Categoría: Historias

Guerrero sin protocolos para practicar el aborto a casi un año de su despenalización

Colectivas ofrecen el acompañamiento a mujeres que deciden abortar, una responsabilidad de las instituciones

Texto: Margena de la O

Ilustración: Saúl Estrada

Chilpancingo

 

“En Guerrero puedes acceder a un aborto en los servicios de salud o desde casa”, es la frase que tiene fijada en su perfil de Facebook la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. La organización que aglutina diversos grupos de activistas ofrece asesoría y acompañamiento a las mujeres que desean abortar antes de las 12 semanas a través de tres números de teléfono.

El acompañamiento ofrecido por las activistas es relevante porque aun cuando en Guerrero las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto desde el 17 de mayo del 2022, las instituciones de salud pública carecen de un protocolo para ofrecer el servicio.

Lo que sigue pendiente en Guerrero y en gran parte de México, es “la despenalización social” en relación al aborto, plantea la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón, cuando explica la importancia y necesidad del acompañamiento que ofrece la colectiva.

Desde 14 de julio pasado, cuando comenzaron a brindar información y asesoría, hasta el cierre del 2022, habían acompañado a más de 100 mujeres que tomaron la decisión de abortar, informó Janiseli Renata González Moreno, otra de las integrantes de la Red pendiente del acompañamiento.

Lo iniciaron de manera pública en un contexto importante de reconocimiento de los derechos de las mujeres de Guerrero a decidir sobre sus cuerpos. Las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto en “cumplimento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero”, de acuerdo con lo que difundió el Congreso local el día de la aprobación.

La segunda alerta de género para Guerrero fue decretada el 5 de junio del 2020, por el agravio cometido contra las mujeres víctimas de abuso sexual a quienes les negaron el derecho de abortar establecido en el Código Penal Federal.

El Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero, una de las organizaciones de esta Red, la solicitó y después gestionó, mediante un cabildeo con diputadas de la bancada de Morena, la iniciativa, después ley, que quitó todos los candados jurídicos en Guerrero al aborto, informó la coordinadora, Viridiana Gutiérrez Sotelo.

Guerrero se convirtió en el noveno estado en despenalizar el aborto de las 32 entidades en el país. En total, 11 estados han despenalizado parcial o total el aborto en México hasta este momento. En el estado es legal antes de las 12 semanas.

A esta despenalización de aborto le suceden otras reformas secundarias, como ajustes a la Ley de Salud, para establecer el protocolo que garantice un servicio de salud de calidad.

La incitativa de modificación ya está en el Congreso local, pero aun falta la discusión al interior de la Comisión de Salud, y que sea tratada y votada en pleno por las diputadas y los diputados.

Gutiérrez Sotelo tiene la claridad que aun con estos pendientes no existe impedimento legal para que las mujeres tenga garantizado el derecho de abortar, porque se los garantiza el marco jurídico federal y local.

En este punto también coincide que María Luisa Garfias Marín, una activista feminista por los derechos de las mujeres que abrió brecha en Guerrero, al exponer que negar el aborto a un mujer en Guerrero no sólo es privarla de un servicio médico, “es violentar derechos humanos”, agrega quien ahora es integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Apremia porque las instituciones de salud pública en Guerrero construyan de manera urgente el protocolo de atención médica para las mujeres que deseen abortar.

“Como no hay una garantía de una atención de calidad y de calidez por eso se sigue dando el acompañamiento, porque se les han negado los servicios y, entonces, por eso las mujeres buscan a las colectivas para que les den el acompañamiento”, analiza Garfias Marín.

El acompañamiento que ofrece la Red privilegia y comprende el contexto de las mujeres. Candela Garzón expuso que llevan años haciéndolo, desde antes de la despenalización, amparadas en los lineamientos de la Organización Mundial de Salud.

La Red tiene disponibles tres números de teléfono celular para orientar a las mujeres que desean abortar, ya sea por llamada o mensajes: 7621057057 para la zona Norte, y 7472194211 y 7442576612 para el resto del estado o de cualquier otro lugar. Porque a estos números, dice la coordinadora, han llamado mujeres de otras partes de México, y hasta de Guatemala y El Salvador.

González Moreno mencionó al principio que la Red respalda el aborto autogestivo o aborto en casas, aun cuando su lucha más fuerte sea con toda una narrativa social y moral que le ha impregnado muchos tabúes.

A partir de este punto están los detalles del procedimiento que la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres emplea para acompañar.

Primero conversan con las mujeres que se acercan con dudas y, después, intentan saber su contexto: edad, lugar de origen, si han tenido hijos o no, si se aplicaron alguna prueba y cuál fue o si hubo algún ultrasonido, si están o no con pareja y otros tantos datos que broten de una charla cálida, comprensiva.

La coordinadora de la Red aclara que el importante el contexto porque existe el prejuicio de que las mujeres que más abortan son jóvenes, solas casi como un prejuicio de irresponsabilidad, cuando no es un patrón. Les ha tocado acompañar a madres, con parejas estables o de muchos años.

Después les proporcionan la información asociada con el derecho de las mujeres abortar y la garantía que tienen de servicios médicos en instituciones de salud pública, porque es importante “devolverles al Estado su responsabilidad” en el tema, puntualiza Candela Garzón.

La Organización Mundial de la Salud avala medicamentos para la interrupción del embarazo de manera segura, efectiva y no invasiva, el misoprostol o el régimen combinado de mifepristona y misoprostol, con las dosis reglamentadas para la ingesta. Esta información la comparten las activistas para que las mujeres sepan que un aborto no siempre es un proceso quirúrgico e invasivo.

De tal manera que cuando las mujeres decidan acudir a un centro, clínica u hospital de salud pública sepan que el legrado no es la primera ni única opción.

Las integrantes de la Red creen que ahí radica el problema en los servicios de salud. “Cuando nosotras hacemos el acompañamiento lo que seguimos viendo es que a pesar de que tienen la información de que el aborto puede ser con medicamento o con procedimientos menos invasivos para el cuerpo de las mujeres, siguen privilegiando el legrado como una forma común de hacerlo, y eso es sumamente violento para las chicas”, explica Gutiérrez Sotelo, también integrante de la Red.

La penalización social es lo que más pesa en las mujeres; acudir a un hospital o clínica les resulta impensable. Muchas de las mujeres que han pedido información o acompañamiento a la Red, incluso hacen su primer contacto por mensajes, para guardar lo más posible su identidad, cuenta Candela Garzón.

Entonces, es cuando brindan el acompañamiento para un aborto autogestivo o aborto en casa.

Las activistas monitorean a las mujeres que lo dicen desde el horario de la toma de los medicamentos, las dosis que deben ingerir hasta sus síntomas, que pueden variar: cólicos, dolor abdominal, sangrado vaginal, sensación de vómito, algunas de diarrea. El cierre de esta fase es cuando las mujeres dejan de sangrar, es decir, terminan su proceso de aborto.

La fase final del monitoreo es al mes siguiente, cuando la mujeres recuperan su menstruación, pero no todas continúan hasta este punto.

“En la mayoría los casos son exitosos, sino es que todos, por una u otra situación, nada de gravedad, terminan el procedimiento, y al mes algunas nos cuentan ya me bajó, me sentí bien o algunas simplemente ya no más, desaparecen; también parte del acompañamiento no es saturarlas, ellas necesitan un espacio y lo sabemos”, dice Candela Garzón.

Pero lo que siempre ocurre es que las mujeres les recomiendan con otras.

En la misma Red hay colectivas que acompañan a mujeres de sus entornos para el proceso de aborto, como la Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta, asentada en el puerto, o las integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Mexico (ddeser), a través de Marea Verde, establecidas en Tlapa, a quienes también las han contactado mujeres de otras regiones o estados.

Lo cierto es que todas estas campañas y servicios que brindan las colectivas son un responsabilidad de Estado, que las instituciones aún no asumen.

 

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres acompañó de manera política el caso de Aurelia García Cruceño, la mujer nahua que estuvo encarcelada por una emergencia obstétrica, en plena discusión por la despenalización total del aborto en Guerrero.

Aurelia, la indígena que pasó 1.140 días presa por una emergencia obstétrica

Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.

 Texto: Margena de la O 

Ilustración: Alejandra Balaguera

 

El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.

Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.

De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.

Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.

En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.

Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.

El encierro

 El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.

A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.

Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.

Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.

En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.

Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.

Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.

En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.

Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: «cómo una mujer no va a saber que está embarazada», dijo una vez, «obviamente era su bebé», soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.

La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.

La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.

La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.

La imagen corresponde al día en que Aurelia fue liberada. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

*  *  *

 La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.

En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.

La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.

Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.

A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.

Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.

La libertad

 Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.

La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.

*  *  *

Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

La historia del laurel del atrio de la catedral de Chilpancingo

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El árbol de laurel de la India, ubicado en el atrio de la Catedral de la Asunción de María es un árbol grande, de unos 10 metros de altura, tiene unas hojas verdes y unas raíces grandes que parece nunca se desprenderán.

