Reaparece Rubén Figueroa en sesión solemne del Congreso de Guerrero

Texto:Marlén Castro y Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El ex gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer reapareció hoy por la mañana en la sesión solemne del Congreso local de Guerrero que se instaló para inscribir con letras doradas el nombre del Colegio Heroico Militar en el bicentenario de su creación.

Figueroa Alcocer fue depuesto del cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero, quien era en esos momentos líder estatal del PRI. Desde entonces, los grupos políticos de ambos son antagónicos y Figueroa ha hecho muy pocas apariciones públicas.

Esta es la segunda vez que Figueroa se presenta en una actividad encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda.

El pasado 24 de febrero, estuvo con la gobernadora y su padre el senador Félix Salgado Macedonio, en Iguala, para conmemorar un aniversario más del Día de la Bandera.

Casi para concluir la sesión solemne de este lunes en el Congreso local, cuando ya se había revelado la inscripción con letras doradas, la presidenta de la Mesa Directiva, la petista Leticia Mosso Hernández, hizo una pausa en la orden del día para saludar al ex gobernador.

Durante la sesión, la presencia de Figueroa Alcocer en el recinto robó cámara a funcionarios estatales y federales y eso que estuvo sentado muy apartado del espacio para las visitas importantes del recinto, que suelen ser ubicadas frente a la Mesa Directiva.

El ex gobernador estuvo sentado al lado izquierdo de la puerta de acceso al recinto, seguido del secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez, y del secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada.

Antes de que personal de logística del Congreso ubicara a Figueroa en ese espacio, ahí estuvo sentada la secretaria de Obras Públicas, Irene López Montiel, quien después ocupó un lugar que ya no fue visible desde las graderías del recinto.

Al terminar la ceremonia, el gobernador fue solicitado por algunos presentes para tomarse una foto y varias personas fueron a saludarla, mientras la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hacia lo propio mientras salía del recinto.

 

Presenta el Congreso local campaña para recolección Pet para estudiantes de Acapulco

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Congreso local / Oficial 

Chilpancingo

Esta tarde el Congreso local presentó la convocatoria del Concurso de recolección de Pet en kilos, para que niños y niñas de escuelas primarias en Acapulco recolecten este tipo de plásticos y sean acreedores a un premio para su institución.

El objetivo, se lee en la convocatoria, es para que las infancias «tomen conciencia ambiental y sean promoventes de la cultura de la sustentabilidad».

En el concurso es organizado por el Congreso del estado, a través de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), en coordinación con Grupo Planeta Femsa y la organización ambiental internacional Good Neighboos México.

El concurso consiste en una competencia de escuelas que recolecten más kilos de Pet en un mes.

En conferencia de prensa este jueves, la diputada presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas y Niños, Beatriz Mojica Morga, quien presentó la convocatoria, dijo que el objetivo de este concurso es generar un cambio de hábitos entre la niñez y la adolescencia, «lo cual es factible a través de la cultura del reciclaje, con el objeto de construir una generación más consciente y comprometida con la protección del medio ambiente».

Good Neighbors México y Grupo Planeta Femsa adquirirán el Pet recopilado por las escuelas participantes y otorgarán premios a los tres primeros lugares.

Las escuelas que deseen participar tendrán que registrarse en línea en los correos electrónicos concursodereciclaje23@gmail.com o en propaeg.ambiental.sostenible22@gmail.com antes del 8 de septiembre.

El pesado y certificado de lo recolectado será del 2 al 6 de octubre y la premiación, el 9 de octubre.

Mojica Morga aclaró que este concurso sólo es para el municipio de Acapulco y, depende de la participación, lo ampliarán a otros municipios.

Entre los premios que se mencionan en la convocatoria está el pago de lo que recolecten las escuelas de Pet en kilos además, al primer lugar les darán un aire acondicionado; al segundo un proyector, y al tercero una bocina con micrófono.

Al grupo escolar que más Pet recolecte ganará un viaje para la liberación de tortugas marinas en Acapulco.

En la presentación de la convocatoria estuvo el titular de la Propaeg, Carlos Arturo Toledo Manzur, y Leticia Vargas Ortiz, en representación de la coordinadora de Cultura Ecológica de la Secretaría de Educación Guerrero.

Toledo Manzur dijo que la contaminación por plástico es de las que más afecta al medio ambiente, por el tiempo que tarda en degradarse, y consideró importante que se promueva la cultura de la separación de la basura y del reciclaje para que el Pet sea materia prima y no basura.

Texto patrocinado por el Congreso del Estado 

Mantienen pintas de aspirantes presidenciales de Morena en Chilpancingo con la encuesta en marcha

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: David Juárez 

31 de agosto del 2023

Chilpancingo 

 

A tres días de que inició la encuesta para elegir al candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República, en Chilpancingo, cientos de bardas pintadas, espectaculares y lonas de promoción de los aspirantes morenistas siguen colgadas, aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que podrían considerarlo gastos de precampaña.

El pasado lunes 28 de agosto comenzó la encuesta ciudadana para elegir a quien será coordinador de los comités de la cuarta transformación, que en otras palabras será el candidato o candidata presidencial de Morena a la presidencia del país.

Con el inició de las encuestas, los aspirantes morenistas solicitaron a sus simpatizantes retirar lonas, espectaculares y borrar pintas, lo cual, a tres días de iniciar su proceso interno aún no ocurre.

