Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez

Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.


Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD

Fotografía: Rey R. Jauregui

 

Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.

En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.

El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio

En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.

Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.

“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.

La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.

“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.

Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.

El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.

Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.

En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES

Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.

De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.

Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.

En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.

El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.

Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.

 

Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

Denuncia espionaje de la Sedena Flora Marcelo, madre de Ayelín, la niña víctima de feminicidio

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, la niña de 14 años originaria de Tixtla que fue víctima de feminicidio en octubre del 2020, se sumó a la lucha y acompañamiento de víctimas de violencia y fue blanco de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A raíz de la desaparición y asesinato de Ayelín y la búsqueda de justicia de sus familiares, Flora recibió amenazas de muerte. Salió de Tixtla y del estado para no poner en riesgo su vida ni la de sus otras dos hijas.

Por el momento no cuenta con ningún mecanismo de protección. Estuvo acogida por el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

En abril del año pasado se le retiraron. «Me dijeron que no corría peligro, sin hacerme análisis de riesgos», mencionó Flora.

En este tiempo ha sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos; intentaron desalojarla de los plantones en los que participó y fue víctima de espionaje.

Por ello, dijo, ha interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no recibe respuestas a sus quejas.

La semana pasada, denunció Flora, se dio cuenta que era víctima de espionaje por parte de una militar de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quien desde hace dos años se hacía pasar como reportera independiente.

«Llegó una chica diciendo que era reportera independiente, y como así hemos conocido a varias periodistas, confiamos en ella y, pues, no fue así. Tiene como una semana que nos dimos cuenta que no era una periodista, era una militar de Sedena».

La militar se presentó con el nombre de Mía Rodríguez y en los dos años acudió a entrevistar a Flor, y a Laura Kábata, madre de Óscar Kábata, víctima de tortura y privación de la libertad por elementos de la Sedena. Flora da acompañamiento a Laura y a Óscar.

La militar se ganó la confianza de Flora en estos dos años; hasta le contó cosas personales y sobre el caso de Ayelin.

«Ella sabe muchas cosas, sabía cuando nos agredían o cuando pasaba algo, era la primera en escribirnos, nos preguntaba qué íbamos a hacer, que si estábamos bien; a veces nos preguntábamos cómo se había enterado.»

Una de las cosas que Flora notó raras de la supuesta periodista es que, en una ocasión entró a una reunión con ella y Laura, y entregó su credencial y la llamaron Paola; pensaron que se llamaba Mía Paola.

Flora comenta que en Facebook y Twitter tenía otros nombres. De sus supuestas notas periodísticas nunca supieron.

Nunca le cuestionaron por qué tenía diferentes nombres. Flora comentó que terminaban cansadas y olvidaban esos detalles.

Se dieron cuenta de su verdadera identidad cuando hicieron una actividad con ropa usada.

«Decidimos hacer una protesta armando muñecos de ropa usada, yo pedí a varias compañeras que me regalaran ropa de uso, incluyendo a ella, y me trajo ropa. Armando los monos un compañero saca una blusa y ahí cayó una foto de ella vestida de militar».

Su nombre real no lo saben, sólo alcanzaron a leer en la fotografía que tenía el apellido de Farfán. A través una persona que trabaja en Sedena investigaron sobre ella y se enteraron que es parte del departamento de inteligencia de la Sedena.

«Tenemos por nuestras vidas, porque está persona sabe todo sobre nosotros. Sabe dónde están mis hijas. Necesitamos mecanismo pero no de la federación, necesitamos organismos internacionales porque no sabemos qué nos pueda pasar mañana».

Flora Rojas, madre de Ayalín, víctima de feminicidio en Tixtla mantiene una protesta fuera de la CNDH en la Ciudad de México para exigir justicia. Especial

Pobladores de la Sierra retienen a militares y a policías estatales para exigir obras

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Cortesía

27 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.

En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.

La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.

«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.

Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.

En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.

Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.

«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.

Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.

«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.

Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.

«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.

Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.

Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.

Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.

Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.

Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.

Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.

«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.

En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.

El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.

Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.

Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.

Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía

 

 

 

La SEG retira a la única maestra en Rincón de Chautla; 22 niños se quedan sin clases, denunció la CRAC

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
27 de marzo del 2023
Chilpancingo

El coordinador municipal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, David Sánchez Luna, denunció que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pretende retirar de la comunidad a la única maestra que atiende a los niños del preescolar.

Son 22 niños del preescolar Nicolás Bravo los que se quedarían sin clases

En una carta dirigida a la gobernadora Salgado Pineda y a la SEG y a su titular, Marcial Rodríguez Saldaña, la coordinación de la CRAC en Rincón de Chautla solicitó no cancelar la clave presupuestal de la maestra de preescolar Antonia Hilda Mesa Castro.

«Nuestros niños necesitan la educación, como lo ha dicho la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, que primero es la educación a los pueblos marginados o pueblos indigenas», se lee en la carta dirigida a Rodríguez Saldaña.

En la carta explicaron que apenas el 20 de febrero pasado la maestra llegó a la comunidad y a un mes de eso la SEG le notificó la cancelación de su clave.

«Nuevamente nos la quieren quitar (a la maestra) y dejar sin clases a nuestros niños», se lee en la carta. Mesa Castro ya fue informada de un cambio de plaza en otra comunidad.

«Según ya hablamos con el gobierno y nos dicen que ya lo están revisando, pero van lentos y en lo que lo revisan, pues, los niños van a perder clases», mencionó Sánchez Luna en entrevista.

La razón por la que los pobladores se niegan a que cambien de comunidad a la maestra Mesa Castro, es porque quien está adscrita a la comunidad, de nombre Marcelina Modesto Morales, tiene doble plaza. Es decir, está adscrita al preescolar Nicolás Bravo de Rincón de Chautla, y al de la comunidad de Chilacachapa, municipio de Tixtla.

