“Es nefasto que este gobierno también nos quiera dividir”: Familiares de los 43 de Ayotzinapa

En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

15 de enero 2024

 

En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.

En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.

La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.

Foto: Mario Marlo/ZonaDocs

 

“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.

Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.

Madres y padres de los 43 acusan al gobierno federal de querer confrontarlos

Fue en el contexto de una reunión para pedir la información faltante sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes


Texto: Itzel Urieta

11 de enero del 2023

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de querer dividirlos y confrontarlos con otro grupo de madres y padres apoyados por el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.

Las madres y padres tuvieron una reunión hoy con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, en dicha reunión también estuvo presente el grupo apoyado por Segura Valladares, quienes en 2022 marcharon en Iguala de la Independencia para exigir la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

Por la presencia del otro grupo y debido a que no se atendió su petición de mostrarles los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según lo informado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres se retiraron de la reunión.

“Nos quieren confrontar entre compañeros. Nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Agregó que no quisieron compartir el espacio con ese grupo de madres y padres porque públicamente expresaron su apoyo a Abarca Velázquez. “Cómo es posible que vayan a defender a esa persona, por eso nosotros nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos y le dijimos al subsecretario que los atienda pero aparte, no en conjunto con nosotros”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, expresó su inconformidad y descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por “atacar a sus equipos”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI.

“Es una manera de división que ya habíamos pasado con el gobierno anterior, ahora otra de las divisiones que trata de hacer es entre padres”.

González Contreras acusó al otro grupo de madres y padres de ser “quienes les han puesto un poco el pie”, por ese motivo mostraron su inconformidad de estar en la misma sala con ellos.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024. Foto: Captura de video

 

Gobierno tiene información sobre participación del Ejército que se niega a entregar

Externó que el gobierno de López Obrador tiene la información sobre la documentación de la Sedena que falta para esclarecer el caso, pero se niegan a entregarla.

“Vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres. Nosotros no estamos en contra de ningún padre, estamos en contra de las maneras de accionar de gobernación”, expuso González Contreras.

El abogado y representante de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que desde hace un año solicitaron al gobierno federal 800 folios que el Ejército no ha entregado.

“Dentro de estos 800 folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandillas municipal a Lomas del Coyote, a través de una intervención telefónica que el Ejército hizo”, señaló Rosales Sierra.

Aseguró que en las reuniones con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) aceptaron la existencia de estos folios.

Dijo que continuarán en la exigencia de la entrega de la información que falta y de los 800 folios.

“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo y que lamentablemente el gobierno, concretamente el presidente y el Ejército Mexicano se niegan a entregarlos aduciendo su inexistencia”.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024, desde Ciudad de México. Foto: Captura de video

Acusó a López Obrador de descalificar a las organizaciones e instituciones que apoyan a las madres y padres.

Las madres y padres solicitaron que la información que falta sea revisada por el GIEI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH

Autoridades “pierden” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 normalistas de Ayotzinapa del Registro de Personas Desaparecidas

Texto: Alfredo Maza/Animal Político

4  de enero 2024

 

A casi 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades encargadas de la búsqueda y rescate de los jóvenes “perdieron” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Se trata de las fichas de Carlos Iván Ramírez Villarreal, Giovanni Galíndez Guerrero, Jonás Trujillo González, José Ángel Campos Cantor y Miguel Ángel Hernández Martínez, quienes desaparecieron junto con sus compañeros tras una serie de hechos violentos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

El extravío de las fichas de búsqueda de los estudiantes, que por ley deberían estar dentro de la consulta pública del Registro Nacional, ocurre en medio de la controversia provocada por el cruce de diversas bases de datos y de un censo “casa por casa” ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acción con la que finalmente el Gobierno de México presumió que fueron localizadas 16 mil 681 personas desaparecidas en México, en una conferencia de prensa en la que primaron omisiones, dudas y opacidad.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional en donde presentó detalles sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
FOTO: GALO CAÑAS//Animal Político

También ocurre luego de que el pasado viernes 29 de diciembre de 2023, el Gobierno de México prometió abrir por dos meses todos los archivos del caso Ayotzinapa a padres de los 43 normalistas, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones al presidente la apertura de la información sobre el caso, sobre todo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes incluso les solicitaron 806 documentos de los cuales solo les han entregado 5.

Pese a lo anterior, las fichas de búsqueda de los cinco estudiantes, que deberían contener datos como la fotografía de los jóvenes, su edad al momento de la desaparición, la fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de la desaparición y señas particulares, entre otros datos, no aparecen dentro del Registro Nacional, lo que incluso se podría catalogar como una falta administrativa grave.

Animal Político buscó a la Comisión Nacional de Búsqueda(CNB), a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para preguntar el motivo por el cual no aparecen las fichas de los cinco jóvenes, y la dependencia aseguró que la publicación de estos “boletines” responde a las “autoridades primarias”, que en este caso pudieron ser la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero o la Comisión Estatal de Búsqueda, encargadas de subir la información desde el primer momento de la desaparición.

