No avistan jaguares en la Sierra de Chilpancingo, sólo pumas

Una ONG advierte que podría deberse a la pérdida de hábitat


Texto: Itzel Urieta
Foto: Amapola Periodismo/Archivo 
14 de enero del 2023
Chilpancingo

 

El puma es el segundo depredador más grande del ecosistema mexicano después del jaguar. En Guerrero, de acuerdo con especialistas, su población es mayor comparada con la de otros felinos como jaguares, ocelotes, tigrillos y jaguarundis.

Guerrero Jaguar, asociación civil dedicada a la preservación y conservación del jaguar y otros felinos en la entidad, registró en 2023 varios avistamientos de pumas en el poblado serrano de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo.

«En todos los sitios que hemos muestreado hemos encontrado pumas, a diferencia del jaguar del que no vimos ninguno», alertó el director de Guerrero Jaguar, Fernando Ruiz Gutiérrez.

Ejemplar de jaguar captado por cámaras trampa en el Ejido de Cordón Grande, en la Sierra de Tecpan, el 17 de noviembre del 2023. Fotografía: Ejido Forestal Cordón Grande/Archivo

De 12 muestreos que Guerrero Jaguar realizó de septiembre a diciembre en Jaleaca, en ninguno apareció un jaguar, pero en todos hubo aparición de pumas.

Ruiz Gutiérrez dijo que en el 85 por ciento de los muestreos realizados el felino que predomina es el puma, lo que indica que es una población estable, es decir, no está en peligro de extinción.

A pesar de eso los pumas, al igual que los jaguares y fauna silvestre de la zona, se enfrentan a dificultades que los ponen en riesgo.

La pérdida de hábitat, el sacrificio y la cacería furtiva son parte de los peligros a los que se enfrentan estos felinos.

Guerrero Jaguar tiene reportes de personas que cazan a los pumas por depredar su ganado.

«Hay gente a las que les depredan el ganado y los matan. Uno de los productores de Técpan tenía chivos; le mataron los chivos, esperaron a que regresara a comer y ahí mataron al puma», contó Ruiz Gutiérrez.

Pumas en la Sierra de Jaleaca, Guerrero, el 18 de octubre del 2023. Foto: Guerrero Jaguar/Arhivo

La caza de pumas es común porque son felinos más agresivos que los jaguares y hay registro de ataques a personas.

Una de las alternativas de Guerrero Jaguar para disminuir la caza de felinos es la sensibilización de las comunidades donde se registraron avistamientos de pumas y armar corrales de manejo nocturno para evitar la depredación de ganado.

«La parte más importante además del monitoreo es la sensibilización comunitaria y la toma de acuerdos y eso no lo hemos podido hacer en Jaleaca», explicó Ruiz Gutiérrez.

En diciembre del 2023, Guerrero Jaguar compartió datos de los avistamientos de felinos y expresaron su preocupación por que en la Sierra de Jaleaca no se registró ningún jaguar.

«Observamos un amplio número de registros de pumas, pero muy pocos de los demás felinos; aun no podemos determinar si hay una disminución en las poblaciones de las otras especies que están beneficiando a los pumas o si se debe a la temporalidad», reportó Guerrero Jaguar en su página de Facebook el 28 de diciembre del 2023.

Jaguar captado por las cámaras trampa de Guerrero Jaguar en el corredor comunitario para la conservación de su especie, el 26 de febrero del 2022. Foto: Cortesía Guerrero Jaguar/Archivo

De acuerdo con Ruiz Gutiérrez, son unos seis o siete pumas los que se mueven en la Sierra de Jaleaca, en un área de alrededor de 100 kilómetros.

La nula aparición de jaguares en esta zona preocupa al activista, porque en otros años si hubo avistamientos y dijo que se tiene que analizar porque este año no se observó en la zona.

«Puede ser que migren porque es temporada de estiaje y busquen alimento más arriba y que en lluvias regresen, pero lo determinaremos con más estudios y muestreos».

Lo más preocupante sería que los pocos avistamientos de jaguares sean por un tema de pérdida de su habitad o la caza, porque en esta zona falta concientizar a las poblaciones sobre la importancia de la conservación.

Ataque armado en bar de Chilpancingo deja tres personas asesinadas y cinco heridas

Texto: José Miguel Sánchez

19 de enero del 2024

Chilpancingo 

 

La madrugada de hoy hombres armados ingresaron al bar La Martina, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y atacó a un grupo de trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que generó un enfrentamiento con el saldo preliminar de tres muertos y cinco heridos.

Fuentes de seguridad informaron que cerca de la una de la madrugada de hoy un grupo de civiles armados ingresaron al bar y atacaron a los elementos de la FGE quienes repelieron la agresión.

Integrantes de la FGE fueron atacados por civiles armados en el bar La Martina, en Chilpancingo, está madrugada del 19 de enero del 2024. Foto: Captura de video

Entre los heridos y fallecidos están trabajadores de la FGE y de civiles armados, aunque no se han revelado nombres.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a un herido y los demás se fueron por sus propios medios a hospitales para recibir atención médica.

Fuentes extraoficiales mencionan que en el ataque estuvieron la ministerio público de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves, Grace Patricia Antúnez de Anda, y quien fuera secretario de Seguridad Pública en Chilpancingo en 2018, Esteban Espinoza Montoya, quienes se reportaron sin lesiones.

La FGE en está administración es dirigida por personal de procedencia militar.

Otis acelera la militarización planeada para Guerrero

Activistas sostienen que la cantidad de elementos y cuarteles son un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amapola Periodismo/Archivo 

15 de enero del 2024

Chilpancingo

 

En Acapulco, después del paso del huracán Otis, operan 24,712 elementos de seguridad, entre militares, marinos y guardias nacionales, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio González, en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes del fenómeno meteorológico operaban 14,000 integrantes de todas las corporaciones.

