La noche del 17 de abril, Yareli Cortéz, de 17 años, comenzó a sentir fuertes contracciones. Estaba en su noveno mes de embarazo, por lo que acudió al Hospital Básico Comunitario de Quechultenango donde parte del personal médico la insultó y de quienes recibió violencia obstétrica.
Yareli es originaria Joxutla, una comunidad de Quechultenango con problemas de pobreza y acceso a derechos básicos, como el de la salud.
Al llegar al hospital las enfermeras la maltrataron, a pesar que Yareli les comentó que tenía fuertes dolores.
“Las enfermeras le dijeron que para qué quería marido, para qué se había embarazado y que se aguantará”, narró Eliseo Rodríguez Astudillo, quien acompañó a Yaretzi a interponer una denuncia.
En el hospital no atendieron a Yaretzi, aun cuando los dolores eran fuertes; la enviaron al albergue municipal.
Una vez en el albergue, los dolores fueron más intensos y Yaretzi comenzó a sangrar.
Everardo de la Cruz Pérez, pareja de Yaretzi, insistía en el hospital que atendieran a su pareja.
Ante la falta de atención Yaretzi parió a las 2:40 de la madrugada en la cocina del albergue. Su suegra, Gregoria Pérez García, le ayudó con el parto.
“La acosté en el piso, sequé al niño con papel de baño y lo envolví con mi suéter”, contó Gregoria.
Después del parto, un médico asistió a verificar si realmente Yaretzi había parido en el albergue.
Al constatarlo, el médico cortó el cordón umbilical del recién nacido en el albergue.
Después Yaretzi fue trasladada al hospital, aunque la internaron, no le realizaron ningún tipo de estudios ni a ella ni a su hijo para constatar que estuvieran bien de salud.
Yaretzi, su esposo y su suegra, acudieron esta mañana a la Jurisdicción Sanitaria 03 de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG) para interponer una demanda en contra del personal del hospital por negligencia médica.
De acuerdo con Rodríguez Astudillo, este no es el primer caso de negligencia médica que ocurre en ese municipio, pero los afectados no se atreven a denunciar.
La denuncia que interpusieron fue en la Jurisdicción Sanitaria y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) en contra de Miguel Ángel Casarrubias Reyes, director del hospital; Gema Ramón Rosas, jefa de enfermeras y María Inés Carranza Chino, jefa de Recursos Humanos.
La denuncia también será porque estás tres personas hicieron firmar un documento a Everardo, padre del recién nacido, que no sabe leer ni escribir; le mintieron y le dijeron que era para comenzar las investigaciones, pero en realidad era una carta en la que el personal se deslindaba de los hechos y de la salud del menor.
Un tribunal federal resolvió en contra de una impugnación que había promovido la FGR para intentar revertir la orden de un juez para que cree el banco de datos. A pesar de los recursos legales que ha promovido, la fiscalía afirmó ante la CIDH que tiene “avances” en la conformación de esa herramienta.
De manera definitiva e irrevocable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, con lo que le ordenó avanzar en ese proceso.
La nueva determinación judicial ocurre tras la impugnación que la FGR promovió ante la resolución de un juez que, en octubre de 2022, había determinado que la institución era omisa en la creación del banco. En aquella primera sentencia del juicio de amparo indirecto 1070/2021, el juez había ordenado a la fiscalía crear e implementar la herramienta en un plazo de 40 días.
Sin embargo, la FGR promovió un recurso de revisión. Ahora, ante la nueva resolución del Tribunal Colegiado, en la que confirma que es obligación del organismo poner en marcha el banco —que tiene rezagado desde hace más de cuatro años—, nuevamente el Poder Judicial establece un plazo de 40 días hábiles para cumplir con la determinación, que pone fin al litigio de manera definitiva e irrevocable.
El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece que el Banco Nacional de Datos Forenses estará a cargo de la fiscalía para concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos. Pese a que fue promulgada en 2017 y el plazo para crearlo se extendía hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, a principios de 2019, la FGR terminó argumentando que no tenía competencia para su creación.
El caso que originalmente motivó el litigio fue el de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017 y, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, promovió el amparo 1070/2021 por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia como consecuencia de la falta de operación del banco.
Luego de la primera resolución del juez, que daba la razón a Montoya, tanto el fiscal Alejandro Gertz como diferentes unidades dentro de la FGR pretextaron en su recurso de revisión que normativamente carecían de competencia para la implementación de “tales figuras banco y registro nacional, puesto que dichas facultades se encuentran limitadas a los extremos normativos previstos en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República”.
Contradicción y “avances”
Mientras ha insistido, por más de un año, en un litigio con el argumento de que no tiene competencia en la creación del banco, la fiscalía sostiene públicamente que sí ha avanzado en su conformación, tal como lo hizo incluso durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de marzo pasado.
“En audiencia ante la CIDH, Estado mexicano presenta información falsa. La FGR afirma que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) ‘ya se encuentra operando’, pero en México litiga vs. las víctimas que exigen su implementación. La audiencia evidenció la falta de coordinación entre instituciones, sobre todo en las fiscalías, y mostró la ausencia de una política nacional para enfrentar el #RezagoForense”, acusó el Centro Pro en aquel momento.
Consultada respecto del estatus y los avances en el proceso de creación del banco, en respuesta a una solicitud de información, la fiscalía incluso detalló que trabaja mediante un plan de cuatro etapas: arranque, integración de otras bases de datos de la FGR y las fiscalías locales, integración de otras autoridades y consolidación. Asegura que, después de cuatro años, aún se encuentra en la segunda fase.
Además, lejos de negar su competencia, la destaca: “Conforme a lo previsto en la legislación en cita (la Ley General en la materia), la Fiscalía General de la República se encuentra a cargo de su implementación (del banco) y lo asume como un compromiso de carácter prioritario, ya que además de apoyar en la búsqueda y localización en identificación de personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas, su uso implica el apoyo en la localización de familiares de personas fallecidas no reclamadas”.
Aunado a ello, admite que también serviría para el auxilio en la investigación de los delitos de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares; el aporte de información que sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima para obtener la reparación integral, así como la ayuda a determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada.
Sin embargo, “como todo gran proyecto y derivado de la complejidad y relevancia de los datos que deben conformarlo —precisa la FGR— se instrumentó un Plan de Trabajo que da cuenta de los pasos a seguir en su implementación a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos que fueron planteados”.
