Guerrero es familiar —cada temporada o algunas veces de manera definitiva, viajan padres, madres e hijos juntos—, pero el papel de las mujeres ha permanecido invisible por décadas. 

 

En México, 17 de cada 100 personas que laboran en el campo son mujeres, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, del Inegi. En Estados Unidos, llegan a representar hasta el 32%, de acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, en los últimos seis años no han alcanzado ni el 3% de registro en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) —el único que sobrevive y destinado solamente a migración internacional—, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para trabajar fuera del país, también son solo un 3% las que acceden a las visas de los programas temporales para trabajar en EU que tienen las mejores condiciones. Aun así, cuando las circunstancias lo permiten, son ellas quienes sostienen el trabajo de cuidados, construyen comunidad en los lugares de destino e incluso han sido pioneras en denunciar las violencias y la discriminación que enfrentan en el campo.

“Ese proceso de feminización de la agricultura es muy diferente, una porque las mujeres no trabajan sus propias tierras sino las de los agricultores que las contratan, y otra porque a pesar de que ellas lo hacen y les gusta ese acercamiento con el campo, hay un cúmulo de violencias laborales que incluso en algún momento se normalizan”, explica Leonor Tereso Ramírez, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que trabaja con mujeres trabajadoras agrícolas en la sindicatura de Villa Juárez.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 46.1% de las mujeres que trabajan en el campo lo hace de manera no remunerada, mientras que de cada 100 productores, solo 17 mujeres son responsables de manejo y toma de decisiones en unidades de producción. 

De acuerdo con la experiencia de Leonor, las mujeres que llegan a darse cuenta de la violencia, no pueden hacer mucho frente a ella en contextos de precariedad laboral, que son mucho más complejos para quienes migran. Sin embargo, algunas han logrado levantar la voz incluso a nivel internacional. 

Maritza denuncia discriminación en el marco del T-MEC

Maritza es la primera trabajadora agrícola que, junto con Adareli, presenta una queja en contra del gobierno de EU, en el marco del T-MEC, por la discriminación de género en contra de las mujeres migrantes en programas de migración laboral temporal. La inconformidad se origina en la negación de trabajos, la asignación de roles con salarios más bajos y la exposición a violencias en sus lugares de trabajo.

Maritza, originaria de Veracruz, ha trabajado desde que tenía nueve años en diferentes empleos: niñera, trabajadora del hogar, comerciante o cualquier otro que se presentara para obtener algo de dinero. El 27 de mayo de 2018 fue la primera vez que salió del país para trabajar en el campo de manera temporal en EU. Fue por sus amigas que habían ido antes que contempló la posibilidad.

“Era pesada la labor de trabajar en campo, pero como yo estaba acostumbrada porque también he trabajado en fábricas… Al principio, no fue tan malo porque realmente donde vivo luego hago ese tipo de actividades, pero allá iba consciente de que iba a ser como nos dijeron ahí: 10 veces más trabajo, pero también mejor remunerado, aunque después me di cuenta que no era cierto”, cuenta en entrevista.

Unos minutos después, confiesa que la experiencia fue horrible desde el momento que pisó los ranchos de Alabama y Florida. “Llegamos, bajamos las maletas y nos dijeron ‘súbanse al camión porque ya vamos a empezar a trabajar’, todas emocionadas porque íbamos a empezar a facturar, como dice Shakira, íbamos a empezar a ganar dinero, pero ahí algo como que se quebró en el momento en que, ya arriba del autobús para irnos al trabajo, se sube un señor”, recuerda.

En el transporte, el hombre se presentó y les dijo que desde ese momento él era su patrón y el dueño de su vida y de todo lo que tuvieran. En ese punto, Maritza pensó que había ido a trabajar pero no a que la hicieran sentir como esclava. “Prácticamente nos esclavizó; en mi caso, por más de cinco meses”, lamenta. Maritza cumplió casi seis allá, en los que el sueño americano muy pronto se volvió pesadilla. 

No había equipo de protección personal para andar en surcos encharcados pizcando calabaza, chile morrón, tomate y pepino. Había compañeras de ella que, con los pies lastimados, no podían trabajar, y entonces tampoco les querían dar de comer. Trabajaban no de sol a sol, aclara Maritza, sino muchas veces desde antes de que saliera, y regresaban apenas para dormir, a las 10:00 u 11:00 de la noche. A veces, cumplían jornadas de hasta 12 o 15 horas.

Las camas donde dormían tampoco estaban en buenas condiciones. Había un solo baño portátil, que lavaban prácticamente una vez al mes, además de que solo podían usarlo entre 12:00 y 1:00 de la tarde, la hora de la comida, nunca antes. Aunque a las 6:00 de la mañana ya estaban trabajando, les llevaban agua casi hasta las 10:00. La comida era mala pero no podían dejarla, porque el empleador la cobraba a 4.26 dólares la consumieran o no. 

Algunas veces, ni siquiera les pagaban completo el sueldo, incluso una quinta parte de lo que realmente habían ganado. Con frecuencia, no entendían los recibos por completo, por las abreviaturas y las palabras en inglés. Maritza ganaba entre 150 y 240 dólares a la semana; trabajaba de lunes a domingo y frente a cualquier inclemencia del tiempo, incluso cuando les tocó un huracán.    

Además de los problemas generalizados, Maritza recuerda que los salarios no eran iguales para hombres y mujeres. A ellas les pagaban la caja o la cubeta de calabaza a 60 centavos, pero a los hombres se les llegaba a dar hasta un dólar. La intención de la queja, explica, ha sido pelear para que se vigilen las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos que los contratistas prometen en México. 