Foto: Animal Político

“Para que esté un nombre en el Registro Nacional tuvo que haberlo subido una autoridad primaria o el familiar de algún desaparecido. Es la única manera. En general la Comisión Nacional, a menos que reciba una orden o reciba aquí a los familiares a los denunciantes, nosotros no hacemos, no subimos los registros, sino son las autoridades primarias”.

Este medio también buscó a la FGR para conocer el motivo por el cuál no está registrada esta información, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

No obstante, Vidulfo Rosales Sierra, representante de las madres y los padres de los 43 de Ayotzinapa aseguró que las familias no sabían sobre la desaparición de las fichas de búsqueda de los cinco jóvenes y que “no hay motivo para ello, a menos que no hayan sido registrados”.

“Pero en su momento a todos se les realizó una ficha de búsqueda ¿correcto?”―se le preguntó―.

“Sí, a los 43 “, respondió.

«Localización con vida o sin vida: las opciones para dar de baja información del Registro Nacional»

De acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, si una persona con estatus de desaparecida o no localizada es encontrada viva o si fueron encontrados sus restos óseos se dará de baja del Registro Nacional su información, dejando constancia de ello, lo cual no debe de interferir con el seguimiento de la investigación correspondiente.

Foto: Pie de }Página

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.

Y agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.

A su vez, cuando las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas localicen a una víctima del delito de desaparición forzada, como fue el motivo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tienen por obligación poner a la persona a salvo, cuidando que quienes la violentan no tengan forma de hacerle daño a ellas o a sus familiares.

“Las autoridades que realicen la localización deben notificar de los hechos a la fiscalía especializada en desaparición de la entidad de la que se trate, o, cuando se advierta la participación de agentes federales, a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República”, señala este documento.

Conferencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en las inmediaciones del Centro Prodh, en posicionamiento al sexto informe del GIEI.

Solo bajo este supuesto es que el protocolo indica que podrán realizar un informe de localización, que a su vez deberá consignar las decisiones y actuaciones de las autoridades responsables de la búsqueda a partir de la determinación del paradero de las víctimas, y dejar disponible para la víctima y sus familiares una copia de este informe y otra copia que se anexará a la carpeta de investigación o averiguación previa en que se investigan los delitos cometidos contra la persona localizada.

“La búsqueda de la persona debe darse de baja en el RNPDNO rellenando el formulario de localización y el informe de localización debe adjuntarse al sistema”, señala el mismo Protocolo.

Bajo esta situación se puede entender la ausencia de las fichas de búsqueda de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, los tres normalistas cuyos segmentos han sido identificados hasta ahora, pero no la ausencia de las fichas de búsqueda de sus cinco compañeros, que siguen desaparecidos al día de hoy, ni tampoco las investigaciones sobre el caso.

Por otro lado, en el mismo protocolo se señala que si se realiza una localización sin vida, la notificación debe hacerse a la familia “con extrema sensibilidad”, por un equipo interdisciplinario que incluya personal especializado en psicología y asesoría jurídica, y en los casos en que la notificación sea producto de la identificación de un cuerpo o restos óseos, el equipo debe integrar también personal pericial y forense que conozca en caso o haya intervenido en la identificación, lo que no ha sucedido en los casos de las supuestas localizaciones del censo “casa por casa”.

“En los casos en que la recuperación, identificación y restitución de los restos sea materialmente imposible, la notificación debe incluir la exhibición y explicación de la totalidad del material probatorio utilizado para alcanzar esa conclusión, del cual le será entregada copia a la familia. De conformidad con el Eje Rector Operativo de Permanencia y los Principios Rectores aprobados por el CED-ONU, en estos casos el consentimiento de las y los familiares es necesario para suspender la búsqueda y darla de baja en el RNPDNO. La búsqueda no se suspenderá si entre familiares no hay consenso”.

«Gobierno federal abre nuevo sitio de consulta pública sobre personas desaparecidas»

Pese a lo anterior, autoridades de la CNB señalaron que el pasado mes de diciembre de 2023, el Gobierno Federal presentó un nuevo sitio de la “versión pública especial para consulta” de personas desaparecidas (que tiene la misma información de la “versión pública integral” del RNPDNO) creada a partir de la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada” del presidente López Obrador, con fecha de corte de la versión pública al 22 de agosto de 2023 y fecha corte de la estrategia nacional al 13 de diciembre de 2023.

“La diferencia entre una y otra es justo el tipo de búsqueda. Es decir, es un poco más amable. Esta versión lo hicimos así para que pudieran encontrar más fácil, pero es la misma versión que en la parte de arriba dice versión integral y ahí está también el registro de Excel con un poco de más datos al que se pueda acceder igual, pero es un poquito más rebuscado”, aseguraron.

En esta nueva base Animal Político buscó nuevamente la información de los 40 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos y encontró que la información del normalista José Ángel Campos Cantor aparece como “confidencial” por ser “información reservada por la FGR”.