En la descripción de las etapas de ese plan de trabajo, la institución asegura que la segunda consiste en fortalecer lineamientos asociados al desarrollo tecnológico y establecer los planes individualizados de integración del banco de datos forenses que regirán la ruta de acción en cada uno de los estados de la República para que se incorpore su información al Banco Nacional.
“Actualmente se trabaja en la implementación de la segunda etapa, que consiste en la integración de las bases de datos de las fiscalías generales de las entidades federativas, para lo cual se han instalado a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia diversas mesas de coordinación con las fiscalías estatales a efecto de dar seguimiento a los trabajos para la interconexión de sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses”, concluye la fiscalía.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Con extorsiones, amenazas, baja de clientes y sin el apoyo de seguridad de los tres niveles de gobierno, es como trabaja el sector hotelero de Chilpancingo, denunciaron los empresarios en un reunión con el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez.
Ante el alza de inseguridad en la capital, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Chilpancingo A.C. (AMHMCH) se reunió este jueves con Méndez Gómez, el Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raúl Vera Torres y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chilpancingo, Martha Isela Velázquez Adame.
Durante la reunión que empezó a las diez y media de la mañana y terminó cerca de las 14 horas, a los funcionarios les llovieron reclamos por su inoperancia para frenar la ola de violencia que hay en las calles de la capital del estado.
Los 20 empresarios esperaban la llegada de la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón pero finalmente les canceló.
Uno de los empresarios denunció que en su hotel, donde el pasado 16 de febrero ocurrió un feminicidio, las autoridades ministeriales visitan la hospedería supuestamente para seguir con las indagaciones del caso.
«Han colocado letreros en mi hotel donde se lee investigación por feminicidio y todo eso espanta a nuestra clientela», dijo el empresario.
Ante el cuestionamiento, el Vicefiscal, Vera Torres le respondió al empresario que no podía hacer nada para evitar que asistan los agentes a recabar más información y que son protocolos los letreros que advierten que se realiza una investigación ministerial.
Otro empresario hotelero denunció que debido a que no aceptó pagar la cuota a un grupo del crimen organizado su hija fue secuestrada y fue liberada después de que pagó una cantidad de dinero por su rescate.
«Pero esas personas me siguen hablando por teléfono para amenazarme de muerte», relató el empresario.
Otro de los hoteleros reclamó a los funcionarios que ellos saben cuál es la situación que se vive en las calles de Chilpancingo pero «tienen miedo a entrarle».
Durante las exposiciones, otro empresario reveló que en la Feria de Navidad y Año Nuevo de diciembre del 2022 y que organizó la actual administración municipal de que encabeza la alcadesa morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, un individuo pasaba a todos los negocios para cobrar el derecho de piso.
El grupo de empresarios dijeron que ellos carecen de recursos económicos para contratar seguridad privada y por eso les exigieron a los tres funcionarios que les garanticen la paz y tranquilidad.
Ante el cúmulo de reclamos que hacían los dueños de los hoteles, el titular de la SPP, Méndez Gómez se desesperó y les reclamó que acudieron a esa reunión para escuchar propuestas y no «problemas del pasado».
Ante el exabrupto del secretario, algunos empresarios se molestaron y se salieron de la reunión.
Otra de las denuncias que expuso un empresario es de que algunos individuos llegan a sus hoteles y luego que se identifican como miembros de un grupo del crimen organizado les exigen hospedaje gratis.
«Algunas veces esas personas que son delincuentes se quedan hasta un mes en el hotel sin pagar nada y nosotros no podemos decirles algo por miedo a que nos vayan hacer algo», expuso el empresario.
Alguien de los asistentes propuso que se le pida a cada huésped una credencial de elector para que se identifique, pero Méndez Gómez les dijo que eso tendría que ser un acuerdo entre los empresarios hoteleros y no del gobierno.
En el tema de las peticiones, los hoteleros le exigieron al gobierno municipal que haya más rondines de policías municipales y garantizarles un número de emergencia donde puedan responder de manera inmediata.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de Seguridad del municipio, Martha Isela Velázquez Adame, casi les dijo que eso sería imposible porque ella solo cuenta con 120 policías municipales que están dados de alta pero solo operan en las calles 25 agentes.
«Tenemos pocos elementos, pero aún así estamos dando resultados, y no es pretexto», según la titular de Seguridad municipal.
La falta de un cultura de denuncia fue otro tema que se abordó en la reunión y donde se generó una discusión entre los empresarios y los funcionarios de seguridad.
Mientras los funcionarios dijeron que ellos si detienen a personas implicadas en algún delito que van desde faltas administrativas hasta robos, la falta de una denuncia hace que un juez cívico dicte una falta administrativa y los dejen libres en menos de 72 horas.
Los empresarios dijeron que ellos si denuncian y ratifican y que aun así los detenidos salen libres y regresan a amenazarlos.
«Los sacan y mientras eso pasa ya expusieron nuestros nombres, nuestros negocios y domicilios y esos delincuentes regresan a seguir extorsionando y robando y se acaba todo hasta que lo matan y aparece muerto».
Al final de la reunión agendaron un seguiente encuentro para plantear propuestas y los empresarios pidieron fuera privada «para tratar temas más concretos y delicados».
Estados Unidos tiene una larga historia de consumo de drogas, la cual involucra el tráfico ilegal con otros países, persecuciones y a la más invisible pero culpable industria farmacéutica, así lo explica L. Frisbie, quien hace un recuento de la historia de esta relación tan tormentosa con efectos a nivel mundial
Texto: María Ruiz / Pie de Página
Foto: Oficial Sedena
20 de abril del 2023
Ciudad de México
“Estados Unidos siempre ha encontrado un país que les produce (las drogas) que necesitan, y luego, cuando se cansan de ese país, lo culpan de lo que sucedió y lo persiguen” explica Héctor L. Frisbie en el primer episodio de Crisis de opioides: la historia, una serie de conversaciones que tendrá en el contexto de los acuerdos entre México y Estados Unidos para el combate del tráfico de fentanilo.
Frisbie es un especialista con 34 años de experiencia en distintos ámbitos médicos, que forma parte del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Ciudad de Colorado, en Estados Unidos.
Desde hace años, Frisbie ha utilizado las redes sociales para compartir información sobre la salud, resolver dudas y platicar con personas interesadas en los temas que conoce. Su canal de Youtube busca ser un espacio de noticias sobre la salud, en donde además promueve el autocuidado y la prevención de enfermedades.