Aunque con miedo, está convencida de hay que atreverse a denunciar cuando hay maltrato y discriminación. Estando allá, confiesa, también vivió acoso. “Lo único que me faltaba era que me violaran o me mataran, porque a ese grado llegó este señor, de llegar a amenazarme con nuestras familias aquí en México, con tal de que nosotras no dijéramos nada. Era trabajo forzado, no nos pagaban, no nos daban de comer; de todo lo malo, imagínese lo peor”, dice Maritza.

A lo largo de su vida, ha vivido situaciones que, luego de callar, han terminado repitiéndose. En EU, un día finalmente pensó: “Esto no es normal”. “Yo sabía que iba a una chinga y a una friega, pero que por lo menos me la iban a pagar en 800 dólares a la semana… Hubo veces en que no pagaban; yo, a pesar de no haber tenido experiencia de lleno en el campo, me convertí en una de las mejores empacadoras y sembradoras”, cuenta. 

Cuando tomó la decisión de ir al trabajo temporal en EU, fue porque las oportunidades laborales en su entidad eran muy mal remuneradas. La posibilidad de hacer un trabajo pesado pero transitar de pesos mexicanos a dólares fue una de sus principales motivaciones, pero la experiencia terminó definitivamente con cualquier ánimo de volver. De regreso en Veracruz, ahora se dedica a su hogar y al comercio.

“Llegamos a renunciar también, para que nos regresaran a México, y no nos aceptó la renuncia, nos dijo que no. Entonces, ya prácticamente a partir de ahí si ya estabas esclavizada, date por enterada que realmente estás en esas condiciones. Cuando una amiga me dijo que tenía un número (para denunciar), me acordé que estando en Matamoros, un señor me dio unos trípticos y me dijo que llevara un diario de todo lo que viviera, y eso hice. Cuando me decido a hablar, con miedo, es porque ya no aguantaba la situación”, relata Maritza. 

Aunque inicialmente esa llamada quedó en un número de folio, después se convirtió en la queja que aún está a la espera de alguna respuesta. El documento describe que a las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola en EU, solo alcanzan un 3% de las visas H2A.

“La exclusión y discriminación son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2 son con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B, que no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita o servicios legales financiados con fondos federales”, denuncia la queja.

Desde 2016, el Centro de los Derechos del Migrante, a partir de la documentación de años de discriminación hacia mujeres migrantes en programas de trabajo temporal —que se extiende a todas las industrias y tipos de visa— había presentado una queja en el marco del TLCAN. Por mucho tiempo no hubo respuesta, sino hasta un día antes de que entrara en vigor el T-MEC, y era solo un reporte que afirmaba que el gobierno estadounidense contaba con medidas para protegerlas de la discriminación.

Ese fue el impulso para presentar la queja que hoy sigue vigente. A diferencia del tratado anterior, ahora el tema laboral está incorporado dentro del T-MEC, y se menciona explícitamente la protección de personas trabajadoras migrantes y los derechos de las mujeres. Su importancia radica en que es un antecedente para establecer que el tema se está tratando con la seriedad con la que ambos gobiernos han prometido que se va a tratar, explica Evy Peña, directora de campañas del CDM.

Los hijos sepultados en el campo que no se cuentan

De vuelta en el campo mexicano, además de las mismas y peores condiciones y carencias que viven en EU, las trabajadoras agrícolas se enfrentan también a la posibilidad de que sus hijos mueran por enfermedad o accidente. Los recientes casos de 11 menores de edad hospitalizados y siete fallecidos en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, son solo la cara más visible de un fenómeno que con frecuencia queda oculto. 

En Villa Unión, Mazatlán, los propios trabajadores han sabido de cuatro niños que fallecieron de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que solo se identifican por el vómito y la diarrea. Uno de ellos es el nieto de ‘Arturo’. Un día ya no pudo respirar bien. Según cuenta su abuelo, lo atendieron primero en Villa Unión y después lo llevaron a Mazatlán; más tarde, incluso a Culiacán. “No pudieron hacer nada”, lamenta.

‘Arturo’ lo llevó de regreso a Villa Unión —cuando no tenía dinero ni para trasladarlo—, solo para enfrentar el problema de encontrar un lugar para enterrarlo y poder asumir el costo. Llevarlo de regreso a Guerrero era un gasto aún más alto. Por menos de un metro, pagó cerca de 3 mil pesos para enterrarlo en Sinaloa, a unos kilómetros del cuarto que renta con ‘Carolina’ temporalmente. El bebé de siete meses falleció en febrero.

“Por la enfermedad y porque lo operaron, le pusieron la manguera aquí —señala su cuello— y le dieron una inyección de 24 horas para revivirlo; no pudieron y ahí se fue”, dice ‘Arturo’. Es el segundo bebé que se le muere a su hijo de 21 años: el año pasado, otro de apenas un mes falleció, por enfermedad, en un campo en Río Florido, Zacatecas, a donde también han ido a trabajar temporalmente.  

A finales de abril de este año, en la zona de El Dorado, a unos 30 minutos de Culiacán, en las viviendas que están en el interior de uno de los campos, una niña enfermó y falleció más tarde en el hospital. En ese mismo lugar, varios menores de edad han padecido diarrea y vómito —representantes de la empresa y trabajadores asumen que se trata de un rotavirus—, mientras que otra permanece hospitalizada. Ahí al menos hay seguro social.

En otros casos, aunque los niños supuestamente ya no trabajan, mueren en las conocidas como “cuarterías”, conjuntos de pequeños cuartos de dos por dos metros; en cada cuarto, una familia completa. La mayoría tiene apenas un colchón, algunos utensilios de cocina con una pequeña parrilla y, a veces, una televisión. De Guasave al Dorado y a Villa Unión, el problema es que están ubicadas fuera de los campos y pertenecen a particulares.  