«Por lo que se entiende que no hay garantía de que nuestros niños sigan estudiando», se lee en la parte final de la carta que también lleva remitente al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Rincón de Chautla, ubicada en la Montaña baja de Guerrero, enfrenta altos índices de pobreza y marginación; sus habitantes sufren la inseguridad y violencia provocada por grupos criminales con relaciones políticas y económicas. El saldo de este fenómeno de la violencia son personas asesinadas y desaparecidas, también ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cuatro niños toman clases después del confinamiento en 2021 generado por la pandemia de la Covid-19 en el Jardín de Niños Independencia, en la colonia Florida de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

Comisarios y habitantes de la Sierra piden a AMLO más Ejército y GN en esa zona

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

27 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Comisarios de 114 comunidades de la Sierra de los municipios de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que refuerce la seguridad en esta zona para evitar que un grupo del crimen organizado siga provocando violencia, saqueo de los recursos naturales y desplazamiento forzado de las familias.

Reunidos el pasado sábado 24 de marzo en la comunidad de El Balcón, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, las autoridades de los pueblos dijeron que la presencia del grupo criminal de La Familia Michoacana ha provocado el desplazamiento de muchas familias de esa parte de la Sierra.

«Debido a la incursión del grupo armado (la FM) más de 60 familias, que son alrededor de 400 personas del pueblo de Los Bayados, Santa Clara, La Trinidad y Los Puertos, del municipio de Coyuca de Catalán, salieron huyendo», dijo el comisario del ejido San Antonio las Tejas, David Salto Cortés.

Durante la asamblea dijo que en su pueblo, Los Puertos, eran 63 familias, pero ahora sólo se quedaron 23 debido a los hechos violentos de las últimas semanas.

«Los hombres armados nos dieron de plazo tres días para que saliéramos de nuestras comunidades, pero nosotros decidimos quedarnos y cuando pedimos ayuda al gobierno sólo nos mandaron a dos agentes de la Policía Ministerial», comentó Salto Cortés.

Agregó que ya pasaron más de tres semanas que las familias salieron de sus comunidades y hasta la fecha el gobierno no les garantiza que regresen a sus pueblos.

Durante la asamblea leyeron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le piden que reactiven las Bases de Operaciones Mixtas (las BOM) de manera rotativa. Estas bases de seguridad están integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Después del enfrentamiento a balazos entre habitantes de la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, el 28 de enero con policías estatales en el que murieron un mando, un policía raso y  tres individuos identificados por los pobladores como de la FM, el gobierno instaló dos Bases de Operaciones Mixtas, una en la comunidad de Santa Rosa y otra en Las Mesas.

En la parte de la Sierra donde ocurrió la asamblea conecta con la región de Tierra Caliente. Esta región concreta en lo alto de la Sierra con Costa Grande. En ambas zonas la violencia ha prevalecido desde hace muchos años generada por la presencia de grupos criminales asociados a grupos económicos y políticos en la región que actúan por diferentes intereses.

En el documento que leyó durante la asamblea del sábado pasado en El Balcón, Nancedalia Ramírez Domínguez, a nombre de los comisarios y organizaciones, expuso a López Obrador que por la grave violencia que prevalece en esa zona sus habitantes ya no tienen la seguridad de permanecer ni poder regresar.

«Solicitamos se reactiven las bases de operación militar de manera mixta y rotativa para que haya más seguridad en la población, así como también los centros integradores del bienestar que se habían instalado anteriormente, pero que no se les dio seguimiento ni atención y son de suma importancia y de beneficio a la Sierra», dijo Ramírez Domínguez.

José Luis Cázares Leyva, presidente del comité de Seguridad Privada Ruta Tecpan-El Balcón-Fresno de Puerto Rico, afirmó que la gente se ha coordinado para hacerle frente a cualquier problema que se presente para mantener la paz.

«Ya se planteó la problemática que se vive en la Sierra en donde hay pueblos desplazados que son vecinos de nosotros; por eso pedimos que se brinde la seguridad, porque el gobierno es el que tiene las armas, nosotros somos un comité de pacificación, sin armas, de diálogo», afirmó Cázares Leyva.

«Nosotros no queremos un solo pueblo desplazado, no queremos que nadie venga a desplazar a nuestros pueblos», dijo.

La semana pasada, en otra asamblea realizada en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, en los límites de Tierra Caliente, comisarios de 40 pueblos, quienes omitieron sus nombres, exigieron al gobierno federal que frene el avance de los integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, con quienes, aseguraron, se han enfrentado a balazos en los últimas dos semanas en esa parte de la Sierra.

En la reunión realizada en una cancha deportiva techada se observó, por varias fotográficas que circularon en las redes sociales, a hombres armados.

Tras la difusión de lo discutido en esta asamblea, este domingo 25 de marzo circuló en las redes sociales un comunicado donde se señala que un grupo del crimen organizado denominado Los Tlacos, obliga a la gente de esa parte de la Sierra a que se arme para enfrentar a la organización rival.

Elementos de la Guardia Nacional decomisaron dos armas largas y cartuchos útiles durante un retén en el acceso principal del muncipio de Leonardo Bravo, el pasado 7 de abril del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

 

Más de 4,000 desaparecidos en Guerrero por la violencia y el gobierno no las busca, dicen colectivos

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

26 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

El vocero del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, denunció que ante el incremento del número de personas desaparecidas en Guerrero no hay acciones de parte de las autoridades estatales para realizar acciones de búsqueda y de castigo a los responsables.

Por el contrario, Molina Rodríguez denunció que existe un desinterés de parte de los tres poderes en el Estado para atender los casos de las personas desaparecidas.

«Hoy Guerrero amaneció con 4,053 personas desaparecidas solamente de cifras oficiales, pero hay un sin número de gente que no se atreve a hablar y denunciar», mencionó Molina Rodríguez en entrevista al término del mitin para exigir la aparición con vida de los 43 hoy, en Chilpancingo.

Los problemas para las familias de una personas desaparecidas comienza en el Poder Judicial. «Son las mismas fiscalías las que hacen a un lado a las familias, porque les dicen que tienen que pasar 48 horas para iniciar el protocolo de búsqueda, cuando ya existe el Protocolo Homologado de Búsqueda que indica que indica que la búsqueda tiene que ser inmediatamente», expuso Molina Rodríguez.

Otra situación que se presenta es que debido a la violencia muchas familias prefieren no denunciar y darlo por muerto.

Una de las principales exigencias de los colectivos de búsqueda de personas es la creación de un Centro Regional de Identificación Humana en Guerrero, ya que actualmente «se siguen encimando los restos humanos sin ningún respeto y sin los estudios debidos».