La culpa es de los otros
En este episodio, Frisbie comenzó hablando de la primera crisis en el país norteamericano, cuando en 1970 Turquía decidió que no produciría más drogas para Estados Unidos. Este momento, resalta, fue la primera escasez de heroína que vivió ese país. A partir de ahí, la droga comenzó a llegar de otras naciones, específicamente del continente asiático, donde aprovecharon la presencia del ejército norteamericano para transportar sustancias ilegales en los ataúdes de soldados muertos en la guerra de Vietnam.
Frisbie menciona a algunos de los capos más famosos de la historia de Estados Unidos, como Frank Lucas, en quien basaron la película de Gangster Americano. A partir de esto, el especialista visibiliza un punto importante: en Estados Unidos se conocen a los narcotraficantes pero no a los políticos, autoridades y militares que permiten el acceso de estas sustancias a su país.
“Cuando llega la droga a la frontera, de ahí platican nada. Pasando la frontera, ¿cuántas autoridades están involucradas?, ¿quién es el gran capo de los Estados Unidos? Estados Unidos es el país de los monopolios, y debe haber uno de las drogas, pero nunca lo vamos a saber” compartió.
Estas conversaciones se dan después de que el viernes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por tráfico de fentanilo en contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa, específicamente a Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las acusaciones también fueron contra proveedores chinos que producen químicos necesarios para la elaboración de este opioide, supervisores de laboratorios, traficantes de armas, entre otros.
Un día antes, México acordó en Washington combatir el fentanilo y el tráfico de armas como parte del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad binacional. Ahora, Estados Unidos acusa a Los Chapitos de la crisis de fentanilo en su país. El consumo de este químico, de a cuerdo a sus cifras, actualmente es la principal causa de muerte entre su población de los 18 a 49 años. A la vez, estiman que 196 estadounidenses mueren cada día a causa de este opioide.
Pero la adicción, como explica Frisbie en sus videos, tiene una larga historia. Comenzó con la apuesta empresarial de una familia: los Sackler. Esta familia se enriqueció a partir de la distribución del OxyContin.
En 1990, los Sackler introdujeron el fentanilo de manera legal, producido por la farmacéutica Purdue Pharma. Comenzaron a impulsar su uso en hospitales y convencieron a las autoridades de que se uso no era adictivo.
Desde las autoridades sanitarias crearon el abuso y la dependencia, la mitad de las personas jóvenes adictas a la heroína empezaron con pastillas prescritas de opioides”.
Héctor L. Frisbie
Prevenir desde la ciencia, y no desde las emociones
En México ha aumentado el consumo de fentanilo. Nos hemos vuelto consumidores. Para Frisbie, esto tiene que ver con que el narcotráfico comenzó a introducir las drogas en las escuelas. Menciona que hay estudios donde se comprueba que el consumo de drogas antes de los 21 años genera adicciones en las personas, ya que el cerebro no está listo para el consumo de psicotrópicos.
Ante esto, esta semana, el Gobierno de México anunció un programa de combate a las drogas en escuelas. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, presentó la campaña “Si te drogas, te dañas”.
El programa consiste en una serie de pláticas de entre 10 a 15 minutos, tres veces a la semana, sobre los riesgos de cada droga. Las sesiones harán énfasis en los daños asociados al consumo de fentanilo.
Frisbie recordó que no hay mejor campaña que la información clara:
“Las campañas contra las adicciones y toda la educación tiene que ser desde la plataforma de la ciencia y el entendimiento de la otra parte. No podemos hacer campañas a partir de los sentimientos, tenemos que hacer que la gente tenga las cosas claras, que sepa que hacer y cómo ayudar de manera sensata e inteligente” explicó.
Paquetes de fentanilo asegurados por el Ejército. Foto: Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
La Corte invalidó el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, pero en la práctica sus mandos y la mayoría de sus elementos provienen del Ejército.
De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, esto es así porque en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al Ejército.
“Entonces, te diría que la medida tiene un carácter simbólico, un carácter legal, un carácter también que tiene un impacto mediático, un impacto político, un impacto legislativo, pero en el terreno de los hechos las cosas van a ser igual”, dice.
Ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía declarar inconstitucional e invalidar la reforma legal de 2022 que permitió la transferencia de la corporación.
Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena es contrario a la Constitución, pues esta indica que esa institución de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.
Con esta lectura coincide Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que considera que lo importante de la resolución de la Corte es que la Guardia Nacional de ninguna manera deberá quedar adscrita al control operativo y administrativo de la Sedena.
“Lo que hace la Suprema Corte es defender a la Constitución y mandar ese mensaje al presidente de la República y a los legisladores de Morena, que cualquier modificación que pretendan hacer o cualquier política que quieran implementar y llevar a cabo a través de una ley tiene que hacerse con base en el respeto del marco constitucional; de lo contrario, esto va a ser declarado inconstitucional”, dice.
Advierten por posible desacato de AMLO
Antes de la resolución de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció dos veces sobre el proyecto. La primera fue para calificar de “error garrafal” la propuesta, mientras que la segunda fue para asegurar que, de aprobarse dicho proyecto, daría pie a que la Guardia Nacional se corrompa.
Desde un inicio, el propio presidente fue quien intentó, en primera instancia, hacer el traspaso de la Guardia a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero al no tener los votos necesarios, impulsó una reforma a la legislación secundaria para alcanzar su cometido. Dicha reforma recibió el aval de ambas cámaras en menos de una semana.
Por esta razón, tanto Saucedo como Burgoa advierten ahora que el presidente podría buscar la forma para desacatar la resolución de la Corte.
“No creo que el presidente acate esta resolución y lo que va a seguir haciendo es un esquema de simulación. Es decir, aunque en los hechos la Guardia Nacional no dependa ya de la Sedena, se va a mantener de facto este control y estará regida por parte del general secretario y de los mandos militares sobre la Sedena”, dice Saucedo.
En el fondo —argumenta—, el cambio de estatus jurídico de la Guardia Nacional lo estuvieron impulsando integrantes de la propia jerarquía militar, que buscaban blindarse contra impugnaciones y posibles demandas si se quedaban bajo control civil.
“Ahora se regresa a la Guardia Nacional al limbo jurídico, a la incertidumbre jurídica, en tanto que se trata de un ente que tiene elementos, vehículos, personal de la Sedena que cobra en Sedena, pero que está inscrito a otra dependencia distinta, que en este caso va a estar supeditada a la Secretaría de Seguridad como lo estuvo de manera previa (…) Ahora, nuevamente está sujeta a cualquier cantidad de controversias y auditorías de observaciones”, dice.
