Texto: Beatriz García
Fotografía: Lenin Mosso / Tlachinollan
17 de septiembre del 2021
Chilpancingo
Después de 11 años, el Estado mexicano cumplió con una de las recomendaciones que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de violación sexual contra Inés Fernández Ortega, cometida por elementos del Ejército. Este viernes, la propia Inés, defensores de derechos humanos y autoridades federales inauguraron en Ayutla el Centro Comunitario Gúwa Kúma (La casa de los saberes).
Durante la inauguración fueron evidente algunas deficiencias en el inmueble, por ejemplo, en el servicio de luz eléctrica y el mobiliario.
El 22 de marzo de 2002, cerca de las tres de la tarde, un grupo de militares llegó a la casa de Inés, en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, donde estaba con sus cuatro hijos. Tres de ellos entraron a su casa sin su consentimiento y le apuntaron con sus armas pidiéndole información. Luego, uno de ellos la abuso sexualmente frente a sus hijos.
Después de eso, la mujer de origen me’phaa comenzó un camino de muchas dificultades, porque muchos no le creyeron, entre ellos autoridades del Ministerio Público cuando quiso denunciar su caso, pero otros sí y la ayudaron, como los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes la acompañaron en un largo proceso en busca de la justicia. Con su acompañamiento su caso llegó hasta la Coidh.
El 30 de agosto de 2010, la Coidh declaró, por unanimidad, que el Estado mexicano resultó responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Inés y de sus hijos presentes ese día, de acuerdo con un resumen del caso que la Corte hizo público.
Con esa resolución que obligaba a dar cuentas al Estado mexicano, la Corte emitió una serie de recomendaciones, entre ellas una disculpa pública de autoridades mexicanas a Inés, lo que ocurrió el 7 de marzo del 2012 en un acto en la cabecera de Ayutla, a cargo de Alejandro Poiré Romero, quien entonces era secretario de Gobernación.
Otra de las recomendaciones era la construcción de un centro comunitario o centro de la mujer, donde se desarrollaran actividades en promoción de los derechos humanos y los derechos de la mujer. También que se garantizaran medidas para que las niñas de Barranca Tecoani que estudian en la cabecera contaran con alojamiento y alimentación, además de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.
Ayutla es uno de los municipios que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) incluyó en la declaratorio de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el 2017.
Este viernes, después de 11 años, se hizo realidad la instalación del centro comunitario, aunque con algunas deficiencias.
Está ubicado en la calle Emiliano Zapata, colonia San Felipe de la cabecera municipal de Ayutla, Costa Chica. Ahí llegó Inés Fernández y su familia; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, y un representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.
“Este día es muy importante porque en el año del 2010 se emitió una sentencia, sin embargo, no me habían escuchado (…). Hacen falta muchas cosas en este centro comunitario, nosotros, junto con otras mujeres hemos formado un consejo que vamos a trabajar por este lugar, sin embargo faltan muchas cosas; falta luz, falta una bomba para tener agua suficiente, faltan mesas, mucho mobiliario, lo mismo para el albergue en donde estarán niños y niñas”, dijo alguien que tradujo en el acto a Inés Fernández, quien habla en su lengua materna, me’phaa.
Agregó que sólo quiere que otras niñas no sientan lo que sintieron sus hijas e hijos cuando tenían que estudiar en Ayutla y no tenían dónde vivir, y que por eso es importante el albergue.
Tampoco quiere que otras mujeres indígenas vivan lo que ella vivió.
“Yo quiero que ellas en este lugar encuentren un espacio donde puedan ser escuchadas y atendidas. En nuestras comunidades hay muchas necesidades; los caminos están en muy malas condiciones, con el reciente sismo hay muchas casas dañadas, vamos a aprovechar para pedir su apoyo e intervención (a las autoridades) para estas necesidades. A diferencia de la ciudad, en nuestras comunidades los caminos están en muy malas condiciones, nos hacemos varias horas para bajar de nuestras comunidades hasta Ayutla”, denunció.
Planteó una reunión con las autoridades, las actuales y las próximas, para plantearle todas las necesidades para que el centro comunitario funcione de acuerdo con el proyecto de las mujeres embajadoras, es decir, de las mujeres de esa zona me’phaa que están al frente del centro.
Después Encinas Rodríguez comentó que esta inauguración era un acto de justicia y de reivindicación ante la lucha de Inés.
“Este lamentable hecho se dio en un contexto de marginación económica, social y de género, y aunado a una histórica persecución política de los movimientos sociales se ha visto agravada por la llamada guerra contra el narcotráfico (establecida en el periodo del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa), que intensificó las violaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero y en el país”, expresó.
Mencionó que a pesar de la impunidad de los gobiernos anteriores y de las barreras estructurales, como la discriminación de las mujeres por su condición social, por su pertenencia étnica, la persistencia de Inés logró que su caso llegara a instancias internacionales.
El subsecretario explicó que el centro comunitario tiene como finalidad prevenir y erradicar las distintas violencias que enfrentan las mujeres, niños y niñas de la región a través de atención psicológica, médica y legal, para garantizar que nadie más viva lo que a Inés le sucedió y para que los niños de Ayutla que estudian en la cabecera cuenten con un espacio digno para el desarrollo de sus capacidades que les permita construir su proyecto de vida.
Este centro será liderado por las mujeres me’phaa de la región. La convicción de esta casa de los saberes, se supo en el monitoreo del acto, es fortalecer los procesos organizativos y autogestivos de las mujeres indígenas como tomadoras de decisiones. También contratará con el trabajo de profesionistas indígenas bilingües (en me’phaa y español) para que apliquen sus conocimientos en beneficio de su comunidad.
También estuvo presente el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien recordó que cuando la organización tomó el caso de Inés se vieron interpelados para enfrentar al Ejército, que tenía rodeadas a las comunidades, aterrorizadas. Unos años antes sucedió la masacre del Charco y, dijo, sabían que el Ejército había intervenido en las comunidades para dividirlos.
“Hoy queremos festejar, agradecer, queremos reconocer su compromiso para que esta aurora de las mujeres resplandezca en las comunidades. Gracias Inés porque realmente dejaste tu casa, tu cocina, que ahora está agrietada por los temblores, y bajar por pelear por la justicia de todas las compañeras, las embajadoras de la justicia del pueblo me´phaa”, exclamó Barrera Hernández.
En el 2002 no sólo Inés fue víctima de violación sexual por elementos del Ejército, lo mismo le sucedió a Valentina Rosendo Cantú, también habitante del pueblo me’phaa. La Coidh también dictaminó su caso y entre otras cosas, como las disculpas publicas, ordenó al Estado mexicano la creación de un Centro de Salud en Caxitepec, municipio de Acatepec.
“Las autoridades cumplieron con lo mínimo, porque hasta la fecha no cuenta con personal médico ni hay medicamentos necesarios para garantizar una atención básica”, se lee en un artículo publicado por Tlachinollan hace cuatro días.
Ahora falta que las autoridades garanticen que el centro inaugurado hoy en realidad funcione.
