Acuerdo entre empresas de autobuses y normalistas: los estudiantes nunca manejan las unidades

Texto: Amapola periodismo con información de Beatriz García

Foto: José Luis de la Cruz

25 de septiembre del 2021

Chilpancingo

 

Juan es operador de una empresa de autobuses de pasajeros que circula en Guerrero, pero hace unos cuatro meses estuvo en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llevando y trayendo a los estudiantes a sus actividades.

De acuerdo con Juan, después de que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, los estudiantes tienen un acuerdo con las líneas de autobuses para que les presten los camiones, junto con los choferes, para trasladarse dentro y fuera del estado.

La versión de los normalistas sobre su visita a Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014 fue la retención de autobuses para usarlos para trasladar a más estudiantes a la protesta del 2 de octubre en la Ciudad de México. El resultado de esa noche, que dejó en evidencia la relación de las autoridades y el crimen organizado, fue de 43 normalistas desparecidos y otros tres asesinados, además de otras víctimas colaterales en los hechos, como un futbolista de Los Avispones.

“La Normal tiene un acuerdo con empresas de autobuses, como la Estrella Blanca o Estrella de Oro, para prestarlos junto con nosotros, los operadores, quienes estamos a disposición de trasladarnos a donde nos indiquen los chavos”, dijo Juan, chofer de autobús de una de las empresas con las que el Comité Estudiantil de Ayotzinapa hizo acuerdos. Juan en realidad no se llama así, pero usaremos ese nombre para guardar su identidad.

El chofer contó que hace unos cuatro meses fue la última vez que la empresa lo asignó para prestar servicio a los normalistas. Hizo sus cuentas y él cree que lo vuelvan a enviar para el siguiente año, porque cada chofer permanece un rato en Ayotzinapa. Esa vez, él permaneció una semana en la Normal.

Explicó que este acuerdo con empresas de autobuses surgió después de la desaparición de los 43. Antes, los normalistas, como parte de su protesta, solían apoderarse de autobuses con todo y los choferes.

–¿Cómo es el trato de los estudiantes con ustedes los choferes?, –se le preguntó.

–La neta con nosotros son a todo dar, al menos conmigo así fue, como nosotros nos limitamos a trasladarlos a sus actividades, incluso a los padres de los 43, cuando van a las marchas a la Ciudad de México, a las protestas en Iguala o en otra ciudad, cuando toman las casetas de cobro.

–¿Los normalistas los involucran en sus actividades de protesta?

–No, nosotros sólo vamos de responsables de nuestro autobús, por ejemplo, si toman alguna caseta de cobro permanecemos en el autobús, esperamos a que terminen para que nuevamente los traslademos a la Normal o donde nos digan. O sea, nosotros sólo somos choferes.

Durante el tiempo que un chofer permanece en la Normal Rural, la empresa en que labora se encarga de pagarle su salario.

Para obtener más información sobre el tema se acudió a las centrales de autobuses Estrella de Oro y Estrella Blanca en Chilpancingo. En ambas empresas coincidieron que no podían dar información, que esa información la tienen en las oficinas centrales en la Ciudad de México.

La criminalización, una estrategia institucional

La criminalización que vive la Normal Rural de Ayotzinapa, en realidad siempre está presente en el normalismo rural del país, explicó el abogado de los padres de os 43, Vidulfo Rosales Sierra. Es así como trató de resumir el trasfondo de las reacciones ante el accidente carretero sobre el libramiento a Tixtla del 17 de septiembre pasado: un autobús donde viajaban normalistas de Ayotzinapa se impactó con un vehículo particular donde viajaban dos personas que fallecieron.

“Vía 911 se recibió el reporte de un incendio de autobús, hechos suscitados sobre la carretera nuevo libramiento a Tixtla, kilómetro 17. Al llegar al lugar se localizó y sofocó el incendio de un autobús y un automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan color gris, los cuales al impactarse se incendiaron, ambos resultaron pérdida total. En el interior del automóvil quedó una persona del sexo masculino sin signos vitales”, este párrafo es parte del comunicado que difundió personal de la Secretaría de Protección Civil estatal ese día por la noche.

Es poco común que esta dependencia difunda comunicados sobre accidentes en las carreteras. En el texto nunca citaron que en el autobús viajaban estudiantes de Ayotzinapa, pero eso se supo rápidamente, porque algunas autoridades estatales lo confirmaron a reporteros tan pronto salió el comunicado.

En diferentes perfiles de Facebook la noticia se hizo viral y eso generó comentarios contra los estudiantes, a quienes se culpó directamente del accidente donde murieron Jacinto Palacios Celino y Raquel Acosta Ayala.

Esto ocurrió a 10 días de que se cumplieran los siete años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, sin que las familias aun conozcan de su paradero.