“Si tú los buscas en ésta (página) vas a encontrar los datos que están dentro del Registro Nacional y Registro Nacional también es el que se utiliza para generar los boletines. Sin embargo, las autoridades pueden determinar la pertinencia de que el boletín sea público o no sea público y es por eso que pueden no estar en la página de boletines y sí encontrarse dentro del Registro Nacional”, respondió la CNB.

No obstante, la información de Campos Cantor no aparece en “la versión pública integral” del Registro Nacional.

«Familias identifican ‘rasurada’ de al menos 120 personas en Tamaulipas»

El 28 de diciembre de 2023, la activista y defensora de derechos humanos, Delia Quiroa, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que familias de víctimas de desaparición en el estado de Tamaulipas aseguraban que sus familiares no aparecían en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

“Hoy con tristeza y frustración leo los chats de familias con alguien desaparecid@ preguntando ¿cómo busco a mi hij@ en el registro? Y pienso ¿acaso lo que hizo el presidente no vuelve a desaparecer a nuestros familiares? Claro que sí, las familias están desesperadas

No solo hay que buscar a nuestros desaparecidos por todas partes sin descanso, ahora hay que estar buscandol@s en el registro nacional derivado de la “rasurada” que le dieron al censo”, escribió Quiroa, quien desde el año 2013 busca a su hermano.

Consultada por Animal Político, la también licenciada en derecho y juicios orales aseguró que hasta el momento 120 familias han identificado que los datos de sus familiares desaparecidos en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, han sido “rasurados” del Registro Nacional.

“Pero faltan más. Necesitamos el permiso de las familias (para dar a conocer los casos) y en eso estamos, porque es importante que se sepa. No sabe la cantidad de mensajes que llegan a los chats de familias, quejándose de que ya no aparece su familiar. Son demasiados”, aseguró.

Según el propio RNPDNO, Tamaulipas tiene un total de 12 mil 931 personas desaparecidas y no localizadas desde el 10 de noviembre de 1961 hasta el 31 de diciembre de 2023, de las cuales 594 desaparecieron en el último año.

Con marcha y consignas conmemoran el 12 aniversario de normalistas asesinados

Texto y fotografía: Itzel Urieta

12 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Con una marcha y un mitin en la Autopista del Sol, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de distintas normales rurales del país y organizaciones sociales conmemoraron los 12 años de las muertes de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en esa carretera en medio de un desalojo policiaco.

La marcha comenzó a la una de la tarde y el contingente cruzó de norte a sur la capital; inició en el punto conocido como El Caballito, ubicado a unos metros del mercado Baltasar R Leyva Mancilla, pasó por el centro y culminó con un mitin en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués.

Fue en ese lugar, el Parador del Marqués, que el 12 de diciembre del 2011, durante el desalojo de una protesta de los normalistas para exigir la aprobación de un pliego petitorio para la Normal de Ayotzinapa, que Jorge Alexis y Gabriel fueron asesinados por disparos de arma, emitidos presuntamente por policías. En el lugar había ministeriales y federales.

Desde ese momento, cada 12 de diciembre, los normalistas de Ayotzinapa realizan una marcha y un mitin para exigir justicia y castigo a los perpetradores.

La marcha de este año tuvo dos paradas, recorrió las principales calles del centro de Chilpancingo y se detuvo en la avenida Miguel Alemán, en el número 80 específicamente, en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde lanzaron varios petardos al interior del inmueble. El gobernador del periodo en que fueron asesinados los dos normalistas era Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD.

En la marcha del año pasado, los estudiantes lograron abrir un boquete en la fachada principal del edificio y por ahí ingresaron.

Este año el boquete seguía ahí, pero los estudiantes sólo lo ocuparon para lanzar petardos al interior.

La marcha avanzó unos metros más y se detuvo en el antimonumento a los 43, en la glorieta de Las Banderas, donde un grupo de normalistas de Ayotzinapa realizaron un pequeño mitin.

El contingente, de unos 800 estudiantes normalistas agremiados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) continuaron la marcha hacia el sur de la capital.

Los estudiantes llevaron dos monigotes, uno con el rostro del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y otro del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Fue durante la administración de Aguirre Rivero que sucedió el crimen al que hoy se alude, además, tres años más tarde, en 2014, todavía en su gobierno, ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala.

Hasta la fecha (2023) ambos casos continúan en la impunidad, no hay ningún detenido por los asesinatos de Jorge y Gabriel y las investigaciones por la desaparición de los 43 continúa.

De acuerdo con los estudiantes, los que dispararon contra los normalistas Jorge Alexis y Gabriel Echeverría fueron policías ministeriales vestidos de civil.

La marcha llegó al Parador del Marqués a las cuatro de la tarde y de ahí comenzó el mitin que se prolongó por dos horas más.

Durante el mitin, los representantes de las distintas normales del país expresaron su solidaridad y apoyo hacia Ayotzinapa.

De las organizaciónes sociales presentes estuvieron integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, una pequeña representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y el Colectivo Solidaridad con las Víctimas del 60.

En la marcha los estudiantes llevaron lonas y carteles para exigir justicia por Alexia y Jorge, además de la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

El mitin culminó a las 5:30, hora en la que los estudiantes incendiaron los monigotes y colocaron una ofrenda floral en las cruces de Jorge Alexis y Gabriel, al lado de la Autopista del Sol.