Es un árbol que a muchos chilpancingueños ha dado sombra por años. Para muchos pasa inadvertido, para Arnulfo Salgado Ayala «es su hijo más chiquito». Lo sembró en 1974.

Trabajó en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el área de reforestación y después en un vivero.

Por su experiencia, un amigo le pidió que lo apoyara a recuperar el laurel del atrio de la catedral; se secaba, tenía unos 100 años.

«Apenas empezaba el abono químico y se lo eché, lo repartí en tres drenes. Pedí la única pipa que había para los Bomberos y le eché el agua suficiente. Después pedí la pipa y ya no me la prestaron», recuerda.

Pasaron unos meses y el laurel no mejoró. Cree que por el abono químico que le puso –hasta la fecha lo lamenta–, además de que estaba muy seco. «Ya no hubo más remedio, el laurel se estaban secando».

Cuando le preguntaron qué más podían hacer, Arnulfo contestó que tirarlo y sembrar otro. Eso hicieron.

Para la siembra del nuevo laurel, Arnulfo tuvo el apoyo del área de deforestación de la secretaría. Utilizó tierra de monte para sembrarlo.

Arnulfo llevó un árbol ya de siete metros, con la única grúa que había en ese entonces, propiedad de una persona apodada El Güero Juais.

Al ser unas calles muy angostas, la grúa no pudo ingresar hasta el atrio con el árbol, por lo que Arnulfo, con ayuda, arrastró el laurel hasta el lugar donde lo sembró y donde a la fecha sigue.

Arnulfo le dedicó tiempo durante los primeros años de su vida. Asumió toda la responsabilidad. «A las 5:30 de la mañana me iba a mi trabajo y había una toma de agua ahí, al lado donde le abría, y lo regué de manera seguida por dos años, después lo dejé a su suerte y, pues, ahí sigue; ya tienen 48 años».

Arnulfo tenía 30 años cuando sembró el laurel. Ahora, a sus 84, todavía acude a visitarlo. «Es mi hijo más chiquito», insiste.

En una de sus visitas recientes notó que el laurel tenía una plaga, acudió con el párroco de la catedral para solicitarle que lo fumigara.

«Sí lo fumigaron, quedó limpio, ahorita ya no tiene nada de plaga».

Muchas personas desconocen que hubo un cambio de árbol hace 48 años, creen que es el mismo que siempre estuvo en el atrio.

Arnulfo se siente contento de que el laurel haya crecido tanto y le brinde sombra a las personas que se sientan en el atrio de la catedral.

Conserva una serie de fotografías del proceso del árbol: una de cuando lo sembró en 1974, otra a los 10 años, en 1984, y la más actual es del 2019. Todas las tiene enmarcadas.

«El antiguo laurel ya estaba muy alto, casi le llegaba a las torres de la iglesia y sus ramas cruzaban la calle hasta donde quedaba el ayuntamiento (hoy Museo Regional)», cuenta.

Las ramas del laurel actual rosan con el edificio del Museo Regional. Arnulfo cree que puede crecer más, pero ya es un distintivo del zócalo de la ciudad.

Hasta existe un poema escrito por Lamberto Alarcón Catalán, titulado Canto al laurel del templo de Chilpancingo, dedicado al laurel.

«He vuelto a mi ciudad sólo por verte, por estar a tu sombra, por escuchar bajo tus verdes ramas la charla de mi novia, mientras arriba de nosotros tiemblan la seda de las de los pájaros, el cantar de la brisa, como un río de corriente lejana y rumorosa», es una parte del poema que está completo debajo del laurel en el atrio de la catedral de Chilpancingo.

Tlacolol – Alto mando policíaco involucrado en desaparición forzada fue protegido por Astudillo y ahora por los Salgado

En el gobierno de Guerrero, desde la administración del priista, Héctor Astudillo Flores, y ahora con la morenista, Evelyn Salgado Pineda, se ha protegido a un funcionario implicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en desaparición forzada en Veracruz, en el periodo del ex gobernador de esa entidad, el priista Javier Duarte de Ochoa.

Lo peor de todo, no es sólo el encubrimiento de este personaje al que la ONU exigió que se investigara sus nexos con una organización criminal, sino que este personaje se niega a informar a su superior lo ocurrido en El Parotal, municipio de Petatlán, el 28 de enero de este año.

Desde los hechos en la localidad serrana, donde los pobladores acusaron a mandos de la Policía Estatal de llevar en su convoy a tres miembros de la organización criminal la Familia Michoacana, en la Secretaría de Seguridad Pública las cosas se salieron de control.

La gobernadora ni el secretario de Seguridad Pública, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, saben qué es lo que verdaderamente ocurrió ese día, donde fueron ejecutadas cinco personas y retenidos 32 agentes.

Y es que mandos de la desprestigiada Policía Estatal se niegan a informar por qué en esa incursión llevaban a esos tres individuos, que no pertenecían a la corporación.

La primera versión de la fallida operación es que terminó con un supuesto enfrentamiento a balazos en el que asesinaron el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía Estatal, el capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, un policía raso y los tres extraños acompañantes.

Desde entonces circulan videos en las redes sociales, difundidos por los propios pobladores, donde los policías –hincados y doblegados– confiesan que esos tres hombres pertenecen a la Familia Michoacana.

Otros pobladores de comunidades serranas de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Arcelia, pertenecientes a la Tierra Caliente, que están desplazados por la violencia, aseguran que el gobierno de Salgado Pineda protege a la Familia Michoacana.

Esta organización criminal, que desde hace más de una década mantiene el control en los nueve municipios de Tierra Caliente, extendió su dominio a la Costa Grande. Ambas regiones colindan por la Sierra.

Ciudadanos de esta región han denunciado en el anonimato que este grupo criminal –que dirigen los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga– ya cobran “derecho de piso” a empresarios, comerciantes y ganaderos. Lo que ocurrió en Zihuatanejo y Petatlán con las empresas de distribución de gas LP, que fueron obligadas a suspender su servicio durante dos semanas por las extorsiones que estaban sufriendo, es un ejemplo de ello.

No obstante, del operativo de El Parotal hay dos responsables dentro de la SSP, los dos operadores de la Policía Estatal, el subsecretario de Prevención y Operación, Irving de Jesús Jiménez Sánchez y el director general de esta corporación, José Alfonso Díaz Pineda, ambos se niegan a dar los detalles de la incursión al propio Evelio Méndez Gómez que, a su vez, tendría que informar a la gobernadora.

Sin embargo, hace más de tres semanas José Alfonso Díaz Pineda fue destituido, aunque sabemos que se le busca acomodo en otra responsabilidad en la misma SSP.

El que sustituyó a Díaz Pineda fue Gabriel Rebollar González, quien estaba en la Coordinación de la Policía Estatal en Acapulco.

Aunque, el asunto va más allá, Díaz Pineda, quien en el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores fungió como director de Adiestramiento y Desarrollo Policial de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), fue director de Operaciones de la Policía Estatal de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, gobernador que se encuentra preso por desaparición forzada y otros delitos.

En noviembre del 2017, el Comité Contra la Tortura de la ONU solicitó al gobierno de Veracruz investigar al entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca.

La desaparición de los jóvenes originarios de Playa Vicente, ocurrió el 11 de enero del 2016, el señalamiento es que policías estatales presuntamente los entregaron con integrantes del Cártel de Jalisco para torturarlos y asesinarlos.

Este organismo internacional menciona como probable responsable de estos crímenes de lesa humanidad a Bermúdez Zurita y a otros jefes de la Policía Estatal de Veracruz, y entre ellos, a José Alfonso Díaz Pineda, entonces director de Operaciones de Seguridad Pública de Veracruz.

Aún con esos antecedentes, el gobierno de Astudillo Flores lo rescató y lo trajo a Guerrero y, por si fuera poco, fue uno de los hombres de confianza del entonces secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, incluso también fungió como subsecretario de Prevención y Operación Policial.

Nos preguntamos si fue fortuito que en Guerrero la desaparición forzada aumentará en el gobierno priista o tal vez, Díaz Pineda implementó las prácticas documentadas en Veracruz en tiempos de Javier Duarte.

Ahora, en el gobierno de la morenista Salgado Pineda, a Díaz Pineda se le nombró como director de la Policía Estatal con el aval del capitán, Evelio Méndez Gómez.

A días de cumplirse dos meses de lo ocurrido en El Parotal, el gobierno del estado apuesta al olvido, pero nadie de los mandos policiacos quiere informar a Evelio Méndez de lo que realmente ocurrió; el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora ordenaron el cese del jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la SPP, José Gante Rodríguez, y de manera provisional fue asignado Sirenio Oregón Mercado.

La destitución de Gante Rodríguez se dio, pero ni Irving de Jesús Jiménez Sánchez ni José Alfonso Díaz Pineda informan los sucesos de El Parotal.

En una ocasión Jiménez Sánchez ya reconoció que los tres individuos que iban en el convoy eran civiles de esa zona que “denunciaban” a personas que presuntamente habían cometido delitos.