En Chilpancingo hay varios espectaculares con la imagen del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de cientos de muros pintados con las nombres y rostros de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En un video publicado por Sheinbaum Pardo el 25 de agosto en su cuenta de Twitter pide a sus simpatizantes guardar las lonas y despintar muros.

«Quiero pedirles un favor a todos nuestros simpatizantes, compañeros, compañeras que nos ayudaron en todo este proceso, que si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme, si tiene en su casa una pinta que la pinten de blanco, porque a partir de la próxima semana ya inician las encuestas».

Al parecer en Chilpancingo no le hicieron mucho caso, porque en las calles y muros de la ciudad todavía se observan cientos de pintas con que dicen #EsClaudia o una imagen de la aspirante junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En recorrido que realizó Amapola, periodismo transgresor por las calles de Chilpancingo se constató que por todo el encauzamiento del río Huacapa hay pintas donde se lee #EsClaudia.

Además de puentes y bardas públicas donde hasta hoy (31 de agosto) permanece la propaganda de la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México.

«Pero guárdenlas porque seguramente las vamos a volver a utilizar», agregó Sheinbaum Pardo en el mensaje de sus redes sociales.

El segundo aspirante presidencial que mantiene su propaganda es el ex canciller, de quien también hay pintas por muros y puentes en toda la ciudad.

En menor medida, López Hernández hay espectaculares con su fotografía .

La situación de las pintas comenzó desde hace un año en la ciudad, pero ninguna autoridad electoral las sancionó.

En una resolución del pasado 26 de julio, el INE ordenó a los aspirantes retirar y borrar todo tipo de propaganda, de lo contrario se contabilizaría como gastos de precampaña.

El presidente estatal de Morena, el diputado Jacinto González Varona, mencionó que es responsabilidad de cada aspirante mandar a quitar lonas o despintar paredes y bardas. «Sino es así le pediríamos a la ciudadanía que nos ayude borrando bardas que ellos pintaron».

Sobre los señalamientos que hubo por parte algunos aspirantes sobre que funcionarios públicos y servidores de la nación apoyaron abiertamente a Sheinbaum Pardo, dijo que como partido no tiene las facultades para sancionar este tipo de actos.

«Nosotros no nos metemos en esos temas, yo siempre les pedí a los compañeros que señalaron que se fueran a los órganos internos de control y a las instancias correspondientes, nosotros no aplicamos justicia electoral, y en muchas ocasiones hay funcionarios que no son militantes de Morena, entonces ahí no podemos hacer nada», mencionó.

El diputado morenista que abiertamente apoya a Ebrard Casaubón, Alfredo Sánchez Esquivel, acusó a los simpatizantes de Sheinbaum Pardo de borrar pintas del ex canciller y aseguró que no fue la sociedad civil.

«Evidentemente no son pintas de la sociedad civil organizada, han sido de manera sistemática y de una forma muy particular que se nos hace incorrecto», comentó en entrevista.

Pintas de los aspirantes Marcelo Ebrard Casaubon y Claudia Sheinbaum Pardo en el paseo Alejandro Cervantes Delgado, a unos metros de la sede del recinto del Poder Ejecutivo. Foto: David Juárez.

 

Tlacolol – La frase de «se rayaron» con Evelyn Salgado, una burla de AMLO a Guerrero

Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

¿Nos rayamos o nos la rayaron?

El 25 de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su cotidiana conferencia mañanera en Acapulco. Estuvo acompañado de integrantes del gabinete federal y, por supuesto, de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Con la conferencia arrancó su última gira por Guerrero. Y, tal vez, la más desatinada en todo lo que va de su mandato.

La realidad que vive Guerrero, literal, lo puso sobre las cuerdas, hizo decenas de malabares, pero al final no pudo responder por qué Guerrero está cómo está: hundido en una nueva crisis de inseguridad y política. La violencia va en aumento, sin que nadie lo impida.

“¿A qué atribuye el repunte de la violencia actual en el estado presidente?”, preguntó más de cuatro veces un reportero. López Obrador no quiso responder.

No quiso, porque el presidente tiene certezas de lo que está ocurriendo en Guerrero. Sabe de la raquítica respuesta que da la gobernadora al problema de inseguridad, sabe hasta dónde están de involucradas las autoridades con las organizaciones criminales. Sabe que la Familia Michoacana se expande por todo el estado sin que nadie se lo impida, como si tuviera permiso para hacerlo.

López Obrador sabe de lo que está pasando en Guerrero como muy pocos, pero decidió minimizar, callar, encubrir y hasta engañar. Optó por poner por encima sus cálculos electorales que enfrentar la realidad que vive el estado.

Y todavía algo peor: quiso imponer su versión que desvaría con los hechos que revelan lo que realmente vive Guerrero: una pesadilla.

Dijo que en el estado no hay focos rojos, que vamos bien, que se va avanzando, que las cosas están mejor. Mentira. Todo Guerrero es un foco rojo. Todas las regiones están gangrenadas por la violencia, la cotidianidad de la población es cercenada según el designio de los criminales. Los choferes del servicio del transporte público son cazados, asesinados, calcinados. Los comerciantes son asfixiados por la extorsión, pueblos completos huyen porque quedarse es la muerte. Los políticos desayunan, comen y hasta cenan con los líderes criminales. La corrupción avanza galopante.

