Con consignas de justicia, sepultan a tres integrantes del Cipog-EZ asesinados en Chilapa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

08 de octubre del 2022

Chilpancingo

 

Familiares y amigos de los tres integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) fueron sepultados, dos de ellos en Alcozacán y el otro en Tula, ambas comunidades del municipio de Chilapa.

Durante el sepelio, los dirigentes del Cipog-EZ exigieron justicia y castigo a los asesinos de Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipisteco y Guillermo Hilario Morales.

Adán y Moisés, fueron sepultados en el panteón de Alcozacán y Guillermo Hilario, en su natal Tula.

El pasado sábado 5 de noviembre los tres miembros del Cipog-EZ fueron asesinados a balazos por un grupo de hombres armados cuando viajaban en un automóvil Nissan, tipo Tsuru, en la carretera federal Chilapa-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Xochimilco.

Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, denunció que fueron los integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos los que asesinaron a sus tres compañeros. Las mismas autoridades han señalado que este grupo criminal tiene presencia en la región Montaña baja, a la que pertenece Chilapa.

«Nos mataron a tres compañeros, pero eso no es motivo para que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados y lo que haremos es resistir aquí», dijo el activista.

 

Dijo que en Guerrero de nada sirve que haya una militarización si las comunidades están a merced de los grupos criminales. «Lo que hacía el anterior gobierno de proteger a los grupos paramilitares hoy lo está haciendo el nuevo gobierno; aquí no hay ningún cambio”.

«Aquí está la Guardia Nacional pero no hace nada para detener a la delincuencia que opera en esta zona», agregó.

En el sepelio de los tres indígenas nahuas estuvieron habitantes de las 18 comunidades donde tiene presencia la Cipog-EZ y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Las 18 localidades pertenecen a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

En los sepelios no hubo ningún representante del gobierno del estado, aun cuando sigue el resguardo de la Guardia Nacional y Policía Estatal en los accesos de las comunidades.

Linares Silverio, uno de los tres asesinados, fue coordinador de la CRAC-PF, y contaba con medidas cautelares después de que el pasado 17 de marzo de este año, junto con otros de sus compañeros, fueron emboscados a balazos en el crucero de Tlatlaquitepec, en la carretera federal Chilapa-Tlapa. En ese ataque murió un policía comunitario y tres más resultaron heridos.

 

Él fue uno de los que el pasado 21 de octubre le dijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los integrantes de esta organización lo interceptaron en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en su reciente gira por Guerrero, que las comunidades estaban desamparadas ante la presencia en su región (Montaña baja) del grupo criminal de Los Ardillos.

El ex coordinador de la CRAC-PF le exigió a Obrador medidas de seguridad en las comunidades y la detención de los integrantes del grupo criminal.


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Velan en su comunidad a los tres integrantes del Cipog-EZ asesinados en Chilapa

Han muerto 14 jornaleros agrícolas de Guerrero en lo que va de este 2022, dice Tlachinollan

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Tlachinollan

Chilpancingo

 

En condiciones laborales deplorables y con el riesgo de sufrir algún accidente e incluso la muerte, unos 30,000 jornaleros agrícolas guerrerenses se van a trabajar cada año a los campos de distintos estados del norte del país ante la falta de empleo en sus comunidades.

En lo que va de este año han muerto 14 jornaleros agrícolas de la región de la Montaña, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes.

En estos momentos un jornalero que murió al caer de un tren sigue en el Servicio Médico Forense de Guadalajara, Jalisco porque sus familiares no tienen dinero para traer su cadáver y sepultarlo en su comunidad.

Es un habitante de la comunidad de Ojo de Agua, del municipio de Iliatenco, quien murió al caerse del tren de carga La Bestia, al cual subió cuando cruzaba el municipio de Ocotlán, Jalisco.

«Esta persona estaba trabajando de jornalero en los campos de Michoacán y quería cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos y encontró la muerte, pero sus familiares no pueden sepultarlo porque no tienen dinero para traerlo y el gobierno del estado ni los apoya», comentó el abogado.

Este jornalero agrícola dejó huérfanos a dos niños.

Rodríguez Reyes dijo que aun con esos peligros la gente de las comunidades de la Montaña y Costa Chica siguen trasladándose a diferentes estados del país para emplearse de jornaleros agrícolas.

Este fin de semana, 800 personas, entre adultos y niños de la comunidad de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, se trasladaron en 14 autobuses a los campos agrícolas de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Este grupo de personas fueron al corte de verduras que se exporta a Estados Unidos.

El éxodo de jornaleros agrícolas en los municipios de la región de la Montaña inicia en estas fechas, siempre después del Día de Muertos.

La empresa que contrató a los jornaleros agrícolas es la Golden Fields y los lleva directamente a la localidad de Costa Rica, donde están los campos agrícolas.
Dijo que la organización lleva un registro y cada año alrededor de 30,000 indígenas van a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país en condiciones de inequidad laboral.

«La situación para los jornaleros ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo, como el abuso y la explotación laboral, discriminación, y carecen de seguridad social además de que los gobiernos federal y estatal no los respaldan», comentó Rodríguez Reyes.

Hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que le den seguimiento a los jornaleros durante su estancia en Sinaloa.

El abogado activista denunció que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda ni siquiera apoya con la dotación de insumos básicos en la Casa del Jornalero Agrícola, ubicada en Tlapa, principal cabecera de la región Montaña.

«Estas instalaciones del jornalero no cuentan con lo básico para preparar comidas calientes y tampoco despensas», contó.

Agregó que desde que Salgado Pineda llegó al gobierno ordenó el retiro de los recursos públicos para el mantenimiento de las Unidades de Jornaleros Agrícolas, ubicadas en los municipios de Ometepec, Tlapa y Chilapa. «Dejaron de dar entre un millón y tres millones de pesos que otorgaban anualmente a estas unidades».

 

Pocos para buscar a miles: una de cada tres comisiones de búsqueda funciona con menos de 10 personas; dos son unipersonales

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

8 de noviembre del 2022

 

Una de cada tres comisiones de búsqueda estatales opera con menos de 10 personas en su estructura, mientras que las de Oaxaca y Yucatán permanecen unipersonales: en esos dos estados, una sola persona es la encargada de buscar a cientos de desaparecidos, 406 y 330, respectivamente.