Protestan en Palacio de Gobierno para exigir justicia por Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, asesinados en 2011

Texto y texto: Itzel Urieta

11 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Búrgos, de Ayotzinapa, acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) protestaron afuera de las oficinas del gobierno estatal para exigir justicia por sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados presuntamente por policías ministeriales, el 12 de diciembre del 2011.

Los normalistas llegaron en autobuses, de los que bajaron con algunas lonas en las que se leía: «12 de diciembre no se olvida» y «Justicia para Alexis y Gabriel».

Realizaron un mitin en el que recriminaron al gobierno estatal y federal la falta de avances en el caso de sus compañeros.

«¿Dónde está el cambio con Morena?, «¿Dónde están estas promesas de la Cuarta T, de que según están con el pueblo», expresó un estudiante de Ayotzinapa durante el mitin.

Los normalistas denunciaron que hay una fuerte represión hacia ellos, por lo que solicitaron al gobierno, cese dichos actos represores. «Es más peligroso ser estudiante que delincuente».

Normalistas en la protesta afuera de las oficinas del gobierno estatal, este 11 de noviembre del 2023, al cumplirse 12 años de los asesinatos de dos de sus compañeros.

Señalaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su sexenio prometió apoyo a las diferentes normales del país.

«Hasta este momento, ese apoyo no se ha visto», reclamó el orador.

Llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a continuar con las investigaciones del asesinato de sus compañeros y lamentaron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero continúe libre. De acuerdo con los estudiantes, Aguirre Rivero tiene responsabilidad en estos hechos.

Los estudiantes llegaron alrededor de las 12:30 del medio día, el mitin duró una hora y media, después del mitin, los estudiantes se retiraron.

El 12 de diciembre del 2011, los estudiantes realizaron una manifestación en El Parador del Marqués para exigir al gobierno del estado intervenir en el paro de labores que mantenían los maestros de la Normal, razón por la cual no tenían clases.

Los estudiantes fueron desalojados por policías ministeriales, Policía Estatal y la extinta Policía Federal, quienes dispararon a los estudiantes y fue como Jorge Alexis y Gabriel Echeverría fueron asesinados.

La manifestación de hoy fue la tercera de una serie de manifestaciones que los normalistas realizaron en Chilpancingo como parte de la jornada de lucha par exigir justicia para Jorge Alexis y Gabriel.

Normalistas protestan en la FGE, exigen justicia por los asesinatos de dos compañeros en 2012

Texto y fotografía: Itzel Urieta

10 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por los homicidios de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, presuntamente por policías ministeriales.

A la manifestación asistieron estudiantes de distintas normales del país, agrupados en la Federación de Estudiantes Socialistas de México (FECSM).

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, durante una protesta afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

La protesta inició a la 1 de la tarde, cuando el contingente estudiantil arribó al edificio de la FGE abordo de seis autobuses y bloquearon ambos sentidos del encauzamiento del río Huacapa.

Durante el mitin, los oradores, todos estudiantes y representantes de las distintas normales, exigieron justicia y avances en las investigaciones de los homicidios de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis.

«Aquí se supone que deben investigar y procurar justicia, pero no es así, a 12 años de los asesinatos de nuestros compañeros los asesinos siguen en la impunidad», mencionó uno de los estudiantes.

Durante una protesta para exigir justicia por sus compañeros asesinados, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Socialistas de México realizaron pintas en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 12 de diciembre del 2011, durante una manifestación para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa protestaron en la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués.

Fue durante el desalojo, realizado por elementos de la FGE, en ese entonces Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJ), de la extinta Policía Federal y Policía Estatal, que Gabriel Echeverría y Jorge Alexis recibieron dos disparos de arma que les quitó la vida.

El gobernador en ese entonces, Ángel Aguirre Rivero, tres años después también estaría involucrado en la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala.

«Lo único que hicieron fue una protesta. ¿Y cual fue la respuesta de Ángel Aguirre Rivero? Dispararles con armas de fuego a un grupo de estudiantes que no tenían con que defenderse», mencionó otro de los oradores.

Durante una protesta para exigir justicia por sus compañeros asesinados, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Socialistas de México realizaron pintas en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En estos mítines los estudiantes omiten sus nombres por cuestiones de seguridad.

Mientras continuaba el mitin, otro grupo de estudiantes realizó pintas en la fachada de la FGE.

«12 de diciembre no se olvida», «Ayotzinapa no se olvida» y «Justicia para Gabriel y Jorge», fueron algunas de las pintas.

El mitin concluyó cerca de las dos de la tarde. Los estudiantes realizaron el pase de lista de los 43 desaparecidos y entonaron el himno Venceremos.

Ayer sábado otro grupo de normalistas bloqueo por tres horas la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, como parte del inicio de la jornada de lucha para conmemorar el 12 aniversario del asesinato de sus compañeros.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, durante una protesta afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

Caso Ayotzinapa: Segob confirma que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas

El contenido de los 18 folios tiene que ver con intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino.