En contraste, Burgoa considera que la Corte no deja en incertidumbre jurídica a la Guardia Nacional, dado que el mandato constitucional es claro. “En el artículo 21 se establece que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y así es como tiene que continuar”, concluye.
Invalidan facultad de Sedena para proponer al comandante de la GN
Entre los demás preceptos que fueron invalidados ayer por la Corte se encuentra la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de Guardia Nacional, que a su vez debía contar con el grado de comisario general.
Igualmente, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia proveniente de la Policía Militar, el cual consideraba que este seguiría siendo tomado como miembro activo del Ejército y la Fuerza Aérea y quedaría sujeto al fuero militar.
Según la Corte, esto se invalidó debido a que contraviene los artículos 21 y 13 constitucionales, “porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional” y “expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución federal, deben ser civiles”.
Sin embargo, los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del pleno de la Corte, que aún deberá decidir sobre el futuro del personal operativo de la Guardia Nacional, así como de sus comandantes, entre otros asuntos.
Una vez que la Corte publique el engrose de su sentencia, donde se van a incorporar las consideraciones de las ministras y los ministros, la resolución deberá de ser notificada al Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su oficialización.
Elementos de la Guardia Nacional resguardan la escena del crimen de un asesinato contra u chofer del transporte público, el 3 de agosto del 2023. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Graciela Hernández restriega una camisa negra, le pone jabón y la deja sobre el lavadero mientras toma agua con una jícara, que después deja caer sobre la prenda. Cada ocho días acude a lavar a los lavaderos públicos del barrio de Tequicorral, un lugar conocidos como Los Túneles.
Para ella y muchas personas, los lavaderos son una alternativa en esta temporada sequía que el agua es más escasa en Chilpancingo.
Va de la colonia Margarita Viguri para lavar su ropa. “Ahorita vengo, tiene 15 días que no venía, como mis hijos apenas regresaron a la escuela ya se me van a juntar los uniformes”, comentó Graciela.
Frente a Graciela hay otra mujer. Mientras lavan platican de sus hijos, de sus vecinos y de otras cosas de su vida.
Este lavadero tiene una capacidad para que 20 personas laven ropa de manera simultánea, aunque Graciela acepta que por la pandemia del Covid-19 la afluencia de personas en los lavaderos bajó mucho.
“Antes eran espacios para saludarnos entre vecinos, platicar, aquí nos juntábamos todos, pero hoy ya es muy poca la gente que viene”, cuenta.
La historia de este lavadero comienza 36 años antes y está ligado a una mujer de nombre Ofelia Rodríguez Jiménez.
Ofelia se dedicaba a lavar ropa ajena, principalmente la de sus vecinos, y los lavaderos de la barranca Pezuapa fueron su centro de trabajo; día con día iba a lavar ropa.
En ese entonces la barranca Pezuapa era eso, una barranca por la cual bajaba el agua de los cerros del oriente de Chilpancingo.
El hijo de Ofelia, Fabián Ramírez Rodríguez, hoy encargado de los lavaderos, recuerda como era esa barranca hace casi 40 años.
Fue durante la administración del gobernador Alejandro Cervantes Delgado que se creó el parque conocido como Los Túneles, y remodelaron los lavaderos.
Los vecinos del lugar, sabían que Ofelia estaba a diario en los lavaderos, entonces la propusieron como encargada del lugar.
Cervantes Delgado aceptó la propuestas y por 35 años Ofelia fue responsable de los lavaderos; falleció a los de 93 años en 2015, a partir de ahí, su hijo Fabián es el encargado.
“Cuando mi mamá venía a lavar y nos juntábamos muchos niños jugábamos en el pequeño río que había, me acuerdo que a su lado había unos árboles enormes, por lo que recuerdo eran amates, guamúchiles y cazahuates, y hasta había sapos, ranas y algunos peces”, recordó Rodríguez Ramírez.
Fue debajo de esos enormes árboles que construyeron los lavaderos públicos que eran alimentados con el agua de un manantial cercano.
“Jugaba a hacer presas con piedras barcos de papel que iban se los llevaba la corriente”, recuerda Fabián.
Conforme la capital creció, la barranca fue canalizada y embovedada “y se convirtió en el parque que hoy conocemos”.
Historias de lavaderos en la ciudad hay muchas; este tipo de instalaciones son muy comunes, sobre todo en las zonas donde Chilpancingo comenzó a poblarse.
Hay un lavadero público en el barrio de San Mateo, a un costado de la Preparatoria Número 33 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), donde también era una barranca.
Existe otro conocido como Las Cuevitas, al oriente de Chilpancingo, donde todavía emana agua. La dinámica es la misma, personas acuden con sus cubetas y bolsas de ropa y pagan por el tiempo que lavarán.
Los lavaderos públicos en la capital son alternativas para las personas que sufren el desabasto de agua en la ciudad, también como una medida para cuidar su agua, prefieran pagar los 15 pesos por estos espacios públicos, que gastar por agua en pipas.
De acuerdo a los datos consultados, las pipas cuestan entre de 300 y 400 pesos la chica (con 1,000 litros), y 700 y 1,000 pesos la grande (con 10,000). Cada tinaco tiene un costo de 120 pesos. Los costos también varían entre más apartadas estén las colonias o asentamientos del centro de la ciudad.
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
18 de abril del 2023
Chilpancingo
Trabajadores de los hospitales de Tlapa y San Luis Acatlán, ubicadas en las zonas más marginadas de Guerrero, que junto a pobladores demandan medicamentos y mejores instalaciones exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su dicho de que el sistema de salud esté como en Dinamarca.
«Usted nos prometió un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá, pero acá en Guerrero en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica sigue prevaleciendo el abandono institucional, el nepotismo, la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos», se lee en un documento el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt).
Esta organización exige que el Hospital de Especialidades en San Luis Acatlán funcione a toda su capacidad, con personal y medicamentos.
Mediante un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda denunciaron el saqueo del equipo médico que empezaron a instalar en este nuevo Hospital de San Luis Acatlán, en la Costa Chica.
Acusaron a la titular de la Secretaría de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro y al representante del Instituto Nacional de Salud (Insabi), Jaime Rendón Gómez, de incumplir el acuerdo de hacer funcionar el nuevo hospital de especialidades.
En la actualidad funciona el Hospital Básico Comunitario, pero con una serie de deficiencias, como la falta de personal y de medicinas.
