La crisis forense se centra en entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, según un informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Texto: Alberto Pradilla / Animal Político
Fotografia: José Luis de la Cruz
26 de agosto
Seis de cada diez cuerpos sin identificar en México se encuentran enterrados en una fosa común. En total, 31 mil 488 de los 52 mil 004 cuerpos que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos tiene identificado que se guardan en diversas instituciones del país.
Un informe sobre la crisis forense que sufre el país fue elaborado por esta plataforma, que engloba a 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y revela cómo el incremento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) no vino acompañado de una toma de conciencias por parte de las autoridades, lo que llevó a un deficiente resguardo de las personas fallecidas que dificulta su identificación.
Los altos niveles de violencia, la falta de capacitación institucional, la falta de recursos, el diseño inadecuado para el trabajo efectivo de los servicios forenses, el uso deficiente de la genética y las bases de datos, el mal resguardo de los cuerpos, las dificultades para restituir a las personas identificadas a las familias y la poca transparencia son algunas de las razones que explican la crisis forense que sufre México.
Los datos son demoledores. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) calcula que hay más de 90 mil desaparecidos en el país, la mayoría a partir de 2006.
Al mismo tiempo, son algo más de 50 mil los cuerpos no identificados que ha logrado detectar el Movimiento por Nuestros Desaparecidos a través de solicitudes de transparencia que fueron respondidas por 27 de las 34 entidades federativas.
El informe señala que, de media, cada estado mexicano tiene mil 575 cuerpos no identificados. Sin embargo, la crisis forense se centra en entidades como Baja California (9 mil 087), Ciudad de México (6 mil 701), Estado de México (5 mil 968) y Jalisco (5 mil 738).
Del total de cuerpos sin identificar, más de 30 mil están en fosas comunes, pero de 11 mil 806 (el 22%) no hubo respuesta, por lo que ni siquiera se conoce el destino.
El informe revela que 2 mil 738 cuerpos (5,72%) fueron donados a universidades, mientras que mil 365 (2.62%) fueron cremados, 929 (1.79%) están en centros de resguardo, 26 fueron transferidos y 11 están en paradero desconocido. Muchos de estos restos ya no podrán ser identificados nunca, lo que evidencia las negligencias cometidas por diversas instituciones.
“No los queremos dejar ahí ni un minuto más. Ya los quisiéramos tener en una tumba, para rezarles, que descansen en paz”, dice María Guadalupe Aguilar Jáuregui, madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido en enero de 2011 en Guadalajara, Jalisco. Una sospecha lógica: la que le lleva a pensar que entre todos estos cadáveres sin nombre deben encontrarse las personas a las que tratan de encontrar colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos.
Falta de protocolos
“De 2006 a la fecha el aumento de la violencia es un factor relevante. El Estado, sin embargo, se mueve bajo las mismas prácticas sin ningún tipo de actualización”, dice Yanet Juárez, antropóloga que colaboró con la elaboración del informe. Explica la experta cuál fue el modus operandi de las instituciones: el número de cuerpos que llegaban a los Semefos se incrementaba pero no se ampliaron las capacidades. Por eso se llega a la determinación en muchos lugares de enterrar los cadáveres en fosas comunes. Se trata de lugares habilitados en panteones municipales o ministeriales en los que se amontonan los cuerpos, lo que hará posteriormente más difícil la labor de exhumación para identificar.
“El hecho de que se encuentren en este tipo de espacios es grave debido a la falta de protocolos para su inhumación, la ausencia de registros sobre la cantidad de cuerpos y su ubicación exacta, la falta de seguimiento a la cadena de custodia y la deficiente infraestructura con la que cuenta el Estado para la gestión, inhumación, exhumación y seguimiento de las carpetas de investigación”, dice el documento.
Estados como Morelos, Coahuila y Tamaulipas son ejemplos de estas malas praxis y, por ejemplo, cuando se revisaron fosas comunes se encontraron más cuerpos que los indicados en registros.
La falta de claridad de la información ofrecida por las instituciones no permite saber si los servicios forenses están o no rebasados a nivel nacional. Hace un año, a 31 de marzo de 2019, las instituciones informaron de la existencia de 8 mil 166 cuerpos en las 427 unidades forenses, con capacidad para 6 mil 724 personas. Ahora, por el contrario, aseguran que apenas hay 3 mil 641.
Hay estados, como Sinaloa, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán en los que se conservan más cuerpos de los que tiene capacidad las instituciones. Además, Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Tabasco, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Sonora y Durango también se encontraban al límite.
Otros ejemplos de malas prácticas fueron las cremaciones y la entrega de los cuerpos a universidades. En el primero de los casos, Jalisco reconoció haber incinerado a mil 571 cuerpos entre 2006 y 2015 y a la gran mayoría de ellos, mil 430, no les tomaron muestras de tejido orgánico para la obtención del perfil genético, por lo que “muy difícilmente podrán ser identificados”. En el caso de las universidades, la mayoría fueron entregadas en la Ciudad de México, casi el 80% de los casos.
El hecho de que 23 entidades federativas y la Fiscalía General de la República no ofrecieran datos lleva a pensar que fueron más casos de los que se reportan. A pesar de que la Ley General de Salud y la Ley General en Materia de Desapariciones prohíbe que se entreguen cuerpos no identificados a universidades, esta práctica no se detuvo ya que, según solicitudes de transparencia, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional recibieron más de mil cuerpos entre 2018 y 2020.
“Es algo sumamente dramático. Es una revictimización tras otra revictimización”, dice.
Aguilar Jáuregui, vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, explica que desde principios de 2020 se descubrieron fosas en Tlajomulco y el Zapote, desbordó las capacidades del Estado. Aunque en realidad Jalisco ya estaba sobrepasada. En 2017 el gobierno estatal contrató dos camiones tráiler para guardar los cuerpos que ya no cabían en el Semefo. Desde 2018 mantienen un plantón ante las oficinas forenses para exigir más medios, más celeridad en las identificaciones. “Buscamos entre los muertos, si hay más de 4 mil, ahí pueden estar la mayoría de nosotros”, afirma.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