 

Autoridades del trabajo en Culiacán han admitido que la falta de regulación y el vacío de responsabilidad son un problema para evitar el fallecimiento de niños. Hasta ahora, tampoco estas tienen atribuciones para tomar medidas en esos lugares de vivienda. Dicen tener la expectativa puesta en que un posible acuerdo previsto para los próximos meses entre los gobiernos de Guerrero y Sinaloa pueda cambiar los marcos regulatorios. 

Un lunes a finales de marzo, en Tlapa, corazón de la montaña guerrerense, Paulino Rodríguez Reyes habla sobre su labor de atención y acompañamiento a la población jornalera agrícola que migra de un estado a otro, y a otros países, en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Acaba de colgar una llamada con ‘Arturo’. Adelanta la historia del fallecimiento de su nieto y la imposibilidad de trasladarlo para sepultarlo en Tlapa, que él confirmaría después de viva voz en Sinaloa.  

Otro niño —dice— falleció también apenas un día antes de la conversación. En suma, de enero a marzo, Tlachinollan registró tres muertes infantiles. “Sobre todo ha estado sucediendo en esas zonas agrícolas, donde la familia llega a un lugar donde no hay guardería, albergue para las niñas y niños, tienen que rentar las casas particulares en malas condiciones, y tienen que llevar a sus hijas y a sus hijos a los surcos porque no hay dónde dejarlos; esa es una de las situaciones que hemos documentado que es constante”, señala. 

Hace un año, la organización también registró varios casos por homicidio en zonas agrícolas —principalmente donde se paga al día, con diferentes empleadores— de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, donde además opera el crimen organizado. El Estado debería garantizar los derechos laborales y la seguridad, subraya Paulino; cuando no lo hace, los dueños de las empresas abusan y explotan a las familias jornaleras, y ofertan condiciones que, ya estando en el terreno, resultan distintas.

Nada habla más de la impunidad de años en el fallecimiento de menores de edad que la historia de don Cruz y Agustina, originarios de Ayotzinapa, municipio de Tlapa. Ahora de 68 y 61 años, respectivamente, trabajaron por más de 20 en el campo. Hoy viven de manera definitiva en una casa de dos niveles en su comunidad de origen. Están sentados uno a cada lado de la ventana en el segundo piso; Agustina teje sombreros de paja, mientras don Cruz recuerda de manera pausada la historia que marcó a su familia 16 años atrás.   

Cuando empezaron a migrar a Sinaloa, su hijo Silvestre apenas gateaba; ahora tiene 23 años. Comenzaron en el corte de tomate, pepino y chile morrón, principalmente. El 6 de enero de 2007 llevaban también a su hijo David, de nueve años. Andaba con ellos recolectando jitomate en los surcos, porque en ese tiempo, “si aguantaban el balde, le entraban al trabajo”. Tropezó y el chofer de un tractor lo atropelló y falleció ahí mismo.

Al principio, la solución de la empresa fue que la pareja regresara a sepultar a su hijo en su comunidad de origen, incluso los llevaron. Les ofrecieron regresar una vez que levantaran la cruz. Estuvieron poco más de una semana en Ayotzinapa despidiéndose del niño, fueron de nuevo a Sinaloa y la empresa los volvió a regresar.   

Después, aun con miedo, decidieron demandar. Por un tiempo, don Cruz siguió migrando, pero en otra empresa, la de “los chinos”, como se le conoce a Buen Año. Aquella donde ocurrió el accidente nunca reconoció los errores del chofer. Con el tiempo, don Cruz y Agustina llegaron a tener siete hijos, y cada vez era más difícil llevarlos a todos a la temporada agrícola. Tampoco había con quién dejarlos, así que ella decidió quedarse en su comunidad. 

A sus gemelos más pequeños, de 14 años, prefirió meterlos a la escuela para darles otras posibilidades lejos del campo. “Ahorita no saben qué es el trabajo a donde van los jornaleros, no saben porque no han ido. Ellos no saben cómo se trabaja allá, cómo está allá en Sinaloa, cómo se sufre o qué es lo que hacen en el campo. Ellos no saben, nunca han ido, están estudiando”, dice Agustina.

El resto de sus hijos sigue yendo a Guanajuato y Sinaloa, por temporadas o de manera más definitiva. “Yo quisiera que no fueran, pero la cosa es que aquí no hay trabajo; uno tiene hijos y para salir adelante tiene que ir a trabajar porque aquí no hay. Ellos todavía tienen valor, y ganas, y están bien sanos”, dice Agustina. A ella y a su esposo, además, ya no los aceptarían por la edad.

En Ayotzinapa, siembran para su propia familia, pero no ganan nada. En tiempos más secos, Agustina teje los sombreros, pero advierte que no salen dos docenas por día, sino una o dos unidades. En su casa viven mejor. Uno de los aspectos que más recuerdan del campo es el hacinamiento de las familias en las viviendas. De la demanda, nunca supieron nada más. La empresa primero ofreció dinero, pero lo que ellos querían era el reconocimiento y la sanción de los hechos. 

Agustina le dice ahora a sus hijos gemelos: “Ustedes estudien, porque no creas que vas a ir allá (al campo) y no vas a trabajar, allá vas a sufrir porque desde temprano, a las 4:00 de la mañana, te tienes que levantar, y a estas horas no tienes tu salida, hasta las 7:00, 8:00 de la noche apenas, sol a sol. Ahora para que vayas y vengas, ya es noche; allá tienes que trabajar para que tengas, allá se sufre más, ustedes sabrán”. 