La inseguridad no ha disminuido, sino todo lo contrario: va en aumento. Y en aumento también va la percepción de que cada vez se hace menos para contrarrestar la violencia.

La intención de López Obrador fue proteger a la gobernadora y por lo tanto a su partido, Morena, aunque esto significó hacer a un lado lo que vivimos los guerrerenses todos los días. Hablar de violencia, de pocos resultados no dan votos.

Luego vino la frase que aún resuena entre los guerrerenses: “Estamos apoyando a Evelyn que es una muy buena gobernadora, se rayaron”. Sí, así lo dijo: “se rayaron”.

¿De verdad los guerrerenses “nos rayamos” con la llegada de Evelyn Salgado a la gubernatura?

Desde hace muchas décadas, los mexicanos no nos hemos “rayado” con un gobernante. Si estamos donde estamos es precisamente por la clase política, son ellos los que han dejado crecer la violencia, la pobreza, la corrupción, el analfabetismo. Por su negligencia el sistema de salud está devastado, igual pasa con la educación, donde miles de estudiantes siguen tomando clases en escuelas que no son escuelas, sino chozas y, peor aún, millones siguen sin tener la posibilidad de estudiar.

¿De verdad “nos rayamos” con Evelyn Salgado?

Sería preciso preguntarle eso a los miles de familiares de las personas desaparecidas, a los pueblos completos que han tenido que desplazarse porque criminales los hostigan, a los familiares de las personas asesinadas que la justicia es algo muy lejano.

Que le pregunten a los familiares de los 22 choferes asesinados en los dos últimos meses en Chilpancingo y sus alrededores.

Que le pregunten a los pobladores de Metlatónoc que el techo de su Centro de Salud se cae a pedazos por la falta de mantenimiento.

Al terminar de leer estos últimos párrafos a muchos se les vino la muletilla que sueltan los morenista: “estos problemas son culpa de los de antes”. Tiene razón. Todo esto lo provocó la ambición de políticos del PRI y PRD, sobre todo.

En 2018, millones votaron por Morena precisamente porque ya no aguantaban a los del PAN, PRI y PRD, porque quería que las cosas se resolvieran, que nos “rayáramos” con los nuevos gobernantes. Pero no “nos rayamos”. No. Aun cuando les molesten las críticas a la gobernadora, es obligado decirlo: las cosas no están nada bien y, si no se hace algo, van a estar peor.

Sin embargo, algunos sí se están “rayando” con la llegada de Evelyn Salgado a la gubernatura, comenzando por su familia.

Su padre, el senador Félix Salgado Macedonio convirtió al estado en su parque de diversión. Lo recorre en camioneta blindada y con seguridad, que hasta ahora no ha explicado quién le otorgó esas medidas, si su hija, la gobernadora o si él las paga. Donde se para lo hace con dos fines: divertirse y hacer proselitismo.

Su hermana, Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF estatal, se está “rayando” con el presupuesto. Este 2023 el DIF ejercerá 853 millones 211 mil pesos, más que el Congreso (839 millones) y apenas por debajo del Tribunal Superior de Justicia (937 millones).

Así es, la dependencia que maneja la hermana es una de los cuatro que más dinero dispone, por encima de la Secretaría del Bienestar, la de Cultura, la del Medio Ambiente y muy pero muy por encima de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), que sólo para hacer la comparación ejercerá 29 millones 577 mil pesos.

La otra hermana que se está “rayando” es Sol Salgado Pineda, quien administra uno de los negocios familiares, un periódico.

Con la llegada de Evelyn Salgado a la gubernatura el periódico familiar se transformó de La Jornada Guerrero a El Guerrero.

El Guerrero es un pasquín atiborrado de publicidad oficial. En la edición de 30 de agosto, en sus páginas hay propaganda del gobierno del estado, por ejemplo, la foto de portada es de la gobernadora; en sus interiores hay boletines de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), de la Universidad Tecnológica y de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico.

También hay publicidad de los ayuntamientos de Zihuatanejo, Iguala, Taxco, Coyuca de Catalán y Chilpancingo. Además del Congreso del estado, del Tribunal Superior de Justicia, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc) y de la Auditoría Superior del Estado. En esta edición también hay publicidad del gobierno federal y del senador de la República, el priista Manuel Añorve Baños.

En la edición de 30 de agosto, 16 instituciones se anunciaron en El Guerrero.

¿Saben quién le niega un convenio publicitario a la hermana de la gobernadora? Exacto, nadie.

Pese a la vasta publicidad que le contratan, los reporteros de El Guerrero no tienen contratos ni salario fijo, menos prestaciones. Les pagan la nota y fotografía publicada a 80 pesos.

Dinero público al negocio familiar. Un círculo perfecto. Sí que se “rayaron”.

La que se está “rayando” es la otra hermana, Celeste Salgado Pineda, de nada está en la pelea por la candidatura de Morena a la alcaldía de Iguala. Y, por si fuera poco, el sobrino, Félix Salgado Jr., ahora es cantante, aunque sólo se presenta en eventos oficiales de su tía, la gobernadora.

Otro que no podía faltar en la lista de los rayados, es Rubén Hernández Fuentes, la pareja sentimental de Evelyn Salgado.

No sólo es su pareja, es el coordinador operativo de la oficina de la gobernadora y no sólo eso, su hermano, Óscar Omar Hernández Fuentes, el director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT).