Durante un foro denominado en defensa del territorio, realizado este sábado en las instalaciones del Comisariado Ejidal, los integrantes de la Craadt denunciaron a la directora del Hospital Básico Comunitario, Glenis de la Cruz Cebrero y a la administradora, Saraí Castro, de recibir el medicamento en sus casas y después distribuirlos en clínicas particulares de San Luis Acatlán, que están a cargo del mismo nosocomio público.
Quienes hicieron esta denuncia fueron de manera directa los comisariados ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago, de Vista Hermosa, en el municipio de Iliatenco, Claudio de los Santos García, de San Miguel del Progreso, del municipio de Malinaltepec, Federico Salgado Toribio, quienes entre otros, firman el escrito.
Señalaron que si bien las dos funcionarias ya fueron destituidas del cargo no les han investigado y el Hospital Básico Comunitario sigue con las mismas fallas e incluso un grupo de trabajadoras tienen tomadas las oficinas administrativas apoyados por la líder sindical de la Sección 36 del Sindicato de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez Núñez.
En relación al nuevo hospital que será de especialidades médicas en el mismo municipio de San Luis Acatlán, no ha entrado en funcionamiento porque el equipo médico desapareció.
«Adolecemos de atención médica profesional, digna, de calidad intercultural, además persisten actuaciones de omisión de las y los responsables políticos de la salud pública nacional», incluyeron en su documento los integrantes del Craadt.
Asimismo en el Hospital General de Tlapa, médicos, enfermeras y personal administrativo cumplieron este lunes 51 días en paro de labores para exigir que den posesión el nuevo director, dotación de medicamentos, reparación del drenaje en la sala de quirófanos y la red de electricidad en la lavandería.
El dirigente de la Subsección 13 de la Sección 36 del Sindicato de Trabajadores de Salud, Jesús Basurto Torres, afirmó que de las muchas demandas que han planteado al gobierno la única que atendieron fue¡ la destitución del director del Hospital, Javier Blanco.
«Nos dicen que hasta que entre el posesión el nuevo director, Silvio Rosales, es cuando se van a poder resolver las demás demandas como la dotación suficiente de medicamentos, las reparaciones a la sala de quirófanos, lavandería y el aire acondicionado», dijo Basurto Torres, entrevistado vía telefónica.
«Lo que dijo el presidente de que nuestro sistema de salud estará pronto como Dinamarca creo que nos falta un poquito», comentó en forma irónica el líder sindical.
Mencionó que debido al paro en el que participan más de 150 trabajadores las cirugías programadas fueron canceladas, sólo atienden las de urgencia.
«Tenemos una sala de quirófanos donde está mal el drenaje y eso es malo, porque puede haber infecciones tanto para el personal médico como para los pacientes”, comentó.
Fuentes de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la región de la Montaña informaron que en esta zona con19 municipios hay 200 centros de salud, ocho hospitales básicos comunitarios, un hospital general y el Hospital del Niño y la Madre, éstos dos últimos en Tlapa.
La constante en los centros médicos es la falta de medicinas, médicos, enfermeras, ambulancias y equipo médico.
El pasado 12 de abril, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer que por falta de atención médica falleció un niño de cinco años en la comunidad de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande.
El menor de edad es hijo de jornaleros agrícolas y tenía fuertes dolores de estómago, fiebre y diarrea; sus familiares lo llevaron a una clínica en la comunidad vecina de Dos Ríos, pero ahí sólo había una enfermera quien les dijo que no había medicamentos.
El menor fue canalizado a la cabecera de Cochoapa el Grande y de ahí enviado al Hospital General de Tlapa, pero en el trayecto hacia Tlapa en una camioneta particular falleció.
Tlachinollan denunció que el menor de edad murió de una parasitosis aguda, pero, sobre todo, por falta de atención médica.
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no solo fueron espiados con Pegasus en el sexenio pasado. También fueron blanco de espionaje en esta administración, mientras daban seguimiento a casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
18 de abril del 2023
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, víctima de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue espiado por segunda vez con el software Pegasus en 2022, mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
En este segundo espionaje también fue infectado el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional de la organización, de acuerdo con un nuevo análisis de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, revelado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Además, una investigación del diario The New York Times publicada este martes advierte que México se convirtió en el mayor usuario del sistema Pegasus y en el presente el Ejército es la corporación que más utiliza activamente esta tecnología.
“El Ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirma la investigación periodística.
Las fechas de infección contra los defensores de derechos humanos coinciden con actos de seguimiento del caso Ayotzinapa —en el que el Centro Pro es representante legal—, como la presentación de nuevos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer la vigilancia militar contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus familias; la detención y audiencias del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.
También, mientras el Centro Pro acompañaba el caso del asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua; el asesinato de la niña Heidi en Tamaulipas, presuntamente cometido por miembros del Ejército; las críticas públicas contra la militarización y la exigencia de esclarecimiento por el caso Tlatlaya y la Guerra Sucia.
Las fechas coinciden, además, con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.
La infección fue alertada el 15 de diciembre de 2022, cuando Aguirre y María Luisa Aguilar recibieron un correo de Apple con la notificación de que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.
Luego, los equipos fueron analizados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el 12 de abril de 2023, el análisis forense confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones, alrededor de junio, julio y septiembre de 2022.
Se trata de nuevas víctimas de espionaje en el actual sexenio, pues la investigación Ejército Espía reveló que el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político también fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.
El espionaje realizado por segunda vez en contra de miembros del Centro Pro revela la intención de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia, independientemente de cambios de gobierno, advierte la organización R3D.
“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”, alerta R3D.
El espionaje
Citizen Lab detectó que la primera y segunda fecha de infección ocurrió alrededor del 22 de junio de 2022 contra Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. El mismo día se realizó un acto en el Campo Militar Número 1 el contexto del Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, en el que participó Alicia de los Ríos, quien busca a su madre desaparecida y tiene el acompañamiento del Centro Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese evento, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron con pancartas y consignas frente al presidente López Obrador luego del discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien llamó “hechos ocurridos” a las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.
Un día después, ocurrió la audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EU, en la que participó el Centro Pro y se hizo referencia al caso de los jesuitas asesinados en Chihuahua, ocurrida días antes, el 20 de junio, al caso Ayotzinapa y al caso de la familia Barajas de Guanajuato.
Otro hecho relevante ocurrido previo a la infección fue la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, que revela que hubo vigilancia militar a los estudiantes y posteriormente a las familias, así como presencia de elementos de la Marina mediante un video con dron en el basurero de Cocula.
