Nepotismo y corrupción impera en Poder Judicial de Guerrero

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz y Oscar Guerrero

15 de julio del 2021

Chilpancingo

 

En Guerrero ser esposa, hijo o hija de un magistrado del Poder Judicial es garantía de ingresar como juez o algún otro cargo de estructura sin tener la carrera judicial.

 

Informes de abogados litigantes y trabajadores por años en el Tribunal Superior de Justicia aseguran que el nepotismo y la corrupción en esta instancia ha cobrado relevancia de 10 años atrás a la fecha.

 

Cada magistrado por lo menos ha colocado a un familiar como juez, secretario de acuerdo u oficial mayor.

 

Julio Jáuregui García colocó a su esposa Azucena Pineda Guillermo como juez de primera instancia en materia de justicia para adolescentes. Félix Nava Solís, magistrado de la tercera sala penal, que impuso a sus sobrinos Irving y Ever Fernández Nava, además de a Carlos Nava Tapia, como juez de juicios orales, oficial administrativo del juzgado penal de Chilpancingo y oficial administrativo en el distrito judicial de Hidalgo que tiene sede en Iguala.

 

Pero también los magistrados en retiro pueden recomendar a sus hijos para que ocupen distintas plazas en el Poder Judicial.

 

Es el caso del ex magistrado fallecido Eulalio Alfaro Castro, en su momento colocó a sus tres hijas, Tanya, Mariela y Norma Sany Alfaro Zapata como juezas de control de enjuiciamiento en Chilpancingo, Iguala y Tixtla.

 

Fidel Alfaro, sobrino de Eulalio Alfaro, es juez civil.

 

También el ex magistrado y ex presidente del Poder Judicial, Raúl Calvo Sánchez, impuso a su esposa, Genésis Hernández Rodríguez, como jueza.

 

Vicente Rodríguez, magistrado de la Primera Sala Penal, tiene a sus dos hijos, Cristian y Alberto Rodríguez trabajando como jueces.

 

El ex secretario de Acuerdos del Tribunal, Juan Sánchez Lucas, quien en mayo de este año a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, el Congreso local lo designó como magistrado, impuso a su esposa María Teresa Sánchez Romero como jueza.

 

En entredicho el papel de los recomendados por magistrados

El dirigente estatal del Frente Nacional de abogados Democráticos (FNAD), Carlos Marx Barbosa Guzmán, denunció que muchos de los jueces tienen el cargo por la recomendación de su papá que es o fue magistrado, aun cuando no están capacitados para cumplir con la función de impartir justicia.

 

Citó el caso de la juez mixto de primera instancia de Tixtla, Norma Sany Alfaro Zapata, hija del ex magistrado Eulalio Alfaro, quien, dijo, alteró una formalidad procesal y eso ha derivado en el retraso de más de tres años de un juicio en materia familiar. Aun cuando ella sabe que eso es una irregularidad, expuso, no lo ha corregido.

 

“El problema que cuando un magistrado mete a un familiar como juez sin que tenga la preparación, la antigüedad y perfil es normal que incurran en este tipo de irregularidades, como lo hace esta funcionaria judicial”, sostuvo el abogado litigante.

 

Barbosa Guzmán comentó que cuando un magistrado impone a su hijo, hija a algún otro familiar como juez afecta a los proyectistas, actuarios, secretarios de acuerdos que tienen carrera judicial. Pero lo más grave de esto es que los "recomendados" cometan irregularidades en detrimento de las personas que reclaman justicia.

 

Indicó que muchos de los jueces actúan con lentitud para agilizar los procesos judiciales y que hay veces que los abogados litigantes tienen que “darles un moche” para que los casos que llevan sean de manera normal como lo marca la ley.

 

Dice que, por ejemplo, él tiene en trámite 40 juicios de excitativa de justicia ante el Poder Judicial federal y local contra jueces locales que han retardado casos de litigios en materia civil, penal y familiar.

 

Barbosa Guzmán denunció que actualmente un magistrado percibe oficialmente un salario de 80,000 pesos mensuales pero que dos veces por año recibe un bono pero nunca se informa de cuánto es el monto.

 

Contó que en una ocasión, los magistrados convocaron a una sesión de plenos para aprobar un acuerdo de repartirse entre ellos un recurso económico que sobró del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

 

El abogado sacó cuentas y dijo que desde hace 20 años el Poder Judicial de Guerrero ha decaído en su credibilidad en impartir justicia pronta y expedita.

 

"Aclaro que no todos los jueces y magistrados son corruptos, ya que también hay muchos funcionarios judiciales que sí se esfuerzan por hacer bien su trabajo", mencionó.