La de Colima, aunque a finales de 2021 fue reportada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como unipersonal, para este año ya cuenta con tres personas encargadas de buscar a 962 desaparecidos.

En algunas comisiones, la información reportada por la CNB sobre sus estructuras es contradictoria respecto de lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos más recientes para acceder al subsidio federal de 2022. En la mayoría de los casos, esto se debe a que dependen de empleados temporales, cuya contratación está sujeta, a su vez, a obtener el recurso federal; por ello, vuelven a incorporarse a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses del año.

En otros casos, sin contar con empleados temporales, solo cuatro personas buscan a 4 mil 259 desaparecidas, como pasa en Michoacán, o a mil 128, como pasa en Nayarit. En Sonora, solo tres funcionarios buscan a 4 mil 249 desaparecidos, según lo reportado por la comisión estatal en su diagnóstico de este año, obtenido a través de una solicitud de información. Mientras tanto, en San Luis Potosí, 35 personas buscan a 568, pero en Quintana Roo apenas seis buscan a 565 y en Durango seis buscan a 707.

Otros estados, aun con una estructura más amplia, enfrentan panoramas más adversos: en Baja California, donde se alcanza un registro de mil 265 personas desaparecidas, hay dos empleados fijos en la comisión, frente a 18 temporales que dependen de la obtención de recursos. Además, este organismo pasó de tener 25 personas en 2021 —ya con las temporales— a 20 en 2022.

La comisión de Tamaulipas, entidad con 11 mil 065 personas desaparecidas, tiene una estructura de 14 integrantes, mientras que la CDMX, que ya acumula 3 mil 636 desaparecidos, trabaja con 11 funcionarios en 2022. Incluso algunas de las comisiones más grandes, como la del Estado de México, conformada por 76 miembros, aseguran que sus recursos son insuficientes y no cuentan con la capacitación necesaria.

“La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es una de las CLB con mayor número de personal y se ha procurado la contratación de personas con perfiles acordes a las funciones que llevan a cabo. No obstante, se requiere de especialización tanto del personal en el área de búsqueda de gabinete, como en búsqueda de campo. Aunado a esto, pese a tener el mayor número de personal, este es insuficiente para atender la problemática que aqueja a todo el territorio estatal en relación con el número de casos de desaparición que son reportados”, se lee en el diagnóstico presentado por la entidad ante la CNB este año.

La comisión de Chiapas, donde hasta ahora hay un registro de mil personas desaparecidas, cuenta con nueve empleados fijos y cinco temporales, y plantea un escenario mucho más difícil. El organismo asegura que tiene 13 equipos básicos de cómputo con internet, tres impresoras y una copiadora, pero no con los consumibles ni la papelería necesaria; de los recursos para la operación de las actividades de la comisión, como los viáticos para acciones de búsqueda, señala que son escasos porque el presupuesto asignado es insuficiente. Sin embargo, en 2021, esa comisión devolvió poco más de 6 millones de los más de 8 que le habían sido otorgados.

“Los materiales utilizados en algunos de los casos fueron comprados con recurso del personal que labora en la comisión para realizar las funciones mínimas requeridas, incluyendo el servicio de limpieza, lo cual minimiza las capacidades operativas de la comisión, no solo por el reducido número de personal, sino por las limitaciones técnicas y de recursos para la realización de las funciones encomendadas”, señala su diagnóstico.

En Chihuahua, donde la comisión cuenta con 20 personas, de las cuales nueve son agentes estatales de investigación y siete agentes del Ministerio Público, el organismo reconoce que su personal no tiene certificación en materia de búsqueda de personas ni una especialización respecto del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Para el organismo de Michoacán, sus recursos son insuficientes ante las necesidades crecientes de contexto local. Además, plantea la necesidad de mejorar el equipamiento de sus áreas para la búsqueda, el panteón y el laboratorio de identificación forense, así como la ampliación de la capacidad de procesamiento de la información para generar análisis de contexto, patrones de desaparición y registro de seguimiento de caso, según informa en su diagnóstico para 2022.

Los documentos presentados por las comisiones de Sonora y Zacatecas dejan ver dependencia de contrataciones eventuales. La primera explica: “A la fecha en esta comisión se encuentran únicamente tres personas laborando, y se están haciendo las gestiones pertinentes para que el personal que se encontraba por honorarios se reintegre a la brevedad, así como también se ha solicitado se dote a esta comisión de más personal”.

En tanto, la comisión de Zacatecas asegura que tiene abogados, criminólogos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros en sistemas y expertos en la materia de ciencias forenses, pero depende de eventuales “para dar mejores resultados”.

La comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoce que la falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas de las comisiones estatales. Sin embargo, afirma que el personal no puede depender únicamente del subsidio federal que reciben los estados, sino que la coparticipación estatal también debe servir para su contratación.

“El personal no puede depender solo de la parte que le corresponde a los estados de los subsidios; tendrían que tener personal contratado y sumarlo mediante la coparticipación estatal del 10%. Luego hay muchos reclamos a principios de año que preguntan a qué hora van a caer los subsidios para que puedan contratar a las personas de las comisiones, cuando eso lo permitimos nosotros para incentivar que haya gente, pero en realidad mantener una estructura le corresponde a las entidades. No puede depender la operación de eso”, señaló.

Además, detalló que, para la construcción de los próximos lineamientos, se está buscando la manera de que las comisiones locales no puedan adquirir una mayor cantidad de bienes que el personal que tienen para operarlos.

El informe del CED de la ONU sobre su última visita a México advierte que, aunque la creación de todas las comisiones ha sido un paso importante, “muy pocas cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para su operación, y algunas son unipersonales”.

“Tanto el gobierno federal, a través de la CNB, como el Sistema Nacional de Búsqueda, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las comisiones locales de búsqueda”.

La Ley General y la vigilancia ciudadana

La Ley General sobre desaparición de personas establece que las comisiones nacional y locales deben contar, como mínimo, con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y un área de gestión y procesamiento de información, además de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 62 especifica que estos organismos también deben tener consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta. En respuesta a solicitudes de información a las comisiones, solo ocho pudieron dar cuenta de la instalación y conformación de su consejo ciudadano: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas. Sin embargo, Coahuila, con un consejo de 16 personas instalado desde 2019, afirmó que “hasta el momento no ha sido consultado para ninguna acción”.