De acuerdo con activistas defensores de derechos humanos, Otis solo adelantó la militarización que ya estaba en marcha en Guerrero con el pretexto de brindar seguridad pública.

Sandoval González, durante la pasada conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que para la aplicación del Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en Acapulco permanecen 24,712 elementos; quienes se dividen en 14,712 miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y los 10,000 restantes corresponden a guardias nacionales.

“Estos 10,000 elementos, también continúan su trabajo de patrullaje, control de tránsito y seguridad a las colonias de aquí de Acapulco, a instituciones bancarias, casetas de cobro, centros comerciales, estaciones de gasolina y también a las dependencias que están participando en lo que es la reconstrucción de Acapulco”, dijo Sandoval González.

Agregó que ya cuentan con 21 predios para iniciar la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional y que en las próximas semanas ingenieros de la Sedena iniciarán las construcciones.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».

Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilapa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional que operan con ayuda del Ejército.

Elementos de la Marina y el ejercito resguardan las costas de Acapulco por la llegada de Otis, el 25 de octubre del 2023. Foto: Cromática/Archivo

Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, uno en Pilcaya y otro en Iguala, en la región Norte.

La presencia del Ejército en Guerrero es la piedra angular de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad.

La guerra sucia, periodo que abarca de 1960 a 1980, es una etapa en la historia de Guerrero marcada por la militarización y las violaciones a los derechos humanos.

Asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y saqueos a poblados cometidos por el Ejército son algunas de las situaciones que ocurrieron durante 20 años en gran parte de la entidad.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas indica que entre 1964 y 1985 desaparecieron al menos 899 personas. Pero la realidad podría ocultar cifras mayores.

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, en su primer informe menciona que solo en Guerrero hay 788 testimonios de víctimas de tortura y de familiares de personas asesinadas y desaparecidas.

Esta estrategia militar, llamada también por algunos académicos como terrorismo de Estado, se focalizó en comunidades rurales de la Sierra de Guerrero para acabar con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

De acuerdo con el artículo Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta, escrito por el historiador Rodolfo Gamiño Muñoz, en Guerrero se realizaron dos operaciones militares que dejaron el saldo antes descrito.

“Con la Operación Amistad y Operación Telaraña varias regiones de Guerrero se militarizaron, principalmente la Costa Grande. De acuerdo con la FEMOSPP (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) en 1971 el Ejército tenía concentrado a 24,000 efectivos en el estado”, se lee en el artículo.

Hoy como ayer esos 24,000 elementos circulan solo en el puerto de Acapulco.

Dichas operaciones militares se crearon para eliminar todo rastro de la guerrilla. Aún después de los asesinatos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la guerra continuó contra la población civil, el Ejército tuvo permiso para torturar, desaparecer y ejecutar a quienes catalogaba como enemigos del régimen.

40 años después del término de la guerra sucia, los elementos militares vuelven a territorio guerrerense bajo el pretexto de la seguridad.

En Acapulco, hasta antes del paso de Otis, se pretendían construir cuatro cuarteles de la Guardia Nacional, uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro

De acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.

Díaz Taboada menciona que en Guerrero es común que las policías sean dirigidas por mandos militares o navales en permiso o en retiro y desde una visión de derechos humanos los que estén en esos cargos “deben ser personas con capacitación en el trato a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares”.

Elementos de la Marina y el ejercito resguardan las costas de Acapulco por la llegada de Otis, el 25 de octubre del 2023. Foto: Cromática/Archivo

Actualmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, es capitán de la Marina y la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, es teniente del Ejército.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.

La estimación de El Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.

Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, no se garantiza la seguridad para la población.

«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.

«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.

Asilo político, una alternativa para huir de la violencia en México

Texto y foto: Amapola Periodismo/Archivo

18 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Para Laura, originaria de una comunidad en el municipio de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, una zona marcada por la violencia e inseguridad, quedarse en su pueblo no era una opción, así que abandonó el lugar en el que nació.

Laura dejó atrás todo lo que tenía en su pueblo, en el que vive su mamá, su papá, sus hermanas, hermanos y el resto de su familia. Salió de ahí por un tema de inseguridad, sin detallarlo para que no afecte a su familia.

El proceso que enfrentó Laura y que la hizo salir de su tierra, dejar su casa y su familia, se llama desplazamiento forzado (DF), fenómeno que describe la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como la movilización de personas para buscar alimentos que aseguren su sobrevivencia al huir de guerras o desastres ocasionados por fenómenos naturales.

El desplazamiento forzado genera miles de refugiados en países diferentes a los del origen de las personas que abandonan sus territorios originales, indica la ACNUR.

Como Laura, desde hace al menos 10 años, varias personas de la Tierra Caliente, de diferentes poblados, optaron por salir de sus comunidades e iniciar una vida en Estados Unidos por medio de una solicitud de asilo político, el cual sirve para que las personas que viven en riesgo por algún tipo de violencia salgan de sus comunidades y vivan en algún país de forma legal.

Los grupos del crimen organizado que controlan la región, mediante la amenaza, imponen un sobreprecio a prácticamente todos los productos alimenticios, como carne de cerdo, de pollo; también a las bebidas, como la Coca Cola y otros productos de la canasta básica, por lo que vivir en la zona con un salario mínimo es prácticamente imposible.

Algunas personas ven en el asilo político una forma de salir de sus comunidades y tener mejores oportunidades laborales.

Las fuentes de empleo en la Tierra Caliente son limitadas y los salarios son bajos.

En el caso de Laura, de no ser por la violencia, dice, jamás se habría ido de su pueblo.

En febrero del 2023, Laura decidió (junto con otra amiga y sus tres hijos) solicitar asilo en Estados Unidos.

Lo primero que hicieron fue investigar dónde tenían que realizar los trámites y cuáles eran los requisitos. De primer momento se acercaron al Ayuntamiento de su municipio, en el área de Sindicatura para informarse de cómo conseguir un asilo político.