Texto: Manu Ureste

Fotografía: Animal Político

18 de octubre 2023

 

La Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación publicó la tarde del martes documentos y extractos de comunicaciones que confirman que el Ejército mexicano tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, así como de los delincuentes que estaban implicados y los grupos delictivos a los que pertenecían. Incluso, tuvo reportes de los posibles lugares a los que los pudieron haber llevado.

Lo anterior forma parte de los 18 folios que la Comisión encontró en sus archivos con información elaborada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, del Ejército mexicano.

Este 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. | Foto: Cuartoscuro

Caso Ayotzinapa: ¿Qué dicen los 18 nuevos documentos?

Esos 18 folios son parte de los 868 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existen, antes de abandonar el país, y que no les fueron entregados por los militares, pese a que pueden contener información clave sobre los jóvenes desaparecidos y sobre cuál fue el grado de participación del Ejército y de las autoridades mexicanas en el suceso.

Como publicó Animal Político, de esos 868 folios, la Sedena solo había reconocido la existencia de cinco que entregó, lo que generó la inconformidad de los padres y la exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les brindara toda la documentación por parte de los militares. De hecho, durante la marcha por los 9 años del caso del pasado 27 de septiembre, los padres acusaron directamente al presidente de estar del lado de los militares y no de las víctimas.

Ahora, luego de que el mandatario pidiera públicamente que se rastreara toda la información, la Segob, a través del subsecretario Alejandro Encinas, anunció que encontró en los archivos de la Comisión de la Verdad 18 folios de la Sedena y extractos de conversaciones que, básicamente, vienen a corroborar varios de los puntos que la Comisión ya expuso en su segundo informe del caso, que publicó el pasado 27 de septiembre.

A 9 años de la desaparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ángel Aguirre no enfrenta consecuencias penales, pero ha tenido consecuencias políticas. Foto: Cuartoscuro

Entre los que se encuentra que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de lo sucedido con los 43 normalistas. En concreto, la Comisión señala en un ‘adendum’ a ese Segundo Informe cinco puntos clave: 

1.  Que la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad de los hechos de Iguala “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”.

2. Que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).

3. Que se confirma que desde al menos el año 2009, Julio ‘N’, estudiante desaparecido “inicia su relación laboral con el Ejército y realizaba funciones de OBI”. Es decir, que se encontraba ‘infiltrado’ entre los estudiantes.

4. Que “se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo” los días de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.

5. Y que se confirma que “el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.

De los 18 folios encontrados por la Comisión, 6 están fechados antes de los hechos de Iguala, 4 están fechados durante los hechos, y 8 están fechados después de los hechos.

En esos folios se detalla, por ejemplo, 196 extractos de conversaciones y temas relacionados con hechos violentos en contra de los estudiantes la noche en la que desaparecieron; comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; seguimiento a miembros de la delincuencia organizada; pugnas por el territorio, y referencias a sitios donde se buscó a los 43 estudiantes.

Tanto la publicación del Segundo Informe del caso, el pasado 27 de septiembre, en el que, entre otros puntos, se señala que el exfiscal Tomás Zerón admitió que el Gobierno de Peña Nieto construyó la ‘verdad histórica’, como la publicación de este nuevo adendum con información del Ejército, fue considerado por los padres de los normalistas como un paso adelante en darles la razón de que el Ejército, en efecto, tiene más documentación e información del caso que la entregada inicialmente, aunque consideraron que esto no es suficiente, pues la exigencia es que se entreguen hasta 868 folios. Y, hasta ahora, solo se han revelado 18.

El pasado 28 de septiembre, los padres de los normalistas levantaron el plantón que habían instalado frente al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, el cual habían instalado para presionar al Ejército mexicano para que entregara toda la documentación del caso Iguala.

“Finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, y hoy hubo un mandato presidencial para que esa información sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando. Esto reafirma y nos da la razón de que en los archivos militares existe información relacionada con el paradero de nuestros estudiantes”, dijo el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, el pasado 28 de septiembre.

Caso Ayotzinapa

En las últimas semanas, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 han denunciado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su promesa respecto a la resolución del caso. Incluso, han denunciado que en su segundo informe, nuevamente criminalizan a los estudiantes.

“En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron padres de familia de manera muy puntual, vuelve a referir que ya fueron integrados y hace un recuento de los archivos analizados, pero eso ya lo sabemos”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.

Las madres y padres de los 43 encabezaron la marcha por los 9 años de la desaparición de sus hijos. | Foto: Cuartoscuro

En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.

 

 

Este texto fue realizado por Animal Político.

 

 

Incendian normalistas acceso del Palacio de Justicia en Iguala

Nueve años de la desaparición de los 43: normalistas gritan, «fue el Ejército». Después de la acción de los normalistas en el edificio fue incendiada por extraños la estela en memoria de Julio César Mondragón Fontes, uno de los estudiantes asesinados la noche de Iguala, donde poco antes sus compañeros habían dejado una ofrenda flora.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Amapola periodismo

Iguala

27 de septiembre del 2023

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con el apoyo de contingentes de otras normales agremiadas a la Federación Estudiantil Socialista de México (FECSM), atacaron las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala, lanzaron piedras, explosivos y estrellaron la cabina de un trailer en uno de los accesos del inmueble que después incendiaron.