Los consejos ciudadanos deben tener una participación de equilibrio, y sobre todo de vigilancia y retroalimentación, para verificar que las comisiones estén funcionando como se espera desde la sociedad y el gobierno, sostiene Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa complementariedad implica no solo que estén instalados, sino dotarles de infraestructura segura para sesionar. Chávez dice que esto ayuda a la ciudadanía a saber que tiene una comisión, cómo funciona, qué atribuciones tiene y qué pueden hacer las personas en caso de tener a un familiar desaparecido.

“Se supone que somos los aliados, en este caso, los consejos estatales o las personas que estamos acompañando, o que hacemos este ejercicio también de acompañamiento de las autoridades, y aliados de las víctimas, porque están ahí para ver que realmente funcione o dotar de información de por dónde no se está buscando o algo no se está haciendo bien”, afirma.

Aunque 21 comisiones estatales refirieron el número de personas destinadas a los grupos especializados de búsqueda, Durango no solo indicó que su consejo ciudadano no se ha conformado, sino que además no tiene grupo especializado y, por ello, no le aplicaba reportar ninguna acción de búsqueda.

En tanto, la comisión de Puebla señaló que no cuenta con personal específico para el grupo especializado de búsqueda, sino que en cada acción se despliegan brigadas que varían en número de personas. Jalisco y Zacatecas reservaron el nombre de los servidores públicos que conforman ese grupo, alegando razones de seguridad, pero el segundo sí reveló la identidad de sus consejeros ciudadanos.

En cada comisión, el número de acciones de búsqueda puede variar de las 12 que realizó Tabasco en 2021 o las 16 de Colima en 2022 a las más de mil que reporta Puebla en 2021 y 2022. Únicamente 17 entidades dieron cuenta de las acciones de búsqueda que han realizado los últimos cuatro años.

Jalisco —que ocupa hoy el primer lugar en número de desaparecidos— informó que no cuenta con esa estadística, Aguascalientes señaló que no era posible referir esas acciones, Guerrero que no cuenta con la información porque sus bases de datos están en proceso de conformación, y Quintana Roo la reservó argumentando que están relacionadas con actos de investigación.

Las organizaciones también asumen costos y trabajo de búsqueda
Los micrositios Desaparecer en Baja California, impulsado por Elementa DDHH, y Tus Derechos, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), son dos ejemplos de iniciativas de la sociedad civil ante los vacíos en la información y el trabajo de las autoridades, además del desorden y precariedad con el que operan las comisiones.

El primero es un proyecto que reúne información sobre desapariciones en Baja California, definido como un espacio “vivo” con actualizaciones constantes para la construcción de memoria colectiva, mientras que el segundo está destinado a dar información sobre los derechos que tienen, dónde exigirlos y qué trámites pueden realizar las víctimas o familiares en casos de desaparición de personas y tortura.

Renata Demichelis, de Elementa DDHH, relata que cuando llegaron a trabajar en Baja California, en 2019, se encontraron con una entidad en la que no existía documentación sobre el fenómeno y que, además, está muy alejada de los debates del centro del país, no forma parte de los focos de atención y ha enfrentado abandono.

Ante el cobijo de un discurso que minimizaba la inseguridad en el estado, particularmente en Tijuana, y sin información confiable, se acababa de adoptar la Ley de Víctimas y se había lanzado la primera convocatoria para ocupar la titularidad de la comisión de búsqueda. Apenas se empezaban a crear las instituciones que supuestamente darían solución y atención a la crisis.

“Nos dimos a la tarea, primero, de intentar llenar esos vacíos de información, nadie sabía cuántas personas había desaparecidas en Baja California; y segundo, empezar a hacer este seguimiento institucional: cómo se empezaban a configurar, velar para que, si no había ley local, por lo menos se siguieran los objetivos de la Ley General, etcétera. Así es como surge el proyecto, que en su momento implicaba buscar información y no quitar el dedo del renglón sobre cómo se iban a ir configurando las nuevas instituciones”, explica Demichelis.

Con el tiempo y el acompañamiento a colectivos, también fueron detectando las realidades a las que se enfrentaban constantemente las familias, y que tampoco estaban documentadas. Finalmente, después de tres años buscaron la mejor manera de darle salida a toda la información, y Desaparecer en Baja California se convirtió en una herramienta útil para diversos actores, que además abre con el contraste de las cifras reportadas por la fiscalía del estado entre 2007 y 2021 —más de 14 mil personas desaparecidas— y las que alberga el RNPDNO, apenas mil 154.

“Hemos visto un montón de discrepancias, y estamos todavía trabajando en las hipótesis, pero sabemos, porque el fiscal lo declaró, que están haciendo una reclasificación de las carpetas, no sabemos bien en qué consiste, pero en los últimos registros, valga la redundancia, y es parte de los fenómenos de doble y triple desaparición, desaparecen carpetas, nos reportan menos y sabemos que no es que estén encontrando a las personas o que se estén identificando restos; esa ha sido una consecuencia de publicar la información”, asegura la activista.

Con este proyecto, han descubierto también que no hay una documentación adecuada de los reportes que le llegan directamente a la comisión, y por eso ni siquiera es una fuente para el micrositio. De ese organismo, han percibido opacidad absoluta, que es una combinación que surge desde el desconocimiento de la ley hasta la posición deliberada de no querer rendir cuentas. A esto se le suma una forma de actuar reactiva a las solicitudes de los colectivos.

“Se sientan y esperan a que los colectivos les digan ‘necesito ir a este punto de búsqueda y necesito que me acompañes y necesito que vengas conmigo’, prácticamente la comisión no hace su chamba si no es porque los colectivos se la piden. Otro factor gravísimo es los perfiles; operan con poco presupuesto y poco personal; entonces, son realmente contratos temporales, de tres meses, que es problemático en sí, pero además no cumplen con los perfiles para ocupar esos cargos”, añade.