Los hermanos Hernández Fuentes son representantes legales de empresas constructoras y, cada vez con mayor fuerza, se sabe que son quienes deciden y designan la obra pública en el estado.

Pues, sí que se “rayaron”.

Ese día, López Obrador soltó otra frase desatinada. Dijo que en México los políticos y los criminales ya no son la misma cosa, ya no están mezclados.

Debería darse una vuelta por Chilpancingo, donde los hechos dicen otra cosa.

Chirrionazo: La mañana de este miércoles la gobernadora despertó de buenas y publicó en sus redes una foto de un cafecito con una pieza de pan, como buen influencer. Más tarde dieron de baja esa imagen porque se les olvidó un pequeño detalle, y es que se conmemoraba el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Los familiares y colectivos de desaparecidos marcharon, colocaron fotografías en plazas públicas y hasta volaron papalotes en Chilapa, Chilpacingo y Acapulco. Muy poca sensibilidad de la gobernadora, quien además, durante la gira del presidente en Guerrero firmó autógrafos en Ayutla como si fuera una rockstar y no una funcionaria pública. La cultura de la idolatría ya la absorbió. En tanto, su padre, el senador Félix Salgado estuvo en el Colegio Militar, abrazó a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y aplaudió al Ejército, que es responsable de cientos de desaparecidos durante la época mal llamada guerra sucia. ¿Y no que se decía de izquierda?

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.

“El presidente de Morena no es el tribunal”, dice la alcaldesa de Chilpancingo sobre diferencias con su partido

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, dijo que el presidente estatal de su partido, Jacinto González Varona, no es un tribunal ni la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ) para adelantarse o emitir algún comentario sobre la situación jurídica de la edil.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Hernández Martínez respondió a los comentarios del dirigente de su partido acerca de que la CNHJ de Morena inició una investigación por la reunión de la alcaldesa con quien presuntamente es Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos, y que habría una sanción en su contra.

«Él (González Varona) no es el tribunal, hay un consejo a nivel nacional que tiene que determinar si yo cometí alguna irregularidad; y cómo lo va a sancionar si ni siquiera me han juzgado por el caso”, dijo.

De acuerdo con González Varona, la CNHJ comenzó la investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo por los videos donde aparece reunida con un presunto líder criminal.

“El hecho de que se esté adelantando a los hechos, estamos sabiendo que él (González Varona) es el que está moviendo la mano para que me sancionen”, comentó.

Las declaraciones de ambos actores políticos se da en medio de una serie de acusaciones contra Hernández Martínez, que van desde no prevenir la violencia en la capital y colocar un monumento donde, para la población y algunas figuras públicas, es innecesario.

Sobre una denuncia que fue filtrada en varios medios de comunicación, en la que Hernández Martínez denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) ser víctima de violencia política de género por parte del secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y los dirigentes partidistas del PRD, PAN, MC y Morena, la alcaldesa dijo que no hablará del tema hasta que las instituciones competentes le notifiquen que es procedente su denuncia.

 

Permiso para matar: más de 1,500 víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad en tres sexenios

La investigación «Permiso para matar» busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.


Texto: Daniel Moreno / Animal Político

Ilustración: Jesús Santamaría y Andrea Paredes 

28 de agosto del 2023

 

Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90 por ciento de homicidios quedan impunes.

Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.

Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.

Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.

Además, las víctimas registradas oficialmente por el Inegi no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.

Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.

¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?

¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?

Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.

¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?

¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?

Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos como la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.

Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.

Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.

Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…

***

La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, víctimas que fueron “detenidas” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.

Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.

Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.

Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.

Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…

En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.

La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.

Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.

Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?

La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.

La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.

Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.

Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.

Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.

Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.

Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.

Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.

Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.

***

La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.

Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).

Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX).

Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.

Permiso para matar documenta casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de fuerzas de seguridad | Ilustración: Jesús Santamaría / @re.zndz y Andrea Paredes / @driu.paredes

 

Determinará Comisión de Honor y Justicia situación de alcaldesa de Chilpancingo en Morena, expone dirigente

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

27 de octubre del 2023

Chilpancingo 

 

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena será la que determine la sanción y permanencia en su partido de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, por su reunión con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, informó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona.

Dijo que después de filtrarse el video donde la morenista Hernández Martínez aparece reunida con un presunto líder criminal, la CNHJ le inició una investigación que va a derivar en un procedimiento sancionador.

«En el caso de la alcaldesa, el Comité Nacional (de Morena) me respondió que se va a convertir en un procedimiento sancionador, aunque como presidente estatal ya no ratifiqué la denuncia, sólo pedí que la Comisión (de Honor y Justicia) hiciera su trabajo”, comentó

Esta denuncia contra Hernández Martínez es interna de su partido y será sus órganos los que determinen la situación de la alcaldesa, pero González Varona mencionó que desconoce la dimensión de dicha sanción.

«El asunto está en manos de la Comisión de Honor y Justicia, y este tipo de situaciones se siguen de oficio y hay conductas que la dirigencia nacional del partido no tolera”, agregó.

Aclaró que la alcaldesa de Chilpancingo aún es integrante de Morena; «mientras no halla una resolución ella (Hernández Martínez) sigue siendo morenista».

Sobre una denuncia que fue filtrada en varios medios de comunicación, en la que Hernández Martínez denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) ser víctima de violencia política de género por parte del secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y los dirigentes partidistas del PRD, PAN, MC y Morena, González Varona dijo que aún no es notificado y espera serlo para poder hablar del tema y determinar una salida jurídica.