Fieles a su modus operandis, la crisis que vive la SPP, el senador Salgado Macedonio y la gobernadora, intentaron aprovecharla para enviar un paquete de nombramientos, lo que molestó a Evelio Méndez Gómez, quien al igual que la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, están en ese cargo por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y son parte de la política de militarizar las instituciones de Seguridad Pública de los estados, principalmente donde gobierna Morena.

La molestia de Méndez Gómez fue porque muchas de las personas que llevaban el nombramiento para ocupar un cargo en la SPP no reunían el perfil e incluso se descubrió que al menos tres de ellos tenían antecedentes penales, lo que confirma el modus operandis de los Salgado, que reparten cargos sin importar si están preparados para ello, sólo cumplen sus compromisos políticos.

La situación se tensó aún más en la SPP, luego de que han salido publicaciones en las redes sociales y en medios de comunicación de que el gobierno de Salgado Pineda protegen al grupo criminal de La Familia Michoacana, por ello, es pertinente cuestionar si lo que se dice que ocurrió en El Parotal tendrá mucho de cierto, sobre todo las versiones que se están dando a conocer en los últimos días, los relaciones y protecciones entre la clase política y los grupos delictivos.

 

Chirrionazo: Este domingo la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, actuó como una priista de la muy, pero muy vieja guardia. Resulta que para apapachar al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, una de las corcholatas para la silla presidencial en 2024, acarreó, perdón, movilizó a colonos, transportistas, funcionarios y a trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco. Además, ordenó el cierre de más de dos kilómetros de la costera Miguel Alemán, que fue utilizada para la marcha encabezada por el carnal Marcelo, López Rodríguez, el defenestrado Alberto López Rosas y el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, el ex reyecito del Congreso local.

Abelina se la está jugando con el carnal Marcelo, a ver si no le sale el tiro por la culata. Por cierto, en el acto político de Ebrard casi no había reporteros en la cobertura informativa. ¿Habrán recibido línea de los Salgado para no hacerlo?

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com

 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.

Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

  • Identificación oficial, en original y copia.
  • La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
  • Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
  • Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
  • Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

  • En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
  • En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
  • La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
  • En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
  • En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
  • En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Acto de Marcelo Ebrard, acarreo y cierre de la costera Miguel Alemán en Acapulco

Texto y foto: Jesús Guerrero

En su primer acto como aspirante presidencial, el canciller Marcelo Ebrard fue recibido por cientos de personas que movilizó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Desde las nueve de la mañana de este domingo, transportistas, colonos, funcionarios y trabajadores del ayuntamiento se concentraron en el Asta Bandera del puerto.

«Con Marcelo sí», decían los banderines que les dieron a los asistentes.

Ebrard, acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, llegó muy temprano a esta ciudad; primero entraron a un restaurant para desayunar. Afuera había cientos de personas, esperándolos.

Eloy Cisneros Guillén, el viejo luchador social y ex preso político, fue el primero que abordó a Ebrard.

Después empezó la marcha a la que se unió la alcaldesa Adelina López, quien ha tenido diferencias políticas con Cisneros Guillén.

Así como cuando el PRI era gobierno, los funcionarios municipales morenistas fueron los operadores para el traslado de la gente.

Policías y agentes de tránsito cerraron la costera Miguel Alemán seis horas.

El gentío caminó más de dos kilómetros en una avenida despejada. Ebrard, que vestía una camisa blanca, sudaba a gotas.

Un templete fue colocado a un costado del zócalo. Hasta aquí llegó el aspirante saludando o sonriendo a la gente que se le acercaba.

Una cantante que sirvió como animadora gritaba que no era un acto político, sino un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que fuw el pasado 8 de marzo.

Durante su discurso, Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena que publique la convocatoria para la definición del aspirante presidencial para el 2024.

«¿A ver, quién sabe qué encuesta será?», preguntó el canciller a los asistentes.

«¡Nadie, nadie!», respondieron algunos.

Ebrard respondió: «no se ha informado al pueblo; el presidente (López Obrador) ha dicho que el pueblo determine quién va seguir adelante, que no sea el partido. Que sea la gente.

«Lo que estamos pidiendo a nuestro partido es de que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe», reclamó.

Mencionó que él va a participar en la encuesta y tendrá presencia en todos los municipios del país.

«¡Presidente, presidente!», le gritaron los asistentes a Ebrard, quien también estuvo acompañado de la senadora Malú Micher.

«Miles y miles de guerrerenses estamos dispuestos a caminar contigo Marcelo», dijo López Rodríguez, quien desde que asumió la alcaldía en el 2021 mantiene diferencias políticas con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

La gobernadora, su papá y todo el gabinete de su gobierno le han organizado actos políticos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la otra «corcholata», como las ha definido el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes aspiran la candidatura presidencial.

En el mitin, el canciller pidió a su partido (Morena) a que realice una encuesta más amplia.

«Lo que estamos haciendo aquí caminando es para que se den cuenta cuántos somos para que hagamos la encuesta de a deveras», menncionó.

«Yo no me pasó pintando bardas ni espectaculares, no es porque no me gusten, sino porque no tenemos dinero», afirmó el canciller, quien durante su discurso presumió su relación con el presidente López Obrador y lo llamó «mi carnal».

«Yo con él (López Obrador) he estado desde hace 23 años y lo he acompañado en las buenas y en las malas, y no de ahorita», dijo.

Durante el acto, el canciller le dijo a la gente que en el 2012, él y López Obrador compitieron en una encuesta para definir quien sería el candidato presidencial (por el PRD), y fue derrotado con un porcentaje de 1.6 por ciento.

«Había políticos que me decían, oye, pide que se realice otra encuesta y yo dije que no, y apoyé a mi carnal Andrés Manuel», mencionó.

Pidió a la gente que apoye al presidente y los invitó para que el próximo sábado 18 de marzo acudan a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar la expropiación petrolera.

El canciller también presumió que en este gobierno el precio del peso en relación al dólar bajo a 19 pesos.

«Por primera vez en la historia el peso va para arriba y el dólar un poquito para abajo, porque todos los mercados del mundo confían en México y en su presidente», aseguró.

Después del mitin, la avenida costera Miguel Alemán fue abierta a la vialidad por los policías y agentes de tránsito municipal.

«No gané ni para para la comida»

Roberto Rodríguez Adame, un prestador de servicio de paseos en yate, dijo que el cierre de esta vía le afectó porque ya no pudo contactar posibles clientes.

«Cerraron la costera desde las ocho de la mañana y no llevo ningún cliente, así es que no sacaré ni siquiera para la comida», dijo.

Según el trabajador desde este sábado las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco les avisaron que se cerraría la costera y la mayoría de los prestadores de servicios decidieron no laborar.

«Aquí nos pagan 30 y hasta 50 pesos por cada cliente que le vendemos un bolete de paseo en yate y no tenemos salario fijo», dijo el trabajador.

Hasta las once de la mañana de este domingo Rodríguez Adame seguía en la avenida para ver si tenía la fortuna de ver a un cliente.

«Llegué a las ocho de la mañana y ni siquiera he sacado para comprarme una torta; ojalá y la alcaldesa (Abelina López) me pague el día», dijo.

(Pódcast) Ruta Oaxaca: recorrer miles de kilómetros para abortar en libertad

Por: El Espectador

Foto: Alejandra Balaguera

 

Las historias de Esperanza, Victoria y Libertad son el reflejo de cómo en este estado las mujeres enfrentan enormes barreras de acceso y prejuicios para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Esto a pesar de que aquí, como en otros lugares de Latinoamérica, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de embarazo.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

El contingente 8M en Chilpancingo alza la voz contra los feminicidios y desaparición de mujeres 

Texto: Itzel Urieta y Margena de la O

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

“¡Justicia para Lesly!”, “¡Justicia para Monse!”, “¡Justicia para Julia!”, “¡Justicia para Ilse!” se escuchó por las calles de Chilpancingo cuando pasó el contingente de mujeres que nutrió la marcha de este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Fue un contingente amplio que recorrió el centro de la ciudad hasta el zócalo, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

En ese trayecto las mujeres pararon en lugares claves de la ciudad, algunos institucionales, como el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Agencia del Ministerio Público, para dejar en evidencia lo que no han hecho por la seguridad de las mujeres y por la protección de víctimas de alguna violencia, y otros que representan la saña violentada contra la mujeres, como el hotel Plaza, donde Ilse Melody fue asesinada el 17 de febrero pasado.

El contingente justo lo encabezaban las familiares y amigas de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, dos de las violencias máximas contra mujeres en Guerrero. Una muestra de esto son los números de casos en estos dos sentidos durante el primer bimestre de 2023: 44 mujeres desaparecieron, 24 en enero y 20 en febrero, y 23 fueron asesinadas. Estos datos surgen de la base de datos que de manera mensual hace Amapola, periodismo transgresor con el monitoreo de datos oficiales, medios de comunicación y redes sociales.

Con sus familiares y amigas al frente, de alguna manera, esta marcha conmemorativa fue dedicada a todas ellas.