«A este paso, según los informes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) van a pasar más de 100 años para que se pueda identificar esta crisis humanitaria de más de 52,000 restos sin identificar que hay en el país», dijo Molina Rodríguez.

En el Congreso local los colectivos tiene atorada una iniciativa para crear la Ley de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada que, de acuerdo con Molina Rodríguez, los diputados «no atinan a dar avances».

Desde la movilización que realizaron los colectivos el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, para exigir ser atendidos por los diputados, sólo hubo una reunión de seguimiento en la que apenas comienzan a formular la mencionada iniciativa.

«Nosotros propusimos una serie de necesidades importantes por eso tratamos de nutrirla y la que ellos (los diputados) presentaron en noviembre no llevaba todas las partes que nos parecen importantes».

Entre las propuestas que los colectivos manejan esta la de la total independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), ya que actualmente dependen de la Secretaría General de Gobierno y sujeta al presupuesto de esta.

«Queremos que nos digan qué procede en esos casos, porque entiendo se tienen que reformar otras leyes y eso es lo que no nos explican».

Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante un mitin por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de mayo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola)

 

Integrantes de Banda de Música del gobierno estatal sin instrumentos y uniformes

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

26 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Sin uniformes y con instrumentos musicales caducos actúan los integrantes de la Banda de Música del gobierno del estado que ameniza los actos oficiales y tres tardes a la semana en el kiosco de la Plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo.

Desde hace un mes, los 29 integrantes de la banda acuden a tocar al zócalo sin uniforme, porque el que tienen está desgastado y aún cuando ya gestionaron los nuevos siguen sin entregárselos. La banda toca ahí los martes, jueves y domingos para amenizar las tardes de quienes acuden a paseo la zócalo de la ciudad.

Debido a que son varios días los que se presentan y, aparte, los eventos oficiales del gobierno del estado, el uniforme de la mayoría de los integrantes se desgastó y ya no lo pueden utilizar.

«Necesitamos uniformes a la voz de ya. Ya hice la gestión ante el Ayuntamiento y lo haré ante la Cámara de Diputados. Es urgente que la banda de música tenga su uniforme que lo dignifique», comentó Rodolfo Agustín Cruz Cayetano, encargado de la Banda de Música de la Secretaría de Cultura.

Los integrantes necesitan dos uniformes, el de uso diario que constan de un guayabera blanca, pantalón y zapatos negros, y el formal: saco, camisa, corbata, pantalón y zapatos.

Los integrantes de esta banda deben tener este uniforme de gala para eventos especiales, como la ceremonia oficial del Grito de la Independencia de los 15 de septiembre en Palacio de Gobierno.

De la Cruz Cayetano dijo que también los instrumentos musicales están en avanzado desgaste y puso como ejemplo el bombo y los clarinetes.

«La solución a nuestras peticiones van a paso de tortuga, pero confiamos en la palabra de las autoridades en esta caso de la Secretaría de Cultura», comentó.

Esta banda musical se ha convertido en una diversión de la gente que asiste al zócalo de Chilpancingo. Los jueves esta banda ameniza el baile del danzón al que acuden decenas de parejas de la tercera edad.

Integrantes de la Banda de Música de la Secretaría de Cultura tocan en el quiosco del centro de Chilpancingo. Foto: Óscar Guerrero

 

 

Ciudadanos expulsan a pedradas de Xalpatláhuac a Ejército y Guardia Nacional

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desalojados a pedradas por mujeres y hombres de la cabecera municipal de Xalpatláhuac en su intento de recuperar el ayuntamiento que horas antes fue abandonado por un grupo de policías comunitarios.

Durante la trifulca, las mujeres zarandearon al director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Sánchez quienes encabezaron la operación para desalojar y detener al grupo de autodefensas que desde octubre del 2021 tomaron el ayuntamiento tras expulsar a balazos a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

La estrategia del gobierno para recuperar la alcaldía surgió luego de que este martes los civiles armados golpearon y luego  retuvieron al DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes quien fue liberado este miércoles en la noche tras obligarlo a firmar una minuta de acuerdos en el que exculpa a sus agresores.

Sin embargo cuando este jueves a las ocho de la mañana el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal arribaron a Xalpatláhuac los policías comunitarios se habían retirado del edificio del ayuntamiento.

Según testimonios de personas de esa localidad ubicada en la región de la Montaña, todo estaba desarrollándose de manera normal cuando alrededor de las 14 horas la gente se arremolinó cerca del ayuntamiento cuando se percataron que los militares, Guardia Nacional y los agentes estatales se llevaban dos camionetas del ayuntamiento y que utilizaban los comunitarios para realizar sus redadas.

Fue entonces que la gente, en su mayoría mujeres, empezaron a lanzarle piedras a los uniformados federales y estatales.

Rodríguez Cisneros trataba de calmar los ánimos de las mujeres pero se le fueron encima y le exigieron que se retirara del pueblo.

Rodríguez Cisneros e Irving de Jesús Sánchez, decidieron suspender la operación y junto con los militares, GN y policías estatales abandonaron el pueblo entre insultos de la gente.

El conflicto en este municipio surgió en octubre del 2021 cuando la alcaldesa Maldonado Sotelo encabezó una reunión en el zócalo del pueblo para analizar el trabajo que venía realizando la policía comunitaria.

Después surgió una discusión entre la edil con los líderes de las autodefensas.

Finalmente Maldonado Sotelo y otros funcionarios tuvieron que abandonar la localidad luego de que los policías comunitarios les empezaron a disparar con armas de fuego.

Nadie resultó herido.

Desde octubre del 2021, unos 40 policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tomaron el ayuntamiento.

«Desde que los policías comunitarios tomaron el ayuntamiento ellos han tomado el control del pueblo realizando extorsiones a los comerciantes y empresas que van a vender sus productos a Xalpatláhuac», asegura la edil quien despacha en una casa particular en la comunidad de Cauatache.

«La población de Xalpatláhuac vive aterrorizada porque los policías recorren las calles armados con rifles Ak-7 y AR-15 y aquel ciudadano o ciudadana que comete una falta es detenido y encerrado en la cárcel municipal en donde es rapado», aseguró Maldonado Sotelo.