Al oeste del país, ante un contexto de impunidad —hasta hoy se han emitido solo 36 sentencias por el delito de desaparición a nivel nacional—, y particularmente en Jalisco, el CEPAD ha percibido que las respuestas de las autoridades no han ayudado a la garantías de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

Ante ello, las familias se acercaban con frecuencia a la organización para saber sus derechos, consultar qué hacer ante una desaparición, qué autoridades existen, cuáles son sus funciones y qué acciones pueden emprender. No había respuesta, lo que condujo a la construcción del micrositio Tus derechos, para brindar información a las víctimas y fortalecer sus conocimientos para que de manera segura y autónoma sepan los procedimientos ante las autoridades y tengan claridad en sus diligencias.

“Hemos visto, en muchas ocasiones, una situación de capacidad rebasada ante el contexto y ha sido una saturación en cuanto a ese dolor, ese sufrimiento de las víctimas y esa falta de información y falta de orientación de qué deben hacer. Tratamos de juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y en conjunto y construyendo estas herramientas con las familias, pensar qué pudiera realmente servir para responder a sus necesidades”, explica Anna Karolina Chimiak, de CEPAD.

Creada en 2018, la comisión de Jalisco fue una de las primeras ante la publicación de la Ley General, pero también como respuesta a una fuerte exigencia de los familiares de personas desaparecidas, recuerda la activista. Al inicio fue sumamente débil, con apenas una a tres personas empleadas. Con los años, ha crecido y empezado a conformar las áreas que mandata la ley, más una de atención que contempla la ley local.

“El área de búsqueda es una de las que más se trató de reforzar porque estuvieron muy presentes las prácticas más enfocadas en el gabinete, mediante oficios, y ante la constante exigencia de operativizar las acciones de búsqueda en campo, fue una de las apuestas reforzar esa área, igual que la de gestión y procesamiento de información, que ha trabajado en los datos de personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es la creación del registro estatal de personas desaparecidas, que tiene ya un año de incumplimiento”, asegura.

Además, para el área de análisis de contexto no se dio la misma intención de fortalecerla, en parte porque la comisión estatal no cuenta con reglamento interno y no ha podido generar más plazas, según ha sabido CEPAD. Otro pendiente es la presencia efectiva de psicólogos para la atención a víctimas y acompañamiento en los operativos de búsqueda.

Pese a las intenciones de fortalecimiento que la comisión ha expresado a la asociación, es uno de los estados que desde 2019 ha devuelto montos significativos del subsidio federal: 5 millones 700 mil de los 9 millones 600 mil que recibió en 2019, 7 millones 300 mil de los más de 17 que recibió en 2020 y poco más de 12 de 33 millones que le fueron otorgados en 2021. Con una estructura de 45 personas, aseguró en respuesta a una solicitud de información que no cuenta con listado ni estadísticas de sus búsquedas de campo.

Édgar Chávez subraya su preocupación de que en México sigan sin existir los mecanismos de seguimiento necesarios cuando no hay un familiar que pueda buscar a las personas desaparecidas. Cuando hay una investigación y nadie que dé seguimiento, las carpetas sencillamente se cierran. Particularmente, en las desapariciones que vienen de décadas atrás, por edad o por salud, es posible que la familia ya no pueda salir a buscar o a revisar la carpeta de investigación, si es que la hay.

“Hay varias cosas que tenemos que repensar en este país; lamentablemente, se nos están acumulando, y yo creo que algo importante y reiterativo en las familias como una exigencia es la no repetición. Si no hacemos un antes y un después de lo que tenemos en este momento, va a ser un acumulativo por décadas, y entonces, vamos a seguir buscando a personas nuevas, y a otras y a otras, y es un ciclo sin fin”, concluye.

 

Integrantes de la UPOEG bloquean la Fiscalía, piden la destitución de la fiscal

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

 

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) bloquearon por dos hora las entradas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la destitución de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, indicó que piden la destitución de Valdovinos Salmerón porque cinco integrantes de su organización están detenidos injustificadamente en municipios de la Costa Chica.

«Pedimos la renuncia de la fiscal y que el Congreso del estado junto con el gobierno estatal nombre a un abogado o abogada guerrerense porque no puede haber gente externa en un puesto tan delicado e importante», mencionó Plácido Valerio.

La exigencia de la UPOEG es la liberación inmediata de los cinco detenidos.

 

Además pidieron al Congreso del estado que en el presupuesto de egresos 2023 se contemplen mayores apoyos a los campesinos para infraestructura en caminos, educación y salud.

«Queremos proyectos que impacten en lo económico y social en las comunidades, no queremos las regalías de despensa que sabemos no resuelven el problema», dijo Plácido Valerio.

Los manifestantes, alrededor de 500, llegaron a las tres de la tarde provenientes de la zona rural de Acapulco y distintos municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG.

En la entrada principal del edificio de la FGE impidieron la entrada y salida de los vehículos oficiales y valoran un plantón hasta que sean resueltas sus demandas.

Es la segunda protesta en el día en contra de la FGE y de su titular. Esta mañana trabajadores sindicalizados protestaron en contra de los despidos injustificados que realiza Valdovinos Salmerón.

A la protesta llegó el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, quienes les prometió una mesa de diálogo para analizar todas sus demandas.

Después del diálogo con personal de gobernación los integrantes de la UPOEG decidieron continuar su protesta en el Congreso local donde entraron para un diálogo con los diputados.

 

Una masacre de 23 personas y más feminicidios, recuento de la violencia en octubre

Texto: Margena de la O 

Fotografía: Carlos Navarrete 

7 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

En octubre pasado, en Guerrero asesinaron en promedio por día a cuatro personas. El número total de víctimas durante el mes fue de 127, es decir, 23 casos más que los documentados el mes anterior, de acuerdo con el comparativo de los conteos mensuales de asesinatos hechos por este medio. En septiembre se contabilizaron 104 víctimas.

En octubre ocurrió una masacre, en un sólo día asesinaron a 23 personas –las autoridades estatales sólo reconocen a 20– en San Miguel Totolapan, en las que están incluidos el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta, ex presidente municipal del mismo lugar. Tan sólo el 5 de octubre pasado asesinaron en una misma secuencia de hechos a un 29 por ciento del total de víctimas del mes.

