Sin capacitación previa, Guardia Nacional manda a exfederales de caminos a combatir secuestros

Agentes se quejan de que no se analizaron perfiles y solo los están enviando sin mayor preparación. Experto advierte que emplear a personal sin la formación adecuada no dará resultados y puede poner en riesgo a las víctimas.


 

Texto: Arturo Angel / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de febrero de 2022

 

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

Dos de estos elementos, que pidieron reserva con su identidad, confirmaron que les avisaron del cambio de un día para otro, y que no han recibido preparación o curso especial alguno para indagar secuestros. Animal Político solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (a la que pertenece tanto la GN como la CONASE) información sobre las razones de estos cambios y la capacitación que se ha impartido a los elementos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

 

La lista de cambios incluye 101 nombres de inspectores, oficiales, agentes y subagentes que estaban desplegados en estaciones de vigilancia carretera en 17 estados: Durango, Aguascalientes, estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Coahuila, Morelos, Sinaloa y San Luis Potosí.

Son exagentes federales que hasta antes de la desaparición de la Policía Federal estaban adscritos a la División de Seguridad Regional, responsable de la seguridad en carreteras y vías federales (antes Policía Federa de Caminos). Con la extinción de la Policía Federal y el surgimiento de la Guardia Nacional, estos elementos civiles pasaron a la nueva corporación y fueron agrupados en los llamados Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones; esencialmente se mantuvieron realizando las mismas funciones.

Sin embargo, desde el año pasado y por instrucciones de su alto mando, la Guardia Nacional comenzó un proceso escalonado de relevos de todos los policías civiles que estaban en las funciones de vigilancia carretera para reemplazarlos con elementos provenientes exclusivamente de la policía militar. Este medio informó que, al cierre de enero pasado, dichos relevos ya se habían completado en 12 estados y, para el cierre del primer semestre de 2022, se esperaba completar el proceso al cien por ciento.

Los agentes civiles relevados han sido progresivamente desplazados hacia entidades donde aun no se han dado los cambios, pero una vez que se concluya con dicha estrategia, todos serán asignados a otras direcciones. Varios de ellos han comentado que no saben que ocurrirá y que las nuevas asignaciones, como la que ahora se documenta al área de secuestros, se dan de último minuto y sin aviso una planificación previa.

Para los exagentes federales de caminos que no alcancen a ser reubicados en otras direcciones, la Guardia Nacional ya alista un programa de retiro voluntario que se estará poniendo en marcha en los próximos meses.

En su momento este medio ha intentado obtener de parte de la Guardia Nacional alguna respuesta en torno a las razones por las cuales se decidió reemplazar a todos los agentes civiles de las tareas de seguridad en vías federales e instalaciones como aeropuertos, pero hasta ahora no se ha recibido alguna respuesta. Públicamente tampoco se ha anunciado los objetivos de este plan.

 

Puede ser ineficaz y hasta riesgoso, advierte experto

 

La investigación de un secuestro requiere de policías de altísima especialización, advierte el excomisionado general de la Policía Federal y maestro en Ciencias Penales Manelich Castilla Craviotto. Requiere, primero, de dominar las técnicas de investigación policial y, a partir de ahí profundizar en la adquisición de habilidades y conocimientos enfocados a la atención de secuestros.

“Los agentes de secuestro no pueden ser improvisados, necesitan una capacitación en temas como manejo de crisis, negociación. Deben tener perfiles empáticos, saber de atención a víctimas. El secuestro es el delito más grave de todos, que destruye no solo a la víctima directa sino a muchas indirectas. Un policía que investiga secuestros debe tener empatía, conocimiento de manejo de crisis y muy importante: análisis e investigación”, indica el experto en entrevista.

No obstante, uno de los agentes que se encuentra en la lista de los que fueron reasignados dijo que ni él ni sus compañeros han recibido ninguna preparación especial para atender delitos de secuestro. Los conocimientos que tiene son en materia de investigación policial pero enfocado a temas de tránsito, transportes de mercancías, y similares.

“Es algo para lo que no estamos capacitados. Se requiere tener preparación en materia de

análisis táctico, operaciones encubiertas, técnicas de sonsacamiento, fotografía y video encubierto. Se debe tener un perfil y capacitación para ser negociador o perfilador criminal. Labores totalmente distintas a las que desempeña un oficial de la dirección de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional”, dijo el policía que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Castilla Craviotto, quien en su momento también estuvo a cargo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, dijo que hay policías de caminos que sí tienen las capacidades para desempeñar funciones de investigación policial. No obstante, el experto sostuvo que no se trata de una realidad general, y que cada designación debe ser analizada para ver si la persona en cuestión cuenta con un perfil.