Con esta acción que duró unos 30 minutos, los normalistas cerraron su jornada de acciones de este 27 de septiembre en Iguala, como parte de los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres de sus compañeros.

Alrededor de las cuatro de la tarde parecía que los normalistas rurales de diferentes partes del país iban de salida de la ciudad, después de que marcharon y visitaron las estelas de los caídos de la noche de Iguala: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo.

En estos sitios de memoria, ubicados al costado de Periférico Norte, donde además ocurrieron una parte de los hechos de la noche de Iguala, dejaron unas ofrendas florales como una manera de insistir que el caso sigue sin ser esclarecido por las autoridades.

Los casi 30 autobuses en los que viajaron se detuvieron frente al Palacio de Justicia y era señal de que habría acciones más fuertes. Al mediodía, cuando llegaron a Iguala, los normalistas pararon en el inmueble y vieron que en el pavimento de alrededor del edificio cavaron una zanja, al parecer para evitar que hicieran acciones contra el inmueble, pero no lo consiguieron. Desde ese momento el edificio ya estaba vacío.

Las protestas recurrentes de los normalistas en Palacio de Justicia de Iguala, lo han explicado antes, es porque los funcionarios del Poder Judicial, encabezados por la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la ahora magistrada en retiro, Lambertina Galeana Marín, ocultaron los videos de las cámaras de seguridad del inmueble que habría captado momentos importantes de la zona de donde se habrían llevado a un número importante de los 43, según datos de las indagaciones adicionales.

Los normalistas se bajaron de los autobuses y de manera inmediata comenzaron a lanzar piedras, y después explosivos que cada vez que estallaban hacían retumbar el suelo.

Con las explosiones constantes, los normalistas volaron el portón trasero del inmueble, por donde ingresaron y rompieron cristales de ventanas, destrozaron y quemaron mobiliario.

En la fachada frontal del edificio, otro grupo de normalistas se apoderó de un trailer que quedó varado entre los autobuses que los llevaban.

Los normalistas bajaron al conductor, después de que sacó sus cosas, y desprendieron el remolque del trailer.

Uno de los normalistas condujo la cabina del tráiler, después de cruzar el camellón, hasta uno de los costados del edificio para evadir la zanja; lo estrelló en lo que también era uno de los accesos.

Para cerrar la protesta le predieron fuego a la cabina, al igual que al acceso principal.

Los normalistas abordaron los autobueses y salieron de Iguala. Para cuando llegaron los elementos de Protección Civil a sofocar la cabina, ya ningún normalista estaba.

Un par de horas después, alrededor de las seis de la tarde, se supo que la estela de Julio César Mondragón Fontes fue incendiada. Circuló un video en las redes sociales donde se ve a unos hombres que atacan la estela y el momento que la incendian.

Gobierno federal encubre al Ejército, el reclamo

El reclamo contundente y claro de la movilización de este 27 de septiembre en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa y de los contingentes del resto de las normales rurales del país, es que el gobierno de México protege al Ejército para no asociarlo con los hechos de hace nueve años.

Como lo hacen cada 27 de septiembre, los normalistas de la FECSM, que congrega a todos los normalistas rurales del país, estuvieron en Iguala para conmemorar la muerte de los tres normalistas que cayeron en la noche de Iguala.

En las estelas levantadas en su nombre, ubicadas a los costados de Periférico Norte, camino a lo que es conocida como zona industrial, los normalistas dejaron unas ofrendas florales y realizaron un mintin.

En esos mitines fue que los estudiantes reprocharon de manera reiterada al gobierno federal se niega a castigar al Ejército.

«Es este gobierno el que está encubriendo a todos esos asesinos, a todos esos militares, los altos mandos, funcionarios que coordinaron todo este operativo», dijo uno de los normalistas rurales en el mitin de la esquina del periférico y Juan N Álvarez, uno de los sitios del ataque hace nueve años.

Las madres y padres de los 43, y los normalistas llevan años con el reclamo de que sea investigado el Ejército por presuntas implicaciones en la noche de Iguala, según los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Pero el lunes, en la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las madres y padres de los 43, les entregó un informe, al parecer, en respuesta al compromiso que hizo con ellos de darles resultados ante la exigencia de investigar al Ejército, con lo que no quedaron conformes.

El abogado de las madres y los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, dijo ese día a reporteros que los avances eran parecidos a la llamada de la «verdad histórica», al parecer porque otra vez se descargaba la responsabilidad en los estudiantes.

En la versión pública de ese informe, llamado Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, además sólo mencionan a tres militares como implicados en el caso, dos coroneles y un capitán.

«Como es posible que con unos cuantos militares y unos cuantos policías nos quieran ver la cara y nos digan que son todos los culpables», mencionó un normalista en uno de los mitines de hoy en Iguala.