Hechos que hasta ahora no son clarificados por completo, ni siquiera en el número de las víctimas, porque el gobierno el estado no modificó los números del reporte que difundió al siguiente día de los hechos el gobierno federal en la conferencias mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando en la Tierra Caliente, región a la cual pertenece el municipio donde ocurrió la masacre haya otras versiones que se conocen a cuenta gotas por lo que han recabado reporteros, porque tampoco es fácil obtener información en un lugar en esta condiciones de violencia.

Por un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan al día siguiente de los hechos, se supo que los habitantes sumaban más víctimas, los 23. El reportero Israel Flores, asentado en la Tierra Caliente, escribió en una nota para periódico El Sur que el martes 1 de noviembre habrían sepultado en San Miguel Totolapan a otra persona que quedó herida de la masacre, y que las tumbas de las otras víctimas sepultadas estaban abandonadas, como muestra de que sus familiares “huyeron”.

También expone que hay mucha resistencia de los habitantes de la cabecera municipal para hablar de las víctimas: “ (…) mucha gente del pueblo tiene temor de hablar; evita decir nombres de los fallecidos, donde vivían o incluso si saben de más personas que pudieran estar heridas”.

La única explicación institucional hasta ahora ofrecida como parte de la investigación la dio el el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, quien señaló al grupo criminal de la Familia Michoacana de ser el responsable de la masacre. Antes, al día siguiente de los hechos, el mismo subsecretario atribuyó los hechos a Los Tequileros, a quienes identificó como rivales de la Familia Michoacana, sólo porque días antes circuló en redes sociales un video de unos hombres que dijeron ser miembros de ese grupo criminal y porque se atribuyeron el asesinato de un funcionario del gobierno municipal que ocurrió unos días antes dela masacre.

Lo que ocurrió en San Miguel Totolapan representa un caso del mes, quizá el más aberrante, por el número de víctimas, pero sobre todo porque ocurrió en un mismo día y en una misma cadena de hechos, pero las estadísticas del mes que Amapola, periodismo transgresor realiza a partir de las noticias que publican los medios de comunicación local, arrojan que el municipio donde más asesinatos hubo a lo largo de mes fue Acapulco, con 52 personas asesinadas. Pero, se insiste, a lo largo del mes.

Para llegar al numero de 127 víctimas durante el mes, es importante hacer algunos apuntes, por ejemplo, que todos los días de octubre hubo personas asesinadas, o dicho de otra manera, en ningún día del mes los victimarios dieron tregua. En septiembre en dos días no hubo víctimas, los días 23 y 30.

También que las 127 víctimas se contabilizaron en 19 municipios diferentes, ya se dijo, encabezados por Acapulco (52 víctimas), seguidos por San Miguel Totolapan (aquí se contabilizaron las 23 personas que informaron los pobladores, y no las 20 que exponen las autoridades), y después por Zihuatanejo, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Benítez (con tres cada uno); y por Copala, Tecoanapa, Pilcaya, Taxco, Cocula (con dos cada uno).

La lista de municipios la cierran Acatepec, Ayutla, Juchitán, Huitzuco, Tepecoacuilco y Atoyac con una víctima cada uno.

En el mes, la mayoría de víctimas son hombres, 114 de ellos asesinados, entre ellos un bebé. El resto, es decir, 13, son mujeres. En ese aspecto las cifras tiene el mismo comportamiento que en septiembre, donde también hubo más víctimas hombres, pero en el texto anterior se puso énfasis en la historia de mujeres por la saña evidente en los 10 asesinatos documentados.

Esta vez ese elemento no cambió, los 13 asesinatos de mujeres ocurridos en octubre también tienen rasgos de ese patrón. El 6 de octubre fue hallado el cadáver de Julia Magdalena, una trabajadora administrativa del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses (HMNG) de unos 45 años. Era evidente el golpe que le dieron en la cabeza, se leía en los reportes policiacos. Lo dejaron al costado de su carro, en la colonia Tetipan, ubicada cerca de la colonia Mirna Acevedo, del lugar conocido como La Avioneta, rumbo hacia la comunidad de Petaquillas.

Las colectivas de mujeres que monitorean, documentan y acompañan a familiares de mujeres víctimas de violencias en Guerrero han puesto énfasis en que los asesinatos de mujeres sean abordados por las autoridades desde el inicio como presunción de feminicidio, sobre todo si se pone atención que el estado tiene dos alertas por violencia de género, porque la violencia hacia las mujeres es real y es grave.

El 23 de octubre pasado, las compañeras y compañeros de trabajo de Julia Magdalena marcharon en la ciudad de Chilpancingo para exigir avances en la investigación del caso. Además, expusieron, los obstáculos que sortearon junto a los familiares de la víctima para que la Fiscalía General del Estado (FGE) reclasificara el caso como feminicidio, porque sólo fue suscrito como homicidio.

Acudieron a la protesta para exigir una investigación pronto, cuando esto deberían ser una garantía.

Julia Magdalena era trabajadora, tenía dos hijos, una joven y un niño. Cuando salió de su casa el 5 de octubre por la noche, le dijo a ellos que iría a comprar a la tienda, pero ya no regresó.

“Un feminicida anda suelto en Chilpancingo”, dijo una enfermera del HMNG que participó en la marcha para exigir castigo por el asesinato de su compañera, y esa consigna no puede estar más cargada de verdad.

Velan en su comunidad a los tres integrantes del Cipog-EZ asesinados en Chilapa

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

7 de noviembre del 2022

 

Los tres integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que fueron asesinados a balazos presuntamente por miembros del grupo criminal de Los Ardillos en Chilapa son velados en la explanada de la iglesia de la comunidad nahua de Alcozacán.

Decenas de mujeres, hombres y niños están fuera de la iglesia para acompañar a los familiares de Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipisteco y Guillermo Hilario Morales, las víctimas del ataque, quienes serán sepultados mañana (martes) en el panteón de la comunidad, que también pertenece al municipio de Chilapa.

Esta mañana, los tres cadáveres les fueron entregados a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.

De regreso a su comunidad, los familiares de los tres asesinados y miembros del Cipog-EZ fueron custodiados por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE).