Después de que las fuerzas federales y estatales se retiraron de esa localidad se prevé el regreso de los policías comunitarios, aseguraron fuentes del gobierno.

Antes de que los pobladores de Xalpatláhuac expulsaran a pedradas a las fuerzas federales y estatales tuvieron un diálogo con los mandos policiales.

Desalojan a trabajadores del sector Salud que bloqueaban la Autopista del Sol

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

22 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

 

Trabajadores del sector salud que bloqueaban la Autopista del Sol en el punto conocido como Parador del Marquez fueron desalojados por elementos antimotines de la Policía Estatal.

Los trabajadores de salud bloquearon la Autopista del Sol para exigir un incremento salarial y bases para trabajadores que laboran bajo contrato desde hace 14 años.

Los trabajadores que se manifestaron iban desde doctores, enfermeras y personal administrativo.

La movilización comenzó desde las diez de la mañana en la entrada de Palacio de Gobierno, de ahí marcharon a las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde pidieron un diálogo con la secretaria Aidé Ibarez Castro.

Ahí, la secretaria les dijo a los manifestantes que no podía resolverles el tema de las plazas y bases, porque le compete a la federación.

Al escuchar la respuesta de la funcionaria estatal, los manifestantes se movilizaron de nuevo; esta vez en la Autopista del Sol, hasta llegar al punto conocido como el Parador del Marquez.

Después de 15 minutos de bloqueo en los carriles centrales y de la Autopista del Sol llegaron elementos de la Policía Estatal con equipo antimotín y replegaron a los manifestantes.

En el repliegue, por lo menos tres mujeres y dos hombres fueron golpeados con los escudos de los policías; no hubo detención de ninguno de los trabajadores inconformes.

A las tres de la tarde la Autopista del Sol quedó liberada.

Momento en el que policías antimotines desalojan a personal de enfermería. Foto: Óscar Guerrero

 

Autoridades minimizan la desaparición en Taxco del servidor de la nación Miguel Huerta 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

Amigos y compañeros de Miguel Huerta Torres, servidor de la nación desaparecido desde el 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, denunciaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan y no atienden su desaparición.

Existen dos fichas de búsqueda de Miguel Huerta, pero sus compañeros denunciaron que a 22 días de la desaparición ninguna autoridad ha implementado alguna operación de búsqueda.

En conferencia de prensa, sus amigos y compañeros informaron que el pasado 18 de marzo acudieron a la Ciudad de México, al evento citado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por la expropiación petrolera, para protestar y exigir la búsqueda de Miguel.

Guadalupe Figueroa Ocampo, amiga de Miguel Huerta, contó que ella llevó una lona con la ficha de búsqueda que vio el presidente López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

“La gobernadora sólo la vio, se detuvo a leerla unos segundos, levantó la mano y el pulgar y se fue”, mencionó Figueroa Ocampo.

La lona fue entregada al personal de la ayudantía del presidente y la familia espera que llegué a la manos del presidente para que atiendan la desaparición de Miguel.

“Venimos a Chilpancingo para hacer más eco y ver si las autoridades ahora sí toman cartas en el asunto, porque a 22 días de su desaparición parece a nadie importarle, y la familia está totalmente destrozada”, mencionó José Isabel Arines Hernández, amigo y vecino de Miguel Huerta.

También denunciaron que el delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Días, no ha respaldado su exigencia de que Miguel aparezca, por el contrario, le reclama a la familia que lo involucren en un asunto que les dijo él no puede resolver.

“Al delegado le marca la familia y les contesta que no es su horario de trabajo y que de él no depende la búsqueda de Miguel”, mencionó Figueroa Ocampo.

Arines Hernández contó que esta mañana, antes de la conferencia de prensa, acudieron al Congreso del estado para reunirse con el diputado local Andrés Guevara Cárdenas, “sin embargo, lamentablemente, los guardias de seguridad de las instalaciones legislativas nos impidieron el acceso al ver que portaban lonas con la ficha de búsqueda de Miguel Huerta e incluso pretendieron decomisarlas”.

Guevara Cárdenas atendió a los amigos de Miguel en la calle y “se mostró accesible y dijo que hoy se reunirá con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a quien le planteara el caso”.

El 28 de febrero pasado, a las seis de la tarde, después de una asamblea en la Comisaría de Temaxcalapa, Miguel Huerta fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo subieron al taxi con número económico 01, del poblado vecino de Huixtac, y se lo llevaron.

En ese mismo hecho, los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberadas la misma noche del 28 de febrero.

El caso de Miguel Huerta, lleva ya 22 días desaparecido.

“A ver si se logra que la gobernadora reciba a la esposa e hijos de Miguel Huerta, esperemos que exista esa oportunidad, debido a que la familia está destrozada y sobre todo está abandonada”, agregó Figueroa Ocampo.

 

Al menos 17 años de violencias calladas e impunidad: otras 17 mujeres relatan sus historias con el “rey del parto inducido”

Testimonios recabados dan cuenta de que, cuando menos desde 2006, el médico Jesús Luján Irastorza cometió violencias y malas prácticas que afectaron tanto a sus pacientes como a los bebés que esperaban.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político 

Fotografía: José Luis de laCruz (Archivo)

22 de marzo del 2023

 

Hace 17 años, el bebé de Ixchel sobrevivió de milagro. Hace ocho, el de Fernanda también. Apenas hace unos días, ambas supieron cómo pudo haber terminado su historia, reconocieron los rasgos de un modus operandi e incluso ciertas violencias que entonces parecían normalizadas. Vieron su historia reflejada en supuestas trombofilias, infartos placentarios y otros aspectos que otras mujeres han descrito al señalar las malas prácticas en los partos “humanizados” de Jesús E. Luján Irastorza.

A partir de las historias documentadas por Animal Político en torno a este médico, conocido como “rey del parto inducido”, otras 17 mujeres señalaron la violencia obstétrica y las negligencias que vivieron con él: bebés que por poco lograron sobrevivir, cesáreas no aclaradas, tratamientos experimentales no consentidos, una bebé que vivió tres semanas tras el diagnóstico tardío del Síndrome de Edwards, otro que sufrió epilepsia por parto en sus primeros años de vida y un niño de ocho años que hoy vive con parálisis cerebral severa como consecuencia de la falta de oxígeno al nacer.