En el Ayuntamiento le dijeron que podía hacer su solicitud ante la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Fue todo lo que les dijeron.

Hecha la solicitud se trasladaron por sus propios medios a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

Ahí llegaron a un albergue para migrantes donde esperaron su cita.

De acuerdo con datos de la ACNUR citados en el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, entre el 2001 y 2023 hubo 108,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y acontecimientos que alteraron gravemente el orden público.

El 53 por ciento de estas personas pertenecen a la República Árabe de Siria, de Ucrania y de Afganistán.

En América Latina, de acuerdo con la ACNUR, México no figura entre los 10 principales países con solicitantes de asilo en los Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de los habitantes que huyen de sus pueblos por la violencia son personas desplazadas internas (PDI). La ACNUR define a una PDI como aquellas personas que se ven obligadas a huir y nunca cruzan una frontera internacional.

Los habitantes con el mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos de la región de América son de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haití, indica la ACNUR en su informe.

Familias de un poblado de la Sierra, en Guerrero, se desplazan de forma colectiva para huir de la violencia. Foto: Especial/Archivo.

El camino para tener una nueva vida

Por las fotografías que veía en redes sociales de personas que consiguieron el asilo en Estados Unidos, Laura creyó que obtenerlo sería sencillo.

La ACNUR en su informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022 indica que Estados Unidos es el principal país al que solicitan asilo cada año, en 2022, ese país recibió 730,400 nuevas solicitudes.

En febrero del 2023, Laura llegó junto con su amiga a Tijuana, lugar donde vivieron en un albergue cristiano en espera de que les dieran una cita y ver si eran candidatas para obtener el asilo político y cruzar a Estados Unidos.

Para ese entonces, Laura tenía cinco meses de embarazo. Creyó que el proceso sería fácil y que cruzaría a Estados Unidos junto con su amiga.

Para obtener la cita y saber si otorgarán el asilo, de acuerdo con Laura, se necesitan de dos cosas: paciencia y suerte.

La suerte la tuvo su amiga, a quien a los 40 días de estar en el refugio recibió el aviso de que su cita para cruzar a Estados Unidos estaba lista. Laura se quedó sola.

Laura y su amiga eran muy unidas, se hacían compañía en ese lugar en el que no conocía a nadie, lejos de su familia y de su hogar.

Aunque en el albergue había unos 1,000 migrantes de diferentes países en espera de una respuesta favorable, Laura se sentía sola. No conocía a nadie. Hizo amigas y amigos tiempo después.

Al sentimiento de soledad se unieron a las condiciones difíciles del albergue.

“Cuando llegue ahí era época de lluvias y hacía un buen de frío (2 grados centígrados) y en el cuarto donde nos quedábamos se trasminaba el agua, poníamos cubetas en las goteras”.

Ese fue el comienzo de tres largos meses en los que todos los días llenaba una solicitud en una aplicación llamada CBP One, en espera de una cita.

Laura debía levantarse a las dos de la mañana para enviar su información a las seis mediante la aplicación. Era su rutina diaria.

Semanas después llegaron otras tres familias de su comunidad al albergue con el mismo objetivo que ella: cruzar a Estados Unidos. Laura se sintió acompañada nuevamente.

La desesperación por no obtener su cita para cruzar a Estados Unidos provocó que quisiera regresar a su pueblo, a pesar de que vivir ahí no era una opción.

Entre las personas que llegaron de su comunidad y ella decidieron armar un grupo para obtener la cita en conjunto.

“Tardamos 15 días intentando y nada. Nos pusimos de acuerdo en perder un día de cita y entrar en todos los celulares que teníamos, 14 en total, y nos arriesgamos en abrir la cuenta del grupo, y finalmente agarramos la cita para poder cruzar el 8 de mayo”, recordó Laura.

La cita fue a las siete de la mañana. Uno de los temores de Laura y su grupo era enfrentarse a la discriminación por racismo, notaron que algunos agentes de migración que entrevistan a los solicitantes ejercían discriminación contra algunos migrantes.

Tenían bien claro que de estas personas y sus prejuicios dependía mucho si conseguían el permiso para cruzar.

En la cita preguntaron por qué motivo solicitaba el asilo y algunas pruebas como fotografías, mensajes o videos.

La cita es para cruzar a Estados Unidos, ya “del otro lado”, el proceso continúa para ver si se aprueba o no el asilo político.

Después de la cita, Laura se contactó con sus familiares de San Diego, California, para que fueran por ella. Le otorgaron una cita en la Corte estadounidense para el 26 de julio del 2023.

El 26 de julio Laura comenzó con contracciones, el 27 de julio nació su hija, por lo que no acudió a su cita a la Corte.

Al faltar a la Corte, sus familiares explicaron la situación y consiguieron una nueva cita para el 30 de noviembre, Laura sí acudió a esa cita, en esa cita le pidieron que se presentara con un abogado, le dieron una lista de abogados de oficio, los cuales estaban ocupados.

Otro obstáculo al que Laura se enfrentó es que no trabaja debido a que su hija aun es pequeña, por lo que no podía solventar los gastos de un abogado particular, quienes cobran entre 8,000 y 12,000 dólares, aproximadamente entre 130 mil y 206 mil pesos mexicanos.

“En caso de que no consiga un abogado yo tengo que presentar las pruebas de por qué me vine. Sino gano el asilo porque no es seguro, ya no voy a estar aquí, me van a deportar”, explicó.

La cita para determinar si le darán el asilo a Laura es el próximo 13 de febrero.

En caso de no obtener el asilo, Laura regresará a su pueblo con su hija, quien por nacer allá ya tiene la ciudadanía estadounidense.

Autoridades estatales afirman que muchas personas se equivocan del tipo de trámite

El director general de Vinculación con Organismos Internacionales de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), Daniel Agis Eslava, explicó que como dependencia estatal brindan asesoramiento a quien desee migrar bajo este sistema, pero al ser un trámite personal ante organismos internacionales es poca la injerencia de la dependencia en este tipo de solicitudes.