Jesús Plácido Valerio, dirigente de esta organización que también cuenta con su policía comunitaria, dijo que del 2015 a la fecha ya son 48 personas de las comunidades de la Montaña baja asesinadas por el grupo delictivo de Los Ardillos.

Dijo que sus tres compañeros asesinados a tiros en las inmediaciones de la comunidad de Xochimilco, Chilapa, el pasado sábado en la tarde, participaron en la protesta que realizaron a la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en donde detuvieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle medidas de seguridad y la detención de los integrantes del grupo grupo criminal.

La presencia de Los Ardillos en Montaña baja no es sólo un señalamiento de este organización, las propias autoridades desde hace años han aceptado que este grupo criminal tiene presencia en la zona, como tampoco es ignorado de manera institucional que están asociados de manera personal al diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien es hermano de los líderes, Celso e Iván Ortega Jiménez.

Marchan trabajadores de la Fiscalía contra despidos injustificados

Exigen que la fiscal explique las razones de su decisión que vulnera sus derechos. La señalan de pretender colocar a su allegados en la dependencia


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir a la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la reinstalación de tres trabajadoras despedidas de manera injustificada.

Una de las trabajadoras despedidas es Nallely Hernández, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero (STBSPEG), quien denunció el despido injustificado de más 40 trabajadores.

“En este momento pedimos la reinstalación de tres trabajadoras, una de ellas una intendente que se opuso a realizar el examen de control y confianza que sólo es para trabajadores operativos y no administrativos”, mencionó Nallely Hernández.

El contingente de la marcha partió del Monumento a las Banderas hasta las instalaciones de la FGE; a los trabajadores los acompañaron miembros del Frente de Sindicatos del Estado de Guerrero. En el Congreso local los manifestantes hicieron una parada para pedir a los diputados intervenir y realizar una auditoría a la FGE.

Durante la manifestación salió la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez a dialogar con los trabajadores de la FGE, quienes le entregaron un pliego petitorio en el que piden la auditoría a la dependencia, con el propósito de revisar los despidos injustificados.

A la fiscal pidieron de manera publica que explique la razón de los despidos y su negación a otorgar los aumentos salariales y los bonos que ya están estipulados en su Contrato Colectivo de Trabajo.

Los manifestantes llegaron a las instalaciones de la FGE y en mitin informaron que se quedarían en plantón hasta que una comisión saliera a recibirlos.

Por la manifestación, el día de de ayer la FGE emitió una circular para informar a todo su personal que les otorgaban el día, entonces, nadie salió atender a los manifestantes.

Desde el pasado 26 de octubre los trabajadores del STBSPEG comenzaron con las protestas para denunciar las irregularidades en la administración de Valdovinos Salmerón.

Entre las irregularidades que mencionan los trabajadores sindicalizados es la de los despidos injustificados, porque, según denunciaron, es para contratar a personal militar cercano a la fiscal.

 

Bloquean calles trabajadores de la SEG en exigencia claves y que la Federación cubra su nómina

Texto y fotografía: Beatriz García

Chilpancingo

 

Personal de la Dirección de Educación Especial tomaron sus oficinas y bloquearon una calle en la colonia Burócratas, para exigir el regreso del programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, regularización de claves e incorporación al Fondo de Aportaciones a la Nómina Federal (FONE).

Desde las nueve de la mañana unos 50 trabajadores de la Dirección tomaron sus oficinas y bloquearon la calle 3, que al salir de las oficinas. Los inconformes cerraron la vialidad con lonas en las que expresaron sus demandas.

En la fachada de las oficinas también colocaron un tendedero de pancartas en las que escribieron más demandas: “Incorporación al FONE todo el personal perteneciente a Educación Especial”, “Regreso del programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial a la Dirección de Educación Especial”.

En consulta con el Coordinador Académico de la Dirección de Educación Especial, Gilberto Viveros, declaró que los trabajadores de las tres áreas que conforman la estructura central de la dirección, es decir el personal de la propia dirección, del Departamento de Servicios Educativos y el Departamento de Integración Educativa decidieron manifestarse ante una serie de inconformidades.

La demanda principal de los trabajadores es que el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial regrese administrativa y operativamente a la Dirección de Educación Especial, como lo indican sus reglas de operación.

El coordinador explicó que en años anteriores el programa estaba dentro de la dirección, pero en la administración federal anterior, encabezada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, sumaron otras poblaciones, como migrantes y secundaria indígena, y las autoridades educativas decidieron retirarlo de la dirección porque había otros niveles involucrados.

Aun cuando lo sacaron de sus funciones, el personal de la dirección de Educación Especial continuó colaborando con el programa.

Los trabajadores exigieron que el programa vuelva a ser parte de la dirección, porque han tenido problemas de comunicación con el personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para las actividades que exige el programa.

Informaron que en dos ocasiones, mediante un oficio, ya le hicieron saber de su demanda al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, porque no pueden seguir en la operación de un programa que de manera técnica es ajeno a la dirección.

Otras de las inconformidades que orillaron a los trabajadores a manifestarse este lunes fueron la necesidad urgente de incorporación al FONE, que se fortalezcan a las supervisiones escolares de Educación Especial a través del nombramiento de Asesores Técnicos Pedagógico (ATP) por zona, dotar de equipamiento tecnológico como computadoras y proyectores, mobiliario, material de oficina y limpieza a las supervisiones escolares.

Además que se repongan los recursos humanos que por jubilación, defunción o que por cambio dejaron el servicio, entre otras demandas.

Funcionarios de la SEG ofrecieron una mesa de trabajo a los manifestantes para dialogar sobre estas demandas y tomar acuerdos. Los trabajadores aceptaron reunirse con los funcionarios a las tres de la tarde sin desbloquear la vialidad hasta tomar acuerdos que los convenzan.

 

 

 

Jornaleros agrícolas salen a trabajar sin apoyo gubernamental

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

Esta tarde, familias nahuas de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, salieron a trabajar a los campos agrícolas del estado de Sonora sin algún apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El abogado de Tlachinollan que da acompañamiento a los jornaleros agrícolas, Paulino Rodríguez Reyes, denunció que de parte del gobierno estatal y federal no hay respaldo para los trabajadores en materia laboral.