Fue en memoria de Julia Magdalena Olea Cortés, trabajadora del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, de quien hallaron su cadáver el 6 de octubre del 2022, en la colonia Tetipán, en Chilpancingo.

Hasta el momento las autoridades no han dado información de la investigación, porque quizá no hay avances, a sus familiares que estuvieron en la marcha.

Fue en nombre de Lucía Hernández y Juanita Dircio, la madre y la abuela de Diana Itzel Hernández, hija del dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en el mismo episodio que ellas, donde además mataron a su ahijado Antonio, en la carretera de Ahuacuotzingo a Chilapa, el 14 de octubre del 2017.

En el contingente del 8M en Chilpancingo estuvo Diana para exigir justicia por su madre y su abuela, y por otras dirigentes sociales de Guerrero asesinadas, como Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Para las mujeres desaparecidas también hubo consigna en la marcha.

La madre de Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) marchó al frente del contingente.

Karen tiene 21 años; está desaparecida desde el pasado 31 de enero. Lo último que se supo de ella es que abordó un taxi para ir a Petaquillas, la comunidad de Chilpancingo más cercana a la ciudad, a unos 10 minutos.

En el contingente estuvo Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio, para reclamar justicia. Su agresor, Víctor Manuel Martínez Lezama, quien fue su pareja, tiene grandes posibilidades de evadir su responsabilidad.

Martínez Lezama fue sentenciado a seis años de prisión por el intento de feminicidio contra Alejandra, pero pidió un amparo a un juzgado federal, que lleva dos años sin emitir el fallo. Hace unos meses, aprovechándose de que la justicia parece jugar de su lado, se fugó a Estados Unidos, donde volvió a agredir a dos mujeres; ahora puede ser deportado sin que exista un elemento sólido para en Guerrero pague por lo que le hizo a Alejandra.

“Lo van a deportar y aquí va a volver a la impunidad. Yo pido que le nieguen el amparo para que cuando lo deporten el 27 de marzo él cumpla la pena de seis años y medio que le otorgaron”, reclamó Alejandra durante la marcha.

El contingente de mujeres en general, la mayoría vestidas de morado, negro y verde, caminaron por las avenida principales del centro de Chilpancingo a la vez que gritaron y cargaron cartulinas con frases de lo que no está dispuestas a permitir más y sobre lo no dejarán pasar.

“Ojalá que nunca te toque ver cómo la inseguridad te quita el amor de tu vida”. “Cansado de escucharlo, nosotras de vivirlo”. “Denuncia archivada, mujer asesinada”. “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo a luchar”. “Pido que Guerrero no esté infestado de violadores y acosadores”. «¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”. “¡Justicia!”.

Son algunas consignas que se leyeron o escucharon en el contingente.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado a las 16:30 horas y avanzó hacia el sur de la ciudad, pero retornaron monumento Unidos por Guerrero para cerrar en el zócalo.

El contingente fue resguardado por mujeres de la Policía Estatal.

Al llegar a la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, a manera de pronunciamiento, mencionaron lo que les interesa que sea atendido por la instituciones, como la erradicación de los matrimonios forzados.

«Exigimos prevención, atención y erradicación de las uniones tempranas forzadas principalmente en la región Montaña y Costa Chica del estado”, dijo quien leyó el texto.

Recriminaron al Estado no actuar en contra de la violencia digital ni agilizar las investigaciones para castigar a los feminicidios ni hallar a las mujeres desaparecidas.

Exigieron un alto al acoso y hostigamiento laboral y escolar. Esto tiene su razón de ser, pues, el pasado 5 de marzo fue documentado por la prensa que en la Prepa 29 de Tixtla, los estudiantes descubrieron cámaras instalada en los baños de las alumnas y los alumnos.

“Es preocupante que en las instituciones educativas no pongan atención a los casos que se generan dentro de las mismas y se vuelven indiferentes y protegen a los agresores”.

Para las mujeres rurales exigieron a las autoridades correspondientes garantizarles el derecho de posesión y tenencia de la tierra.

“Al Congreso le exigimos la presentación de la iniciativa de ley que reconozca la violencia vicaría como una manera de violencia contra las mujeres”.

La violencia obstétrica y garantizar los servicios de aborto, ahora que está despenalizado fue, sin duda, otro reclamo de un contingente que nunca más dará espacio a la invisibilidad.

 

La desaparición, pieza de la triada de máximas violencias contra las mujeres en Guerrero

Texto: Margena de la O, Itzel Urieta y Beatriz García

Fotografia: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La desaparición de mujeres es sólo un rasgo de las múltiples violencias que enfrentan ellas en Guerrero, un estado en supuesta observación institucional por las dos alertas de violencia de género decretadas, pero que mantiene un marcado patrón de agresión en su contra.

Porque es un instrumento de terror, de acuerdo con lo que establecen las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, cuando escudriñan en los componentes de esta acción, que también tiene escalas, según los agentes que participen. En la desaparición forzada, por ejemplo, los actores son los agentes estatales o consentidos por el Estado.

La desaparición, junto al feminicidio y la trata, representa la máxima expresión de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país, y Guerrero está entre en los primeros ocho estados con más casos, de acuerdo a un diagnóstico realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Esos ocho estados concentran un 56.13 por ciento de los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país del 2000 a octubre del 2022 que fue publicado este diagnóstico.

“La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas”, se lee en un comunicado del IMDHD a manera de resumen del diagnóstico.

Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer las cifras dejan en evidencia el contexto adverso para las mujeres y, al mismo tiempo, toda la deuda institucional para ellas –para nosotras–. La concentración de estos números y casos intenta convertirse en una consigna para expresar que faltan más acciones para garantizar protección, seguridad y, sólo así, anhelar a la igualdad.

El diagnóstico de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas en el caso particular de Guerrero arroja que a partir de 2013 hay un aumento en el número de desaparecidas. Los años con más casos de desparecidas son 2016, con 65; 2017, con 71; 2018, con 86, y 2019, con 59.

En el 2020 desaparecieron 50, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al que acudió IMDHD; es un dato trascendental porque fue el año en que surgió la pandemia por Covid-19 en México, es decir, que la mayoría de la población estuvo encerrada en casa.

Los acumulados de desaparición de mujeres en Guerrero son más inquietantes: “Al menos 547 continuaban desaparecidas hasta el 31 de enero de 2020 en la versión pública del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Comisión Nacional de Búsqueda. De éstas, en cinco años, de enero del 2015 al 10 de agosto de 2020, se habían registrado 366”.

El mayor rango de mujeres desaparecidas en Guerrero se concreta en menores de 19 años, lo que significa un 41 por ciento, equivalente a 231 de las 547 desaparecidas hasta 2020.

Pero la desaparición de mujeres en Guerrero es una registro que no da tregua, se nutre todos los días. El primer bimestre de 2023 lo evidencia, donde 44 mujeres desaparecieron.

Este dato es parte de la base de datos que Amapola, periodismo transgresor genera con los acumulados mensuales de un monitoreo de las alertas que emiten las instituciones, de las publicaciones periodísticas en los medios locales de comunicación, y de las denuncias ciudadanas a través de redes sociales.

En enero desaparecieron 24 y en febrero 20. La mayoría de las mujeres desaparecidas fueron localizadas, lo que significa un importante resultado, pero no desconfigura el delito que evidencia el riesgo en que viven –vivimos– las mujeres.

*

De las 20 mujeres desaparecidas en febrero del 2023, 16 fueron localizadas, pero cuatro siguen desaparecidas; aquí la historia de una de ellas.

Este 4 de marzo Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 21 años. No pudo festejar ni con su familia ni con sus amigos. Es poco probable que donde esté haya partido un pastel de cumpleaños o que alguien le cantara las mañanitas. Desde el 31 de enero está desaparecida.

Lo último que supieron de ella es que abordó un taxi con dirección a Petaquillas, un pueblo de Chilpancingo ubicado a 10 minutos de la capital.

Una de sus conocidas mencionó que Karen Melissa se cambiaba de departamento al momento de su desaparición. El perro que es mascota de Melissa apareció en el nuevo departamento, pero sin rastro de ella.

Su ficha de búsqueda fue activada hasta el 7 de febrero.

Días después de que se publicó la ficha de búsqueda la familia de Melissa recibió una llamada telefónica en la que les dijeron que “ya no la buscaran porque ya no la iban a encontrar”.

Ante estos hechos la FGE tampoco a dado resultados y avances en la investigación a la familia, aun cuando su desaparición tenga más de un mes. Pero si se considera el patrón sistemático de desaparición en Guerrero, la violencia marcada contra las mujeres, y las omisiones institucionales, el tiempo es casi intrascendente.

La ficha en realidad la activaron las instituciones porque integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, organización de la que forma parte, comenzaron a exigir su aparición con vida.

Karen Melissa es originaria de Cuajinicuilapa. Vive en Chilpancingo y estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). En su facultad nadie habla del tema; ni los alumnos ni los maestros ni las autoridades dijeron algo sobre su desaparición. Lo único que se supo es que la llaman Meli.