Desde diciembre, antes de la publicación de los reportajes, este medio buscó a Luján para una entrevista sobre los señalamientos en su contra. Se le contactó nuevamente en enero y a mediados de mes su equipo dejó de responder mensajes. Recientemente, su equipo se contactó y ofreció hablar con él, hasta después de las vacaciones de semana santa argumentando poco espacio en su agenda, aunque la página Top Doctors indica que tiene citas disponibles desde el 27 de marzo en varios horarios.

En una primera entregaAnimal Político documentó que en México, los médicos que violentan a una paciente o llevan a cabo malas prácticas pueden tener la certeza de no enfrentar consecuencias: las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal terminan viviendo procesos largos y revictimizantes, y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) descubren que la voluntad del médico es indispensable para lograr únicamente una conciliación, mientras órganos colegiados niegan la existencia de violencias específicas, como la obstétrica.

Riesgos no detectados

En 2009, Andrea vivió su embarazo en principio con aparente normalidad. Sin embargo, a partir del cuarto mes, comenzó a experimentar inflamación abdominal, dificultad para digerir los alimentos y mucha dilatación con poco movimiento fetal. En la semana 16, era tiempo de hacer un cuádruple marcador —un examen de sangre para determinar si hay riesgos de defectos congénitos—, pero Luján decía que ella estaba bien y había que intervenirla lo menos posible.

En los ultrasonidos, el médico llegó a comentar que la medida del cráneo de Micaela, su hija, era más grande de lo normal. Cuando finalmente llegó la semana 38, Andrea no se sentía bien. Su pediatra le comentó que casi no había movimiento fetal y el corazón de la bebé se escuchaba muy bajito. Andrea acudió con Luján y tuvo una cesárea de urgencia; su bebé fue llevada directo a terapia intensiva. El médico llegó tardíamente solo a informarle que su hija tenía Síndrome de Edwards.

Este síndrome es una alteración genética causada por la presencia de tres cromosomas 18 e implica una alta mortalidad para los recién nacidos. Es detectable en exámenes que pueden realizarse en el primer y hasta el segundo trimestre, cuando el médico observa un útero inusualmente grande y exceso de líquido amniótico. A Micaela la operaron a corazón abierto a los tres días de nacida. A las tres semanas, falleció.

“Le dije ‘Desde cuándo sabemos esto’; me contestó ‘No, es que todo iba perfecto en tu embarazo y mira, la verdad es que yo te puedo decir que las mujeres que se han atrevido a tener estos bebés especiales tienen un karma increíble en la vida’. Me empezó a echar un choro que yo le dije ‘Oye, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero a mí me hubiera gustado decidir si yo quería tener una bebé así’… Es un síndrome incompatible con la vida”, relata Andrea.

Unos años después, ‘Paz’ —cuyo nombre fue cambiado para resguardar su anonimato— tuvo a su hijo en Bité Médica a principios de 2015. Durante un parto mal llevado, el bebé no pudo respirar lo suficiente, presentó hipoxia y, como consecuencia, a sus ocho años vive con parálisis cerebral severa. Ella subraya lo sana que era cuando decidió embarazarse; después, en el transcurso de la gestación, siempre le dijeron que estaba bien y su parto fue natural.

Sin embargo, lo recuerda largo: las contracciones, ya muy intensas, llegaron a las 3:00 de la madrugada y su hijo nació casi a las 9:00 de la noche. Cuando se lo dieron, “estaba morado y parecía un muñeco de hule”. No lloró y Luján solo dijo “Viene lentito”. Estuvo cinco días en terapia intensiva y 10 en el hospital. Como su primer parto y siendo su único hijo, al principio las lesiones no fueron tan evidentes, pero más adelante una neuróloga hizo el diagnóstico.

“Me lo quitan y desde ahí empezó toda una historia muy diferente a la que una como mamá espera, y lo que yo no puedo entender es que cuando le preguntábamos mi esposo y yo qué había pasado (a Luján), él contestaba que no sabía por qué… Al año ya se notaba que no tenía el desarrollo normal y tenía parálisis cerebral severa. Fue consecuencia de un parto muy largo, no bien llevado… Si yo pudiera regresar el tiempo, les hubiera dicho ‘Hazme ahorita una cesárea’, pero siempre me dijeron ‘Va bien, va bien’”, lamenta ‘Paz’.

En 2012, a sus 26 años, Fernanda experimentó una compilación similar. Un parto que Luján calificó con un 9 de 10 —con contracciones que ella describe como muy fuertes y aceleradas y con las que, aun así, la mandaron a esperar— terminó en una cesárea tardía.

Al ver que en sus primeros años de vida su hijo tenía convulsiones, su persistencia para investigar con varios neurólogos finalmente llevó al diagnóstico de epilepsia por sufrimiento fetal. Esta afectó a su hijo mayormente en sus primeros seis años; aunque después encontraron la dosis de medicamentos necesaria para que llevara una vida normal, aún resiente algunos efectos.

“Como consecuencia del parto, del sufrimiento y de la falta de oxigenación, el diagnóstico por las convulsiones es epilepsia… Durante muchos años no tuvo un diagnóstico y una dosis exacta, convulsionaba muchísimo. Ahorita tiene TDA, dificultad al aprender, tiene muchas consecuencias que yo no se las atribuyo, no le voy a echar la culpa de todo, pero es una reacción a las medicinas neurológicas”, cuenta.

Las historias ligadas a quien excolegas y excolaboradoras conocían como “el rey del parto inducido”, sin embargo, datan de mucho más tiempo atrás. Ixchel tenía 23 años en 2006 cuando decidió embarazarse —el testimonio de mayor antigüedad del que este medio ha tenido conocimiento hasta ahora—. Una doula le recomendó al médico por ser el más respetuoso de los partos naturales y pionero del parto “humanizado”.

Al principio le generó mucha confianza porque “te habla al oído”. Ya cerca del término de su embarazo, un día sintió un cólico que no se quitaba y duró toda la noche. Luján diagnosticó que podía ser la antesala del parto, o bien, contracciones que surgen cuando el bebé se reacomoda. A la mañana siguiente había pasado, pero en ese momento, el médico llamó a Ixchel para decirle que debía viajar a Sonora por una emergencia familiar, por lo que la citó en el hospital.