Ese sería el primer paso, porque luego vendría la capacitación enfocada en la atención, investigación y manejo de secuestros. Es una tarea que no es ajena a la extinta policía Federal – que en el pasado ha comisionado a agentes a las unidades especializadas en combate a secuestros con buenos resultados – pero que sí requiere de una preparación de cada agente.

“Es un área de altísima especialización. El trabajo no termina con la liberación de la víctima si no con el seguimiento de los grupos que se dedican a esto. Por eso se necesita que las asignaciones sean las correctas. Si esto solo se está decidiendo porque tienen a un grupo de policías que ya no saben donde colocarlos y los están asignando a la fuerza a este tipo de tareas, el asunto no va a funcionar”, dijo el experto.

Castilla advirtió que una investigación de secuestro que no esté bien trabajada desde la investigación de gabinete hasta la de campo puede resultar peligrosa tanto para los propios agentes, así como para las personas privadas de su libertad. En 2009, por ejemplo, un operativo de rescate mal diseñado, ejecutado e implementado dejó un saldo de cuatro personas muertas en una casa de seguridad en Xochimilco, Ciudad de México. Entre las personas fallecidas estaba la víctima del plagio, la empresaria Yolanda Cevallos Coppel.

Informe identifica fallas en formación y capacitación

El Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, presentado ayer en el Senado de la República, identificó irregularidades y contradicciones en los supuestos programas de formación, capacitación y evaluación en el proceso de conformación de esta nueva corporación.

Por ejemplo, el informe detalla que en junio de 2019 la corporación había indicado – en respuesta a una solicitud de transparencia – que los elementos provenientes de las fuerzas armadas con los que se constituyó la corporación recibirían cursos de 584 horas de duración en total. Sin embargo, en agosto de ese mismo año indicó que el curso sería en realidad de 385 horas, es decir, 199 horas menos.

En noviembre de 2021, detalla el informe, la Guardia Nacional reportó que se había dado el curso de capacitación policial inicial a 2 mil 274 efectivos, y alguna preparación especializada a 16 mil 916 efectivos. Las cifras son muy lejanas al estado de fuerza total de esta corporación que ronda los cien mil efectivos.

También hay rezagos en cuanto a la certificación obligatoria con la que deberían de contar todos los elementos de dicha fuerza para acreditar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar bien la función policial. En mayo de 2021 el 90 por ciento de los elementos carecían de dicha certificación, en una clara violación a la ley de Guardia Nacional. Para noviembre del año pasado se reportó que la cifra había crecido a 20 mil 995 efectivos con el CUP, cifra que ele informe considera poco realista y que, además, apenas representa la quinta parte de todo el estado de fuerza.

El informe indica que estas irregularidades cobran relevancia si se toma en cuenta que la conformación de la GN se ha hecho esencialmente con militares que son reclutados y comisionados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, con personas que no son reclutadas bajo criterios de un estándar policial, sino como soldados.

“No se ha construido por tanto una corporación civil como lo establece la Constitución”, concluye el informe.

 

El solitario clamor de los periodistas en Palacio Nacional

Un reportero llamó a no hacer preguntas en la conferencia del presidente López Obrador en solidaridad con las protestas por los ataques a periodistas. Es la segunda iniciativa en menos de un mes para reclamar justicia en el marco de esa conferencia. La discusión, más que en los dichos del presidente y Carlos Loret, debe estar en lo que ocurre en las regiones locales, advierte la periodista Jade Ramírez


Texto y fotografía: Arturo Contreras Camero / Pie de Página

17 de febrero del 2022

Ciudad de México

 

El mensaje fue claro y contundente, pero la reacción del mismo gremio fue pobre. Durante la conferencia matutina de este miércoles, un reportero intentó hacer un llamado a la reflexión y a la protesta por las condiciones de seguridad para periodistas en el país. Aunque tal vez pidió demasiado a sus compañeros.

Desde antes de que iniciara la conferencia, el compañero, de quien reservamos el nombre, empezó a hablar con los reporteros que se reunían en los Patios Marianos, la zona donde los periodistas aguardan para entrar a la conferencia del presidente.

“Estamos planeando no hacerle preguntas al presidente en esta conferencia, en solidaridad a las protestas de los compañeros ayer en Cámara de Diputados”, comentaba a los que llegaban al patio.

“¿Y los demás están de acuerdo?”, era la pregunta obligada. El reportero respondió que ya había hablado con varios, pero no con los reporteros de canales informativos en redes sociales. Él se mostraba optimista, confiaba que los compañeros responderían a su llamado.

