Habitantes de zona nahua que piden repliegue de grupo armado retienen a dos funcionarios

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: cortesía 

14 de julio del 2020

Chilpancingo

 

Indígenas de 16 comunidades nahuas que desde el lunes mantienen bloqueada la carretera Chilapa-Hueycantenango para exigir que las fuerzas de seguridad federal y estatal replieguen a integrantes de un grupo armado, retuvieron al encargado de la Dirección de Gobernación estatal, Jorge Miranda Huesca y a un funcionario de la Secretaría General de Gobierno, Silvestre Campos Otilio para hacer mayor presión.

 

El coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), David Sánchez Luna, por teléfono informó que los dos funcionarios estatales llegaron alrededor de la una de la comunidad de Chicotlán, lugar del bloqueo, para una aparente intervención.

 

Dijo que los pobladores rechazaron dialogar con los dos funcionarios y, ahora, exigen que acudan autoridades federales y estatales de alto nivel para que les cumplan 29 demandas que desde enero, después del asesinato de diez trabajadores de un grupo musical de la comunidad de Alcozacán, uno de los pueblos nahuas, les firmaron y siguen pendientes.

 

Miranda Huesca y Campos Otilio, según Sánchez Luna, sólo acudieron a escuchar sus peticiones, pero la gente se opuso porque desde hace meses ven a funcionarios de gobierno que escuchan pero les solucionan.

 

Este martes se cumplen dos días de que más de 1,000 personas de las 16 comunidades nahuas mantienen bloqueada la carretera, a la altura de el pueblo de Chicotlán, contra la invasión de un grupo armado que relacionan con el grupo criminal de Los Ardillos. Hoy extendieron el bloqueo y cerraron los entronques que conducen a los pueblos de Colotepec, San Jerónimo Palantla y Hierba Santa.

 

“Aquí nadie va a entrar ni a salir hasta que las autoridades federales y estatales vengan aquí a dialogar con nosotros”, dijo el líder de los policías comunitarios.

 

 

Contó que este martes le habló la alcaldesa priísta del municipio de José Joaquín Herrera, Orquídea Hernández Mendoza, quien le pidió que levantaran los bloqueos porque con ellos, unas 17,000 personas de la zona están incomunicadas, incluidas las que deben que salir para ir a trabajar o realizar compras a Chilapa o a Chilpancingo.

 

“Yo le dije que también nosotros estamos afectados, pero desde hace muchos años, porque aquí sufrimos represión no solamente del gobierno sino del grupo criminal de Los Ardillos”, comentó Sánchez Luna.

 

El fin de semana pasado, los civiles armados de la organización por la Paz y la Justicia intentaron ingresar a la comunidad de Tula, y eso generó un enfrentamiento con la Policía Comunitaria de la CRAC-PF.

 

Después del intento de irrupción armada, los agentes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal ingresaron a Tula y desarmaron y detuvieron a varios de los agresores de la organización por la Paz y la Justicia. Cuando ya los traían a Chilpancingo para ponerlos a disposición de las autoridades fueron retenidos por habitantes de varias comunidades que simpatizan con ese grupo armado.

 

Los manifestantes que bloquearon la carretera obligaron a los soldados, policías y agentes de la GN entregarles a los integrantes del grupo por la Paz y Justicia

 

Sánchez Luna comentó que luego de estos incidentes, la Guardia Nacional y el Ejército se retiraron de la zona y sólo permanece un grupo de la Policía Estatal.

 

Dijo que eso también tiene relación con la decisión de bloquear la carretera. Una de sus demandas es, mencionó, que el Ejército y la Guardia Nacional se queden en la región y realicen recorridos de manera constante para evitar el avance del grupo armado por la Paz y Justicia que, mencionó, tiene relación con el grupo criminal de Los Ardillos.

 

El 17 de enero pasado, integrantes de esta organización asesinaron a 10 trabajadores de un grupo musical de la comunidad de Alcozacán y eso originó varias protestas de la Policía Comunitaria y ciudadanos de esa zona.

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y varios funcionarios de su gabinete, entre ellos el fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos, acudieron a Alcozacán y firmaron junto a los inconformes una minuta de acuerdos de 29 puntos.

 

De acuerdo con Sánchez Luna, la mayoría de esos puntos no se los han cumplido y otros están en proceso, como la construcción de las viviendas para los deudos de los fallecidos. Pero, dijo, lo más importante es que siguen sin detener a los homicidas de los 10 trabajadores.

 

Otro de los acuerdos incumplidos es la permanencia en la zona de la Guardia Nacional y el Ejército.

 

Hasta la tarde de este martes, los manifestantes mantenían retenidos a los dos funcionarios estatales.

 

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