Para sus compañeras de la Red, Mely es muy activa en el movimiento feminista. La consideran valiente, una líder nata.

*

Lucila debe ser una de las 50 mujeres desaparecidas en 2020, según cifras nacionales. Su madre sigue buscándola.

Lucila Josefina Fernández López de 22 años le faltaba un año para terminar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Iguala, pero unos hombres armados la sacaron de su casa 7 de mayo del 2020.

Su hijo de tres años presenció ese momento. Ahora él tiene seis años, y está a cargo de su abuela, Lucila López Flores, madre de su mamá.

La madre busca a Lucila y espera saber de ella “como sea” que la halle.

Lucila vivía con su madre. Ella tenía la ilusión de que su hija terminara la carrera para que tuviera con qué mantener a su hijo.

El 7 de mayo del 2020, Lucila notó a su hija extraña, como si algo le preocupara, pero hizo sus actividades del día: se levantó a las ocho de la mañana, se bañó, y desde entonces se sentó a hacer tarea hasta la noche; sólo se levantó a comer.

A las 20:15 horas Lucila salió a comprar leche para su hijo, regresó a los 15 minutos. Se sentó en el comedor y preguntó por su hermana; doña Lucila tuvo tres hijos.

Cuando recuerda ese momento a narrar los hechos, la madre cree que Lucila quizá esperaba a su hermana para contarle algo.

Un mes antes Josefina tuvo un problema con el papá de su hijo, porque lo demandó para que le diera pensión alimenticia; él le dijo entonces que retiraría la demanda “por las buenas o por las malas”.

La hermana llegó a casa y Lucila le pidió que salieran un rato afuera a platicar. Al abrir la puerta unos hombres encapuchados y con armas largas las frenaron.

Los hombres forcejearon con Lucila que se negaba a irse con ellos. Un amigo de su otro hermano estaba cerca de la casa y quiso defenderla, pero lo detuvieron a tiros; lo mataron.

Todo fue tan rápido. Los hombres jalaron a Josefina, su madre quiso detenerla y otro hombre encapuchado la apuntó con un arma. La subieron a un coche y se la llevaron.

Su hijo, que estaba presente, sólo temblaba. Ahora, a sus seis años, el niño tiene problemas de lenguaje; todo indica que es resultado de ese momento traumático.

Doña Lucila interpuso la denuncia de desaparición de su hija cinco meses después de que se la llevaron, porque desde la noche del 7 de mayo del 2020 unos hombres desconocidos vigilaban al resto de la familia y les tomaban fotografías. Tenían miedo.

A los cinco meses se acercó a la familias integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, con sede en Chilpancingo, y fue que interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque en las autoridades del estado no confió.

Doña Lucila sigue en busca de su hija, pero desde hace tiempo perdió la esperanzan de que esté viva, y es cuando suelta que lo único que quiere es hallarla “como sea” que esté.

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Los datos ofrecidos por el IMDHD sitúan a Acapulco como el lugar de Guerrero donde más casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas hubo hasta 2020, con 162. Marla, de Chilpancingo, viajó al puerto en julio 2019; sigue sin volver

Los tres hijos de Marla Jiménez Carachure no saben de su madre desde hace cuatro años; desapareció en la carretera rumbo a Acapulco, en la localidad de las Cruces.

Marla llevaba un año y medio de haberse graduado como maestra de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, donde radicaba con sus hijos. El mismo tiempo que llevaba divorciada del papá de sus hijos.

El padre de sus hijos desapareció un año antes que ella, pero en la carretera Tixtla-Chilapa, donde sus familiares hallaron su camioneta abandonada. Los hijos, que dependían por completo de Marla, tampoco saben del paradero de su papá; las autoridades siguen sin darles resultados.

Brayan Maxiliano Ángel Jiménez, el hijo mayor de Marla recuerda perfectamente el último día que supo de su madre: era 26 de julio del 2019, Marla iría a Acapulco con un compañero, a una reunión. Salió de su casa como a las ocho de la mañana. A mediodía avisó a sus hijos que pasaba por Las Cruces, una colonia de la zona suburbana de Acapulco.

El resto del día no volvió a comunicarse con sus hijos. Ellos no se preocuparon, creyeron que otra vez su madre se había quedado sin batería en su celular, algo común para ella.

Pasaron dos días y comenzaron a preocuparse. Brayan decidió interponer la denuncia ante el Ministerio Público, en Chilpancingo. Supo que el acompañante de su madre tampoco apareció. Tenía miedo.
Transcurrieron más días, semanas, meses, años sin rastro de Marla.

Poco después de la desaparición de su madre, Brayan de 28 años abandonó la carrera de Ingeniería Civil y su hermano, de 21 años, el Colegio de Bachilleres. Decidieron trabajar para que su hermana, de 20 años, siguiera con sus estudios y todos pudieran sobrevivir.

Cuatro años después, la única información que tiene Brayan es la que ha logrado por su cuenta; es posible que un amigo en común que tenían su madre y su padre es el responsable de la desaparición.

Guerrero registra 23 asesinatos de mujeres en el primer bimestre del año, 43.7 por ciento más que en 2022

Activistas advierten sobre la situación de violencia contra las mujeres en puntos como el puerto de Acapulco, y también, que las autoridades desatienden la prevención y la investigación de crímenes con perspectiva de género.

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz /Archivo

Chilpancingo

 

El 2 de enero pasado, Luz María Mota acudió a una cita con su expareja sentimental. La citó en una colonia en las afueras de Taxco, Guerrero, y de allá nunca regresó a casa.

Una de las hipótesis del caso, planteada en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), es que su expareja pudo haberla arrojado por un barranco de una profundidad de 15 metros. Luz María murió después en el hospital de esa ciudad.

La mañana de ese mismo lunes 2 de enero, una mujer fue asesinada a puñaladas por su esposo, en una casa ubicada en la colonia Alta Cuauhtémoc, en la zona conurbada de Acapulco.

El 15 de enero, Lucía, una vendedora de aguas frescas de la colonia Las Cruces, en Acapulco, fue asesinada por un hombre de un balazo en la cabeza. El victimario caminó frente a decenas de testigos, después se subió a un automóvil que el conductor ya tenía en marcha, listo para arrancar, y huyó.

La FGE dice que el asesinato de Lucía pudo ser motivado porque se negó a pagar una cuota a un grupo criminal.

Tanto Lucía como Luz María forman parte de los 23 casos de mujeres asesinadas en Guerrero entre el 1 de enero y el 28 febrero, de acuerdo con las cifras de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM). Esto representa un alza de 43.7 por ciento respecto del primer bimestre de 2022, cuando hubo 16 crímenes de este tipo.

El incremento se da, además, en un contexto en el que las autoridades se niegan a investigar los casos con perspectiva de género, denuncian activistas.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGVM, dijo que el aumento de víctimas de crímenes con características de feminicidios en Guerrero durante los dos primeros meses del año refleja desatención del gobierno del estado y de los municipios hacia la prevención de violencias contra las mujeres.

En junio de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la primera alerta de género en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa.

La alerta se declaró porque estos ocho municipios ocupaban los primeros lugares en casos de mujeres asesinadas, así como por otros tipos de violencia.

Reyna Aguilar consideró que, de 2017 a la fecha, la violencia hacia las mujeres no ha cambiado en estos municipios. “Acapulco sigue ocupando el primer lugar en asesinatos de mujeres y no se diga de Iguala y Chilpancingo”, alertó.

La activista lo dice por las estadísticas que ella misma documenta. En 2022 ocurrieron 107 homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero: en Acapulco hubo 29, en Chilpancingo 21 y en Iguala 11.

Este año, de los 23 asesinatos documentados por la AGVM, en dos de los casos la FGE ha logrado la detención de los presuntos feminicidas.

El 15 de octubre de 2021, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asumió el poder y una de sus primeras promesas fue frenar la violencia feminicida en Guerrero.

Pero, a decir de la abogada activista Reyna Aguilar, esa promesa de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres es un tema pendiente.

“Es muy grave lo que está pasando y estamos viendo que en estos dos primeros meses del año aumentaron los homicidios con presunción de feminicidio en comparación en este mismo lapso del 2022”, dijo.

La activista —quien forma parte de los sistemas para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco— dice que en las sesiones en las que ella ha participado llegan muchas denuncias por la omisión de autoridades.

Contó que estuvo en una sesión reciente en Taxco y la fiscal especializada en feminicidios no tenía información sobre el caso de Luz María Mota, la víctima del 2 de enero en esa ciudad.

El caso de Luz María fue relevante en Taxco porque su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, fue dejado en libertad por el agente del Ministerio Público del Fuero Común la misma noche de los hechos.

“El feminicida de la joven cayó en contradicciones porque, primero, dijo que Luz María se había resbalado y cayó al barranco y, después, aseguró que ella se había suicidado porque no quería vivir sin él”, narró Reyna Aguilar.