La tercera infección ocurrió contra Santiago Aguirre alrededor del 13 de julio de 2022 y cerca de esa fecha, el 30 de junio, se hizo pública información sobre dos nuevas órdenes del Ejército para “abatir delincuentes”, como la referida en el caso Tlatlaya, acompañado por el Centro Prodh, y sobre la destrucción de documentos del batallón de Tlatlaya.
El 8 de agosto, la Sedena emitió un documento de inteligencia militar en el que cataloga al Centro Pro como “grupo de presión”, según información hackeada por el grupo Guacamaya.
El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). En él, se vincula a la Sedena con la operación de Pegasus para hacer seguimiento de diversas personas relacionadas al caso y se publican documentos con transcripciones sobre las intervenciones en las que aparecen las siglas del CMI (Centro Militar de Inteligencia).
La cuarta infección fue contra María Luisa Aguilar alrededor del 24 de septiembre. Un día antes, normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron afuera del Campo Militar Número 1, con pintas y bombas molotov.
Un día después, el periódico Reforma publicó datos del informe de la Covaj que se encontraban testados y se hizo pública información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la FGR, incluyendo contra militares.
El 27 de ese mes, renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al considerar que las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que llevaron a su detención, debían ser más sólidas o existía el riesgo de que terminara libre. El Centro Pro expresó su preocupación por dicha renuncia.
La quinta fecha de infección ocurrió contra la coordinadora del Área Internacional del Centro Pro el 29 de septiembre de 2022. Dos días antes, Reforma publicó los supuestos chats de integrantes de Guerreros Unidos con elementos de Marina y Sedena, mostrando la vinculación entre dichas instituciones y el crimen organizado, y el destino final de los normalistas.
El 29 de septiembre, el GIEI publicó su cuarto informe, que refiere la cancelación de órdenes de aprehensión, la intromisión en la investigación, los vínculos del Ejército en Guerrero con el crimen organizado, así como la necesidad de revisar la veracidad de mensajes de texto incluidos en el informe de la Covaj.
El informe también refiere documentos en los que se menciona al CMI y denuncia la negativa de la Sedena a entregar documentos del área de inteligencia militar.
Ejército Espía
El 7 de marzo pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron nueva información respecto del espionaje con Pegasus. Se trató del informe del CMI, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus por parte del Ejército.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en un informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez.
La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis de Citizen Lab.
El reporte del espionaje fue elaborado por el CMI, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por Guacamaya en octubre pasado.
El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo.
En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.
Elementos del Ejército durante una ceremonía oficial en las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola).
El pasado mes de marzo fue aprobada ante el Congreso de Jalisco una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en torno a los ataques con ácido o alguna sustancia corrosiva. En éstas las y los diputados establecieron como mínimo una pena de 2 y hasta 15 años de prisión para los atacantes; sin embargo este tipo de agresión no fue considerado como intento de feminicidio.
La asociación civil Unión Diversa de Jalisco consideró que estas reformas, y sobre todo penas, se quedan contar al castigar penalmente este acto de violencia que con toda ensaña buscan agredir física y psicológicamente a sus víctimas. Esta organización ha tratado este tema desde el caso de Zoé, una mujer trans atacada con ácido en octubre de 2021 y posteriormente discriminada en un hospital privado por su identidad de género y quienes le negaron atención.
Zoé pasó hasta tres días sin atención médica especializada, ya que tras el caso de discriminación que vivió por parte del personal del Hospital Santísima Trinidad, su familia la llevaron a una Cruz Verde, sin embargo allí también ocurrió un acto de negligencia al recibirla pero darla de alta de inmediato con heridas en su cuerpo tan severas que sufrió la perdida de su oreja.
A pesar de la existencia de leyes y reformas, desde Unión Diversa de Jalisco consideran que en Jalisco no se está capacitado, en todas las instancias, para la atención a víctimas de ataques con ácido, como lo demuestra el caso de Zoé. Para ello debe brindarse una reparación integral del daño.
Texto: Leslie Zepeda / ZonaDocs
Ilustración: Luciana Peinado
17 de abril del 2023
México ha registrado hasta 34 víctimas de ataques con ácido, esto en los últimos 20 años, mientras solamente un agresor ha obtenido sentencia por este delito, así lo afirma la Fundación Carmen Sánchez MX. Una de ellas es Zoé, mujer trans sobreviviente de este tipo de agresión ocurrida el 19 de octubre de 2021 en pleno Centro Histórico de Guadalajara.
Ha transcurrido ya un año y cinco meses desde el ataque con ácido y la carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco continúa abierta, donde como la gran mayoría de los casos, su agresor no ha obtenido una sentencia porque, incluso, continúa prófugo de la justicia. Lamentablemente Zoé no solamente fue víctima del ataque de ácido y posteriormente de discriminación en el Hospital Santísima Trinidad.
Además, Zoé también vivió un acto de negligencia médica por parte de personal de la Cruz Verde, así lo relata Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco AC, cómo su familia en búsqueda de atención médica la trasladaron por sus medios a una de ellas, donde la dieron de alta poco después de revisarla y decidir que sus heridas no eran graves, esto a pesar de que una de las consecuencias del ataque fue la pérdida de una oreja.
Precisamente la organización Unión Diversa de Jalisco AC le brindó acompañamiento a Zoé y su familia, esto un par de días después de la agresión que sufrió. Fue alrededor del tercer día cuando debido al dolor y negligencia de la Cruz Verde que su familia en busca de ayudarla dio con el contacto de la asociación. Por lo que tras al menos tres días sin atención especializada, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde finalmente recibió un tratamiento a sus heridas ocasionadas por el ácido.
A consecuencia de la agresión tuvo que ser ingresada a quirófano hasta en cuatro ocasiones, cuenta Fascinación Jiménez:
“De primera mano fue un tema de negligencia – en la Cruz Verde- porque si la revisaron, la atendieron bien, sin embargo, no sé qué esperaban ver que fuera una urgencia mayor para poder actuar. Una vez que ella ingresa al Hospital Civil viejo, creo que tuvo tres o cuatro ingresos al quirófano, entonces estamos hablando de que ella necesitaba una atención especializada urgente y que si ella hubiera decidido sí denunciar, entonces también la Cruz Verde hubiera tenido una carga legal ante esta situación”.