 

Para Margarita Nemesio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), esas historias de vida marcan, pero también reflejan la fuerza de las mujeres al tomar decisiones como la de Agustina: “Ahora ellos son los que toman la batuta, de alguna manera moderada, en su comunidad… Es muy importante cómo se construye el tejido a partir de esas decisiones, pero también de vivencias que les han hecho enfrentar cosas que a veces son impensables, y que marcan, sobre todo cuando la justicia nunca les llegó”.

Las mujeres que viven dificultades y violencias en el campo, cargando además con las tareas de cuidado y la búsqueda de justicia, lo hacen en un contexto general en el que los programas sociales destinados a este sector benefician a pocos trabajadores agrícolas —y a muchas menos cuando se trata de ellas—, las autoridades no verifican las condiciones laborales de las empresas y el abandono de sus comunidades de origen se perpetúa desde hace décadas.  

 

Protestan afuera de casa de la alcaldesa de Acapulco por niñas desaparecidas

Piden que López Rodríguez intervenga ante la FGE y ordenen una búsqueda pronta


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: 

Chilpancingo

 

Familiares de Gretel Sofía Cabrera Medina, de ocho años, y de Shyrley Estrella Arellano Salinas, de 14 años, ambas desaparecidas desde este sábado 27 de mayo, acudieron a la casa de la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a protestar para exigir su búsqueda y presentación con vida.

Los manifestantes arrancaron su marcha a mediodía de este domingo en la avenida Pie de la Cuesta y después llegaron a la Unidad Habitacional Taxco, donde se ubica la casa de la presidenta municipal.

Los familiares directos de Gretel pegaron carteles con su imagen en la puerta principal de la casa de la edil.

Jessica Medina Radilla, madre de Gretel, le exigió a López Rodríguez ordene la búsqueda de su hija. “La presidenta municipal es la máxima autoridad en Acapulco y que le pida a la Fiscalía General del Estado que tenga como prioridad la búsqueda de mi hija”, mencionó.

En el comunicado que emitió la FGE como parte de la alerta violeta se lee que última vez que se le vio a Gretel fue ayer sábado 27 de mayo; estaba acompañada por su prima Shyrley, quien es sobrina de Jessica Medina.

Jessica Medina contó que a las niñas se les vio por última vez en una tienda de conveniencia. En la ficha que circuló inmediatamente en redes sociales, al parecer una acción de la familia, aparece que la tienda en la que se les vio es la de la colonia Hogar Moderno.

En ese negocio Shyrley compró un “chip” de celular y se lo puso a su móvil para que, al parecer, no sea localizada vía telefónica.

Jessica mencionó en entrevista que se le hizo extraño que antes de salir de su casa, acompañada de su hija, su sobrina dejara las llaves de la puerta sobre la barra de la cocina y, además, tomara dinero de un bote.

La menor de 14 años, quien se hace cargo de los hijos de Jessica mientras trabaja, tenía dos meses de haber salido de una casa-hogar en Chilpancingo, en donde pasó un proceso de reintegración familiar.

Jessica Medina contó que apenas hace una semana su esposo le compró a Shyrley un celular al que ahora le cambió su “chip”. Plantea la posibilidad de que ella se haya llevara a su hija.

Durante la protesta, ocurrida después del mediodía de este domingo afuera de la casa de la edil Abelina López, llegó una patrulla de la Policía Municipal con varios agentes. Este grupo de policías pertenecen al equipo de seguridad de la edil morenista.

López Rodríguez no estaba en su domicilio cuando ocurrió la protesta.

“Estamos exigiendo que la Fiscalía busque a mi hija porque ya interpusimos la denuncia desde este sábado y no hay ningún resultado”, agregó la madre de Gretel.

 

Con matrimonios igualitarios comienza la enmienda de una deuda histórica a poblaciones LGBTI+

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Andrew López / Cromática, agencia fotográfica y multimedia 

26 de mayo del 2023

Acapulco

 

La historia de Sergio y Adolfo comenzó hace 56 años en la Ciudad de México. En una época difícil para las poblaciones LGBTI+.

Se conocieron en una fiesta, desde ese momento sintieron atracción. Después de conocerse por unos meses iniciaron una relación sentimental.

Al principio ocultaron su relación porque, para ese tiempo, «la sociedad no los quería reconocer».

«En aquel entonces tenía uno que ocultarse y mantener la relación viva», menciona Sergio.

Para ocultar su relación, ambos optaron por decir que eran primos. «Recurrimos al mejor recurso que había, mi primo, decíamos mi primo y la gente ya no preguntaba», agrega.

Ese recurso les permitió salir sin ser juzgados.

Después de un tiempo, Sergio, originario de Ciudad de México, y Adolfo, de San Luis Potosí, decidieron vivir juntos y se mudaron a este puerto, donde llevan 26 años.

Una de las principales fortalezas para mantener su relación es la compañía y el apoyo mutuo.

Ahora Sergio tiene 85 años y Adolfo 81, en sus 56 años como pareja no habían formalizaban su relación, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad hasta hoy.

“Nos tardamos un poco en formalizar nuestra relación, ya deberíamos tener hasta nietos», comenta Sergio.

Sergio y Adolfo fueron una de las 15 parejas que formalizaron su relación en la primer ceremonia de matrimonios igualitarios en Acapulco el viernes 26 de mayo. “No nos interesaba hacerlo en otro estado de la República, queríamos hacerlo aquí”, dice Adolfo.

Llegaron de manera puntual al Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, sede de estas bodas colectivas, a las 12:00 horas, ambos vestidos con pantalón de vestir blanco, guayabera y zapatos blancos. Sonreían con timidez.

“No queremos fotos”, comentan a los reporteros que cubrían este evento que era muestra de un derecho conquistado por activistas de poblaciones LGBTI+. “Pero les podemos contar nuestra historia”, comenta uno de ellos.