«Hasta ahorita estoy enterado por los medios, pero entiendo que esas denuncias las procesa primero una unidad del Iepcgro y tiene hasta 15 días para revisar, primero si procede o no procede», dijo González Varona.

Tampoco le han notificado, aclaró, sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) donde lo sancionaron por violencia política de género en contra de la diputada local del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.

«Esperaremos a que haya una sentencia definitiva, porque están todas las salas todavía pendientes, no sólo está el Tribunal (Electoral) del Estado, habría que revisar si recurriremos a otras instancias», agregó.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, durante una de sus conferencias de prensa matutina. Foto: Óscar Guerrero.

 

Los caminos de Marcelo

En la semana decisiva en el proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard parece dispuesto a estirar la liga, presionando para que haya equidad y limpieza. Resignarse o romper parece su dilema


Por Ernesto Núñez Albarrán / Pie de página 

Al grito de “no al dedazo”, un grupo de personas se manifiesta en las rejas del Instituto Nacional Electoral. Exigen piso parejo y que el presidente no meta las manos en la contienda. Lanzan consignas en contra de Claudia Sheinbaum, y denuncian que los Servidores de la Nación son utilizados para hacer proselitismo.

Un hombre grita con histeria: “¡no robar, no engañar y no traicionar al pueblo!”.

No son simpatizantes del PAN, PRI o PRD, pero exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacar las manos de las elecciones.

Las mujeres y hombres que irrumpen en la sede del INE son simpatizantes de Marcelo Ebrard, y la dureza de su discurso en contra del presidente contrasta con su supuesta militancia en Morena.

Media hora después de ellos, llega al INE el ex canciller Marcelo Ebrard, cuya tranquilidad también contrasta con los gritos rabiosos de sus huestes.

Cualquiera diría que Ebrard va a aprovechar su viaje hasta el sur de la Ciudad de México para denunciar ante las autoridades correspondientes el uso de recursos públicos para favorecer a una de las aspirantes a la Presidencia de la República; pero no, en realidad va a entregar a la Oficialía de Partes un comprobante bancario por diez mil pesos, correspondiente a una multa que le fue impuesta por una queja en su contra presentada por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, Ebrard habla poco de eso ante la prensa y mucho de sus quejas por lo que está pasando en el proceso de selección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

En el rosario de irregularidades incluye la proliferación de anuncios espectaculares en carreteras y avenidas del país para promover la imagen de Sheinbaum; la interferencia de gobiernos estatales y municipales en favor de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el uso de los miles de Servidores de la Nación para promover a la favorita de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Muchas veces, la oposición ha advertido que ese ejército de “servidores” fue creado al inicio del sexenio como una estructura electoral al servicio de Morena. Se trata de los funcionarios encargados de levantar los registros para los padrones de los programas sociales, entregar las tarjetas del Bienestar y promover las acciones del Gobierno.

Según denuncian Ebrard y sus simpatizantes, Ariadna Montiel los está poniendo al servicio de la ex jefa de Gobierno, pues aprovechan sus recorridos y visitas domiciliarias para decirle a la población que Claudia es la favorita de AMLO.

Además, se les acusa de repartir folletos impresos con la leyenda #EsClaudia, de bajar mantas y borrar bardas que promueven a Marcelo.

La denuncia es muy grave, y es tan sólo un pequeño preámbulo del polémico papel que jugarán esos ejércitos de promotores -que recorren el país con la chequera de miles de millones de pesos de programas sociales- en el proceso electoral de 2024.

Esa misma tarde, al salir del INE, Ebrard se encuentra a un grupo de brigadistas con cubetas de pintura blanca borrando una barda suya sobre avenida San Fernando, para repintar la pared con la leyenda #EsClaudia.

“Oye, ¿por qué estás borrando mi barda?”, pregunta Ebrard a los trabajadores que, evidentemente, sólo cumplen lo que “alguien” les ha ordenado.

A esas mismas horas, el senador Ricardo Monreal le echa un cable a Marcelo, renunciando a su propuesta de casa encuestadora para que entre una de las que propuso el ex canciller, con lo que se conjura la posibilidad de un rompimiento por el desacuerdo con la selección de las empresas que harán las cuatro encuestas espejo de las que saldrá la candidatura presidencial de Morena.

Resignarse o romper

En la penúltima semana del proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard ha optado por presionar al dirigente Mario Delgado y, de algún modo, al presidente López Obrador.

Sus denuncias lo colocan en el filo de la navaja, pues gana protagonismo en las portadas de periódicos, menciones en redes sociales y programas de radio, pero también agita las aguas de un proceso que en el que el líder había ordenado no atacarse.

Ebrard crece, pero también aumentan las posibilidades de que sea repudiado por el ala más radical de Morena, en donde ya se cruzan apuestas: ¿el ex canciller admitirá su derrota?, ¿será capaz de impugnar el proceso y dejarlo en manos del odiado (por Morena y el presidente) Tribunal Electoral?, ¿se irá del partido?

El aspirante está maniatado, pues hace 60 días firmó una carta compromiso que le impediría desconocer el resultado de las encuestas.