La presidenta de Unión Diversa de Jalisco supone que esa habría sido la sanción ya que Zoé decidió no tomar acciones legales contra el hospital privado ni contra la Cruz Verde. Una decisión que fue respetada por la asociación, ya que además comprenden que vivir un ataque de ácido significa vivir múltiples daños, entre ellos psicológico. Más que nada conocen la burocracia y revictimización en las instituciones como lo son precisamente las fiscalías.
“Ella no quiso tomar cartas en el asunto en tema legal y es muy respetable esa decisión por parte de las víctimas, es algo que siempre se debe de respetar y hacer valer sin embargo, me atrevo a decir que por el evento tan traumático, yo creo que las víctimas en el momento no quieren este entrar en esto, porque aparte los trámites son burocráticos, desgastantes y traumáticos, hasta revictimizantes”, añade Fascinación.
La asociación civil hizo lo que estuvo en sus manos: levantó una queja por discriminación en contra del Hospital Santísima Trinidad ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que a pesar de la demora fue favorable, por lo que tuvieron que capacitar a su personal en atención a población LGBTIQ+.
El Hospital Santísima Trinidad se excusó ante el CONAPRED que no se debió a un acto de discriminación, a pesar de que la familia de Zoé afirmó que decidieron no atenderla al no coincidir su documentación de identificación con ella. Aún así el hospital negó esta declaración y dijo negar la atención porque no tenían la capacidad de atender las heridas, una estrategia legal según interpreta Fascinación Jiménez.
“Creemos que esto es bastante grave por parte del hospital que le negaron la atención por un caso de discriminación y porque la víctima no quería, ni podía denunciar ese momento, ya que se encontraba entre quirófano y quirófano Si no tienen el equipo y no son capaces, lo que deben de tener es un protocolo para que se canalicen ese tipo de pacientes. Eso deberían de tener todos los hospitales, no nada más este hospital. En caso de que nieguen las acciones, estos negocios pueden llegar a ser clausurados, multados e incluso cerrados”.
Para Unión Diversa de Jalisco el caso de Zoé representa la poca capacidad con la que cuenta el Estado, específicamente en Jalisco, por atender estas agresiones perpetradas contra mujeres. Para Fascinación Jiménez esto evidencia una serie de negligencias por las que pasan las víctimas de ataques con ácido. Por ende, reconoce que el gobierno no cuenta profesionales especializados, tampoco sensibilizados en atender a personas en vulnerabilidad como lo es la población LGBTIQ+.
“No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de vidas humanas y las vidas de las chicas trans importan, que además son parte de la población LGBT más vulnerable, son las que viven mayores violencias, ellas tienen un promedio de vida de 35 años. Entonces creemos que están en un doble estado de vulnerabilidad por su identidad de género y por ser mujeres”, enfatiza.
Mural a la memoria y lucha de las mujeres que han sido atacadas con ácido. Fotografía: ZonaDocs
“Esta ley se queda corta”, reforman Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El pasado 14 de marzo diputadas y diputados del Congreso de Jalisco hicieron una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto con 34 votos a favor. Los resultados se traducen en penas de 2 a 15 años de prisión a personas que perpetúen ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva. Así como supone la regularización de venta de sustancias químicas corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables.
Asimismo, afirmaron que en caso de involucrar una razón de género la pena por el ataque podría ser mayor, de hasta 20 años de prisión, e igualmente cuando el agresor tenga algún tipo de relación, ya sea de pareja, o cualquier, como laboral, consanguínea, familiar, etc. Durante la presentación de estas reformas fue mencionado justamente el caso de Zoé entre los casos que resaltan en Jalisco.
Y es que bajo este escenario el caso de Zoé, como mujer trans víctima de ataque de ácido, es que resulta importante relatar su vivencia. Así lo indica Fascinación Jimenez, quien desde su representación como presidenta de Unión Diversa de Jalisco, se posicionaron ante las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco, ya que no consideran suficientes para atender un problema como este, de tal magnitud.
“Ahora que salió esta reforma aquí en Jalisco sí creímos que se quedó corta, en el sentido de que es muy amplia la pena, o sea, creemos que dos años le pueden dar a un atacante y creemos que es súper leve. Porque un ataque de ácido es algo que busca dañar permanentemente, psicológicamente, físicamente, emocionalmente por siempre, que puede hacerte un daño tanto físico como puedes perder la vida”.
Lo más lamentable es que esta reforma no considera los ataques con ácido ni siquiera como un intento de feminicidio, un punto que para Fascinación debería contemplarse inicialmente para buscar la prevención del delito.
“Debería de ser de un delito que se abra como carpeta de intento de feminicidio y debería de ser grave, no entendemos porque la pena de dos años. Creemos que se quedó corta en ese sentido y que en torno a esta reforma también debería de haber otro tipo de acciones”, insiste.
Como lo fue en el caso de Zoé, para el resto de víctimas no ha habido una reparación integral del daño, sobre todo es necesario el acompañamiento integral a las víctimas, dado que no solamente es necesaria la atención médica, sino que sea especializada dadas las heridas que pueden ocasionar las diferentes sustancias químicas, y principalmente los estragos psicológicos, por lo que debería de brindarles atención psiquiátrica también, puntos que estas reformas no contemplan.
“Son daños que llevan tiempo, a veces se necesitan cirugías, asesoría psicológica, a veces incluso psiquiátrica porque hay secuelas en temas de ansiedad, de delirios de persecución. Es inmenso el tema, que no nada más es un parche, es un tema profundo”.
En México hay múltiples leyes, ahora reformas a estas, Centros de Justicia para la Mujer y demás instancias que atienden la violencia de género; sin embargo, para Fascinación Jiménez, ninguno de estos instrumentos es suficiente para atender la violencia machista y contra atacar al sistema patriarcal que más allá de atenderla, la acrecenta.
Por ello, es fundamental atender las diferentes violencias desde la prevención, es decir, el machismo. Porque para ella la cosificación de las mujeres es uno de los principales problemas por atender, que la integridad de las mujeres no valga, en dado caso, dos años de prisión como lo plantean en estas reformas.
Fotografía: Cortesía, Unidad Canina de la Secretaría de Protección Civil
17 de abril del 2023
Chilpancingo
Hanna era una Golden Retriever color oro, nació en abril de 2015 y formaba parte de la Secretaría de Prevención de Riesgos y Protección Civil del estado, su labor era ayudar a niños y niñas con caninoterapia, el sábado falleció.
De acuerdo con su cuidador y encargado de la Unidad Canina de Protección Civil, Abel González Vázquez, Hanna fue parte del equipo de canes dedicados a la atención psicológica, principalmente de niños, niñas y adolescentes.