Una vez ahí, en un parto que supuestamente sería “humanizado”, le hicieron un tacto. Le informaron que ya tenía nueve centímetros de dilatación, pero las horas pasaban y no había signos de que el parto estuviera próximo. Finalmente, le rompieron la fuente para apresurarlo. Ya durante la expulsión en agua, Luján le pidió que dejara de pujar y, cuando el bebé salió, estaba “total y absolutamente morado, sin ninguna señal de vida”.

Luján se fue a atender su emergencia cuando Ixchel todavía ni siquiera había terminado de expulsar la placenta. En cambio, el neonatólogo atinó a llevarse rápidamente a su bebé para darle la atención que necesitaba; ella está convencida de que eso le salvó la vida. Carlo había nacido con una doble circular del cordón umbilical —cuando está enrollado en el cuello—, estuvo cinco días en terapia intermedia y sobrevivió.

Ixchel creía que lo que había sucedido en su parto era normal, por lo que siguió acudiendo a algunas citas con Luján, pero un tiempo más tarde, él le diagnosticó ovario poliquístico —después descartado por otra ginecóloga—. Al hacerlo, se dirigió a la pareja de ella mientras le comentaba que las mujeres con ese padecimiento tenían un nivel de hormonas distinto, por lo cual atraían a los hombres; “así que no la culpes”, añadió. Ella se sintió invadida y finalmente abandonó su consulta.

“Nunca juzgué el proceso del parto porque tú les crees (a los médicos) hasta después que fui con la maestra de mi hermana, que estudiaba partería. Mi bebé nació a las 5:00 de la madrugada de un sábado; ahí supe que yo desde el jueves estaba en trabajo de parto; cuando llegué al hospital, (el bebé) tenía día y medio queriendo nacer y nunca lo monitorearon, incluso consumió meconio”, relata Ixchel.

Aunque su hijo sobrevivió y no tuvo consecuencias en su salud, hace unos días —lamenta— supo cómo pudo haber terminado su caso. ‘Patricia’, cuyo nombre fue cambiado, sí puede contar esa historia. Ella tenía un parto programado para la segunda mitad del año. Faltaba cerca de un mes cuando tomó la decisión de cambiar de médico. La razón fue una insistente recomendación, en el lugar al que acudían al psicoprofiláctico, del doctor supuestamente más adecuado para un parto natural y humanizado: Jesús Luján.

A sus 35 años, el médico la dejó llegar a la semana 41.3 de embarazo. La programó un miércoles a la 1:00 PM para inducir el parto en su consultorio, al lado del  hospital donde la atendería; sin embargo, la regresó a su casa. Después, ‘Patricia’ tiene algunas lagunas en sus recuerdos. Cerca de las 4:00 de la tarde, comenzó a sentir contracciones. Como madre primeriza, no sabía si lo que estaba sintiendo era normal o no, pero a las 7:00 de la noche ya estaba segura de que algo iba mal.

“Él me indujo un parto y no tenía ni idea de cómo me estaba yendo. Esto sucedió en mi casa, no en el hospital”, recuerda. Tras meterse a bañar, según le recomendó Luján luego de hablar con él, sintió una baja de presión y decidió ir al hospital. Llegó cerca de las 9:00 de la noche. Ahí, su estado empeoró. Cuando llegó el médico, le dijo que tendrían que “sacarlo por la pancita”. A partir de ahí, describe los hechos como una carnicería.

Recuerda que su bebé se veía morada y no lloraba. ‘Patricia’ pedía explicaciones; después, quedó inconsciente tras la aplicación de más medicamento. La llevaron a terapia intensiva y le dijeron que estaba viva, lo que le dio un poco de alivio. “Nunca pensé en el desenlace; yo quise pensar que todo estaba bien”, cuenta. Cuando recobró la conciencia, se convirtió en la noche más larga para ambos.

En el resto de las horas que pasaron después, mientras pensaba en llevarla a otro hospital, Luján solo repetía que la niña estaría bien. Luego de que fuera un embarazo completamente normal, la familia no entendía qué había sucedido. Todo había transcurrido como si se fuera a recuperar, incluso la preparación para la lactancia. A la mañana siguiente, con el resto de su familia ya ahí, le informaron que la niña había fallecido.

Cuando ‘Patricia’ recurrió a otro ginecólogo para tratar su posparto, le mostró el documento que le había dado Luján, a lo que él replicó: “Las probabilidades de que esto suceda son extremadamente remotas, y la verdad es que al haberte dejado llegar a la semana 41 con tres días, teniendo 35 años, lo más probable es que la placenta no estuviera en óptimas condiciones. En el momento en que te indujeron el parto, no oxigenó bien, y como no te estaban monitoreando, no se dieron cuenta; hubo un sufrimiento fetal irreversible”.

“Yo también tengo un bebé de ‘miércoles de Luján’”

A Alexandrina, Fernanda, Teresa, Olga, ‘Lucía’, ‘Alma’ y ‘Daniela’ —los tres últimos nombres fueron cambiados porque prefirieron el anonimato— las une hoy la certeza de que ellas fueron un caso más de los “miércoles de Luján”, que algunas doulas que se alejaron del médico por estar en desacuerdo con sus prácticas relataron. Con tés, tactos o “gotitas”, reconocen un modo de operar que se aleja del parto “humanizado” que promete Bité Médica, donde Luján es socio.

Los tiempos en sus partos, la misma sucesión de hechos y, sobre todo, la coincidencia en el día y el repentino tránsito de la ausencia o levedad de contracciones a dolores tan fuertes, que en algunos casos conducían al mareo y al vómito, les han hecho ver que su parto no fue humanizado, sino inducido.

“No sé si alcances a dimensionar todos los veintes que me cayeron y dije ‘Ya entendí todo con este cuate, toda su forma de funcionar’; imagínate que yo di a luz hace dos años y medio y no me había dado cuenta hasta ahorita”, dice Fernanda, cuyo caso es de los más recientes, de 2020. Para esta publicación, otras dos doulas que pidieron reservar su identidad, también inconformes con las prácticas de Luján, confirmaron lo que algunas ya habían revelado.