Inició la conferencia. El presidente anunció que sería más breve de lo normal. Como todos los miércoles, Elizabeth García Vilchis hizo observaciones sobre lo que ella califica como mentiras de la prensa. Inmediatamente después arrancó la sesión de preguntas.

La esperanza de que nadie, ningún reportero, levantara la mano para reclamar la palabra, se rompió casi de inmediato. Una mano al aire, dos, tres… todos los reporteros querían participar. Colocar una pregunta en los oídos del presidente es como el fin último de asistir a la conferencia. Las primeras preguntas las formuló Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Después tocó el turno al reportero de la protesta. Tomó el micrófono. “Con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho”, dijo de cara al presidente, sin mencionar  su nombre ni el medio al que representa.

“Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo (de protección a periodistas). Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) estaría presente”.

La respuesta del presidente fue corta: “Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse y nuestro respeto, además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos”.

Después, López Obrador siguió hablando. Cuando terminó, ningún periodista se detuvo.Todos volvieron a alzar la mano para tomar la palabra, para ver si, de casualidad, el presidente tomaba otra pregunta. No hubo más; no por la protesta, sino porque al presidente se le hacía tarde para terminar la conferencia; López Obrador dio la vuelta y dejó el salón.

La protesta imposible

Esta no es la primera vez que un reportero o un grupo de reporteros busca alzar la voz ante el sentimiento de vulnerabilidad que deja el asesinato de un colega. Sin embargo, hacerlo en el que se ha convertido en uno de los escenarios informativos más importantes del país, la conferencia del presidente, parece rayar en la osadía.

Tres días después del 23 de enero, cuando asesinaron a la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, el gremio estaba indignado, pero pobremente organizado. Así como hoy un reportero buscó a organizar a los asistentes, a los pocos días del asesinato de Lourdes, otro grupo de reporteros, principalmente fotógrafos, buscaron organizar una acción de protesta al interior de la conferencia.

El resultado no fue muy distinto al de este miércoles. Después de muchas pláticas, propuestas y chats de whatsapp, ninguna acción se llevó a cabo. Acaso uno de los principales frenos es la responsabilidad de representar a un medio. En esa ocasión, la solicitud de anonimidad y el miedo a las represalias al interior de las empresas, o desde la organización de la conferencia, neutralizaron las ideas de una protesta simbólica.

Ese mismo freno se hizo presente este miércoles 16 de febrero. Después de terminada la conferencia, una vez que había salido el presidente del salón de la conferencia, otro compañero se levantó. Se dirigió al compañero de la iniciativa de no formular preguntas. Le compartió un par de palabras al oído y ambos asintieron. Tras ello volteó hacia los presentes y pidió un minuto de silencio en honor a los colegas asesinados.

Al principio ninguno de los reporteros y camarógrafos supimos cómo reaccionar. Todos nos mirábamos unos a otros mientras, sin pensarlo, se formaba un círculo lleno de cámaras de televisión y celulares. Así, sin saber quién era la noticia y quiénes los reporteros, viéndonos unos a otros y apuntándonos con cámaras desde todos los ángulos y en todas direcciones para no dejar de reportar la noticia, pasamos un minuto en silencio, custodiados por la politización y lo que parece más una falta de empatía. Extraviados.

«El foco tiene que estar en lo que pasa en las regiones»

Jade Ramírez Cuevas, integrante del Consejo Directivo de la red de Periodistas de a Pie, asegura que centrar el discurso en los dichos del presidente desvía la conversación de lo que realmente está poniendo en riesgo a los periodistas. El foco, dice, tiene que estar en lo que está pasando en las regiones. La conversación no tendría que ser sobre Carlos Loret, sino sobre “la entrevista con el gobernador de Oaxaca, con el presidente municipal de Salina Cruz, que nos expliquen por qué hay un hermano del agente municipal involucrado, quiénes son las mafias que están operando ahí”, destaca.

La periodista recuerda que las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad vienen desde otros sexenios. Lo que realmente pone en fragilidad a los perdiodistas, señala, es que el entramado político de justicia y derechos humanos no está haciendo lo que les toca, incluidas las fiscalías y las comisiones de derechos humanos.