Desde el miércoles prepararon todos sus documentos para tenerlos en orden, entregarlos y que no hubiera ningún problema para casarse.

Sergio y Adolfo tienen propiedades en común. La seguridad social sólo Sergio la posee, por lo que para ellos casarse resolvería una cuestión de derechos.

“Vamos a hacer lo posible para que él (Adolfo) se pueda integrar al seguro social”, explica Sergio. “Ahora sí hay derecho”, agrega Adolfo.

Sus testigos fueron dos trabajadoras del Registro Civil. Los amigos que deseaban fueran sus testigos ya fallecieron.

“Es una cosa muy bonita, una cosa legal. Ya nos podemos presentar en todos lados, ya no nos tenemos que esconder ni ocultar”.

Sergio y Adolfo esperan su turno para casarse en las primeros matrimonios igualitarios de Guerrero, actividad realizada por el Sistema Estatal del Registro Civil. Foto: Itzel Urieta.

Una deuda histórica con las poblaciones LGBTI+

La lucha por el matrimonio igualitario comenzó hace más de 20 años, con los activistas Orlando Pastor Santos, Quetzalcóatl Leíja Herrera y David Moyao. Ellos fueron los antecesores del activismo a favor de los derechos de las poblaciones LGBTI+ en Chilpancingo. Los tres fallecieron sin ver la cosecha de su siembra.

Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar el matrimonio igualitario. Antes de su aprobación, en octubre del 2022, se presentaron otras dos iniciativas para que se permitieran los matrimonios igualitarios.

Una fue el 7 de julio del 2015, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, presentó un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no fue aprobado por el Congreso local.

En aquella ocasión, por instrucciones directas de Ortega Martínez, y tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que declaraba inconstitucional negar el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, instruyó al Registro Civil casar las parejas de la comunidad.

Esa ocasión se casaron 20 parejas en la playa Hornos, en Acapulco, en las que el ex gobernador interino y su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera fueron los testigos.

Después del interinato de Ortega Martínez que culminó en 2015, ni su decreto ni su iniciativa tuvieron un seguimiento por el gobierno venidero del priista Héctor Astudillo Flores.

Fue hasta 2020, durante una mayoría morenista en el Congreso local que ex diputado Moisés Reyes Sandoval presentó la iniciativa de matrimonios igualitarios.

La iniciativa llegó al pleno del Congreso para ser votada el 27 de octubre del 2020, pero fue rechazada por mayoría de votos.

Tuvo que pasar otra legislatura para que, finalmente, los diputados morenistas Yoloczin Domínguez Serna y Jacinto González Varona presentaran otra vez la iniciativa el 15 de junio del 2022.

La iniciativa estuvo cuatro meses en la Comisión de Justicia, hasta que en octubre del 2022 los diputados la aprobaron en el pleno del Congreso.

En votación definitiva los números quedaron así: 38 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.


Para entender mejor: Aprueban el matrimonio igualitario en Guerrero

Max y Julián: la pareja que no puede casarse en Guerrero


La enmienda de una deuda

Durante la ceremonia de matrimonios, el representante del Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López, dijo al secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, que este logro es sólo el principio de una serie de demandas que el Estado debe a las poblaciones LGBTI+.

“Nuestra venganza es ser felices, hoy en Guerrero se empieza a pagar la deuda histórica que tiene el gobierno con las poblaciones LGBTI+, el matrimonio igualitario ya es un realidad jurídica en Guerrero para proteger y amparar a todas las relaciones, de todas las personas”, menciona Salvador López.

Aclaró que lograr la legalización de los matrimonios igualitarios es sólo el comienzo, “pues, aún falta una ley de identidad de género, tipificar en el Código Penal los crímenes de odio y las terapias de conversión”.

Luego de los cambios a la Ley del Registro Civil en el estado de Guerrero, este viernes 26 ocurrieron las primeras bodas igualitarias en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco. Foto: Andrew López / Cromática, agencia fotográfica y multimedia

Cumplen tres días plantonistas de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno; exigen maestros y centros de salud

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Óscar Guerrero 

26 de mayo del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cumplieron tres días de plantón afuera de Palacio de Gobierno en reclamo de maestros y reapertura de centros de salud, donde han dormido con frío y lluvia.

En el grupo hay mujeres y hombres adultos, niñas y niños de los pueblos de este lugar región de la Montaña; llegaron miércoles pasado.

Durante dos noches han dormido en el piso afuera del edificio de la sede del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, en espera que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los reciba en audiencia.

“En las dos noches que hemos dormido aquí nos hemos mojado por la lluvia, pero nadie se ha enfermado porque estamos acostumbrados a vivir en las inclemencias del tiempo en la Montaña”, dijo Elvira García Rodríguez, quien representa a los manifestantes.

En un video borroso que grabó uno de los plantonistas se escucha una intensa lluvia.

Algunos de los plantonistas informaron que los policías que son la guardia del Palacio de Gobierno apagaron las luces y cuando estaba la lluvia corrieron a protegerse a un lugar cubierto.

«Apagaron la luz en la noche porque pensaron que nosotros haríamos daños al edificio, pero cómo íbamos a realizar esas acciones si aquí hay niños con nosotros”, explicó García Rodríguez.

El grupo de habitantes de las comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cerraron el jueves pasado una de las puertas laterales del Palacio de Gobierno para impedir la entrada y salida de funcionarios y trabajadores.

La Policía Estatal de antimotines los desalojó.

Según Elvira García un niño salió lastimado y una niña se desmayó porque entró en crisis nerviosa cuando vio a los policías enojados y armados con los toletes.

