Texto: Beatriz García
Fotografía: Facebook Tlachinollan
29 de julio del 2021
Chilpancingo
El espionaje al trabajo que desempeña el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan siempre ha estado presente. Pero en 2011 se intensificó al asumir la defensoría de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Luego el malware Pegasus quiso desestabilizar la defensoría contra los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en el 2014.
Este jueves, se ofreció una conferencia respecto a la investigación Pegasus Project que impulsó Forbidden Stories y Amnistía Internacional, en la que aporta nueva información del uso del malware Pegasus de la empresa NSO Group en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores y políticos.
En tales labores de espionaje destacan diversos países en el mundo, de América latina solo está México, y uno de los organismos que figuran es justamente el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la conferencia estuvo el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien conto como ha sido este camino de espionaje al que se enfrentaron, principalmente, a partir de que asumen la defensoría a la Normal Rural.
Abel Barrera manifestó que el acompañamiento a víctimas que hacen, sobre todo a familias indígenas, y desde el 2011 a el acompañamiento de estudiantes de Ayotzinapa es complicado en razón de que en Guerrero, sobre todo en la Montaña, han denunciado las graves violaciones y abusos cometidos por elementos del Ejército y policiales del estado y municipales, quienes han vigilado el trabajo de defensoría.
Expuso que los que integran Tlachinollan han vivido diversos incidentes. Recordó que la primera medida cautelar que tuvieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue por los incidentes que se dieron a dos años de fundar Tlachinollan en 1996, donde a través de llamadas telefónicas directas recibían amenazas de que se dejara de apoyar a delincuentes.
Posteriormente, el acompañamiento que hicieron los defensores a las indígenas me´phaa Valentina Rosendo e Inés Fernández, en 2012, al comprobarse que fueron violadas por militares; en ese entonces, nuevamente los defensores de Tlachinollan fueron amenazados directamente y en llamadas telefónicas, por lo que hizo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara medidas provisionales a la familia de las mujeres y al equipo del centro defensor.
El espionaje más reciente fue en el acompañamiento que los defensores hicieron en el 2012, a las familias de los normalistas de Ayotzinapa asesinados en la Autopista del Sol, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Ahí también hubo amenazas y vigilancia, lo que provocó que el abogado Vidulfo Rosales Sierra saliera del país.
“La intervención telefónica servía para identificar cómo se movía Vidulfo y poder atentar contra él. Hubo ese intento de agresión cuando fue a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde después lo siguieron elementos de la policía ministerial. En el contexto de los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados en iguala fue una situación grave”, resaltó Abel Barrera.
En el 2016, Vidulfo Rosales supo que lo vigilaban, incluso autoridades del gobierno dieron a conocer una grabación de su voz, pero que, según explicó, se trató de una reconstrucción a partir de varias llamadas interceptadas. En esa grabación se escucha al defensor hablar contra las madres y padres de Ayotzinapa.
Entonces el impacto fue muy grande, causó internamente desconcierto y enojo. “Se tuvieron que hacer reuniones para analizar si continuaba Vidulfo en el acompañamiento a los padres”, expresó Barrera Hernández.
“Tuvimos que acuerparnos, salir en defensa de Vidulfo, ir con los papás a hablar, y obviamente decidir que lo que decidieran tendríamos que respetar. Afortunadamente los padres y madres entendieron que se trataba de una acción irregular, ilegal, del gobierno federal, para trastocar esta lucha y este acuerpamiento de las madres y padres. El trabajo de Tlachi sigue”, aseguró Barrera.
El Proyecto Pegasus
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, explicó que el Proyecto Pegasus es una investigación realizada por la red de periodistas Forbidden Stories, que la conforman 17 organizaciones y medios de comunicación, quienes sacaron a la luz el alcance mundial de abusos contra derechos humanos en los que está involucrada la empresa de cibervigilancia NSO Group.
Amnistía Internacional es socio-técnico en esta investigación que reveló que los estados clientes de este grupo usaron el software espía en todo el mundo para atacar a activistas de derechos humanos, periodistas, profesionales de la abogacía y otro conjunto de personas.
“El papel de nuestra organización en la investigación se centró en realizar un análisis forense digital de los dispositivos de personas sospechosas de haber sido sometidas a la violencia digital”, explicó.
La investigación Proyecto Pegasus logró evidenciar que este malware, de acuerdo con la empresa NSO Group, había sido desarrollado para combatir al crimen organizado y al terrorismo, pero en realidad su utilizó para espiar a más de 50,000 mil teléfonos celulares de personas que fueron objetivos políticos de los Estados y 15,000 de estos fueron mexicanos.
México fue el único país de América Latina que figura en la lista de Estados que fueron clientes de NSO Group, y que incluso el estado mexicano, las propias autoridades del gobierno reconocieron que adquirieron el malware espía.
“Lo primero que nos llama la atención es que no son países que destacan por ser Estados respetuosos de los derechos humanos”, dijo la directora ejecutiva.
Llamó a los estados a suspender la venta, transferencia e instrumentos de vigilancia hasta que se instaure un marco regulador respetuoso de los derechos humanos, y a suspender todos los contratos que tengan en el pasado y en vigor.
También llamó a los estados a implementar instrumentos legislativos que eliminen o limiten la vigilancia digital, garantizando que estas se rijan por leyes precisas de acceso público, que solo se someta a vigilancia a personas concretas previo a autorización a un cuerpo judicial competente.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le pidió que publique los contratos vigentes y pasados con NSO Group, para conocer qué instancias, qué dependencias de la administración pública federal firmaron los contratos, a quiénes se vigilaron y quiénes tomaron las decisiones para vigilar.