“Que se particularice esta conversación en Carlos Loret, del cual se ha probado que cae en prácticas cero éticas, muestra que sí hay una desconexión de lo que está pasando en la realidad. Lo que tendría que preocuparnos es dónde, en lo cotidiano, en lo cortito, en lo local, en las regiones, se compromete la seguridad de los periodistas. Lo acabamos de ver con el caso de Heber López: es desde la presidencia municipal. Esa es la fragilidad de la que tendríamos que estar hablando en México, no de lo que diga el presidente todos los días, porque eso deslava la conversación, la desvía y queda en una conversación de cúpula, de la Ciudad de México. Para el análisis serio donde quedan comprometidas las vidas de periodistas, no aporta mucho».

           Jade Ramírez.

 

Así, tendríamos que estar hablando en la sobremesa no de Carlos Loret sino de cómo apoyar al periodismo independiente.

«Setenta u 80 por ciento de los asesinatos se dan en el contexto de Heber: periodismo hiperlocal, temas coyunturales en las regiones, mafias en las regiones y narcopolítica. No hay mucho para donde irnos».

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Pobladores liberan a militares en Quechultenango

Entre los acuerdos con el Ejército, los habitantes lograron que se libere al doctor del pueblo detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre


Texto y fotografía: Amapola Periodismo

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Con la condición de que las autoridades y pobladores serán avisados de los operativos que realice el Ejército Mexicano y la liberación de un médico que fue detenido, fueron liberados elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales en la localidad de Quechultenango.

Los 50 militares y 20 agentes fueron retenidos por pobladores de esta comunidad desde la tarde de ayer miércoles hasta las 12 de la noche.

En el acuerdo que se estableció entre los habitantes con el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Gómez Méndez, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez y el subsecretario de asuntos políticos del estado, Óscar Chávez es de que hoy jueves sea liberado el médico del pueblo, Jesús Flores.

Florea fue detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre.

«Déjenos trabajar, no queremos que pasen hechos como los registrados en la comunidad de Buenavista de la Salud (municipio de Chilpancingo), les dijo el jefe de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Esto en referencia a lo que ocurrió el pasado 26 de enero en la noche cuando policías comunitarios de Buenavista se enfrentaron a tiros contra un grupo de civiles armados dejando un saldo de seis muertos.

Los habitantes de esta comunidad y familiares de los cuatro policías comunitarios muertos acusan a integrantes del grupo delictivo de «Los Ardillos» los que atacaron a los guardias civiles cuando estaban en la comandancia.

Esta organización delictiva, señalan informes de la Fiscalía General de la República (FGR) está afincada en esta zona de Quechultenango.

Después de los acuerdos, los militares fueron liberados, además se les entregó sus teléfonos celulares.

«A nadie se le golpeo», dijo uno de los pobladores durante el diálogo con el comandante de la 35 Zona Militar y el secretario de Seguridad Pública estatal.

Uno de los pobladores les dijo a las autoridades que en Quechultenango es la propia ciudadanía la realiza las tareas de seguridad además de que hay policía comunitaria.

«Mejor vigilen a Chilpancingo e Iguala en donde un día hay un muerto y otro día también», señaló.

Denunció que es tan grave la inseguridad en Chilpancingo que campesinos de comunidad de Quechultenango que acuden a esta capital del estado a vender sus productos del campo tienen que pagar una cuota diaria a la delincuencia.

«Hagan su tarea allá en Chilpancingo, aquí hay paz», dijo uno de los habitantes.

En la reunión también estuvo el alcalde del municipio de Quechultenango, Crisóforo García.

Después de los acuerdos, los pobladores desbloquearon la principal calle de esta comunidad y dejaron en libertad a los militares y agentes ministeriales.

Al final, uno de los ministeriales reclamó el regreso de su teléfono celular y su computadora laptop y que al parecer ninguno de estos aparatos se le regresaron.

Los pobladores y autoridades de las comunidades de Quechultenango y de Mochitlán retuvieron a las fuerzas de seguridad para frenar sus operativos que desde hace cuatro días están realizando en esa zona que comunica a Chilapa y Atlixtac.

 

Habitantes de Quechultenango retienen a Ejército y a ministeriales

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de Quechultenango mantenían retenidos hasta esta noche del miércoles a elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales que ingresaron a esta zona para iniciar un operativo de seguridad.

Durante la tarde de este miércoles, unas 200 personas que se congregaron en la entrada de esta comunidad que es la cabecera del municipio de Quechultenango mostraban pancartas en donde se leían consignas contra el Ejército Mexicano.

Mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad cerraron la vía principal de esta localidad.

«Queremos la paz», «no al Ejército», gritaba un hombre que dirigía al contingente de alrededor de unas 200 personas.

El cierre de la vía empezó durante la tarde y hasta en la noche de este miércoles seguían en ese sitio los pobladores.