A las mujeres se les citaba comúnmente los miércoles —tuvieran o no manifestaciones de la proximidad del parto— para inducirlos. Presumiblemente y sin consentimiento, se les daba misoprostol o prostaglandina diluida en un té o en un gel utilizado para realizar algún tacto.

Partos como los de ellas tuvieron buen término; sin embargo, el engaño en torno al parto “humanizado” y la aplicación de medicamentos sin consentimiento es su reclamo. Uno de sus excolegas explicó que el parto inducido sin el monitoreo adecuado puede terminar bien nueve de cada 10 veces. En el resto de los casos, las complicaciones no detectadas a tiempo tienen consecuencias graves.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la información que se da a los pacientes debe cumplir con todos los requisitos que establece la ley y la carta de consentimiento informado para que resulte válida y acredite fehacientemente los términos en que fue recomendado cierto tratamiento por el médico, excluyendo toda mala praxis, error, impericia, imprudencia o negligencia por la cual se ocasione un daño físico o moral al paciente.

A Alexandrina, durante todo su embarazo, le hicieron advertencias de una supuesta placenta envejecida y riesgo de preeclampsia que no tenían ningún sustento y posteriormente fueron descartadas por otros especialistas. Luego de su parto, tuvo que regresar a los cuatro días al hospital. La sometieron a una intervención quirúrgica, en la que le extrajeron una acumulación de sangre derivada de la inadecuada sutura del desgarre que tuvo.

A ‘Daniela’, después de dos abortos espontáneos, le recomendaron que viera a un especialista en biología de la reproducción. Luego de descartar a uno y tener una mala experiencia con otro que le hizo una fertilización in vitro y una transferencia no exitosa, conoció a Luján. Lo primero que le dijeron fue que las trombofilias eran la causa.

Determinaron hacerle una inseminación artificial y aplicarle una vacuna con el plasma de su esposo. Finalmente, quedó embarazada y le empezaron a suministrar anticoagulantes por las trombofilias. El día de su parto, no dejaron pasar a sus doulas porque no trabajaban en el equipo de Luján.

Ahora tiene la presunción de una inducción sin consentimiento tras el suministro de gotas. En dos horas, las contracciones se recrudecieron, incluso con vómitos. Al final, fue necesaria una cesárea de emergencia que nunca le explicaron. Él argumentó que se le había infartado la placenta.

“Me estoy dando cuenta de muchas cosas que pasaron que no me gustaron, no me hicieron sentir como él dijo, que me iba a tratar como parte de su familia. No me sentí así, me sentí abandonada, el personal del hospital muy mal, nadie me explicó que iba a una cesárea, no se lo explicaron a mi esposo, y hasta ahorita no entiendo qué pasó ni qué me inyectaron, que fue algo que prepararon ahí”, señala.

“Hasta hace una semana, mi esposo y yo confiábamos ciegamente en el doctor Luján y su equipo, pero nunca estuvimos claros de lo sucedido el día de mi parto. Cuando leí el artículo, quedé sin palabras y totalmente desconcertada de cómo un ser humano puede ser capaz de engañar y de jugar con la vida de los demás”, relata ‘Alma’ en su narración sobre cómo la citaron un miércoles, le hicieron un tacto con el argumento de acomodar al bebé y en cinco horas ya estaba sintiendo contracciones muy intensas que después se potenciaron mucho más. Luego de que finalmente le hicieran una cesárea, su bebé tardó 10 días en poder respirar bien y el diagnóstico fue el clásico que otras han escuchado: trombofilias, después descartadas por los análisis que le hicieron para su siguiente embarazo.

Olga vivió la misma historia pero además no pudo lactar. Los médicos de Luján argumentaron que a su hija había que darle fórmula porque existía un riesgo de que se le bajara la glucosa —lo cual fue descartado por un pediatra—. Tampoco supo a ciencia cierta por qué su parto terminó en el sufrimiento fetal y una cesárea de emergencia, de la que su hija nació morada y tardó en llorar.

“Lo que digo es ‘Haz cesáreas’, igual puede dar un chorro de plata decir ‘Yo no hago más que cesáreas programadas’, y se vale que hagas tu lana, pero no se vale que te vendas de una manera y violentes de esa manera a alguien cuando está tan vulnerable”, reclama Olga.

“Todo lo había normalizado”: violencias que no se nombran 

Los partos de Paola, Sara y ‘Julia’, por diversos motivos, no ocurrieron en miércoles, pero también estuvieron rodeados de ausentismo, falta de información y sutiles violencias que no siempre se reconocen a la primera. En el caso de ‘Julia’, el parto ocurrió un viernes fuera de Bité Médica porque aún era época de pandemia, en 2021.

Le hicieron una maniobra mediante un tacto dos veces, durante la labor de parto la dejaron esperando sin saber lo que pasaba, usaron un vacuum o ventosa obstétrica —práctica contraria al parto “humanizado”—, perdió mucha sangre y después, recién suturada, uno de los ayudantes de Luján le hizo otra maniobra mediante tacto porque su útero, según le dijo, no se había reacomodado tras el parto.

“Tuve su mano como una hora adentro; me sentí violadísima, ya mi cuerpo no era mío, ya era de ellos… Mi doula me confirmó que todo lo que había vivido era violencia obstétrica, pero todo lo había normalizado… Fue muy traumático, yo tuve mucho rechazo a mi hija porque sentía que me había hecho mucho daño”, relata ‘Julia’. Luján incluso le recetó un medicamento psiquiátrico solo durante un mes; cuando dejó de tomarlo, tuvo una crisis de ansiedad que la llevó a urgencias. Hoy sigue en tratamiento de su depresión posparto.

En cambio, Mariana y ‘Adriana’ llegaron a su consulta por su dificultad para quedar embarazadas. A sus 40 años, Mariana ha tenido cinco pérdidas, la última con Luján, quien al llegar a su consulta le aseguró que, después de unos análisis, la posibilidad de que volviera a abortar se reduciría al 3% con el tratamiento adecuado. El médico concluyó que la causa eran trombofilias y auguró un tratamiento parecido a los que ella había recibido anteriormente.