Ebrard podría argumentar que, en el documento firmado el 11 de junio, los aspirantes también se habían comprometido a no beneficiarse de recursos públicos y estructuras de gobierno. Pero escalar su reclamo fuera de la dirigencia de Morena lo obligaría a romper con López Obrador, que no aceptaría que la decisión sobre su posible sucesora dependa de una resolución de las autoridades electorales a las que ha repudiado durante todo su sexenio.

Si impugnar y buscar que se limpie el proceso no es opción para Ebrard, su único camino sería el rompimiento, y colocarse como un posible candidato, ya no del frente opositor, sino de Movimiento Ciudadano. Pero eso provocaría su destierro del lopezobradorismo y, muy probablemente, el uso del aparato oficial para desacreditarlo, investigarlo, abrirle expedientes.

Queda una semana para que concluyan los recorridos y las asambleas informativas; después del domingo 27, se levantarán las encuestas para determinar quién gana. En la semana decisiva, Ebrard seguirá estirando la liga, mientras Sheinbaum parece dispuesta a apretar el paso, con alcaldes y gobernadores operando para llenarle plazas y auditorios.

La legitimidad de su candidatura dependerá del reconocimiento de sus rivales, después de un proceso en el que fueron evidentes los apoyos de autoridades y de instancias partidistas para allanarle el camino.

La unidad dependerá de que los vencidos acepten los premios de consolación que ha dispuesto el presidente: la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, para Adán Augusto López; la jefatura de Gobierno, para Ricardo Monreal, ¿y el Senado para Ebrard?

A sus 63 años, Marcelo sabe que ésta es su última oportunidad. Ya en 2011 se hizo a un lado, cuando las encuestas del PRD indicaron que López Obrador fuera el candidato en los comicios de 2012, y volver a esperar lo convertiría en un candidato de 69 años en 2030.

Ahí su dilema: ¿aceptar que no es el favorito del presidente y resignarse a ver otra vez los toros desde la barrera?, ¿o arriesgar todo en una candidatura opositora?

 

Sancionan al presidente estatal de Morena por violencia política de género

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero /Archivo

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) sancionó al diputado local y presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por cometer violencia política de género contra la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.

Esta tarde, durante la vigésima cuarta sesión pública de resolución, los magistrado del TEE votaron de manera unánime a favor de un acuerdo en el que avalaron una serie de sanciones contra Gonzalez Varona por ejercer violencia política de género contra Bernal Reséndiz.

En el acuerdo, elaborado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, se define que sí existe la violencia política en razón de género contra la legisladora local priista, y se dictan medidas contra González Varona.

Las sanciones contra el presidente estatal de Morena es una multa de 150 Unidades de Medidas y Actualización (Umas), equivalentes a 15,551 pesos, también se le imponen medidas de reparación Integral de daño y no repetición de la conducta y le instruyen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) inscribir por un plazo de un año y cuatro meses «al ciudadano Jacinto González Varona, en el registro local de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género».

De manera unánime, los magistrados del (TEE) avalaron el proyecto y Gonzalez Varona también tendrá que ofrecer una disculpa pública y asistir a una capacitación sobre persepectiva de género.

«Se demostró que el tipo de violencia desplegada en contra de la denunciante (Bernal Reséndiz) fue simbólica y psicológica, con una intencionalidad dolosa y se calificó la falta como grave», mencionó el magistrado José Inés Betancour Salgado, quien leyó el proyecto durante la sesión.

Todo comenzó un sábado 15 de abril, durante una asamblea de Morena con mujeres de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, donde González Varona se refirió a Bernal Reséndiz como una mujer «que sólo fue utilizada en las elecciones constitucionales del 2018 para engendrar a un hombrecito”, en referencia al hoy senador priista Manuel Añorve Baños.

Añorve Baños y Bernal Reséndiz fueron postulados por el PRI en la primera y segunda fórmulas como candidatos al Senado de la República.

Tras perder en las urnas, Añorve Baños obtuvo un lugar en el Senado como plurinominal representante de la primera minoría y Bernal Reséndiz quedó fuera de un escaño.

Los dichos de González Varona se dieron después de un debate en el Congreso local donde la priista denostó una reforma constitucional impulsada por Morena que pretendía limitar las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Subió (a tribuna) una diputada local del PRI que no tienen vergüenza, es mujer, pero está equivocada, está por el lado equivocado, porque a ella la ocuparon, ocuparon su imagen para engendrar a un hombrecito a que fuera senador”, dijo en aquella asamblea González Varona.

Y agregó: «¿Si se acuerdan de Gabriela Bernal? Que le pusieron un huipil y la colocaron en todos los espectaculares para senadora en el 2018. Pusieron un montón de espectaculares, la imagen bonita, la cara bonita, pero atrás de ella era Chucky (Añorve Baños) el que iba a ser el senador, a ella solamente la utilizaron para que la gente votara».

El discurso de González Varona fue filtrado en redes sociales, ya que de acuerdo con fuentes dentro de Morena, muchas de las asambleas municipales son cerradas y se les pide que no utilicen el celular.

 

«¡Vamos avanzando, vamos muy bien!», dice AMLO sobre la seguridad en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia

Chilpancingo

«¡Vamos avanzando, vamos muy bien!», dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por un reportero sobre la inseguridad en Guerrero durante su conferencia de prensa matutina ofrecida hoy en el puerto de Acapulco.

