Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Amapola Periodismo y Salvador Cisneros / Pie de Página
21 de julio del 2020
Chilpancingo
Doña Cleotilde dice que ella y otras familias de comunidades de la Sierra fueron expulsadas de la región por un grupo armado a quien se negaron a venderle su producción de amapola y marihuana.
Cuenta que hasta antes del 2015, la venta marchaba bien y recibían buen precio por sus producciones de la flor y la hierba. Se las compraba un grupo de personas distinto al que ahora entró a la Sierra y que terminó expulsándolos porque se negaron a venderle.
La mujer, que en realidad no se llama Cleotilde, pero debemos proteger su identidad, recuerda que los habitantes de la Sierra vendían el kilo de goma de opio hasta en 25 mil pesos.
Ella solía sembrar tres hectáreas y producir 20 kilos de goma de opio. De esas ganancias debía salir para comprar los químicos que se utilizan para la elaboración de la goma de opio y el pago a los jornaleros que, en su mayoría, contrataban de municipios pobres de la región Montaña.
“A los jornaleros que contratábamos por tres meses les dábamos 150 pesos diarios, las tres comidas (almuerzo, comida y cena), además del hospedaje”, cuenta Cleotilde.
En lo único que no gastaban, dice, era en la compra del fertilizante, porque ese se los regalaba el gobierno estatal, aunque las autoridades pensaban que este insumo lo utilizaban para la siembra de sus parcelas de maíz.
La imagen corresponde a una segunda expulsión masiva de habitantes de pueblos de la Sierra, ocurrida el pasado 26 de marzo. Fotografía: Amapola Periodismo.
Desde el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer (1993) se implementó el programa de fertilizante que se les entregaba a los campesinos para sus siembras de maíz. Desde 2016, el gobernador Héctor Astudillo les entregó el abono de manera gratuita a los productores y en el 2019, el gobierno federal se hizo cargo de este programa.
Funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) reconocieron que el fertilizante que se les entregaba a los campesinos de la Sierra lo utilizaban para la siembra de amapola y marihuana.
Cleotilde cuenta que a quienes les iba muy bien con la siembra era a los propietarios de las tierras. “Otros (campesinos) rentaban las tierras, pero si lograban vivir bien”, aclara.
En su caso y el de su familia poseían varias hectáreas que sembraban cuando menos dos veces al año; en este mes de julio ella ya estaría recolectando la segunda cosecha.
Cleotilde forma parte de una de las familias expulsadas de su comunidad desde hace varios meses, y añora su vida en la Sierra. “Nadie se peleaba, había un solo grupo que iba a los pueblos a comprarla y la pagaban bien”, cuenta.
Durante el tiempo que permanecieron en la Sierra, ella y su familia se hicieron de algunos bienes materiales, y ahora no tienen nada, porque ese grupo armado que entró a su comunidad “se lo robó todo”.
“Se quedaron hasta con mis huertas de frutos”, agrega y ríe.
Recuerda que las cosas empezaron a cambiar en el 2016, cuando llegó ese nuevo grupo de compradores de sus producciones de amapola y marihuana a la Sierra, porque, además, ocurrieron varios hechos de violencia: balaceras y desaparición de personas.
Después les impusieron el precio de la goma de opio. “Ese nuevo grupo llegaba a tu casa y te exigía que le vendieras tu cosecha al precio que ellos querían”. Las personas que por cuenta propia vendía su producción, dice, eran golpeadas por ellos o a veces los desaparecían.
Cleotilde aclara que ella no se apena por contar que se dedicaba a la siembra de amapola y marihuana, hasta se lo ha dicho a funcionarios cuando convocan a las reuniones de las familias desplazadas por la violencia, porque si las instituciones o los gobiernos resolvieran las necesidades de la Sierra, el entorno fuera distinto.
“El gobierno viene una vez al año a entregarnos unos pollos y eso, incluso lo vemos como una burla”, comenta.
Cleotilde considera que es posible que el programa del gobierno federal Sembrando Vida sirva para que le gente de la Sierra cambien la siembra de amapola y marihuana por la de árboles frutales y cultivos de productos básicos.
Pero a un año que arrancó el programa, en los pueblos de la Sierra apenas está aterrizando y no a todos los campesinos los han inscrito en el padrón.
“En la comunidad de donde fui desplazada me informan que apenas a diez familias que se inscribieron ya reciben mensualmente los 4 mil 500 pesos pero faltan más que sean incluidas”, dice.
Pide al gobierno federal que Sembrando Vida no lo convierta en un programa excluyente, y que también a las familias desplazadas por la violencia les entreguen este apoyo.
Revela que desde enero de este año la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha entregado el apoyo de 4,000 pesos que les asigna para su alimentación y los 3,000 pesos para la renta de sus viviendas, justo por ser familias desplazadas por la violencia.
También desde enero de este año, el gobierno estatal les retiró a las 50 familias desplazadas los 50 mil pesos semanales que les entregaba como apoyo.
A más de un año de vivir, como dice Cleotilde, “de la seca a la meca” (de un lugar a otro), sólo piensa en regresar a su comunidad. “Yo ya no quiero saber de ningún grupo (delictivo) ni tampoco seguir sembrando amapola. Quiero morir en mi pueblo y que ahí me sepulten”, aclara.
Aspecto de la mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero. Fotografía: Salvador Cisneros / Pie de Página
La minería detrás de la violencia
Desde noviembre del 2018 que más de 2,000 mil hombres armados que se identificaron como policías comunitarios irrumpieron en Filo de Caballos y otras seis comunidades cercanas, las familias desplazadas suman más de 2 mil 500, reporta el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el diácono de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Filiberto Velázquez.
El activista da acompañamiento a un grupo de familias desplazadas y reconoce que en este momento un grupo armado de Tlacotepec ha avanzado más que el otro que se identifica como de la Sierra.
“Este grupo (de Tlacotepec) ya está más cerca de Chichihualco que es donde la mayoría de los desplazados ahí viven”, advierte.
Velázquez señala que la inacción de los gobiernos federal y estatal para poner orden en la zona ha provocado que la mayoría de las familias desplazadas ya estén desgastadas y se refugien en otros estados del país e incluso en Estados Unidos.
“La verdad no vemos para cuando la gente pueda regresar a sus pueblos. No vemos ninguna luz al final del túnel”, reflexiona.
A su juicio, los provocadores de esa violencia, que mantienen funciones sin que las autoridades federales los frenen, ni siquiera han respetado la pandemia por la Covid-19, deduce Veláquez, porque a finales de mayo e inicio de junio hubo varios enfrentamientos a balazos en las comunidades de Tepozonalco, El Mirabal, Iyotla y La Laguna.
Sólo uno de esos enfrentamientos, dijo, duró cuatro días y ocurrió apenas en junio. Hubo incendios de casas, automóviles y muchos muertos que las autoridades no quieren reconocer.
El activista tiene una evaluación de esa violencia y avance de los grupos: mantener acaparada la siembra de amapola y obtener prebendas de las minas de la zona.
En Mezcala está asentada la empresa minera Nukay y en Carrizalillo, la Equinox Gold. Ambas mineras tienen más de una década explotando yacimientos de oro y plata sin problemas. La violencia en la zona no les afectó las operaciones.