El 15 de enero, 13 días después del asesinato de Luz María, sus familiares y amigos protestaron en las calles de Taxco para exigir la recaptura de su agresor.

Reyna Aguilar mencionó que, por la presión social, la FGE ya investiga el caso como feminicidio y no como homicidio.

Cristian Mota, primo de la víctima, dijo que es absurdo que Luz María quisiera suicidarse. Ella trabajaba de intendenta en la mina La Suriana, ubicada en Arcelia, donde percibía un salario mensual de 8,000 pesos. 

El 31 de diciembre, contó a su primo Cristian que para este año empezaría a laborar en el área administrativa de otra mina y que le pagarían mejor, 12,000 pesos al mes.

“Es imposible que mi prima se quisiera aventar al barranco, porque además de que ya tenía un buen trabajo, tenía a sus dos hijos, a quienes quería más que a su vida”, dijo Cristian.

Flores Martínez, presunto asesino de Luz María, labora en una gasolinera de Taxco y, según Cristian, muchas mujeres que acuden a esta estación a cargar combustible se niegan a que él las atienda.

Reyna Aguilar denunció que el caso de Luz María es un ejemplo de que en Guerrero la FGE no investiga los homicidios de las mujeres con perspectiva de género.

Amapola, periodismo transgresor documentó que durante el primer bimestre de este 2023 se registraron 233 homicidios dolosos, de los cuales 22 fueron contra mujeres.

El municipio con mayor número de asesinatos fue Acapulco, en segundo sitio está Iguala y en tercero Chilpancingo.

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

«Las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar»: Sandra Mazo

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia e integrante del movimiento Causa Justa explica por qué quienes son creyentes pueden disentir de la jerarquía eclesial y decidir sobre su propia maternidad. Dice que para superar la culpa del aborto, que impacta tan hondo a las mujeres, es necesaria su bendición social.

Por: Karen Parrado Beltrán / Mutante*

Fotos: Paula Thomas

Colombia

 

Después de veinte años de un debate intenso hay varios acuerdos sobre el aborto en Colombia. Uno de ellos, que empieza a ganar terreno, es que a las camándulas ya no hay que sacarlas de los úteros —pues el país ha avanzado a través de sentencias de la Corte Constitucional—, sino de las conciencias.

Úteros y conciencias engloban metafóricamente dos facetas del aborto en el país: la legal y la social. Por un lado, Colombia es el país con la regulación más progresista del continente en la materia. Por otro, es de las naciones con más católicos en el mundo, donde abortar aún es considerado un acto moralmente reprochable o un pecado condenado por la Iglesia católica.

“Pero ya no es igual que hace dos mil años”, dice Sandra Mazo, activista católica y feminista, y parte del movimiento de mujeres que demandó al Estado colombiano en dos oportunidades durante este siglo para eliminar al aborto del Código Penal. Para ella, que también es directora de la oenegé Católicas por el Derecho a Decidir Colombia (CCD – Colombia), el aborto tiene que ser menos una cruzada religiosa, encallada en ideas fundamentalistas, y más un tema de salud pública.

También busca volver más popular la visión misericordiosa de la Iglesia católica sobre el aborto, una visión que no condena a las mujeres creyentes por abortar ni las obliga a abandonar la Iglesia. Además, cree que hay una tarea pendiente: despenalizar las conciencias y erradicar la culpa a la hora de acceder al aborto.

Mazo y otras mujeres recorren el país haciendo pedagogía sobre la Sentencia C-055 de 2022, que emitió la Corte Constitucional el 21 de febrero del año pasado. Con esa decisión –considerada histórica– se despenalizó parcialmente el aborto hasta la semana 24 sin condiciones, conservando las tres causales establecidas en un fallo previo, la Sentencia C-355 de 2006, que son: peligro para la vida o salud de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o procedimientos de fertilización no consentidos.

En 2005 usted estaba embarazada de su primera hija, muy cerca de dar a luz y también era parte del movimiento de mujeres que quería lograr que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las tres causales específicas. Algunos verían una contradicción en eso, ¿para usted qué representó?

Para mí fue coherencia. La situación que estaba viviendo en el 2005 frente a mi embarazo lo que mostraba era precisamente lo que defendemos nosotras, y es que la maternidad tiene que ser deseada, planeada, tiene que hacer parte del proyecto de vida de las personas. Y el estar embarazada en medio de esta apuesta de litigio que nos llevó a la despenalización en tres causales, fue mostrar en la práctica, en mi propia vida y en mi propio cuerpo, que no queremos que las maternidades sean forzadas y que tenemos derecho a decidir. Eso lo que mostró es que no estamos haciendo apología del aborto, sino que lo que promovemos son maternidades seguras y deseadas.

Ha dicho que el no abortar no es un dogma dentro de la Iglesia, ¿qué significa eso en la práctica?

El aborto en la Iglesia católica definitivamente es un tema que está en debate. La Iglesia católica, que es a la que yo pertenezco y en la que creo, no es monolítica y en el tema del aborto no hay una visión impuesta. Hemos investigado y hemos encontrado que el aborto está en el Derecho Canónico y que es tratado desde una visión misericordiosa, porque es perdonado. El Derecho Canónico es benévolo y misericordioso porque exime o atenúa la pena de excomunión por aborto en determinadas circunstancias. Hay principios muy importantes en la Iglesia católica, sobre todo el principio de la libertad de conciencia, que hacen que se vuelvan argumentos muy potentes para quienes somos creyentes, y que nos muestran que esta Iglesia sí comprende y sí perdona a las mujeres que abortan. Aquí hay un debate de todas maneras plural, sabemos que quizá la jerarquía eclesial en los últimos años ha tenido una postura bastante cerrada frente al tema, pero hay doctrina religiosa que nos muestra que hay posibilidad de disentir frente a esto y que las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar porque hay razones de peso que la Iglesia perdona.

¿Qué ha hecho que esa postura misericordiosa de la Iglesia sobre el aborto no sea tan conocida?

Lo que hace que no exista la misericordia son los fundamentalismos religiosos. Los creyentes no podemos ver la palabra de Dios, la ritualidad y la sacralidad, al pie de la letra. Lo religioso también hay que leerlo en el contexto. Los contextos cambian. Esta es una Iglesia que tiene que empezar también a mirar el devenir de los tiempos, los signos. Y los tiempos cambian.
Por eso, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, mucha feligresía le está reclamando a la Iglesia católica cambios, que ya no es igual que hace dos mil años. También consideramos que hay una Iglesia renovada, y nos vamos a encontrar con religiosas, sacerdotes, personas de iglesia que están seguras de que hay que empezar a leer lo religioso y
la religión desde los cambios de los sujetos históricos. Nosotras no concebimos un Dios a partir del miedo, del pecado o de la culpa, sino una visión de Dios a nuestra imagen y semejanza.

¿Qué responsabilidad le queda a los creyentes?

Hay que trabajar mucho en ser coherentes y tener un diálogo más directo con ese Dios en el que creemos. Porque nada ganamos con rezar tres veces al día o ir todos los domingos a misa, si estamos reproduciendo ejercicios de poder y siendo incoherentes con el mensaje del cristianismo, que es el de la solidaridad, el del amor.

¿Cuál cree que ha sido el mayor impedimento para que la discusión del aborto en Colombia avance hacia un terreno de derechos humanos?

Un impedimento ha sido el patriarcado, y es esa dificultad para que entiendan que las mujeres tenemos agencia moral, es decir, capacidad de decisión. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra sexualidad han sido tomados como un recurso, como un medio, y no como un fin. A las mujeres nos han instrumentalizado el cuerpo para la maternidad, y los poderes patriarcales –llámense Iglesia, Estado, cultura– se han creído dueños del cuerpo y la vida de las mujeres. Y creo que eso ha dificultado en términos normativos, pero también en términos sociales y emocionales, que se pueda avanzar frente al ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y, sobre todo, en el tema del aborto, que ha sido tratado con tanto estigma a partir del miedo, del pecado, de la culpa, bajo el manto de una doble moral. Mientras no haya reconocimiento de las mujeres como agentes morales de decisión va a ser muy difícil que la sociedad entienda que no pueden seguir decidiendo por nosotras. Se hacen leyes y normas que siguen reproduciendo la desigualdad y nos siguen viendo como menores de edad, incapaces de tomar decisiones frente a nuestra vida. Nos ponen la responsabilidad sobre el mundo, pero nos quitan agencia para decidir frente a nuestro cuerpo, es demasiado contradictorio.

¿Vivimos una especie de doble moral cuando se trata del aborto?