El funcionario estatal aclaró que muchas personas solicitan el asilo político desde el desconocimiento, porque esta modalidad tiene características particulares que de no comprobarse, puede ser negada, y en casos como el de Laura, que ya está dentro del país, corre el riesgo de ser deportada.

“El asilo político tiene que ver más conflictos sociales, como pasó hace unos años en Centroamérica, donde el mismo gobierno tenía una crisis y no era capaz de sostener a sus habitantes o una situación de violencia extrema como una guerra o conflictos que en verdad ponen en peligro la integridad de las personas”, mencionó Agis Eslava.

Los datos proporcionados por el funcionario indican que el año pasado al menos 10 personas acudieron a la Semai a solicitar información sobre asilo político en Estados Unidos.

De estas 10 personas solo dos lograron obtenerlo.

Habitantes desplazados del poblado El Nuevo Caracol se refugian en un centro de usos múltiples en la Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

A pesar de la dificultan de conseguir el asilo político varios pueblos de la Tierra Caliente, Costa Grande y Sierra, están prácticamente vacíos, la gente por la violencia se fue a la frontera a buscar asilo político a Estados Unidos.

Del poblado de Laura, del cual se omite el nombre por cuestiones de seguridad, al menos 20 personas están en Estados Unidos bajo este sistema. La situación se repite en los poblados contiguos.

Los pueblos de la región de la Tierra Caliente, en donde el crimen organizado tomó el control, están en proceso de quedar deshabitados.

La gente se va a la frontera con Estados Unidos a esperar esa cita que les cambiará la vida.

Familias humanas bendicen a sus animales de compañía

Texto y foto: Itzel Urieta

17 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Perros, gatos, aves, gallos, conejos y guajolotes asistieron esta tarde acompañados de sus familias humanas, a la Parroquia Universitaria de San Pablo, en Chilpancingo, a un misa en honor de San Antonio Abad, patrono de los animales.

A Kira, una perra de raza Pastor Belga tamaño grande, color negra, su familia humana la llevó a la misa y bendición como un símbolo de amor.

Durante la misa, los casi 80 animales que acudieron acompañados de sus familias humanas se mostraron tranquilos, traían correa, algunos iban en transportadoras y en jaulas.

Habitantes de Chilpancingo bendicen a sus perritos y gatitos en una iglesia en Chilpancingo, este 17 de enero. Foto: Itzel Urieta

“Es un día que la iglesia aprovecha para bendecir a estas criaturitas y recordarnos que tenemos como tarea los seres humanos cuidar a todos los seres vivos, a los animales, a las plantas y a todo”, mencionó Pedro Antonio Rivera Uribe, párroco de la iglesia de San Pablo.

Al concluir la misa, el sacerdote realizó una bendición a todos los animales.

Las familias se formaron con sus animales mientras el sacerdote les roció agua, todos se mostraron tranquilos.

El padre Rivera Uribe llamó a las personas a evitar el maltrato animal. “A los animalitos hay que cuidarlos, hay que estar con ellos para que nos ayuden a nosotros a cumplir con nuestra finalidad, sin abusar de ellos, sin destruirlos”, agregó Rivera Uribe.

Para el sacerdote Rivera Uribe, este tipo de celebraciones ayudan a concientizar y prevenir el maltrato animal. Cada año en la conmemoración de San Antonio Abad, en esta parroquia realizan la misa.

“El trato que le demos a ellos refleja nuestra calidad humana también”.

De acuerdo con Rivera Uribe, San Antonio Abad es inspiración para varias personas defensoras de animales y rescatistas.

En Egipto en el año 251, nació San Antonio Abad, quien de acuerdo con las historias y relatos, repartió su herencia entre los pobres y después se retiró al desierto.

Según cuenta la leyenda, un cerdo salvaje le acompañó toda su vida después de que el santo hiciera el milagro de devolverles la vista a sus jabatos. Por eso, la imagen de San Antonio Abad se representa con un cerdo domado a sus pies.

San Antonio Abad encontró la paz y el amor verdadero en la contemplación de la naturaleza y de los animales, a los que decidió bendecir durante toda su vida. Y al morir fueron muchos los pastores y los ganaderos que le tomaron como protector y patrón de sus animales.

Registro desangelado de Añorve Baños para reelegirse al Senado

No estuvieron presentes varios personajes priistas


Texto y foto: José Miguel Sánchez

17 de enero del 2024

Chilpancingo

 

La gran explanada de las oficinas del PRI en Chilpancingo lucía vacía. Años atrás se llenaba con cientos de personas, entre militantes, funcionarios estatales, federales, diputados y acarreados.

Este miércoles toda esa presencia se redujo a una pequeña mancha de unas 200 personas.

Así fue el registro de Manuel Añorve Baños como aspirante al Senado de la República.

La cita era a las 10 de la mañana en las oficinas del PRI estatal, ubicadas al sur de la capital.

De poco a poco pequeños grupos de personas llegaban a la entrada principal, junto a una banda de música que trató de poner ambiente.

A las 10:45 de la mañana llegó Añorve Baños a la entrada del PRI, la música reinicio y las personas que seguían dispersas se acercaron, lo rodearon y avanzaron juntos al gran edificio cuadrado que alberga las oficinas del PRI.

Manuel Añorve y Rubén Figueroa al llegar al registro para la reelección al Senado, en Chilpancingo, este 17 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez

Añorve Baños llegó flanqueado por su esposa, la diputada local Julieta Fernández Marqués y el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Pocos alcaldes priístas, con su respectiva gente, iban detrás.

El diputado local Jesús Parra García, la alcaldesa de Juan R Escudera, Diana García Costilla y el alcalde de Iguala, David Gama Pérez, fueron los encargados de acarrear a la gente.

