Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
29 de octubre del 2020
Chilpancingo
Colectivas de mujeres protestaron afuera del Congreso local para condenar el dictamen de reforma al artículo 159 del Código Penal que aprobó la Comisión de Justicia que establece sumar más requisitos legales para despenalizar el aborto en caso de violación.
«Esta reforma es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes», señala un documento que leyó Ema Cerón, integrante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres de Guerrero.
Hace siete días la Comisión de Justicia del Congreso local que preside el priísta Omar Jalil Flores aprobó esta legislación que entre otras cosas condiciona la causal de interrupción por violación a las 12 semanas.
Las activistas dijeron que los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la interrupción legal del embarazo por temor, porque se encuentran en lugares lejanos o porque no cuentan con recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza.
«Lo que hicieron los diputados fue una demostración de poder desconociendo las leyes constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos de la mujer», señaló Ema Cerón.
Recordó que el Congreso local no acató la recomendación que envió la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de modificar el artículo 159 del Código Penal porque violaba los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo debido a que los diputados no modificaron esa legislación la Conavim declaró la alerta de violencia de género en Guerrero.
Actualmente el Código Penal dice que se puede interrumpir un embarazo producto de una violación siempre y cuando el Ministerio Público lo autorice.
Ahora la nueva propuesta que aprobó la Comisión de Justicia señala que las mujeres víctimas de violación deben de poner denuncia ante el Agente del Ministerio Público; que la Secretaría de la Mujer y el DIF deben de acompañarla; que las menores de edad deben de ir con sus padres a denunciar y que el médico que realice una interrupción de embarazo sin autorización será sancionado.
El documento que se leyó durante la protesta de las activistas señala que esta reforma aprobada en comisiones viola los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violación por las siguientes razones: ninguna mujer que sea víctima de violación con extrema violencia va a denunciar, sobre todo en aquellos lugares apartados y la víctima estará en peligro de muerte.
Las mujeres que hayan sido violadas y que ahora tendrán el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer o el DIF, serán revictimizadas además de la serie de trámites burocráticos para que se accione la denuncia.
Indican que con la propuesta de que el médico tenga que pedir permiso al Ministerio Público para interrumpir el embarazo se le está criminalizando y eso va alentar a que haya abortos clandestinos.
Ema Cerón señaló que esta reforma aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso es una regresión.
«Es como si en Guerrero estuviéramos viviendo más de dos décadas hacia atrás», afirmó.
Advirtió que ante esta propuesta legislativa la cual es posible que la próxima semana pase al pleno en sesión ordinaria y se apruebe, van a recurrir ante instancias federales interponiendo un amparo e incluso acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