«Aquí no hay asesinatos, no hay mujeres violadas, que manden al Ejército a Acapulco a Chilpancingo, aquí vivimos en paz», dijo el individuo corpulento que vestía playera gris y una gorra negra.

Posteriormente los habitantes se dirigieron hacia los militares que estaban concentrados en el centro de la localidad a quienes los obligaron a retirarse de ese sitio.

Después los pobladores rodearon a los militares en espera de que acuda a esta localidad el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Durante el ríspido desencuentro entre los pobladores y los militares, una señora acusó a un agente ministerial de cometer una serie de abusos contra la ciudadanía.

«Váyanse de aquí, aquí nadie los quiere», le gritó la señora a los soldados.

El domingo 13 de febrero, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegó un operativo en esta zona donde opera un grupo delictivo.

El operativo incluye los municipios de Quechultenango, Chilapa y Atlixtac.
Pero a tres días de que inició este despliegue militar y de policías ministeriales, los pobladores se organizaron y este miércoles exigieron la salida del Ejército.

Hasta las 9 de la noche, los habitantes mantenían retenidos a los soldados.
Llegó a esta demarcación el subsecretario de Asuntos Políticos, Óscar Chávez y el Director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez.

Los inconformes exigen que acuda el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Más de una decena de reporteros que acudieron a realizar la cobertura se encuentran en el lugar y no pueden salir porque la situación está tensa.

Protesta magisterio en Chilpancingo para exigir plazas y pagos

Los jubilados mostraron pancartas donde expusieron: “Confiamos en la 4T para darnos solución”, “2% es nuestro derecho, desde hace mucho tiempo ya lo trabajamos”, “2% esto y más nos deben”


Texto y fotografía: Beatriz García

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Maestros jubilados y profesores del Frente  Estatal de Bases Democráticas CETEG-SNTE protestaron por separado en las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, y en la Dirección General de Administración de Personal, ambas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la colonia Universal, para exigir la entrega de plazas y el pago del dos por ciento al SAR-FOVISSSTE.

Los docentes exigieron el faltante de maestros, construcción de escuelas, equipamiento, seguridad, y el problema con docentes en cuanto a mejoras laborales y adeudos.

Este miércoles dos protestas coincidieron en las oficinas de la SEG que se ubican en la calle Capitán Julio Calva Capetillo, en la colonia Universal.

Cerca de las 10 de la mañana profesores de nivel básico y jubilados, provenientes de Acapulco, protestaron en las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG.

Los jubilados mostraron pancartas donde expusieron: “Confiamos en la 4T para darnos solución”, “2% es nuestro derecho, desde hace mucho tiempo ya lo trabajamos”, “2% esto y más nos deben”.

El Jubilado Jaime Martínez Ramos declaró que acudieron a la capital para exigir a las autoridades educativas el pago del 2 por ciento al SAR-FOVISSSTE.

Desde el 2013, dijo, se les adeuda ese pago a 72 de sus compañeros, y que desde el 2019 han entregado documentación en la dependencia  y no les resuelven.

“Para nosotros es preocupante porque es un dinero que lógicamente no nos lo van a regalar, y afecta en la economía, pero además es un derecho que tienes que cobrar además de la pensión”, explicó.

En su momento los trabajadores cumplieron con el pago de los descuentos en su nómina para recibir este beneficio, y además el trámite se los atrasaron por la pandemia.

Los maestros dijeron que necesitaban un acuerdo para su pago, de lo contrario seguirían con sus movilizaciones en Chilpancingo.

Plazas para docentes

Una fracción de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) protestó a un costado de la protesta de jubilados, para exigir la entrega de más de 120 plazas a profesores de preescolar, primaria y secundaria.

El profesor Juvenal Valencia Tamayo dijo que ya tenían una reunión agendada, pero que ya había pasado más de una hora esperando, pero que algunas autoridades de Gobernación les dijeron que sí los recibirían.

Los maestros llegaron en colectivo para ejercer presión en los acuerdos que se tomen y sean favorables para todos.
“Es una falta de respeto porque ya tuvimos una mesa y quedamos a las 10, ya van a ser las 11 y no nos han venido a atender, y por ese motivo estamos en espera”, expresó Valencia Tamayo.

Los maestros colocaron lonas en las que se leían: “Exigimos solución a nuestras demandas: reconocimiento de antigüedad beca-bachiller. Al proyecto de plazas. A los contratos, nombramientos rezagados, agosto 2021. Plazas para los maestros de hijos fallecidos por Covid-19. Basificación de plazas y recategorizaciones”.