«La situación para este sector ha sido muy complicada desde siempre porque enfrentan problemas de todo tipo como la explotación y abuso laboral, discriminación y carecen de seguridad social y no hay programas gubernamentales que los respalden», mencionó Rodríguez Reyes.

Los jornaleros que se dirigen hacia Costa Rica, municipio de Sinaloa, son alrededor de 800, donde los emplea la empresa Golden Fields para el corte de verduras que exporta a Estados Unidos y Canadá.

La Golden Fields mandó 14 autobuses para el traslado de los jornaleros, quienes salieron esta tarde del crucero de Ayotzinapa, en Tlapa, y se le sumarán más en Chilapa.

Los jornaleros trabajarán en los campos agrícolas durante seis meses.

Rodríguez Reyes mencionó que Tlachinollan lleva un registro de 14,000 jornales que migran a los estados del norte del país, pero la cifra a nivel estatal pueden ascender a 40,000.

«Por eso se deberían crear programas que mejoren las condiciones de los jornales, como se está haciendo en otros estados expulsores de migrantes», dijo Rodríguez Reyes.

A nivel estatal, denunció el abogado, la Secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, no apoya a la Casa del Jornalero, un espacio para la protección de los trabajadores, ni con insumos básicos para realizar su labor.

«Estas instancias no cuentan con lo básico para preparar alimentos calientes para los migrantes y tampoco les proporcionan despensas, el comedor sigue sin operar”, denunció.

Acusan que niña atendida en Hospital de San Luis Acatlán murió por negligencia médica

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cortesia

Chilpancingo

 

Una niña de un año que ingresó al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de esta ciudad murió este sábado en la noche debido a que no recibió la atención médica adecuada en un hospital de San Luis Acatlán, denunciaron sus familiares.

Lin Mar, de la comunidad Na Savi de Río Iguapa, municipio de San Luis Acatlán, ingresó en estado grave al hospital de Chilpancingo el pasado 30 de octubre.

Ocho días antes la niña estuvo en el Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán con un cuadro de neumonía pulmonar.

Marcelina Madero Natalio, madre de la niña, afirmó que desde un principio notó que a su hija no le daban atención médica debido a que en ese hospital hay un conflicto entre trabajadores sindicalizados y de confianza.

Un grupo de trabajadores impiden el acceso al director de este hospital, Genaro Lara Calixto.

Mencionó que al notar que a su hija no le veía ninguna mejoría pidió, el pasado 30 de octubre, su traslado al Hospital General de Chilpancingo.

Aquí, el personal médico le dijo que la salud de su hija era crítico.

«Aquí en el Hospital de Chilpancingo hicieron todo lo posible para salvarla pero por falta de atención en San Luis Acatlán se complicó y murió este sábado a las cinco de la tarde».

La madre de la niña cree que su hija falleció porque en de San Luis no le aplicaron los medicamentos correctos.

Dijo que es común que en ese Hospital fallezcan personas no solo por mala atención sino por racismo y discriminación racial.

«Como madre y como indígena me duele muchísimo que haya ese tipo de discriminación hacia nosotros y que no se cumpla nuestro derecho a la salud en Guerrero», dijo Marcelina.

La señora enfrentó sola esta situación de su hija porque su esposo está trabajando de jornalero agrícola en un estado del norte del país.

En entrevista telefónica, Marcelina pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene que en los hospitales de Guerrero se brinde atención médica eficiente a la gente de bajos recursos económicos.

Exigió a las autoridades de la Secretaría de Salud y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG) que realicen una investigación en el caso de su hija para que se eviten más casos de discriminación y negligencia médica en ese hospital de San Luis Acatlán, ubicado en la región de la Costa Chica.

 

Asesinan a tres dirigentes del CIPOG-EZ, uno de ellos pidió al presidente López Obrador detener a Los Ardillos 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

6 de noviembre del 2022

Chilpancingo 

 

Tres de los líderes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar al grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos fueron asesinados.

Adán Linares, uno de los asesinados, estuvo presente en el encuentro con el presidente López Obrador hace quince días que vino a la Montaña y la CIPOG-EZ lo interceptó en Chilapa, momento en que le pidió detener la ola de violencia generada por Celso Ortega Jiménez, presunto líder de Los Ardillos y de su hermano, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.

De acuerdo con la información del CIPOG-EZ, alrededor del medio día Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario salieron de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, a bordo de un automovil Tsuru color blanco, con dirección a Chilpancingo, a comprar refacciones de auto que les encargó el comisario.

A las dos de la tarde, el Tsuru fue detenido por un policía de Tránsito de Chilapa, y a partir de ahí fueron seguidos por una motocicleta.

Después de las dos de la tarde se perdió comunicación con los tres integrantes del CIPOG-EZ y a las cinco de la tarde fue hallado el Tsuru blanco, a la salida de Chilapa, con los tres cadáveres dentro.

Los otros dos integrantes del CIPOG-EZ asesinados fueron Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario, quienes se desempeñaban como promotores regionales en las comunidades de Alcozacán y de Tula.

Esta tarde familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo a reconocer los cuerpos.

Las familias llegaron en una Urvan escoltados por seis patrullas de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Fuera de las instalaciones del Semefo, Jesús Placido Galindo, representante del CIPOG-EZ, responsabilizó del asesinato de sus tres compañeros al grupo criminal de Los Ardillos «y al gobierno del estado por la incapacidad para garantizar nuestra seguridad».

«El Estado puede desmantelar grupos, si puede desmantelar movimientos sociales, no se cual sea el motivo de su silencio de ellos (el gobierno) de no detener a Los Ardillos, sabemos que el control de los recursos de los municipios beneficia al pago de sicarios, control del ramo 33 y de grupos paramilitares», mencionó Placido Galindo.

Placido Galindo también responsabilizó del crimen a todas las autoridades políticas de la zona «por ser cómplices de Los Ardillos».

«Responsabilizamos a Los Ardillos, a su líder Celso Ortega, al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román, y a sus policías municipales que están coludidos con la delincuencia, al diputado local Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso y al diputado Jesús García», acusó Placido Galindo.

El automóvil estaba sobre la Carretera Federal Chilpancingo-Chilapa y presentaba impactos de balas, por lo que se cree que fueron interceptados y atacados a balazos.