Este viernes la ex candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo, visitó a los plantonistas y les ofreció su intermediación para que fueran atendidos por el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

«Nosotros no estamos pidiendo ir a la oficina de ese funcionario para hablar, si él quiere hacerlo que venga aquí al plantón, pero le diremos que no aceptamos nada con él porque exigimos hablar directamente con la gobernadora», le contestó García Rodríguez a la morenista.

«Si la gobernadora nos tiene asco porque a lo mejor tenemos mal olor, estamos dos metros lejos de ella, pero queremos que nos escuche», agregó.

En la reunión afuera del Palacio de Gobierno, donde también estaban algunos líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Alemán Mundo le dijo a los plantonistas que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, les proponía donar su salario para la compra de zapatos a los niños que están en la protesta.

«Si necesitamos ese apoyo porque nos falta, pero no queremos que nos dé nada esa funcionaria porque ayer jueves cuando nos estaban desalojando los policías ella andaba cerca y ni siquiera les dijo a los agentes que no actuaran así», respondió García Rodríguez.

Dijo que Ibarez Castro entregó una ambulancia al alcalde de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, quien en vez de poner esta unidad a disposición del centro de salud de la cabecera municipal la envió a su pueblo natal.

«Esa ambulancia era para la comunidad de Dos Ríos, pero la Secretaria de Salud se la entregó al presidente municipal y no sabemos qué uso le dan, pero nosotros lo que estamos exigiendo es que lleven otras ambulancias para 52 pueblos».

Recordó que recientemente un grupo de jornaleros agrícolas de Cochoapa el Grande se accidentaron en Apatzigan, Michoacán y solicitaron una ambulancia para su traslado, pero sólo el gobierno federal los apoyó

La gente de las comunidades de este municipio de la Montaña se trasladaron a Chilpancingo debido a que la gobernadora, dijeron, les incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En esos acuerdos se establecía el envío de 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además una maestra dejó de impartir clases en la comunidad de Río Chiquito porque desde el 15 de abril la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) ta no le pagó su salario, denunció el profesor Paulino Hernández, uno de los plantonistas.

García y Hernández recordaron que en esa reunión con Salgado Pineda, ocurrida el 22 de septiembre pasado, sure hermana Liz Salgado, presidenta del DIF estatal, se comprometió a realizar un recorrido por los pueblos de Cochoapa para llevar apoyos, pero, dijeron, sigue sin cumplir su palabra.

García Rodríguez contó que Liz Salgado les dijo que llevaría a los pueblos despensas, cobertores y hasta sillas de ruedas.

Consideró que la mandataria estatal los discrimina al no darles una audiencia. «Aquí vamos a estar afuera del Palacio así haga calor, frío y llueva», advirtió.

Hasta este viernes ningún funcionario del gobierno del estado se les acercó para dialogar, aun cuando había varios agentes de Gobernación del estado a unos metros de los plantonistas en labores de vigilancia.

 

Celebran los primeros matrimonios igualitarios en Guerrero

Atrás de esto hay 20 años de lucha de colectivos por el reconocimiento de los derechos de poblaciones LGBTI+


Texto y fotografía: Itzel Urieta

Acapulco

Después de siete meses de espera, este mediodía, en Acapulco, se celebraron los 15 primeros matrimonios igualitarios de Guerrero durante una ceremonia organizada por el Sistema Estatal del Registro Civil.

El evento se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, en el que El titular del Registro Civil Estatal, Roberto Barrero Bohórquez, mencionó que estos matrimonios son el resultado del trabajo y esfuerzo de los colectivos LGBTI+.

«Hoy es un día histórico para el estado de Guerrero, se comienzan a celebrar los primeros matrimonios igualitarios. Hoy logran lo que han luchado por mucho tiempo», dijo Barreto Bohórquez.

Sobre los formatos que fueron modificados agregó que se trató «de que no transgrediera la identidad de las y los contrayentes».

El presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López, expuso que este logro es de los activistas que por más de 20 años lucharon para que este derecho les fuera otorgado.

Las primeras parejas en casarse fueron Azalia Rodríguez Peralta y Adidorey Reyna Solano, quienes viajaron desde Chilpancingo para formalizar su relación.

Se conocieron por Facebook, después de platicar por unos días se conocieron en persona, y entablaron una relación sentimental.

Azalia y Adi llevan 10 meses de relación, antes de casarse de manera formal, tuvieron una ceremonia espiritual en marzo.

«Nunca pensamos casarnos en otro estado que no fuera aquí en Guerrero», expuso Azalia.

Una de las principales razones por las que Azalia y Adi se casaron fue para compartir los derechos que tienen como pareja.

«Es la seguridad que yo le pueda brindar a ella (Azalia) y viceversa en cuanto a bienes, prestaciones es lo que más me preocupa y me gustaría que quede estipulado», dijo Adi.

Las poblaciones LGBTI+ consideran los matrimonios igualitarios como un logro y una conquista que duró más de 10 años.

La Ciudad de México fue la primera entidad en México en aprobar los matrimonios igualitarios, desde ese momento activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+ buscaron que en los estados también fueran aprobados.

Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar dichos matrimonios en octubre del 2022, dos días después el Congreso de Tamaulipas también los aprobó.

Aunque parecía que ahí acababa la lucha por uno de sus derechos, no fue así.

Después de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, en octubre del 2022, el Ejecutivo tardó dos meses en publicarlo en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

Después de su publicación, algunas parejas intentaron casarse en Chilpancingo, pero este derecho les fue negado, con el argumento de que tenían que pasar 180 días para que terminaran de realizar las adecuaciones a las leyes en materia de divorcio.