López Obrador reconoció un repunte de homicidios en el estado, pero los atribuyó a que «grupos conservadores» que dejaron un país «con mucha violencia, porque los anteriores gobernantes estaban amafiados con la delincuencia».

Mostró una gráfica en la que durante 2018 y 2019 los homicidios en Guerrero superaban los 2,000 casos anuales, lo que, de acuerdo con la diapositiva presentada en la conferencia, en 2022 se redujo a 1, 137 homicidios.

“Tenemos repuntes porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás, ya se ha ido avanzando, ya les mostré que no es lo mismo que antes”, dijo.

–¿Hay focos rojos en Guerrero?, –le preguntó un reportero a López Obrador, y él respondió que estos no existen, porque «vamos avanzando, vamos muy bien en el combate a la violencia».

López Obrador aseguró que la violencia en Guerrero la combaten con los programas sociales.

«El avance en materia de seguridad se debe a los programas sociales, a la atención a los jóvenes, al combate de la pobreza, en que en casi en todos los hogares de Guerrero llegue al menos un apoyo, ya sea un programa de Bienestar o un apoyo pequeño del presupuesto nacional”, comentó.

Durante la conferencia de prensa matutina que se realizó en la 27 Zona Militar en Acapulco, en los municipios de Chilpancingo y Juan R Escudero, a una hora de distancia, cuadro cadáveres fueron hallados en hechos distintos.

En Chilpancingo dos cadáveres desmembrados y decapitados fueron abandonados debajo del Puente Ayutla, a una calle del panteón central de la capital.

Durante la madrugada los cadáveres de dos mujeres fueron hallados en el municipio de Juan R Escudero. Eran los de Marlene Adame Simón y Mariela Lozano Salgado, las dirigentes transportistas reportadas como desaparecidas desde el miércoles pasado.

 

 

Opositores a Javier Saldaña piden a López Obrador aplicar auditorías a la Uagro por temas de corrupción

El presidente estará de gira por Guerrero este fin de semana y estos universitarios pretenden entregarle una carta narrándole todo el caso 


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

25 de agosto del 2023

Chilpancingo

 

Los ex aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aplicar auditorías sobre el uso de los recursos que recibe la institución y «se restablezca la democracia».

En el oficio que tiene fecha del 24 de agosto, Alemán Mundo y Urióstegui Traín explican la historia de la Uagro, desde 1960, para demostrar que es «la institución que más ha contribuido a la democracia en el estado de Guerrero».

También explican que desde el 2013, con la llegada de Javier Saldaña Almazán a la rectoría de la Uagro, la institución «suprimió la democracia».

Saldaña Almazán, de manera consecutiva, ya fue rector en los periodos 2013-2017 y 2017-2021, aun cuando la reelección estaba prohibida por la Ley Orgánica de la Uagro; en 2017 el Consejo Universitario aprobó la reelección directa.

Concluido su segundo periodo, en 2021 y tras contagiarse de Covid-19, Saldaña Almazán deja el puesto y pospusieron las elecciones; quedó como interino quien era el secretario general de la Uagro, José Alfredo Romero Olea.

Las elecciones se atrasaron dos años y este 2023 Saldaña Almazán fue otra vez como candidato único y ahora será por los próximos cuatro años y por tercera ocasión rector de la máxima casa de estudios de la entidad, con los que acumularía 12 años en el poder.

Algunas de las irregularidades de la administración de Saldaña Almazán, que este grupo opositor indica en la carta, son actos de corrupción y enriquecimiento ilícito «al hacer negocios al amparo del cargo, como crear universidades privadas que tiene a través de prestanombres incorporadas a la Universidad (Autónoma de Guerrero)».

Otro de los señalamientos en la carta es la construcción de edificios escolares sin licitar, la desviación de mil millones de pesos de gastos de operación y el pago de 2,000 trabajadores contratados de manera irregular que no tienen techo presupuestal.

«Señor presidente, quienes luchamos por reestablecer la democracia, la dignidad y la Autonomía en la Universidad Autónoma de Guerrero le pedimos nos apoye dando instrucciones al subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública federal, para que aplique auditorías forenses a la Uagro sobre el uso de recursos que recibe», se lee en la carta.

También solicitan a la Secretaría de Gobernación federal a que restablezca la democracia y ajuste los estatutos y reglamento electoral de la Uagro a la Constitución.

Por último piden que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Saldaña Almazán por enriquecimiento ilícito.

Alemán Mundo y Urióstegui Traín, quienes firman el documento, intentaron registrarse como candidatos a la rectoría y competir en las elecciones contra Saldaña Almazán, pero el registro de ambos les fue negado por la Comisión Electoral de la Uagro por considerar que no reunían todos los requisitos.

Esta carta dirigida al presidente tienen previsto entregársela al presidente López Obrador durante su gira por Guerrero este fin de semana.

El Frente por la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg), otra agrupación universitaria de oposición a Saldaña Almazán, anunció que hoy a la diez de la mañana, durante el evento de López Obrador en Ayutla de Los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, protestaran de manera pacifica para exponerle al presidente la situación en la Uagro.

«El presidente Obrador tiene que saber que en Guerrero y en la Uagro la 4t no ha llegado (…) ¡No a la imposición del rector millonario con universidad pobre!», se lee en la invitación del Freg difundida en redes sociales.

El rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, durante su evento de registro como candidato, el 5 de mayo del 2023. Foto: Óscar Guerrero.