El maestro explicó que el proyecto de plazas lo han trabajado desde el 2019 y no se les ha dado solución, además de que hay maestros que no fueron contratados el año pasado, por lo que exigen 120 plazas.

Con retraso los maestros sostuvieron una mesa de trabajo con personal educativo.

Defensores de medio ambiente silenciados en su propio país

México se encuentra en la lista de países latinoamericanos más peligrosos para ser defensoras o defensores del medio ambiente con 83 asesinatos; los años con mayores crímenes fueron 2015 y 2016, esto debido a las consecuencias que generó la Reforma Energética, aprobada en 2013.

Quienes fueron víctimas de la violencia se oponían a la sobre explotación de los recursos naturales, el despojo del territorio de comunidades indígenas y la generación de conflictos socio-ambientales que eran ignoradas por el Estado.


Texto: Nataly Rodríguez Santiago / ZonaDocs

16 de febrero del 2022

 

El activismo es la acción que se realiza con el fin de efectuar un cambio de índole social o político, la Real Academia de la Lengua Española, la define como: “la dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida pública”.

La politóloga, socióloga y comunicadora social, Paola Sotomayor, señala que:

“El activismo son todas las acciones que están siguiendo una serie de pasos sistemáticos para poder apoyar a un grupo vulnerado o un grupo marginalIZADO, generando estrategias para poder visibilizar la violencia o abolirla”.

Por lo tanto, un activista medioambiental es aquel que ve a la naturaleza como un ser vivo, razón por la busca implementar acciones para el cuidado y concientización con el fin de visibilizar el daño causado por los seres humanos; por tanto, busca proteger a la biodiversidad de los megaproyectos extractivistas que pretenden acabar con la misma.

Sin embargo, los activistas ambientales son los más perseguidos, amenazados y violentados, esto debido a intereses económicos y políticos que pretenden generar un avance o mejora a costa de la destrucción de áreas naturales que están, en su mayoría, en territorio de comunidades indígenas; en consecuencia, este grupo social ha sido despojado de sus tierras: “los indígenas son un grupo muy vulnerable y muy marginado por la sociedad mexicana y el gobierno, hay muy pocas organizaciones que los protegen y no tiene el mismo acceso a los derechos humanos como cualquier otra persona”, comenta la activista Arlene Bernardo Valle, coordinadora de Fridays For Future Guadalajara.

En 2018, se estima que 11 de los 14 asesinatos de defensores del medio ambiento en México eran activistas indígenas. En Oaxaca, Puebla y Michoacán, el 100% de los agredidos fueron personas de pueblos originarios.

Paola Sotomayor comenta que estas problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas tienen que ver con los privilegios con los que se nace, esto hace que los grupos que si nacen con estos privilegios violenten y vulneren a los que no:

“Los privilegios son adquiridos por algo que es circunstancial ningún privilegio es algo que te ganas, los privilegios existen por el entorno en el que naces y tu contexto, por el hecho de haber nacido en un lugar y pertenecer a una etnia ya estas vulnerado y vas a ser violentado de muchas maneras, no vas a tener la oportunidad de comunicarte adecuadamente con el resto del país, porque no vas a ser tomado en cuenta como una persona con la misma seriedad”.

Además, agregó:

“vivimos en un país altamente racista en donde se ejerce la violencia no solamente a las personas indígenas sino a cualquier persona que no sea considerada aria de acuerdo con los estándares que nos dice la publicidad”.

Todo lo anterior es un detonante y está ligado en cuanto a la violencia que se ejerce en contra de las comunidades indígenas que intentan proteger sus territorios.

Es alarmante que América Latina tenga el título de la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, pues los siete países más peligrosos para ser medioambientalista, seis se encuentran en Latinoamérica. Más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería, seguido por la actividad forestal (tala clandestina), los proyectos sobre agua y presas.

Estos asesinatos ocurren en países de hostilidad generalizada hacia el activismo; Colombia encabeza la lista negra, seguido por Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela. La falta de justicia, la corrupción y la debilidad estatal vulneran a los ambientalistas.

En 2018, México figuró como el sexto país donde más ambientalistas son asesinados, según Global Witness. Estos asesinatos estuvieron asociados con el crimen organizado y autoridades.

El narcotráfico juega un papel muy importante en la violencia ejercida contra los activistas, Alma Delia Méndez de Jesús, bióloga egresada de la UNAM menciona que:

“el narcotráfico no es solo una cuestión de drogas, también es una cuestión de recursos forestales, un ejemplo muy claro es Michoacán han muerto o han sido amedrentados varios activistas ambientales, porque ellos quieren resguardar sus tierras pero el narcotráfico ha desplazado a muchas comunidades de su territorio para hacer plantíos de aguacate”.