Integrantes de los colectivos LGBTI+ protestaron y llamaron a las autoridades a agilizar los trámites y tras una serie de reuniones mesas y trabajo y protestas el día de hoy lograron casarse.

 

23.7% de mexicanos fueron discriminados en 2022; su forma de vestir, su peso y opiniones políticas, las principales razones

Los grupos de población que presentan mayor prevalencia de ser discriminados son la población de la diversidad sexual, afrodescendientes, trabajadoras del hogar y las personas con discapacidad.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

25 de mayo del 2023

 

Uno de cada cinco mexicanos o el 23.7% de la población mayor de 18 años declaró haber sido discriminado en el país durante 2022, principalmente por su forma de vestir y su arreglo personal; su peso o estatura; y por sus opiniones políticas, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A esas razones le siguen ser mujer u hombre, la edad, la creencias religiosas, la clase social, el lugar donde vive, su estado civil y el tono de piel.

En 2017 −fecha de la publicación de la última encuesta−, el 20.2% de la población reportaba haber sido discriminada, ya para 2022 la cifra se elevó al 23.7%.

Los más discriminados

Los grupos de población que presentan mayor prevalencia de discriminación son la población de la diversidad sexual, afrodescendientes, las trabajadoras del hogar remuneradas, las personas con discapacidad y las personas migrantes.

Datos de la encuesta levantada entre julio de 2021 y septiembre de 2022 arrojan que el 24.5% de mujeres, frente al 22.8% de la población de hombres manifestaron haber sido víctimas de discriminación en los últimos 12 meses.


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Mientras que de la población de mujeres de la diversidad sexual y de género, 44.6% dijo haber tenido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses.

Para las mujeres, el motivo de exclusión más frecuente es el género; para las personas LGBTI+, la apariencia, el género y la orientación sexual; mientras que para los adultos mayores es la edad.

Estados que más y menos discriminan

Los estados del país donde se registró mayor discriminación son Yucatán (32.1%), Puebla (30.6%), Querétaro (30.5%), Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%).

En contraste, los estados donde menos se discrimina son: Sinaloa (13.8%), Sonora (17.5%), Nayarit (17.9%), Nuevo León (18.4%) y Campeche (18.5 %).

El 20.5% de población manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos cinco años. De este porcentaje, 21.3% correspondió a mujeres y 19.6% a hombres. Entre los derechos negados destacan: recibir apoyos de programas sociales (becas, Bienestar, etcétera), atención médica o medicamentos, atención o servicios en alguna oficina de gobierno, así como a un crédito de vivienda, una tarjeta o un préstamo.

La población coincide en que los derechos que menos se respetan en nuestro país son los de las personas LGBTI+.

Adultos mayores reciben de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el apoyo económico a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en la plaza cívica primer congreso de Anáhuac, el 30 de noviembre del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

Desalojan policías estatales de puerta de Palacio de Gobierno a mujeres y menores que piden maestros y médicos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.

Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.

Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.

“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.

Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.

Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.

“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.

Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.

En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.

Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).

 

«Que vaya la gobernadora a la Montaña para que le dé el sol», gritan manifestantes de Cochoapa afuera de Palacio

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

«La gobernadora que vaya a la Montaña para que le dé un poco el sol», gritó en un mitin afuera del Palacio de Gobierno Elvira García Rodríguez, quien encabezó un grupo de padres de familia y niños en una marcha de protesta para exigir maestros y clínicas de salud en sus comunidades, pertenecientes a Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero.

El grupo de más de 50 personas, entre menores de edad y adultos, caminó más de dos kilómetros. Después de la marcha a los niños se les pintron los cachetes de rojo por el sol.

«Aquí nos vamos a quedar, no importa que llueva o pegue más el sol», dijo García Rodríguez, quien se identificó como representante de los manifestantes.

Los pobladores de seis comunidades llegaron al Palacio de Gobierno, donde la puerta de acero estaba cerrada y tapizada con pancartas que colocó un grupo de militantes de la organización del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes desde hace dos días duermen ahí en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Los miembroa del FDP esperan una respuesta de la búsqueda de José Abundio Bolaños Calvario, habitante nahua del municipio de Chilapa, quien desde mayo del 2022 fue privado de su libertad por el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.

«Llegamos aquí porque dice la gobernadora que es la casa del pueblo pero está cerrada», dijo García Rodríguez al arribar junto con mujeres, niñas y niños a la puerta del edificio de la sede del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo de las protestas de afuera del Palacio, funcionarios estatales compartían en su cuenta personal de Facebook una fotografía.donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con gobernadoras de varios estados del país, entre ellas la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Uno de los servidores públicos que compartió profusamente las imágenes de Salgado Pineda fue el delegado en la región Centro de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Suárez Martínez, un ex militante del desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y ahora de Morena.

«Siempre unidas», decía el encabezado de la fotografía con Sheimbaun Pardo tomada este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Aquí vamos a esperar a la gobernadora para ver si se le antoja recibirnos porque ya estamos cansados de las órdenes que da a sus funcionarios y no las cumplen», dijo García Rodríguez en el mitin.

Durante el trayecto de la marcha, un servidor público de nombre Rafael los conminó a no llegar a Palacio de Gobierno a cambio de ser atendidos por su jefe, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

Pero los manifestantes rechazaron esa oferta y siguieron en la marcha que partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de Chilpancingo.

«Ya hemos tenido muchas reuniones con funcionarios como con el secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña) y no resuelven nada», dijo García Rodríguez.

Contó que en septiembre del 2022 Rodríguez Saldaña acudió a la comunidad de Dos Ríos y firmó una minuta de acuerdos que incluía la contratación de dos maestros y una maestra bilingües para escuelas de primaria y de preescolar.

Pero a la profesora, dojo, ya no le renovaron su contrato, lleva dos meses sin cobrar su salario.