Hanna no era una canina de rescate, ella apoyaba emocionalmente a niños con autismo y durante su vida apoyó a diferentes instituciones, como el DIF y el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG).
«Ella (Hanna) inició con mi ex compañero Marco Antonio Ortega González, quien inició este proyecto y que lo hemos mejorado con capacitaciones en la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros (AIFCA)».
Después de la pandemia, Hanna acompañó a 100 niños, niñas y adolescentes que sufrieron estrés por el encierro a causa del confinamiento. Apoyó a infancias y adolescentes en municipios como Huamuxtitlan y Cochoapa el Grande, en la Montaña de Guerrero y Zihuatanejo, Costa Grande.
«A veces el paciente llega a mostrar cambios de comportamiento, por ejemplo, los niños que tienen autismo llegan a presentar agresiones a lo cual Hanna lo aceptaba y lejos de agredir ella abraza a la persona, se acercaba y la mimaba», contó González Vázquez.
Hanna estuvo junto con González Vázquez por cuatro años, tiempo en el que también tenía designada una persona para sus cuidados generales: alimento, aseo y paseos.
González Vázquez informó que fue una de las más destacada para el trabajo de caninoterapias; su temperamento amigable y dócil le permitió mantenerse quieta ante pacientes que llegaron a agredirla.
Al parecer ella entendía la situación de las demás personas, porque aun cuando los pacientes respondían con agresiones nunca respondió de manera violenta.
La tarde del sábado presentó complicaciones respiratorias y después de una atención médica, murió alrededor de la medianoche. Tenía siete años.
Para rendir homenaje a Hanna, la tarde de ayer domingo, personal de la Secretaría de Protección Civil rindió un homenaje de cuerpo presente en el que hubo un minuto de aplausos.
Hanna, finalmente, dentro de un pequeño ataúd fue sepultada en el patio de las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, al sur de Chilpancingo.
Durante el homenaje, los entrenadores caninos de Protección Civil mencionaron que Hanna fue una de las perras más fáciles de entrenar, porque desde su nacimiento fue muy obediente.
A la izquierda, Hanna durante un evento de Protección Civil. Foto: Cortesía
A ocho días de que pobladores de la Tierra Caliente entraran en pánico y miedo por un supuesto levantamiento armado en contra de la Familia Michoacana, grupo delictivo que opera en esa región, el miedo disminuyó y las personas ya salen más a las calles.
El miedo comenzó a raíz de un video difundido en redes sociales, en el que un hombre vestido con ropa tipo militar, rostro cubierto y voz alterada, quien se autonombró «el señor del sombrero», amenazó con levantarse en armas el 10 de abril si el gobierno estatal y federal no enviaba elementos de la Guardia Nacional a la región.
Ante esa situación los pobladores entraron en miedo y zozobra, y realizaron compras de pánico y evitaron salir en los días de Semana Santa, menos el 10 de abril. Ese día las calles de Ciudad Altamirano lucieron vacías, muchos comerciantes optaron por no abrir sus locales.
Ciudad Altamirano es el centro económico más importante de la región, por lo que es común que siempre haya gente en sus calles.
Después de las amenazas, entre el miedo y pánico, el 10 de abril no se supo de ningún enfrentamiento en contra de la Familia Michoacana.
A ocho días de las amenazas del levantamiento armado, las calles de Ciudad Altamirano nuevamente están pobladas y los locales abiertos.
«Al parecer todo está normal, ya hay de nuevo mucha gente en las calles», mencionó una fuente de la región.
Ante la situación de violencia y extorsión que se viven en la región, muchos ciudadanos veían en «el señor del sombrero» una posibilidad de que la situación mejorara.
«¿Si va a haber algo hoy? ¿Qué pasó? ¿Todo era mentira?», fueron algunos de los comentarios que se leían en la página de Facebook Paz y libertad Tierra Caliente oficial, página supuestamente administrada por gente de «el señor del sombrero».
La situación de violencia y extorsión en la región provoca que las personas vivan en la zozobra. En la Tierra Caliente, se sabe por personas de la región, la Familia Michoacana controla el negocio de los refrescos, bebidas alcohólicas y algunos alimentos como la carne de cerdo.
Esto ha hecho que los precios de la canasta básica cuesten más que en el resto del estado.
En la Sierra de Coyuca de Catalán, pobladores se han desplazado por los enfrentamientos y amenazas de este grupo criminal.
Los primeros días de la advertencia del levantamiento armado, los habitantes de la Tierra Caliente evitaron salir de sus hogares. Dos días después, el transporte público y el comercio se restableció de manera paulatina. Este fin de semana las personas ya salieron a comprar y a realizar actividades cotidianas paralizadas por tres días.
Fotografía: Cromática, agencia fotografía y multimedia
16 de abril del 2023
Chilpancingo
En Acapulco, la violencia está imparable.
La madrugada de este domingo hombres armados a bordo de un automóvil en movimiento atacaron a balazos dos bares ubicados en la avenida costera. Miguel Alemán en Acapulco hiriendo a siete personas entre las cuales una mujer.
Reportes oficiales informaron que alrededor de las 5 con 45 minutos de este domingo, un grupo de individuos que viajaban en un automóvil marca Volkswaven, tipo Golf color blanco dispararon contra el bar Singapur ubicado en la zona de la Condesa.
Elementos de la Policía turística llegaron a este bar en donde atendieron a cinco personas entre las cuales una mujer a quienes llevaron a un hospital.
A su vez en el otro bar con razón social Mat, ubicado en la misma avenida Miguel Alemán fue atacado a tiros por hombres armados resultando dos personas heridas.
En tanto, en la comunidad de La Sabana en la zona rural de Acapulco, fueron halladas dos bolsas negras en cuyo interior fueron hallados restos humanos.
Según los reportes, a un lado de las bolsas con los restos humanos había dos cartulinas de color verde con mensajes escritos.
Los sucesos de este domingo es luego que ayer sábado 15 de abril varios individuos hirieron a balazos a un mesero en la playa La Angosta y horas después falleció cuando era atendido en un hospital.
También este sábado Omar Reyes Campos, un líder transportista que denunciaba a los grupos del crimen organizado de extorsionar a sus compañeros del gremio fue asesinado a balazos por varios hombres armados en la colonia Las Cruces.
Reyes Campos fue asesinado cuando pegaba en los vehículos propaganda de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias de ley sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, después de un ataque armado fuera del hotel Romano Palace. Foto: Cromática, agencia fotográfica y multimedia.