Pero no fue suficiente para llenar la explanada ni el edificio del PRI.

Las porras de los alcaldes se turnaron algunas vivas para evitar que el acto político estuviera en silencio.

“Añorve, Añorve, Iguala está contigo”, gritaban algunos asistentes.

Militantes priístas llegan a las oficinas del PRI en Chilpancingo para el registro de Manuel Añorve. Foto: José Miguel Sánchez

Figueroa Alcocer y Fernández Marquez no se le despegaron ni un minuto al Senador, lo acompañaron desde que entró al inmueble, durante el registro y salieron juntos.

Los grandes ausentes fueron el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y el ex candidato, Mario Morenos Arcos.

Los que llegaron después al evento fueron el dirigente del PRI en Acapulco, Sofio Ramírez; el regidor e hijo del ex gobernador René Juárez Cisneros.

El registro oficial fue ante la dirigencia estatal del PRI, el presidente del Comité, Alejandro Bravo Abarca, recibió los documentos a Añorve Baños, quien busca la reelección en el cargo.

Añorve Baños se tendrá que medir con la propuesta al Senado del PRD, que se menciona será la actual diputada local, Yanelly Hernández Martínez, ya que por la alianza PRI-PRD-PAN tendrán una sola fórmula al Senado.

Al entregar los documentos y en las escalinatas del edificio, Añorve Baños ofreció un discurso a los pocos asistentes de su evento.

Manuel Añorve Baños con miembros priístas, este 17 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez

“Con humildad se los pedimos, apoyenos, ustedes son la base, ustedes son el conducto, ustedes son la fuerza, vamos a recorrer el estado en tiempos de campaña y vamos a decirles que el PRI no es perfecto pero sabe gobernar”, dijo Añorve Baños.

Algunos otros personajes que faltaron al evento fue su ex compañera de fórmula en 2018, la actual diputada local Gabriela Bernal Reséndiz, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón y la gran mayoría de diputados locales.

Durante su discurso, Añorve se lanzó contra la actual administración y aseguró que fue por su oposición en el Senado “que no lograron tocar al INE, no lograron tocar al Instituto de Transparencia”.

Agregó que el gobierno federal y estatal no pueden con Acapulco y su reactivación después del paso del huracán Otis y que tampoco pudieron con la pandemia.

Al finalizar el evento, Añorve Baños salió por una pequeña entrada lateral junto con su esposa y dos de sus hijos, abordaron una camioneta Suburban último modelo y se retiraron del lugar.

Añorve Baños busca la reelección a su cargo como Senador, que en 2018 la obtuvo como plurinominal al quedar en tercer lugar, detrás de Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado.

Diputados amenazados supuestamente por el crimen organizado cumplen 10 meses sin acudir al Congreso local

Pero en sus redes muestran sus paseos y hacen proselitismo


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amapola Periodismo/Archivo 

16 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Desde abril del 2023 las diputadas del PRD, Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juarez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán no acuden a las sesiones presenciales del Congreso local, por presuntas amenazas de grupos del crimen organizado.

Estas dos legisladoras y el legislador presiden comisiones legislativas; Obras Públicas y Examen Previo, respectivamente, y en el caso del priista, preside el Comité de Biblioteca.

A 10 meses de su ausencia física en el Congreso local su salario lo reciben integro.

Los datos oficiales indican que los diputados locales en Guerrero perciben 19,000 pesos quincenales; 38,000 mensuales.

La suma de un solo salario en estos 10 meses es de 380,000 pesos y por los tres es de 1 millón 140 mil.

Pero datos extraoficiales mencionan que cada diputado local recibe en realidad 300, 000 pesos mensuales, entre gastos para pago de personal de confianza, viáticos y apoyos para gestoría social.

Si los tres legisladores recibieron los 300,000 pesos mensuales implica que cada uno recibió hasta ahora tres millones de pesos y, por los tres, nueve millones de pesos, sin que atiendan sus comisiones.

El pleno aprobó que los legisladores asistan de forma virtual. También de esta forma se ausentan; constantemente piden permiso para faltar.

A pesar de las presuntas amenazas, Torales Catalán se mueve por toda la Tierra Caliente sin problema. En sus redes sociales publica que asiste a bailes, a escuelas, a informes de alcaldes y ferias de la región.

Las redes sociales de Juárez Gómez son más privadas y no publica muchas de sus actividades.

Camacho Pineda y Torales Catalán son los diputados de la Tierra Caliente, una zona silenciada por los grupos del crimen organizado, donde la Familia Michoacana, de acuerdo con testimonios de los propios pobladores, es la que controla la economía y la política de la zona.

Juárez Gómez y su Comisión que solo sesionó una vez

Susana Paola Juárez Gómez es diputada por Teloloapan, en la zona Norte de Guerrero, municipio donde de acuerdo con fuentes de seguridad opera el grupo criminal Los Tlacos que mantiene una disputa con la Familia Michoacana.

Es el grupo de Los Tlacos, de acuerdo con las legisladoras y el legislador, quien los amenazó de muerte si transitaban por la carretera federal 95 Iguala-Chilpancingo.

Estas amenazas las dieron a conocer el 30 de marzo del 2023 y desde entonces Juárez Gómez no acude a sesionar al Congreso.

En julio se cambió a los integrantes de la Mesa Directiva y Juárez Gómez quedó como segunda secretaria, nunca se especificó de que manera desempeñaría el cargo.

Al final, su lugar lo tomó su suplente, la también perredista Jenifer García Lucena.

Juárez Gómez es la presidenta de la Comisión de Exámen Previó, una comisión creada para analizar en una primera instancia las solicitudes de juicio político y denuncias de corrupción de funcionarios públicos.

Dicha Comisión solo sesionó una vez en octubre del 2021 y fue para la instalación de los trabajos.

Desde entonces y a meses de que culminé la 63 legislatura no tiene su segunda sesión.