Casi todo el mundo ha tenido cercanía con alguien que ha abortado. Esta es una sociedad doble moral porque cuando conoce casos concretos considera que había razones para hacerlo, pero a nivel general muestra un discurso en contra de avanzar en estos derechos. Esto está muy permeado por el estigma. La gente puede que internamente esté de acuerdo con ciertas circunstancias de aborto, pero como reconocerlo tiene tantos costos en términos de sanción social y moral, cuando se tiene que hablar a nivel público se oculta y se rechaza. Luchar por la salud pública, para que no se nos mueran las mujeres, y para que no las tengan que perseguir ni criminalizar, es un acto de humanidad y de derechos. Por eso hablo de la doble moral, porque es muy lamentable una sociedad que está siendo connivente y cohonestando con que las mujeres se mueran por situaciones que podrían ser evitables. Esta es una sociedad en la que todos defendemos la vida, pero en la que hay vidas de primera y de segunda, y la vida de las mujeres siempre ha estado en segundo lugar.

La sentencia C-055, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, cumplió un año hace poco. ¿Qué ha sido lo más significativo de estos 12 meses?

Creo que el balance es bastante positivo. Por un lado, se ha hecho mucha pedagogía, sobre todo las organizaciones de Causa Justa, y otras organizaciones de mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, hemos hecho un trabajo incansable para llevar la información de la manera más veraz, oportuna y fiel a lo que ha significado la sentencia de la Corte. Lo que me parece que también ha generado que se mantenga la conversación vigente. No fue que se despenalizó el 21 de febrero de 2022 y se dejó de hablar. Y, como ha habido un gobierno nuevo, nos ha permitido un ejercicio de incidencia con el gobierno, que ha mostrado
voluntad política. De hecho, han agilizado el proceso de hacer una resolución (051 de 2023), que salió en enero y que da la reglamentación para el ejercicio y la práctica del aborto en Colombia por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS). Creo que no ha sido un año fácil en términos de que se comprenda lo que significó las 24 semanas, pero cada vez hay más voluntades, más personas y organizaciones tomando en serio lo que ha dicho la Corte y generando más información al respecto.

¿Para usted qué representa la semana 24 en esta última sentencia, un aspecto muy criticado por algunos sectores?

Cuando presentamos esta demanda no pedimos ni semanas ni plazos. Para nosotras la petición era muy clara: eliminar el delito de aborto del Código Penal. La decisión de la Corte de dar 24 semanas fue basada en el principio de un óptimo constitucional, es decir, pensar cómo generar una armonización entre la vida en gestación y la vida de la mujer o persona gestante. Este fue un criterio basado en salud pública, en parámetros que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Fue un asunto de la Corte
Constitucional, no nuestro. No es que la Corte haya dicho que pueden abortar a las 24 semanas, sino que da un lapso entendiendo que Colombia tiene muchas dificultades para detectar y enfrentar a tiempo situaciones de embarazos no deseados por cualquier razón.

Vayamos a los últimos cinco años y a todo el proceso que ha acompañado al activismo de Causa Justa. ¿Qué cosas planteó diferente desde el principio este movimiento en comparación al que logró la sentencia de las causales en 2006?

En este tiempo lo que ha marcado la diferencia es que las organizaciones que integramos Causa Justa hemos ganado madurez. La capacidad de entender todas las experticias y capacidades que hemos logrado ha hecho que podamos confluir y retroalimentarnos. Otro elemento muy importante fue construir argumentos. Construimos noventa y fue todo un proceso para entender y documentar por qué era necesario eliminar el delito de aborto. Pasamos de saber que había que despenalizarlo a argumentar desde muchas perspectivas las razones para hacerlo definitivamente, y aquí hubo miradas jurídicas, políticas, en salud pública, socioculturales. Otro elemento diferencial fueron las redes sociales. Eso ha ayudado mucho porque nos posibilitó mostrar los argumentos por diferentes medios y sobre todo democratizar y socializar muchísimo con organizaciones de diferente índole.

Otra cosa fue lo que está pasando en América Latina, es decir, la ola verde que vimos en Argentina nos puso un listón muy alto en términos de la movilización. De hecho, Argentina comenzó con la despenalización social y después con la despenalización legal, a nosotras nos ha tocado más vía litigio y hemos ido llegando a la despenalización social.

Un último ingrediente que llegó y que potenció muchísimo el trabajo de Causa Justa fue la movilización social. La calle es un lugar muy importante para defender esta sentencia, y fue una cosa impresionante ver tantas mujeres, tantas personas en general, movilizándose alrededor de ella.

En Colombia y otros países de la región vivimos una avanzada de movimientos autodenominados ‘provida’ que insisten en que el aborto siga considerándose un delito. ¿Cómo lee la simbiosis entre estos movimientos y la religión?

Creo que estos grupos, que realmente se llaman antiderechos, tienen muchas procedencias. Algunos tienen una procedencia religiosa, sobre todo muchos grupos pentecostales y evangélicos, que han tomado mucha fuerza como movimientos trasnacionales en contra de la agenda de género y en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que hay toda una intencionalidad religiosa, pero no es su única característica de identidad, también obedecen a una ideología de derecha. Y cuando digo de derecha es una ideología neoliberal, patriarcal, que se empeña en mantener el statu quo y que lo que necesita es mantener la tradición, lo que se concibe como la familia y los valores tradicionales. Esa simbiosis que caracteriza a los grupos antiderechos hay que mirarla desde una perspectiva política, pero también económica. Ellos están muy interesados en tener en los gobiernos y en el Estado figuras representativas que mantengan el orden y un modelo de injusticia y, sobre todo, bajo principios y pilares neoconservadores.

También hay una característica de estos grupos y es en lo social y en lo cultural. Han aprendido de los movimientos sociales, incluso del movimiento feminista, y replican las acciones que nosotras hacemos para la incidencia. Están armando y fortaleciendo grupos de jóvenes, tienen movimientos de mujeres, conforman oenegés, tienen centros de estudio e investigación en las universidades.

Con esas dos banderas –la defensa de la vida y de la familia– han desplegado una cantidad de estrategias para retroceder derechos y para obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

¿Qué piensa de los dos referendos ‘provida’ que se están organizando en este momento en el país? ¿Le preocupan?

Sabemos que hay dos proyectos que están en la recolección de firmas. Ellos se están valiendo de los mecanismos de la democracia para retrocedernos en derechos y es lamentable. Esperamos que esas dos iniciativas no prosperen. Somos conscientes de que estos instrumentos de la participación ciudadana no son para poner a consideración derechos fundamentales.

La sentencia de la Corte Constitucional está reconociendo el aborto como un derecho fundamental que se deriva del derecho a la salud, y ellos con sus referendos lo que están poniendo a consideración es negar un derecho fundamental. La verdad no nos asusta porque nosotras siempre nos hemos valido de los mecanismos de la democracia para ganar y alcanzar derechos, y estamos aquí listas para el debate político que haya que dar.

¿Cómo enfrentar el problema de la culpa y del estigma que rodea al aborto?

Hay una cosa que para Católicas (por el Derecho a Decidir, CDD-Colombia) ha sido siempre una bandera y es que no basta con que logremos normas muy progresistas si no trabajamos al mismo tiempo por cambiar imaginarios sociales y culturales que las asimilen; es lo hemos llamado despenalización social. Creemos que muchas personas a pesar de que saben que el aborto es legal, que no están cometiendo un delito, experimentan una fuerte carga cultural que hace que haya muchas culpas. Y una de las cosas que hemos planteado es que hay que empezar a despenalizar las conciencias, eso pasa por empezar a entender por qué la gente tiene miedo, porque está cargada de culpas y porque las creencias hacen que que sean tan conflictivas las decisiones frente al aborto. De hecho, hay un cargo muy bello que reconoció la Corte Constitucional en esta sentencia y es el de la libertad de conciencia. La Corte dijo que este derecho hace parte de un derecho reproductivo, que es la autonomía reproductiva, el derecho a decidir de las mujeres. Por eso estableció que hasta las 24 semanas ninguna mujer tiene que decirle ni al médico, ni al esposo, ni al papá, ni al sacerdote, ni a nadie, por qué va a abortar. Es entender que la decisión que toma, la toma basada en su libre albedrío, eso es muy revolucionario. No hablamos de un tema solamente religioso, es también jurídico, porque es acudir nada más y nada menos que al principio de la libertad.

Hay algo muy lindo de esta sentencia y es que no obliga. Las personas a las que su conciencia, su religión, su moral, les impide practicarse un aborto, afortunadamente esta sentencia no las obliga, no tienen por qué hacerlo; pero tampoco pueden presionar y obligar a las mujeres a actuar en contra de su propia conciencia. Si hay algunas que sí lo desean, que sí se enfrentan a un embarazo no deseado, no se les puede imponer un tipo de moral única. Tiene que llegar un momento donde la gente entienda que esto es un procedimiento de salud pública, de igualdad de derechos, y empezar a quitarle esa carga de estigma, de miedo y de culpa que ha tenido toda la vida el aborto.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola, periodismo transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Tlacolol – Un santuario para la mujer, retórica de la 4T en Guerrero

En el país y en Guerrero, por supuesto, los gobernantes tienen una habilidad extraordinaria para simular. Simulan más de lo que hacen. Simulan que combaten la pobreza, a las organizaciones criminales y sus líderes, al neoliberalismo y a la derecha.