El gobierno mexicano se comprometió a proteger a los defensores ambientalistas mediante la firma del acuerdo Escazú, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se trata del “primer tratado internacional del mundo que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones especificas a los países firmantes para proteger a quienes enfrentan riesgos por luchar por la preservación del medio ambiente”.

La firma de este acuerdo fue un paso muy importante para la protección de los ambientalistas y defensores de los derechos humanos; sin embargo, falta más para poder garantizar protección:

“el acuerdo ya está ratificado en 11 países en América Latina, sirve para poder hablar de la problemática sirve para poder tejer redes entre activistas medioambientales, activistas por los derechos de los animales y derechos humanos, pero de cualquier manera es insuficiente, sirve para que pueda ser una herramienta para monitorear las operaciones que suceden en estos países y tratar de tener un apoyo internacional, pero se requieren muchas herramientas más”, comentó Paola Sotomayor.

A pesar de que el acuerdo ya está ratificado, los mecanismos de seguridad existentes son deficientes, así que las amenazas, secuestros y asesinatos ocurridos en México contra defensoras y defensores esta rebasado, por lo general, quedan impunes:

“las denuncias no son un método muy funcional de protección a las personas que son ambientalistas, no hay algún interés muy marcado por parte del gobierno de dar la protección, principalmente a las áreas naturales, en las zonas del sur, son zonas que siempre se han dedicado a defender la selva con estos proyectos que son invasores está claro que este gobierno no tiene ningún interés primero en proteger las áreas ni en las personas que están en la causa”, mencionó Arlene coordinadora de Fridays for future.

Entre las principales causas de contaminación ambiental y cambio climático se encuentra la industria ganadera, dentro de esta misma hay intereses muy marcados por parte del gobierno y empresas, es por eso que muchos ambientalistas se han dedicado a la protección de los animales y la promoción de la reducción del consumo de carne para lograr generar un impacto; sin embargo, estos activistas en pro de los derechos de los animales son fuertemente violentados.

Ana Carranza, activista miembro de la asociación “Animal Save Movement”, relata que el hecho de ser mujer y ser activista la ha hecho sentir más expuesta a sufrir violencia e incluso acosos, comenta que no se siente segura ejerciendo su activismo, es por ello que junto con compañeros activistas tratan de crear redes para protegerse.

Expresa que compañeros cercanos a ella han recibido amenazas graves que atentan en contra de su seguridad, incluso relata que: “al momento que tenemos protestas afuera de la plaza de toros, las personas que asisten son muy violentas, llegan a gritarte en cara, a amenazarte, me ha tocado ver muchas detenciones arbitrarias durante las protestas”.

En México te matan por ser activista, te matan por ser defensor de la tierra y la biodiversidad, como sociedad tenemos la responsabilidad de contribuir desde nuestra trinchera, no podemos ser indiferentes ante estos hechos o la muerte de todos aquellos defensores habrá sido en vano. Debemos exigir al gobierno que se garantice la seguridad y protección, la libertad de expresión no solo debe estar plasmada en nuestra constitución sino ser ejecutada y todo acto que atente contra ella ser castigado debidamente.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Tres décadas de lucha: la historia por la despenalización del aborto en Guerrero

El 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto. 


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

En poco más de 30 años la lucha feminista en Guerrero ha incluido en sus demandas la despenalización del aborto. La no criminalización a la interrupción del embarazo, ha sido una de las demandas para garantizar la salud y la vida de las mujeres en el estado.

En este tiempo, por lo menos se han presentado tres iniciativas que buscan la despenalización del aborto, de acuerdo a un recuento hecho por mujeres que han exigido este derecho en diferentes perírodos, como la diputada morenista, Beatriz Mojica Morga, una tres legisladoras que presentaron la última iniciativa.

El 12 de enero ella, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto. Esta, está en espera a que los diputados de la

Comisión de Justicia hagan la revisión, para que pase al pleno del Congreso local y se dé la votación para su posible aprobación.

Esta última iniciativa, en comparación a las anteriores, se da en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG), la última por agravio comparado, que se evidencia la necesidad de homologar la Norma 046 del Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.

Además esta última iniciativa se dio después de que el pasado siete de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara inconstitucional la penalización del aborto, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.

Se cumplió un mes de que se presentó la iniciativa en el Congreso local, y la Comisión de Justicia en Guerrero no ha dado respuesta. Sobre esta iniciativa Amapola. Periodismo transgresor habló la diputada Beatriz Mojica Morga.