Las personas que se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno provienen de las comunidades de Barranca Ocotera, Peña de Venado, Agua Azul, Dos Ríos, Guadalupe de la Joya, San Pedro y Río Encantador Chiquito.

En el 2022 habitantes de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande protestaron en Palacio de Gobierno para exigir maestros, construcción de escuelas y centros de salud.

«En aquella ocasión aquí estuvimos dos días en plantón y nos recibió la gobernadora, quien les dio instrucciones a los funcionarios que resolvieran nuestras demandas, pero todo sigue igual», recordó García Rodríguez.

En la minuta de acuerdos, dijo, fijaron el compromiso de la construcción de 20 escuelas en la región y el funcionamiento de los centros de salud con médicos y medicinas.

«Sabemos que la construcción de las 20 escuelas es un proceso lento, pero el asunto de los profesores si se puede resolver de manera inmediata pero no lo hacen», insistió García Rodríguez.

Debido a la falta de maestros más de 80 niños de preescolar y de primaria de estas comunidades están sin recibir clases.

No es la primera vez que pobladores de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande se trasladan a Chilpancingo a protestar para presionar a las autoridades a que cumplan con la ejecución de obras y dotación de servicios públicos.

En el 2021, habitantes de esa zona denunciaron que las familias de estas demarcaciones estaban incomunicadas debido a que el gobierno estatal dejó tirada la construcción de un puente llamado Río Víbora.

Por las protestas que realizaron los pobladores lograron que el gobierno estatal construya ese puente con una inversión de más de 14 millones de pesos.

Este puente va a comunicar a pueblos de Cochoapa el Grande con Ometepec, es decir, region Montaña con región Costa Chica.

«Uno tiene que venir aquí a Chilpancingo a protestar para que nos hagan caso y aquí nos vamos a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que la gobernadora nos reciba en audiencia», advirtió la representante.

Cochoapa el Grande es un municipio con los más bajos índices de desarrollo humano, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo).

En los casi dos años que lleva en el cargo Salgado Pineda, cuatro veces ha visitado algunos municipios de la Montaña y en dos de ellas acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos de los caminos artesanales.

En las dos visitas que la gobernadora ha realizado a la Montaña su traslado fue en helicóptero y son giras de «pisa y corre».

Luego del mitin, los manifestantes de Cochoapa cerraron dos horas la avenida Alejandro Cervantes Delgado.

El otro grupo de inconformes, del Frente de Defensa Popular (FDP) y que dirige Clementina Guevara Tejedor y que están en plantón desde el lunes pasado, preparaban sus alimentos en afuera del Palacio de Gobierno.

A estos inconformes los desalojaron el lunes pasado de la Autopista del Sol policías antimotines estatales.

Durante la tarde de este miércoles otro contigente integrado por padres de familia y estudiantes de las preparatorias populares que demandan mayor presupuesto y su reconomiento legal también se instalaron en plantón en Palacio.
Estonia sucedió son que la gobernadora Evelyn Salgado pusiera un pie en sus oficinas.

Para el 26 de mayo las primeras bodas igualitarias en Guerrero

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

Las primeras bodas igualitarias en Guerrero serán el 26 de mayo en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco, lo anunció la Coordinación Técnica del Registro Civil del estado.

«La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil se enorgullece de organizar las primeras bodas igualitarias, para que puedan gozar de los beneficios civiles que emanan de enlace, como la seguridad social y un patrimonio en conjunto, a todas y todos», se lee en un post de Facebook de la coordinación..

Los requisitos son solicitud de matrimonio, que las o los contrayentes sean menores de edad, acta de nacimiento de ambos, identifiación oficial, certificado médico prenupcial, comprobante de domicilio y dos testigos mayores de 18 años por cada uno de los contrayentes, los testigos con identificación oficial.

Integrantes de colectivos y activistas LGBTI+ celebraron la noticia.

«No fue de gratis. Muchas horas bajo el sol en marchas y protestas, muchas años de lucha incesante, prejuicios y tabús que romper, sangre de varios activistas. No fue una idea de este gobierno. Es aceptar lo que nos pertenece. Por fin nos dan uno de los derechos que tanto deseamos gracias a la lucha LGBTTTI», expresó el activista José Lavoisier Luquín Jiménez.

En Chilpancingo podrían celebrarlas pronto en un evento similar, de acuerdo con algunos activistas LGBTI+, pero aún no hay fecha. La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez se comprometió, dijeron, a ser la madrina del evento.

Después de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, en octubre del 2022, y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, algunas parejas intentaron casarse en Chilpancingo, pero este derecho les fue negado, con el argumento de que tenían que pasar 180 días para que terminaran de realizar las adecuaciones a las leyes en materia de divorcio.

Integranres de los colectivos LGBTI+ protestaron y llamaron a las autoridades a agilizar los trámites.

El 17 de mayo pasado, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesfobia y Transfobia, algunos colectivos y activistas LGBTI+ se manifestaron en el edificio Juan Álvarez para exigir ser atendidos por el titular del Registro Civil estatal, Roberto Barreto Bohórquez.

Ahí Barreto Bohórquez les comentó que los formatos para efectuar las bodas entre personas del mismo sexo estaban listos.

“Yo los felicito a todos ustedes, han sido unos guerreros incansables por alcanzar sus sueños, ya logramos lo que ustedes tanto anhelaban y aquí está, los formatos ya están listos”, comentó el funcionario.

También les dijo que en una semana podrían casarse en todo el estado. Tiempo en que debían de enviar los formatos a los registros civiles.

Ahora, después de más de 20 años de reclamarlo, los matrimonios igualitarios son un hecho.

 

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