Juárez Gómez es esposa del ex diputado local por ese mismo distrito, y ex alcalde de Teloloapan, Robel Uriostegui Patiño.

Camacho Pineda, la diputada de Tierra Caliente

Elzi Camacho Pineda preside la Comisión de Obras Públicas. Esta Comisión tiene el registro de sesionar, hasta la fecha, sólo en cuatro ocasiones desde que arrancó la legislatura.

La última sesión de esta Comisión fue el 6 de diciembre del 2022, como resultado, sus integrantes propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) la rehabilitación de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano.

Exhortó que rechazó el pleno.

Camacho Pineda publica en sus redes sociales que sale incluso de Guerrero y en su región hace labores de propaganda política.

Fuentes dentro del PRI mencionaron que buscará la reelección o la presidencia municipal de Coyuca de Catalán.

Es hija del ex diputado local y ex alcalde de Coyuca de Catalán, Eli Camacho Goicochea, asesinado en mayo del 2017.

Torales Catalán

En situación similar está el priista Torales Catalán, quien preside el Comité de Biblioteca.

El Comité de Biblioteca registra seis sesiones en lo que va de la legislatura, pero al no haber biblioteca, porque está en construcción desde 2020, se limitan a recibir algunos oficios, turnarlos o contestarlos.

Faltan a las sesiones virtuales

En junio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva se aprobó que el legislador y las legisladoras asistieran de manera virtual a las sesiones.

Dos diputadas y un diputado acuden a las sesiones del Congreso local de manera virtual por presuntas amenazas de grupos del crimen organizado. Foto: Oscar Guerrero/Archivo

Se les acondicionó una pantalla que se coloca en medio del pleno y desde ahí siguen las sesiones.

Aún con esta facilidad es común que soliciten licencia para faltar a las sesiones.

En las votaciones que son por cédula, un secretario es quien en privado les toma el voto y lo ingresa a la urna.

Una acción que la primera vez que se realizó fue criticada por la morenista Beatriz Mojica Morga, por considerar que se violaba el principio del voto secreto.

Aunque aquella ocasión fue una estrategia para tratar de disminuir votos a la oposición, pues nunca más se volvió a tocar el tema.

De acuerdo con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, no existe ningún impedimento o sanción para los diputados que faltan.

“Los trabajos legislativos se hacen, en la Jucopo hicimos un acuerdo para apoyarlos y desde la pandemia (2020) se aprobaron las sesiones y asistencia virtuales, entonces no incurren en alguna sanción”, afirmó Apreza Patrón.

Catalogó las amenazas como graves y dijo que espera pronto se pueda resolver para que asistan a las sesiones el diputado y las diputadas.

 

 

 

 

 

 

 

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La Chara de Omiltemi, la especie endémica de Guerrero en peligro de extinción

La venden en el mercado ilegal para que las personas las tengan en casa como mascotas


Texto: Alberto Ramírez Santos

Foto: Enrique Vázquez Arroyo

Chilpancingo

16 de enero del 2024

 

La Chara Garganta Blanca o Chara de Omiltemi es un ave pequeña color azul opaco, cabeza negra, con una línea blanca que recorre su frente, una especie que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está catalogada en peligro de extinción.

Enrique Vázquez Arroyo, biólogo especializado en fauna silvestre, egresado de la Unidad Académica de Ciencias Químicos Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) e integrante de Bio-explora Guerrero, explicó que esta especie se localizó por primera vez en 1903 en los bosques vírgenes de Omiltemi, en el municipio de Chilpancingo, por eso también se le conoce como La Chara de Omiltemi.

Con el paso del tiempo y con las investigaciones hay avistamientos y registros en los municipios de La Unión, Zihuatanejo, Tecpan y Atoyac, de la región Costa Grande; Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, de la región Tierra Caliente del estado de Guerrero. También hay avistamientos del ave en algunos municipios de Oaxaca.

Su nombre científico es Cyanolyca mirabilis. Pertenece a la familia Corvidae, que son aves de tamaño mediano con picos fuertes y patas robustas. Regularmente se mueven en grupos pequeños, al ras del suelo, entre los arbustos o encima de los árboles para recolectar sus alimentos. Su dieta es omnívora; se alimenta de insectos y de semillas. Habitan en zonas boscosas, en bosques nublados, bosques de pino y bosques de encinos.

Hasta el momento no se tiene registro de que sean cazadas para usarlas como alimento, de lo que sí hay registro es de su venta ilegal para tenerlas cautivas en casas.

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene a La Chara de Omiltemi catalogada en peligro de extinción, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) la considera una especie en vulnerabilidad.

Se ubica dentro de estas categorías porque existe una gran pérdida y fragmentación de su hábitat por los incendios forestales y por el tráfico ilegal para su venta como mascotas.

Estas aves tienen un rol ecológico muy importante en el ecosistema, pues dispersan las semillas de las frutas que consumen, además de comer insectos que se consideran plagas para algunas plantas.

Es una especie bioindicadora, es decir, cuando no existe presencia en su hábitat indica deterioro de la naturaleza.

De acuerdo con Vázquez Arroyo, las autoridades no actúan conforme a lo que les corresponde, pues cada día bajan de Omiltemi camiones con troncos de árboles talados clandestinamente, sin que hagan algo al respecto para frenar este problema. La tala de estos árboles perjudica en gran manera el hábitat de Las Charas Garganta Blanca.

Chara garganta blanca en bosques de Omiltemi reposa sobre un árbol a lado de una bromelia, el 8 septiembre del 2019. Fotografía: Enrique Vázquez Arroyo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), esta última del gobierno de Guerrero, en teoría, son las encargadas de frenar las actividades ilícitas, pero no hacen nada para evitarlo.

El tráfico y venta ilegal en mercados y tianguis de esta y muchas otras especies en peligro de extinción o en situación de vulnerabilidad también es evidente y, de la misma manera, las autoridades no atienden este problema.