Pero en el caso del combate a la violencia contra las mujeres, la simulación se vuelve grosera, lastimosa. Este problema está en el escrutinio nacional al menos desde 1991, tras una serie de feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, desde esos años, esa violencia institucional y sistémica se ha extendiendo por todo el país.

Guerrero tiene en su historia a la primera mujer gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero sostenemos que también sufre violencia de género. Las activistas feministas en cada protesta que realizan, remarcan que la violencia de género se da principalmente en los círculos familiares y entre amigos. Con la gobernadora ocurre algo similar: nuestra hipótesis es que su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, es el violentador.

Hay que recordar que Evelyn Salgado no fue candidata por decisión propia sino por la ambición de su padre que exigió a la dirigencia nacional de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador que ella fuera la que lo sustituyera en la candidatura.

La gobernadora es cuestionada por no ejercer sus funciones plenamente, hipótesis que se refuerza gracias al accionar de su padre, pues, Félix Salgado se ha impuesto sobre ella en el nombramiento de cargos públicos, ha dado órdenes públicamente a funcionarios, la contradice públicamente y es más, cuando alguien no logra una audiencia con ella, buscan a su padre para destrabar conflictos gremiales, laborales, de obras y hasta personales.

El colmo  es que en una guerra interna en el Congreso del estado, entre los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Yoloczin Domínguez Serna, el 15 de febrero en una reunión de mujeres en Chilpancingo, organizada ad hoc para que se luciera Félix Salgado lanzó que: Los hombres machistas y misóginos se tienen que ir de Morena.

Lo esgrimido por Salgado Macedonio tiene un claro destinatario, Alfredo Sánchez Esquivel, quién cayó rápidamente de la gracia de los Salgado, y a quien añadió que «quienes se atreven a hacer violencia, esos no son hombres, no son compañeros», luego de que ha tenido cruces con Yoloczin Domínguez, ambos no por ser blancas palomitas.

Sin embargo, es cuestionable la calidad moral del «máximo ideológico» de la gobernadora, habrá que recordarle que Félix Salgado tiene dos denuncias penales por violación en la FGE, y otras tres por acoso y abuso sexual. 

Seguro Félix Salgado aún no podrá comer a gusto de semejante mordida de lengua que se dio.

El 8 de junio de 2021, en el zócalo de Acapulco, eufórica por el triunfo electoral, Evelyn Salgado lanzó una frase: “Guerrero será un santuario para las mujeres, recibirán toda la protección a sus derechos y estarán en los puestos importantes del Gobierno”.

Guerrero no es un santuario para las mujeres, ni siquiera están seguras en las oficinas del gobierno del estado. 

Como reporteros y en la cobertura de la fuente del gobierno del estado, nos permite conocer a muchos funcionarios y burócratas. Hace unos días, conocimos la historia de una trabajadora de la Secretaría de Salud que ha sido violentada y, lo peor, es que las autoridades poco han hecho para protegerla. 

En 2022, Jessica –como la llamaremos– mantenía un noviazgo con un compañero de trabajo, ambos laboraban en un instituto de salud del gobierno del estado, sin embargo, un día su pareja cometió un delito: divulgó fotografías íntimas de Jessica con sus compañeros.

Jessica fue atacada, avergonzada y violentada, además, junto a su ex pareja, fue despedida (trabajo de donde tenía 15 años de antigüedad) sin cometer ninguna falta, salvo creer en su entonces novio. Intentó defenderse pero la directora del instituto y la titular de la Unidad de Género no sólo no le creyeron, sino que corrieron el rumor de que los aludidos habían tenido relaciones sexuales en la dependencia y argumentaron que su baja se debía a su falta a los códigos de ética.

Ante la injusticia, Jessica buscó ayuda, pocos fueron los que le creyeron, y la acompañaron a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) porque aunado al daño público, su ex novio la seguía acosando. 

En el Ministerio Público tardaron siete horas para recibir su denuncia: la revictimizaron, le cuestionaron el porqué había enviado fotos íntimas a su pareja.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero tampoco fueron receptivos ni empáticos con Jessica, le expresaron que si no la habían agredido físicamente no estaban violentando sus derechos y no podían intervenir. La Secretaría de Salud tampoco la apoyó y mucho menos la Procuraduría de la Mujer.

Fue así que presentó ante la Secretaría de Contraloría su queja y, a pesar de todo lo sufrido, las burlas, el rechazo y que muy pocos le creían, se emitió una primera recomendación, en la que se instruyó a la directora del instituto reintegrarla en su trabajo, pero la funcionaria no sólo se negó sino que dijo que la Contraloría no podía obligarla a acatar la orden.

Jessica lleva cuatro meses sin trabajo, es madre soltera, tiene una hija pequeña de cinco años, a quien por no tener empleo ya no la recibieron en el Centro de Comunidad Infantil Preescolar (Cendi). A contra marea, Jessica sigue luchando y espera un segundo fallo de la Contraloría.

Ha sufrido la violencia y es testigo de la simulación que se vive en Guerrero, porque ni la fiscalía, ni la Secretaría de la Mujer, ni Derechos Humanos ni la Secretaría de Salud la apoyaron, al contrario, la han violentado.

La violencia contra la mujer tiene sesgos oficialmente ya que de acuerdo con el gobierno federal en 2022 se contabilizaron 3 mil 775 mujeres y niñas asesinadas en el país, pero sólo 968 fueron tipificados como feminicidios. 

En Guerrero en 2022 se registraron 128 homicidios de mujeres, de los que sólo 13 se investigaron como feminicidio.

Según el gobierno federal, en enero de 2023 se reportaron 302 muertes violentas de mujeres en el país, de las que sólo 72 fueron registradas como feminicidios, cifras por demás alarmantes.

De enero a febrero de este 2023, 23 mujeres han sido asesinadas, cuatro a golpes, dos a puñaladas y 17 a balazos.

De esos 23 asesinados en su mayoría con presunción de feminicidio, sólo en dos casos la FGE ha detenido a los presuntos agresores, asegura la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegura que en Guerrero son asesinadas dos mujeres por semana.

«Las autoridades viven en el mundo de la farándula de los actos suntuosos y banales, de las pasarelas frívolas para enaltecer su ego», dice Tlachinollan en alusión a la gobernadora que para proyectar su imagen invierte miles de pesos en su atuendo personal para salir en los actos públicos y en reuniones de gabinete.

Este domingo 5 de marzo, la gobernadora Evelyn Salgado acudió a la Ciudad de Méxicoma celebrar el Día Internacional de la Mujer, y reiteró que en «Guerrero no descansaremos hasta convertir a nuestro estado en un santuario para las guerrerenses”.

Para este 8 de marzo, cuestionamos de ¿qué santuario habla? Si en Guerrero la mujer sufre violencia cada vez más extrema, por ejemplo, la joven empresaria asesinada el 16 de febrero en un hotel a unas cuadras del centro de Chilpancingo.

Quién defiende a las mujeres, ¿Violeta Pino? La peticionaria de la primera de dos alertas de violencia de género, que con sus reuniones interminables poco o nada ha logrado dar cumplimiento a las medidas.

Pino quien militó en el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fundó la fallecida Rosario Ibarra de Piedra ya borró de un plumazo sus convicciones de izquierda. Ahora, cada vez que puede, llena de elogios a Félix Salgado, el presunto violador de mujeres.

Así en Guerrero con un gobierno de la cuarta transformación no existen en serio políticas transversales para erradicar la violencia en razones de género. Critican al conservadurismo y actúan igual.

Hoy coincidimos que es tiempo de las mujeres, pero de aquellas que siempre han luchado, no por un puesto público sino por combatir sin simulación a la violencia.

 

Chirrionazo:- Este 6 de marzo se cumplieron 33 años de la sangrienta represión que ordenó el entonces y fallecido gobernador, el priista José Francisco Ruiz Massieu, contra dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a quienes a punta de bala y toletazos fueron desalojados de una veintena de ayuntamientos por la Policía Estatal y desaparecida motorizada y la Policía Judicial. 

Los perredistas encabezados por Rosalío Wences Reza, Octaviano Santiago Dionisio, quienes ya fallecieron, además de Eloy Cisneros Guillén, Guillermo Sánchez Nava y otros más protestaban por el fraude electoral derivado de las elecciones a alcaldes y a diputados locales del 3 de diciembre de 1989.

En esa refriega que ordenaron Ruiz Massieu, el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Ramírez Guerrero y el fallecido Procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán, hubo muertos, heridos y desaparecidos, dice un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero casi 15 días antes de la represión del 6 de marzo, el 27 de febrero de 1990, las fuerzas policiacas desalojaron a los perredistas que pretendían tomar los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.

En Zihuatanejo, el entonces diputado federal perredista, Félix Salgado, iba al frente de la protesta y al igual que sus compañeros fue reprimido.

Pero lo que es la vida, hoy, Salgado Macedonio goza de las mieles del poder y en el gobierno que encabeza su hija, ha sido el principal promotor de alianzas con los caciques Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre, dos de los principales represores del movimiento del PRD de aquella época. 

   

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com

 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

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