En la imagen, Jesús Plácido Galindo, representan del CIPOEG-EZ, en una entrevista con reporteros afuera de las instalaciones del SEMEFO en Chilpancingo, Guerrero, este 6 de noviembre del 2022. Foto: Óscar Guerrero

“Las cárceles dejaron de funcionar desde hace mucho, hay que repensar el sistema penitenciario”: Enrique Zúñiga, especialista

Texto: Elidet Soto / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

6 de noviembre del 2022

 

Visitar las cárceles de México es ver los malos tratos y las vejaciones de las que son objeto internos y custodios, pero también confirma que lo que ahí sucede fue diseñado por el propio Estado.

Esta es la premisa de Enrique Zúñiga, autor del libro La pelea por los infiernos (Grijalbo), donde muestra las entrañas de las prisiones a través de historias que recolectó en diversas visitas a esos lugares.

Zúñiga asegura que el sistema penitenciario en México está perdido y no existe un punto de retorno, por lo que propone eliminar las cárceles.

“¿Por qué las cárceles no deben existir? Porque desde hace mucho han dejado de funcionar, están en un punto de no retorno, es más fácil quitar una prisión que construir una, porque es toda una industria que está anclada o avienta anzuelos ficticios”, dice en entrevista.

Para el autor, los monstruos no son solo los asesinos, secuestradores o narcotraficantes que están privados de la libertad, sino también el Estado que diseñó este modelo para sacar beneficios políticos y económicos.

“Es una lógica sistemática, es bárbara, pero están instrumentadas con inteligencia, ahí ves la mano del poder, no es un acto improvisado, fue planeado y organizado desde otro lugar”, expone.

Para Zúñiga, las prisiones, actos o elementos similares representan una teatralización del Estado, que finge combatir las conductas delictivas cuando en realidad estas son provocadas por esa misma maquinaria.

En busca de otro modelo

En La pelea por los infiernos hay historias de cómo, por ejemplo, en una cárcel de Veracruz existe un zoológico; otras narran el pacto patriarcal que existe en las prisiones y otras más relatan que hay sitios donde la tortura y el horror son los protagonistas.

Todas estas situaciones —insiste Zúñiga— tienen algo en común: son producto de la complicidad del Estado con la delincuencia organizada.

Zúñiga, quien trabajó como visitador adjunto en el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura, sostiene que el sistema penitenciario no es algo justo, por lo que cree necesario repensar cómo se conforma.

“Hay que repensar qué vamos a hacer con este sistema que se constituye como un sistema de injusticia, no como un sistema justo. Un sistema que alberga gente pobre, segrega personas y castiga las diferencias es falaz”, dice.

Durante sus recorridos, vio a criminales disminuidos, viviendo en la miseria, entre la suciedad, y tratados como simples mercancías o peor que animales.

“No tienen acceso a nada, las cárceles las avientan en cinturones de miseria, la gente vive en la suciedad, con la ropa raída, incluso esos grandes capos que te quieren pintar”, ejemplifica.

La lucha por el poder es el combustible que alimenta al sistema, dice el autor, quien fue testigo de cómo las personas con ganas de ayudar y cumplir una función de integración social fueron seducidas por el poder.

“En las cárceles se administran las violaciones de derechos humanos, las agonías y el cautiverio, solo para construir proyectos políticos”, recalca.

El negocio de las prisiones

¿Cuánto vale un prisionero? Como ser humano, nada; pero para hacer negocios, millones. Al menos así lo narra el autor en uno de los capítulos del libro, donde retrata la manera en la que, a través de capital privado y de gobierno, operan ocho penales federales en el país.

“El sistema penitenciario es un gran negocio, pero es el infierno para otros, y ahí quedan atoradas personas privadas de libertad y nosotros como sociedad”.

Zúñiga explica cómo operan los contratos de prestación de servicios en las cárceles, los cuales ponen en manos privadas la construcción de estos centros, así como los servicios de alimentación y limpieza.

El problema con estos contratos —argumenta— es que están en la opacidad y es imposible saber exactamente los detalles de lo pactado. Lo que sí se ha logrado documentar es la serie de irregularidades que existen en los centros.

Por ejemplo, en septiembre de 2013, la CNDH emitió una recomendación debido a que encontró que en el Cefereso de Sonora, el primero en operar bajo este modelo, no había reinserción social, los presos no tenían actividades recreativas, laborales o deportivas, había personal insuficiente y un inadecuado acceso a servicios de salud.

La prisión es patriarcal

Otro de los temas en los que Zúñiga abunda es el patriarcado que se vive en las prisiones y cómo las mujeres son doblemente víctimas, por lo que se ven orilladas a traficar con sus cuerpos.

“Son dobles víctimas por el sentido de ser mujer y ser prisioneras y no les queda de otra que capitalizar, muchas veces con la belleza, la cual puede ser lastre o salvación”, dijo.

El autor afirma que si las cárceles fueran diseñadas por mujeres no habría actos de barbarie como hay ahora. Incluso, dentro del horror que se vive en la cárcel, las mujeres suelen ser menos conflictivas que los hombres, hay más cuidado entre ellas porque se saben solas ante un sistema patriarcal.

“La mujer está integrada y vuelve comunidad el encierro, el hombre está totalmente fragmentado, un hombre solo se refugia en las drogas, en la violencia, por eso si las carceles estuvieran en un modelo feminista serían diferentes. Si ellas no se dan la mano, el sistema se las acaba”.

Un trabajo para tener memoria

La pelea por los infiernos es un trabajo de denuncia —dice Zúñiga—, pero también aspira a ser memoria, un archivo que ayude a terminar con las monstruosidades que suceden en esos lugares.

“La intención es que se vaya rompiendo con esta omertá y se haga una lógica de hablar y dinamitar los discursos de estos lugares, porque al fin y al cabo les dan mucho poder, se tiene que nombrar lo que ocurre”.

El autor espera que con su trabajo, que podría considerarse un ejercicio sociológico, cambien las dinámicas crueles y despiadadas que se viven en las cárceles de México, y en algún momento exista otro sistema para tratar con las personas que cometen algún delito.

En la imagen, manifestantes piden la libertad de los presos políticos a las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola)

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

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