Vázquez Arroyo comentó que realizaron denuncias públicas en muchas ocasiones y que incluso llamaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin recibir atención.

La comercialización ilegal de Las Charas de Omiltemi, de otras especies de animales y de plantas en situación de vulnerabilidad, regularmente se realiza con mayor fuerza los fines de semana y por consecuencia las denuncias no son atendidas porque las dependencias no trabajan en estos días.

«Aunque existen varias leyes que deberían proteger a los animales y plantas, realmente no se cumplen», denunció el biólogo.

Hay leyes que solo existen, pero no se aplican, como la ley 491 de bienestar animal. “Muchas veces solo se enfocan en proteger a los animales domésticos como gatos, perros, entre otros, pero a la fauna silvestre la dejan en segundo plano, aunque esta ley habla de todos los animales, sin excepción”.

Para Vázquez Arroyo es muy importante crear campañas de educación ambiental. “La educación es la base de una mejor convivencia con la flora y la fauna”.

Estas campañas de concientización deben de existir en las regiones con más biodiversidad, pero también para las personas que hacen la compra de estos animales, para que puedan dimensionar el daño que les hacen y que se den cuenta de que son partícipes de la extinción de animales y plantas.

Además de las campañas también es importante realizar caminatas o actividades en el campo dónde haya estas aves y plantas para explicar su importancia y su función en el ecosistema.

También se deben de implementar estrategias para que la población genere recursos de otras maneras y no talar árboles y destruir hábitats de animales y plantas.

Se deberían de implementar grupos locales de guías de naturaleza para observar aves y otras especies, y proponer alternativas para un mejor manejo de los recursos naturales.

Vázquez Arroyo labora en monitoreo, investigación y rescate de fauna silvestre, además administra y es el fundador de la página y el grupo de Facebook Bio-Explora Guerrero.

Este grupo y esta página son de difusión. Vázquez Arroyo invitó a las personas que quieran saber más sobre las especies endémicas, tanto de plantas como de animales, sigan estas herramientas de difusión en esta red social. Ahí hay especialistas que pueden aclarar dudas sobre estos temas.

 

 

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Con amparo, dueños de autos de más de 10 años podrían dejar de pagar tenencia

La 63 Legislatura primero exentó del pago y ayer aprobó una Fe de erratas a un decreto ya publicado, pero los dueños podrían ampararse para hacerlo efectivo


Texto: Itzel Urieta

Foto: Amapola Periodismo/Archivo 

15 de enero del 2024

Chilpancingo

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad dar revés, a través de una Fe de erratas, a un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero en el que se exentaba del impuesto de tenencia a los propietarios de autos de más de 10 años.

La fracción séptima del artículo 75 de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero decía que los propietarios de vehículos usados de fabricación nacional o de procedencia extranjera importados definitivamente al país, con diez años o más de antigüedad y sean exclusivamente de uso particular, estarán exentos del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos”.

De acuerdo con la mencionada fracción sólo pagarían los derechos por servicios vehiculares que comprenden el pago anual de refrendo de matrícula, tarjeta de circulación, engomados y en su caso, por el canje de placas de circulación.

Personas cruzan la calle en el céntrico barrio de San Francisco, en Chilpancingo, el 11 de enero del 2024. Foto: Andrea Mendoza/archivo

La Fe de erratas se aprobó en la segunda sesión del día. Desde la primera sesión, las diputadas y diputados del PRD, PRI y Morena comenzaron a debatir el tema en los pasillos centrales del pleno.

Mientras continuaba la sesión, los coordinadores de las fracciones de Morena y PRI discutían algo, poco a poco se sumaron más diputadas y diputados. Al final, un numeroso grupo de legisladores en el pasillo central evidenció la falta de acuerdo sobre algo, pero aun se desconocía de qué se trataba.

La discusión se centró en que el PRI no quería aprobar la Fe de erratas porque lo consideraba una ilegalidad, aunque al final se aprobó por 25 votos a favor y dos en contra, incluidos algunos del PRI.

El diputado priísta Héctor Apreza Patrón, coordinador de esta bancada, fue quien alegó que dar revés a lo publicado mediante Fe de erratas, como propuso la Comisión de Hacienda, era una ilegalidad. Alegó que no era el procedimiento adecuado, que lo que procedía era una reforma a la Ley de Hacienda.

La Fe de erratas fue aprobada con 25 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.

Diputados de Morena, PRI y PRD en debate por la aprobación de Fe de erratas, el 15 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta

El cambio del documento quedó de la siguiente manera: “Las personas contribuyentes obligados al pago del impuestos establecido en este capítulo deberán presentar declaración anual informativa de ingresos ante la Secretaría de Finanzas y Administración a través de los medios autorizados, proporcionando datos de las personas físicas y morales de donde provengan sus ingresos”.

Es decir, a pesar de que en un inicio el Congreso local aprobó que los dueños de autos de más de 10 años no pagarían tenencia ahora sí lo harán. Este decreto de no pagar tenencia estuvo en vigor durante 15 días.

De acuerdo con Apreza Patrón esto generará problemas legales para la Secretaría de Finanzas, porque una persona puede hacer valer el primer decreto a través de un amparo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega Jiménez, dijo que lo publicado en el decreto fue un error de papelería, aunque nunca precisó un motivo claro de la decisión.

Ortega Jiménez dijo que si no realizaba el cambio el estado podría perder 150 millones de pesos de recaudación estatal.

A pesar de la oposición del grupo parlamentario del PRI, solo hubo dos votos en contra para publicarse la Fe de erratas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Culmina otro periodo de sesiones en el Congreso sin abordar pendientes de esta y legislatura pasada

Este periodo ordinario es el penúltimo, otro más y termina la actual legislatura


Texto y foto: Itzel Urieta

15 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Hoy culminó el quinto periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el penúltimo de la 63 legislatura, en medio de varios pendientes legislativos que no han concluido desde que inició la legislatura en 2021.