 

Ninguna petición formal en Congreso local para seguir juicio político contra la alcaldesa de Chilpancingo

La polémica surgió después de que fue filtrado un video donde está reunida con un presunto líder criminal. Dirigentes de partidos dijeron que lo promoverían, lo cierto es que para eso debe existir una petición ciudadana y no la hay


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero 
25 de agosto del 2023
Chilpancingo

La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, le apunta al olvido de su caso, que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por reunirse con un presunto líder criminal y ser mencionada en una cartulina hallada junto a la escena donde fueron abandonados ocho cadáveres desmembrados en el barrio de San Mateo.

En el Congreso de Guerrero hasta el momento no hay un planteamiento de la fracción parlamentaria del PRD para abrirle un juicio político, tal como lo prometió el dirigente estatal del partido, Alberto Catalán Bastida.

“La fracción parlamentaria del PRD no ha abordado el tema de la alcaldesa de Chilpancingo y como diputados respaldamos la postura de nuestro dirigente nacional”, dijo el coordinador de los diputados del PRD, Raymundo García Gutiérrez.

Catalán Bastida, durante una manifestación afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo, dijo que en el Congreso verían las formas legales para que la alcaldesa fuera desaforada o, en su caso, abrirle un juicio político.

“En el PRD tenemos muy claro lo que queremos, que la presidenta (de Chilpancingo) rinda cuentas y explique qué sucedió en ese video, aún estamos buscando las formas para que desde el Congreso se le pueda abrir un juicio político y desaforarla para que enfrente la ley», dijo Catalán Bastida, pero, al parecer, su coordinador en el Congreso local no le hizo mucho caso.

La fracción del PRI en el Congreso local se declaró incompetente para abrir un juicio político contra Hernández Martínez.

El coordinador de los diputados priistas, Héctor Apreza Patrón, aseguró que ellos como diputados no pueden iniciar un proceso de juicio político sino hay una solicitud de la ciudadanía.

Para un desafuero se requiere un sustento legal, en este caso una investigación formal, para iniciar el proceso, y “no hay y ninguna autoridad nos lo ha solicitado”, dijo Apreza Patrón.

Sobre las investigaciones de la FGR y FGE ninguna de las dependencias ofreció más información sobre la supuesta investigación.

El 21 de julio, la alcaldesa confirmó que la FGR la requirió para “una entrevista” debido a la filtración del video donde sostiene una platica con quien presuntamente es Celso Ortega Jiménez, líder criminal de Los Ardillos.

De su asistencia a la FGR, la alcaldesa dijo a reporteros que fue una “entrevista” y no una declaración ministerial. Aclaró que no buscaría un amparo porque era innecesario.

En las conferencias matutinas que la alcaldesa realiza cada lunes, dijo que no se separaría de su cargo hasta que alguna autoridad judicial se lo indicara.

Desde entonces se ha abstenido de hacer declaraciones a reporteros sobre el tema porque, dijo, la investigación está en curso.

“Tratamos de estar salvaguardando algún tipo de opinión derivado que ya estamos en un proceso de investigación. A veces una palabra puede cambiar la situación”, dijo esta semana la alcaldesa en su conferencia de prensa.

Es confuso lo que expone porque siempre dijo que su visita a la FGR sólo fue para una “entrevista”.

La alcaldesa no solo evita hablar del tema, desde el 24 de junio sus apariciones públicas la redujo de manera considerable.

Son tres partes de video filtradas de lo que parece el mismo encuentro entre alcaldesa y quien sería Celso Ortega.

En el último video difundido hablan de política.

La alcaldesa, se escucha, hablar sobre su llegada a Morena y su relación con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Las primeras imágenes de dicha reunión circularon después que el 24 de junio fueran hallados los cadáveres de cinco hombres y dos mujeres en el centro de Chilpancingo.

Junto a los restos había algunos mensajes dirigidos a la alcaldesa, un síndico y un agente de la Policía Ministerial de la FGE.

“Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste (sic) a buscarme. Con cariño, tu amigo”, podía leerse en una de las cartulinas.

El 10 y 11 de junio, Chilpancingo estuvo paralizado por la irrupción violenta de 2,000 pobladores de cinco municipios de la Montaña y zona Centro, que el gobierno federal atribuyó a Los Ardillos.

Después de la cartulina y el video, Chilpancingo vivió un mes de hechos violentos que iniciaron con la detención de dos líderes transportistas acusados de pertenecer a Los Ardillos, de ahí siguieron bloqueos y quema de unidades de transporte público.

Estos ataques dejaron ya 20 transportistas asesinados en Chilpancingo, Tixtla y Tierra Colorada.

No es el único caso

El caso de la alcaldesa de Chilpancingo no es el único, la FGE abrió otras siete carpetas de investigación contra el mismo número de alcaldes de Tierra Caliente de Guerrero.

En un documento al que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor se constató que la FGE solicitó al Congreso de Guerrero y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) los documentos que acrediten como servidores públicos a los siguientes alcaldes, alcaldesas y a una diputada:

César Ortiz Torres, de Acapetlahuaya; Eusebio Echeverría Alvarez, de Coyuca de Catalán; José Luis Antúnez Guicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán; Mayté Torres Berum, de Cutzamala; Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa y la diputada local Elzy Camacho Pineda, del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, durante una de sus conferencias de prensa matutinas. Foto: Óscar Guerrero.
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