 

Perla Maldonado Aguirre, presidenta del Foro Guerrerense de Abogados, mencionó que fue en el 2019 la última vez que hubo una convocatoria en el Poder Judicial para la asignación de plazas para jueces, pero que la mayoría de los favorecidos fueron familiares de magistrados o de funcionarios judiciales de otro rango.

 

La abogada mencionó que en mayo pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores propuso al Congreso local a un grupo de funcionarios sin carrera judicial como magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos nombramientos fueron aprobados por los diputados.

 

Entre los favorecidos y que son allegados al mandatario estatal está el ex Oficial Mayor del Congreso, Benjamín Gallegos, el ex presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, Ignacio Javier Murguía, ex Fiscal de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General y Tomás Pastor Reynoso, ex miembro del comité ejecutivo estatal del PRI.

 

También fue designado como magistrado de Justicia Administrativa, Jorge Camacho Mancilla, ex director de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV).

 

"Si no eres amigo del gobernador en turno, nunca serás magistrado y así pasó con este gobierno de Héctor Astudillo", denunció la abogada.

 

 

Proponen reformas al Poder Judicial

Ante la inacción de los diputados locales de Morena para reformar el Poder Judicial, el legislador federal morenista, Rubén Cayetano García, envió al Congreso local tres iniciativas de reformas al Poder Judicial que tiene que ver con su Ley Orgánica, su Consejo de la Judicatura y el Fondo Auxiliar de Justicia Administrativa.

 

En las tres iniciativas de ley van 6,000 firmas de apoyo de los trabajadores de los 18 distritos judiciales, abogados y dirigentes de organizaciones de abogados litigantes, así como de empresarios.

 

Cayetano García mencionó que uno de los propósitos que tienen este paquete de reformas es que los magistrados ya no sean propuestos por el gobernador y que el Congreso deje de aprobarlos de manera automática, como ocurre actualmente.

 

"Los magistrados una vez que cumplan con los requisitos de ley deben ser propuestos por la ciudadanía al Congreso y que en su encargo ya no duré 15 años, sino ocho; cuatro en una primera fase y otros cuatro vía ratificación", mencionó.

 

Actualmente la ley del Poder Judicial establece que un magistrado puede durar 8 años y ser ratificados por otros siete años.

 

La reforma judicial que propone Cayetano también establece las causas por las que un magistrado o juez puede ser inhabilitado o sancionado, y entre esos motivos mencionan el nepotismo, tráfico de influencias, acoso sexual o laboral, conflicto de interés y fraude procesal.

 

También contempla que la inhabilitación para el magistrado o juez que incurra en este tipo de corrupción o nepotismo, será de por vida.

 

Otra de las propuestas de esta reforma es de que el presidente del Poder Judicial ya no sea a la vez presidente del Consejo de la Judicatura y del Fondo Auxiliar de Administración.

 

"Actualmente el Poder Judicial de Guerrero se ha convertido en una empresa privada porque solamente lo controlan algunas cuantas familias porque para ser titular de un juzgado se requiere ser hijo, esposa, esposo de un magistrado o magistrada para poder quedar", mencionó el legislador federal por el distrito 08 de la Costa Chica.

 

Actualmente la Ley del Poder Judicial establece que el nombramiento de los magistrados es por propuesta del titular del Ejecutivo y con el aval del Congreso local.

 

En el caso de los jueces los nombramientos los hace el Consejo de la Judicatura que está integrado por el presidente del Poder Judicial, otros magistrados, un asesor del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Ejecutivo además de un abogado independiente.

 

El diputado federal Rubén Cayetano García, quien es abogado litigante, expuso que estos nombramientos de jueces son previo a un examen que se les hace a los aspirantes, pero dichas evaluaciones finales no son transparentes y finalmente son los "recomendados" los beneficiados.

 

Muchos proyectistas, secretarios de acuerdos o actuarios quedan desmoralizados cuando se dan cuenta de que aun cuando confían que pasaron el examen, son los familiares de un magistrado o magistrada quienes se quedan con la plaza.

 

Los aspirantes a un puesto de juez que se inconforman con los resultados pueden acudir a interponer su queja ante el Consejo de la Judicatura, pero en vez de recibir justicia son castigados por los miembros de este órgano interno del Poder Judicial y que preside el magistrado presidente en turno.

 

Rubén Cayetano dijo que aquél o aquella aspirante a juez que se rebele contra los resultados de la evaluación es "castigado" cambiándolos de centro de trabajo, a lugares lejanos como a la región de la Montaña o a zonas de alta violencia como a la Tierra Caliente.