En noviembre pasado finalmente se embarazó. En el transcurso de esos meses, la atendieron dos médicos distintos a cargo de Luján. Entre diciembre y año nuevo, tuvo un aborto espontáneo. Para ese último embarazo, le pusieron una vacuna LIT, no aprobada en su totalidad e incluso prohibida en países como Estados Unidos, sin avisarle de ese estatus. La pérdida se le complicó mucho más que las anteriores, y el legrado de emergencia que requería fue retrasado hasta que ella decidió irse.

En tanto, ‘Adriana’ perdió la cuenta de cuántas transferencias de embriones tuvo, pero calcula que son por lo menos 15 en dos años y medio. Prácticamente solo había un mes de descanso entre ellas. Le ofrecían paquetes en los que el cobro estaba enfocado en las consultas y las transferencias. Además del excesivo gasto y desgaste para su cuerpo, el cobro de congelación de embriones que ella nunca pidió y de los que no tenía conocimiento, reclama también el diagnóstico erróneo mediante estudios sin formalidad que muestran resultados distintos a los de un laboratorio certificado.

Hoy, ‘Paz’, con un hijo de ocho años que vive con parálisis cerebral severa, concluye: “Creo que no es un error de una vez (el de Luján)… cuando lees que es un caso, y otro y otro, y con temas distintos y mujeres de diferentes edades, diferente tiempo, diferentes años, habla de que él algo está haciendo mal. Entonces, la verdad creo que es muy difícil que pueda pasar algo, pero por lo menos que las mujeres que piensen ir con él, a ese hospital, al tratamiento que sea, lo piensen dos veces”.

Activistas feministas durante un protesta en el Ayuntamiento de Chilpancingo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola Periodismo).

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Autodefensas de Xalpatláhuac extorsionan y generan terror, dice alcaldesa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

En el contexto de los dos días de la retención del director del DIF de Xalpatláhuac por parte de unos 40 autodefensas, la alcaldesa del municipio, Selene Sotelo Maldonado, denunció que este grupo armado mantiene tomado el Ayuntamiento desde octubre del 2021 y se ha dedicado a realizar extorsionar a la ciudadanía.

Este lunes a mediodía, el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, escoltado por policías estatales desde una patrulla, llegó a la cabecera municipal de Xalpatláhuac para repartir despensas a la ciudadanía.

Pero un grupo de autodefensas, armados con rifles AR-15 y AK-47, lo golpearon, lo detuvieron y encerraron en barandilla municipal, contó la alcaldesa.

Según la edil, quien desde octubre del 2021 fue expulsada a balazos de la cabecera de ese municipio, había un acuerdo con el líder del grupo armado, Nicolás Villarreal Dircio, de que personal del ayuntamiento repartiría despensas a las personas del pueblo que los necesitaran.

“Hasta este martes nuestro compañero (Pardo Dorantes) sigue encerrado en la cárcel municipal y apenas los civiles armados van a permitir el ingreso de su familia para que le den sus alimentos”, comentó.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y le impide la entrada de la alcaldesa por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

De acuerdo con la versión de la edil, la razón es que ella es esposa de quien ya fuera dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

Desde el lunes pasado, contó la alcaldesa, ya le informó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la situación en su municipio para que intervenga.

Sobre su expulsión en octubre del 2021, detalló que ella encabezaba una reunión donde había habitantes del municipio y dirigentes de la llamada Policía Comunitaria, es decir, el grupo de autodefensas, y analizaban las funciones que debería de asumir esta organización armada, pero fue expulsada de la asamblea.

“Me sacaron de la reunión y luego los de la Policía Comunitaria me dispararon, pero afortunadamente no resulté herida y logré salir del pueblo”, dijo en entrevista telefónica.

Lleva 17 meses fuera de la cabecera del municipio y montó sus oficinas en la comunidad de Cauatache.

Informó que hace unos meses estableció algunos acuerdos con los dirigentes de las autodefensas para que el personal de las oficinas de Catastro, Registro Civil y DIF municipal realicen sus funciones en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac.

“Incluso en diciembre del 2022 se llegó al acuerdo con el líder de la comunitaria, llamado también el Tlayakanky, y el ex candidato a la alcaldía, Edmundo Delgado de Xalpatláhuac de que realizara una visita de trabajo en la cabecera, pero nuevamente fui expulsada por los policías comunitarios”.

Recordó que en esa ocasión la acompañó el subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez. “Llegamos a Xalpatláhuac y vimos cómo nos tenían rodeados muchos policías comunitarios fuertemente armados y nos dimos la media vuelta para regresarnos”.

Xalpatláhuac es un municipio de la región Montaña alta de Guerrero, una de las tradiciones anual en esta cabecera es la peregrinación religiosa del señor de Santo Entierro. Este evento ocurre unas semanas antes de la Semana Santa y asisten miles de personas a la iglesia que lleva por nombre Santo Entierro. Este año ya ocurrió.

Selene Sotelo denunció que los líderes de la autodefensas cobraron mucho dinero a los comerciantes que instalaron su local durante esta festividad religiosa.

“He recibido quejas de que los de la Policía Comunitaria les fijan cuotas a los comerciantes, pero a los que más les cobran por vender su producto son a las empresas refesqueras y cerveceras, a quienes les fijaron una cuota de hasta 80, 000 pesos al mes”.

Según la edil las autodefensas han sembrado el terror en Xalpatláhuac, porque a las personas que comete alguna infracción no sólo las encierra en la cárcel, las rapan y les cobra una cantidad exhorbitante de multa como fianza.

“He recibido quejas de muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque las golpean y los policías comunitarios las detienen, las llevan a los sembradíos de maíz a realizar trabajos forzados y después las obligan que regresen con sus parejas sentimentales”.

Denunció también que desde que fue expulsada de la cabecera municipal los líderes de la Policía Comunitaria han saqueado el Ayuntamiento que mantienen tomado.

“Hay muchas denuncias de todos estos actos, pero la Fiscalía General del Estado sigue sin actuar desde octubre del 2021”.

En la imagen difundida en redes sociales se aprecia el momento en que los autodefensas llevan detenido al funcionario municipal de Xalpatláhuac.
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