Ángel Aguirre Rivero: la invisibilidad política después de Ayotzinapa

Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de septiembre, 2023

 

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.

El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.

Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.

En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.

Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.

Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.

Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.

Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.

Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.

Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.

En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.

Los funcionarios de la primera fila de su gobierno

Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.

De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.

En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.

También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.

Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.

La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.

“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.

El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.

Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.

En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.

Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.

Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.

En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.

Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.

Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.

Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.

Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.

Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.

Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.

Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.

La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.

Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.

En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.

Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.

Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.

 


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

9 años de Ayotzinapa: familiares marchan y gritan frente a Palacio su desilusión con el gobierno de AMLO por “obstaculizar” investigación

Familiares y cientos de participantes en marcha por Ayotzinapa expresaron en el Zócalo su desilusión con el gobierno de AMLO por «obstaculizar» la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve años.


Texto y Foto: Animal Político 

27 de septiembre 2023

Tras la marcha de este martes por el caso Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas expresaron frente a Palacio Nacional su desilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerar que obstaculiza la investigación para esclarecer la desaparición en 2014 de los jóvenes en Guerrero.

“Depositamos esperanza en este gobierno porque de verdad creíamos que habría un cambio y que realmente sabríamos qué pasó. Pero cuál fue la desilusión. Nos llevaron cinco años por el camino fácil. Y ahora quieren que aceptemos una narrativa que no tiene fundamentos”, dijo en el Zócalo Mario, familiar de los jóvenes desaparecidos.

Alrededor de cinco mil personas -según datos de la autoridad capitalina- participaron este martes en la marcha por el caso Ayotzinapa para exigir justicia por la desaparición hace nueve años de 43 normalistas en Guerrero.

Una manifestación multitudinaria como las que se realizaban en los primeros años de ocurrida la desaparación, pero ahora con la exigencia al gobierno de López Obrador de entregar toda la información del caso y de que no proteja al Ejército.

“No somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que el presidente nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica”, expresó una madre de los estudiantes desaparecidos durante los discursos en el Zócalo.

Hacia las 19:00 horas comenzaron a llegar los primeros participantes en esta manifestación al Zócalo de Ciudad de México, punto final de esta protesta.

Ahí, familiares agregaron que AMLO no quiere reconocer que el Ejército sabe a dónde se llevaron a los normalistas.

“No hay nadie más que sepa a dónde se los llevaron que el ejército mexicano. Que no lo quiera reconocer (AMLO) y jugar al desprestigio, es otra cosa. Hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día”, dijo Mario.

Emiliano Navarrete, otro de los participantes que tomó el micrófono, lamentó que López Obrador dificulte a las familias el camino para llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“No estamos por caer en el juego del presidente. Lamentamos mucho su postura, porque nos hace difícil llegar a esclarecer el caso.

“El presidente no quiere aceptar el trabajo del GIEI, pero nosotros queremos saber dónde se llevaron a nuestros hijos. Porque el gobierno sigue siendo hoy los principales obstaculizadores de la verdad y la justicia”, añadió Navarrete.

Además, dijeron que el gobierno federal se ha puesto del lado de los militares y no de las víctimas, que ha ocultado información y eso “es criminal”.

“Hasta hoy no hay pruebas contundentes del paradero de los 43 y eso nos obliga a seguir exigiendo verdad y justicia y a seguir luchando. Y no nos van a acallar con desprestigio, amenazadas ni descalificación. Aquí vamos a seguir y vamos a mantener el plantón en el símbolo de la desaparición, que es el ejército mexicano”, dijo Vidulfo Rosales.

El paso de los contigentes transcurrió de manera pacífica, sin presencia de policías, sólo agentes de tránsito.

Únicamente algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas por las calles donde pasa la columna de la manifestación.

En las vallas metálicas colocadas para resguardar el Palacio Nacional, participantes pintaron la frase “Fue el Ejército”.

Cuando se mencionó el nombre de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la jefatura de Ciudad de México y exsecretario de Seguridad en la capital, algunos de los asistentes gritaron “asesino”.

Manifestantes pintaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional con mensajes como “Narcoestado militar”. Foto: Manu Ureste

 

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la marcha por Ayotzinapa 2023 participaron alrededor de cinco mil personas y el saldo fue blanco.

“Con una afluencia de 5 mil personas se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco, la marcha a 9 años de los hechos de Ayotzinapa. El @GobCDMX garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integrad de los manifestantes”, reportó en X Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno capitalino.

Durante la concentración en el Zócalo, manifestantes lanzaron objetos que provocaron un par de explosiones, sin que se reportaran lesionados.

La marcha por el caso Ayotzinapa comenzó alrededor de las 16:00 horas de este martes en el Ángel de la Independencia, donde los contigentes se dieron cita para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparacidos hace nueve años.

En el lugar se observó la presencia de múltiples contigentes para comenzar la marcha por Paseo de la Reforma.

“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue”, entonaron algunos de los participantes que se dirigen al Zócalo de CDMX.

Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses, incluidos los padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso, ya con la marcha iniciada, arribaron al menos otros 10 camiones con más participantes.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida”, gritaba otro contigente a su paso por Reforma.

Esta marcha ocurre un día después de una reunión entre los padres de los jóvenes desaparecidos con autoridades del gobierno federal.

Este 26 de septiembre se conmemora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

Los padres de los normalistas exigieron que el Ejército entregue toda la información relativa al caso Ayotzinapa.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haría pública toda la información sobre el caso. Esta tarde, la Presidencia publicó en su sitio web un documento titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” para consulta del público en general.

 

Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

Durante la marcha, algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas y algunos monumentos con consignas y exigencias a las autoridades.

“Ejército asesino”, escribieron algunos.

A su paso, algunos manifestantes realizaron pintas de consignas en fachadas de los alrededores. Foto: Manu Ureste

Mientras que las autoridades movilizaron a un grupo de policías por la calle de Bucareli, cerca de Reforma.

Policías son movilizados en la calle de Bucareli. Foto: Nayeli Roldán

 

Mujeres expresan consignas en la marcha por los nueve años de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

Piden madres y padres de los 43 al presidente más de 800 documentos que no quiso entregar el Ejército para saber del paradero de sus hijos

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

26 de septiembre del 2023

Madres y madres de los 43 normalistas desaparecidos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la entrega de 858 documentos que tiene el Ejército, que hablan del paradero de sus hijos y que ubicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante sus investigaciones.

De los documentos destacan uno que da cuenta del momento en que 17 de los 43 muchachos desaparecidos son llevados a cierto lugar para privarlos de la vida.

“Pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, detalla la carta.

El documento contiene la relación de los documentos en poder del Ejército, junto con la fecha en que se generó, el folio y el estatus, algunos de los cuales si fueron entregados.

La relación de documentos que ubicó el GIEI arranca con el folio número 525, generado el 30 de abril del 2014, que si fue entregado, pero después enlistan del 526 al 872, sin entregar. El documento 873, generado el 3 de julio del 2014, fue entregado, pero no los documentos que van del 874 al 1076.

El documento 1077 fue entregado, no así los que van del 1078 al 1202.El 1203 sí, pero del 1204 al 1211, no. El 1212, sí y del 1213 al 1251, no. El 1252 tiene estatus de entregado pero no los documentos foliados del 1253 al 1314. El 1315 y 1316 los tienen en su poder pero no los foliados del 1317 al 1372.

Finalmente, el Ejército tampoco proporcionó al GIEI los documentos foliados del 1375 al 1400.

Las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigen a López Obrador de manera respetuosa, incluso agradecen su indicación para la apertura de los archivos militares, pero aseguran que se identificaron varios documentos que no fueron entregados.

En la carta, recuerdan a López Obrador que el Ejército infiltró la Normal, por lo que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a los estudiantes desde que arribaron a Iguala.

“Como madres y padres tenemos la necesidad de conocer esos documentos incompletos que hablan del paradero de nuestros hijos. No nos mueve otro interés más que saber qué contienen tales documentos que pueden ayudar a saber qué pasó con nuestros hijos”.

 

Protestan en Guerrero por los 43 normalistas de Ayotzinapa

Texto: Jesus Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

26 de septiembre del 23

Al cumplirse hoy martes nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres, estudiantes y organizaciones sociales realizaron protestas en Atoyac de Álvarez, Acapulco y Chilpancingo para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su presentación con vida.

La jornada de movilizaciones iniciaron en Atoyac en donde alumnos de la preparatoria popular de la comunidad de El Quemado y militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron dos mítines, uno en el antimonumento de los 43 y otro en el obelisco del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

En esta protesta en la que exigiieron castigo al Ejército Mexicano por su presunta responsabilidad en los hechos de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, también participaron integrantes del Frente Progresista Guerrerense.

En Acapulco, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) llevaron a cabo un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la Costera Miguel Alemán.

En Chilpancingo, estudiantes de cinco normales marcharon desde su plantel escolar hasta el antimonumento de los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas del Río.

Durante la movilización, las y los estudiantes gritaron las consignas «vivos se los llevaron, vivos los queremos», «ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos».

Dos helicópteros que salieron de las instalaciones de la 35 Zona Militar sobrevolaron las cercanías donde unos 500 jóvenes protestaban.

«Ya se cumplieron nueve años de la desaparición de nuestros 43 compañeros y el gobierno no nos los entrega», dijo una normalista durante el mitin en el antimonumento.

Luego se escuchó el pase de lista de cada uno de los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Y la consigna: «presentación con vida».
«Este gobierno (el de López Obrador) prometió hacer justicia a los padres y madres de los 43 y al pueblo de México y nos falló», dijo una normalista.

Entre las normales que participaron en la movilización en Chilpancingo está la Adolfo Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y la Rafael Ramírez.

Después del mitin en el antimonumento, los jóvenes marcharon de regreso hacia sus planteles educativos.

Alrededor de las 10 de la mañana, 20 autobuses con estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales del país se dirigieron a la Ciudad de México para participar en las protestas con los padres y madres de los 43.

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