El 19 de septiembre, los normalistas emitieron un comunicado en el que rechazaron la responsabilidad del accidente. “Negamos tener responsabilidad alguna en el accidente, no intervenimos ni los provocamos, como dolosamente pretenden señalarnos de manera infundada”, es parte de ese texto que difundieron también por redes sociales.

Ahí escribieron que los autobuses que utilizan para sus traslados son por mutuo acuerdo con las empresas, y que son conducidos única y exclusivamente por los conductores designados.

Luego de estos hechos, el gobernador Héctor Astudillo Flores pidió que se hiciera el peritaje para deslindar responsabilidades y conocer la verdad.

La petición para deslindar responsabilidades y para que las víctimas accedan a la justicia, también la solicitaron los normalistas en su comunicado. Demandaron que no se utilice la tragedia y el dolor de las familias “para mostrar sus fobias políticas e ideológicas. Las familias no lo merecen”.

“La Normal afirma su compromiso de contribuir en las investigaciones, para el esclarecimiento de los hechos, pero solicitamos de las autoridades no aprovechar la coyuntura para criminalizarnos”, se lee en el mismo texto de los normalistas.

La situación se desbordó en redes sociales, principalmente en Facebook, donde los mensajes de odio sucumbieron hacia la Normal y hacia los estudiantes. Un usuario que se hace llamar “Beltran Beltran” solicitó firmas a través de la plataforma Change.org para exigir el cierre definitivo de la Normal Rural de Ayotzinapa, con un texto donde en el que se leía que era para erradicar “actos de violencia, vandalismo, secuestro y corrupción”. Hasta este viernes esa petición la han firmado 19,367 personas.

Después surgió una petición contraria del usuario “Kerin Lemus” llamada Ayotzinapa debe continuar abierta y seguir luchando por la verdad y la justicia, la cual hasta este mismo viernes lleva 3,848  firmas.

Escenarios similares, donde se acusa a los normalistas hasta de sus propias víctimas, lo que termina siempre en una exigencia del cierre de la Normal Rural donde quienes estudian en su mayoría son hijos de campesinos, una muestra son los perfiles de los 43 normalistas desaparecidos, han ocurrido en otros momentos, sobre todo cuando autoridades quieren sacudirse responsabilidades.

En los días siguientes al asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino en la Autopista del Sol durante un desalojo donde participaron policías federales y policías ministeriales el 12 de diciembre del 2011, tiempos del gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, prevaleció una campaña por la desaparición de Ayotzinapa.

La administración estatal tomó en sus manos el caso Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de una de las gasolinerías cercanas al lugar de los hechos, que murió a consecuencia de las quemaduras al intentar apagar el fuego de un incendio aparentemente provocado por los normalistas, y a partir de ahí se generó una campaña con todo lo que involucra a Ayotzinapa.

Resultado de estrategia: 10 normalistas asesinados y 43 desaparecidos

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó el contexto en el que se desarrolla esta nueva campaña de desprestigio y odio hacia la Normal Rural.

Dijo que existe una estigmatización contra los normalistas rurales propagada desde las esferas gubernamentales.

Sabe también que existe un acuerdo “de palabra” entre algunas empresas de autobuses y los normalistas: las empresas asignan el autobús y al chofer para no arriesgarse a que cualquier persona opere el vehículo.

Lo autobuses, dijo, se utilizan para las actividades de protesta de los normalistas y padres y para las clases de campo de los estudiantes.

“Ayotzinapa ha sido víctima de varios ataques, de varias agresiones a sus estudiantes, ahí tenemos a víctimas del 12 de diciembre (del 2011), víctimas del 27 de enero del 2013, tenemos víctimas del 7 de enero del 2013, del 4 de octubre del 2016 y por supuesto del  26 y 27 de septiembre del 2014”, detalló.

Este panorama expone un clima de impunidad y de agresión de la que es víctima Ayotzinapa, que se traduce en 10 estudiantes asesinados en las fechas que mencionó el abogado, además de la desaparición de 43.

En esta nueva campaña, expuso, desde las esferas de gobierno construyeron la versión de que los estudiantes suben en estado de ebriedad a los autobuses y que ellos los manejan.

“Yo veo en los mensajes de Facebook cuantiosas expresiones de odio diciendo que desaparezcan otros 43, que maten a los estudiantes de Ayotzinapa, poner esas expresiones de odio que son violatorias de la libertad de expresión, que incluso constituyen delitos y se debería de investigar a los perfiles que están difundiendo mensajes de odio y abrir una investigación”, planteó el abogado.

Además, pidió que se haga una investigación plena para deslindar responsabilidad sobre el accidente del 17 de septiembre, donde fallecieron dos personas, pero que sea en realidad objetiva e imparcial.

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