Los temas que están pendientes y que los diputados no terminan son: el nombramiento de dos cabildos instituyentes, la ley de desaparición forzada y la construcción de la Biblioteca Siervo de la Nación, los tres pendientes desde la 62 legislatura.

Con este periodo ordinario la mayoría de los diputados dejan de asistir a las sesiones y entra en funciones la Comisión Permanente, una representación de 12 diputados limitados en sus funciones.

Por ley, el periodo de receso comienza el 15 de enero y concluye el 15 de febrero.

Los diputados entran en este receso a ocho días de regresar de vacaciones de fin de año.

Diputadas y diputados locales protestan como integrantes de la Comisión Permanente del Congreso local, este 15 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta

La última sesión del 2023 fue el 22 de diciembre y citaron a sesión hasta el lunes 9 de enero del 2024.

Así, a ocho días de regresar, se van de receso.

La Comisión Permanente quedó instalada con los siguientes diputados.

Leticia Mosso Hernández, del PT, presidenta; Esteban Albarrán Mendoza, del PRI, vicepresidente; Jennyfer García Lucena, del PRD, vicepresidenta y secretarios Andrés Guevara Cárdenas, de Morena, y Patricia Doroteo Calderón, del PRD.

Los vocales son María Flores Maldonado, de Morena, Alicia Zamora Villalva, del PRI, Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, Gabriela Bernal Reséndiz, del PRI, Antonio Helguera Jiménez, Osbaldo Ríos Manrique y Fortunato Hernández Carbajal, los tres de la bancada de Morena.

Hoy la diputada Marben de la Cruz Santiago y Jéssica Ivette Alejo Rayo, ambas de Morena, presentaron su licencia para buscar un cargo de elección popular, por lo que ya no regresarán a sus funciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“Es nefasto que este gobierno también nos quiera dividir”: Familiares de los 43 de Ayotzinapa

En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

15 de enero 2024

 

En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.

En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.

La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.

Foto: Mario Marlo/ZonaDocs

 

“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.

Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.

Triple asesinato en Ometepec se suma a ola de violencia en otras regiones del estado

La región de la Costa Chica en la ruta de convertirse en otra zona violenta del estado, como Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y Centro


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amapola Periodismo/Archivo 

14 de enero del 2023

Chilpancingo

 

La noche de ayer tres hombres fueron asesinados a balazos en la carretera Tlacoachistlahuaca-Ometepec, cerca de la localidad de Rancho Cuananchinicha, en la Costa Chica de Guerrero.

Los primeros reportes mencionaron que fueron cinco las personas asesinadas, pero horas más tarde de concluidas las diligencias, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de tres hombres.

Los cadáveres fueron localizados dentro de un vehículo Tsuru color rojo, alrededor de las 10:30 de la noche del sábado.

De acuerdo con los primeros reportes policiales el ataque armado fue contra pobladores de la comunidad de Santa María Asunción, municipio de Ometepec, quienes regresaban a su comunidad después de acudir al poblado de Paoaloapan, en Tlacochistlahuaca, donde se organizaron peleas de gallos.

Ya de regreso, sobre la carretera a la altura de la comunidad de Rancho Cuananchinicha, fueron atacados a balazos por hombres armados.

Los cadáveres fueron identificado como Pedro N, Elisber N, y René N.

De acuerdo con la FGE, durante el ataque armado dos personas fueron asesinadas y una más falleció en un domicilió particular.

La versión de la FGE indica que las tres personas circularon por la carretera y fueron detenidas por civiles armados, quienes dispararon a corta distancia con arma de fuego.

La dependencia aseguró que dos hombres más quedaron heridos por este ataque.

Este hecho se suma a otros que ocurrieron en la Costa Chica en meses pasados y que aumentan el clima de inseguridad.

Elementos de la Guardia Nacional y policias estatales en Chilpancingo, el 18 de noviembre del 2021. Foto: José Luis de la cruz/Archivo

En Ometepec, a finales de noviembre, cuatro elementos de la policía municipal fueron asesinados a balazos y tres más quedaron heridos al sufrir una emboscada después de acudir a un llamado de emergencia.

En Agosto del 2023 un hijo y sobrino del líder municipal del PRI en Ometepec, Albertano Tapia Pelaez, fueron asesinados en un ataque armado.

En San Luis Acatlán, otro municipio de la Costa Chica, la violencia aumentó en los últimos meses y lo reconoció su alcalde, Adair Hernández Martínez.

A mediados del 2023, la desaparición de dos mujeres marcaron a

Este municipio.

El 27 de marzo fueron privadas de su libertad la indígena ñu savi Maricruz García y Nancy Salazar Castillo, la primera de Cuanacaxtitlán y la segunda de Yoloxóchitl.

Nancy apareció con vida el 29 de marzo y Maricruz fue hallada asesinada el 31 del mismo mes.

El 23 de febrero del 2023 fueron abandonados los restos de un hombre desmembrado en el barrio de La Villa de la

Cabecera municipal, y un día antes un vecino de Yoloxóchitl fue asesinado cerca de su hogar.

Bruno Placido Valerio, fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e impulsor de varias autodefensas en la zona fue asesinado el 17 de octubre pasado.

Placido Valerio advirtió antes de su asesinato del ingreso a la Costa Chica de un grupo criminal organizado conocido como Los Rusos, que operan en Acapulco y Costa Grande, en colusión con los gobiernos municipales y elementos de seguridad, por lo que planteó reorganizar sus autodefensas.

El activista también advirtió que en las filas de la UPOEG hubo infiltrados de estos grupos delictivos.

Los hechos de violencia en la Costa Chica se suman a los de Chilpancingo, Acapulco, Petatlán y Taxco, donde en las últimas semanas los asesinatos, desapariciones y quema de unidades del transporte público son comunes.

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