La diputada mencionó que esperan que se cumpla con el procedimiento jurídico y confía que será pronto, de tal manera de que no se obstruya el proceso y pueda pasar al pleno para la votación. Esta iniciativa es de homologación de acuerdo a los criterios de la SCJN.

La iniciativa, aclaró, no es en sí un asunto de sólo despenalizar el aborto si no que incluye la garantía de los derechos de las mujeres y de la no criminalización.

“Ha habido una obstaculización por parte del PRI para que no se genere el dictamen correspondiente, es parte del proceso legislativo”, manifestó la morenista.

Para hacer la dictaminación de la iniciativa hay un plazo de un mes, que se cumplió el pasado 12 de febrero, entonces la Junta de Coordinación Política tendrá que determinar el proceso para que se pueda generar el dictamen.

Este no es un tema de consulta, insistió la diputada, es un mandato de la SCJN, porque los derechos no están a consulta, porque, además, durante muchos años ha habido discusiones a favor y en contra, entonces es por eso que la Corte dictaminó cuál será la ruta en torno de garantizar en las leyes locales el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no criminalizar sus decisiones.

Mojica Morga destacó que legalizar no significa promover el aborto, implica la garantía de los derechos de las mujeres, porque es una obligación del estado mexicano, del estado laico y como diputados, pondera, están obligados a generar el marco jurídico más amplio posible para que no se criminalice a las mujeres al tomar decisiones libres y conscientes.

Aclaró que legalizar el aborto no es sinónimo de saturar las clínicas; por ejemplo, la Ciudad de México que avaló esta legalización desde hace 20 años disminuyó los índices de muertes maternas y las interrupciones de embarazo.

En Guerrero, al aprobarse la iniciativa se tendrán que generar otras políticas públicas para garantizar el acceso a la salud, educación, no sólo de las mujeres, sino de toda la población, además de la educación sexual y reproductiva que es una obligación del Estado mexicano, los estados y municipios, así se revertirían los primeros lugares de Guerrero en embarazo adolescente, muertes maternas y muertes de mujeres por abortos clandestinos.

La iniciativa en medio de dos AVG

Guerrero es un estado feminicida. La lucha feminista en Guerrero ante las violencias que viven las mujeres en la entidad obligó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a declarar dos AVG, lo que permite un terreno que aún con obstáculos, pronto despenalice el aborto en el estado.

El 22 de junio del 2017, por el trabajo e insistencia de un grupo de activistas feministas, la Secretaría de Gobernación declaró en Guerrero la primera AVG ante el incremento de feminicidios en el estado. El 5 de junio del 2020 se declaró la segunda alerta, porque otra vez las activistas probaron una grave discriminación contra las mujeres y una negación a los servicios especializados de salud.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2016 al 2021 se registraron 32 delitos por aborto en el estado. El mayor número en el 2019, con 11, pero no especifica si se trata de las mujeres que abortaron o quienes auxiliaron a las mujeres en el proceso, como en el caso de médicos, tampoco se sabe si por ello hay mujeres procesadas.

De las violencias hacia las mujeres en el estado y la nueva iniciativa que busca despenalizar el aborto habló en entrevista la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, quien forma parte de una de las organizaciones que ha dado batalla en la lucha por los derechos humanos de las mujeres.

Sobre las estadísticas del Secretariado Ejecutivo y que la organización de Reyna Aguilar da puntual seguimiento, explicó, que solicitó a la Conavim información puntual sobre esas estadísticas para saber si había mujeres criminalizadas, pero no la han entregado.

Reyna Aguilar compartió que el año pasado la organización acompañó a siete mujeres víctimas de violación, entre ellas cinco menores de edad, quienes buscaban interrumpir el embarazo.

Con presión lograron que en el estado a cinco de ellas sí se les interrumpiera el embarazo, a dos más –menores de edad- desistieron sus familiares por el temor que les impusieron, como en el caso de los médicos, al decirles mitos, como si sus hijas abortaban iban a morir, o que cuando fuera adulta ya no iban a poder tener hijos o que perderían la matriz.

Este año la organización acompaña un caso de una menor de Cocula, embarazada víctima de una violación sexual. La mamá de la menor acudió al hospital, pero la convencieron que desistiera del aborto, ahora aunque cuentan con el apoyo de las feministas, la niña superó las 12 semanas de gestación y ya no puede interrumpir el embarazo.

En la opinión de Reyna Aguilar la despenalizaicón del aborto en Guerrero, le parece una decisión complicada, en términos legislativos, por la falta de voluntad política que han demostrado las últimas legislaturas, pero es una acción que tiene que realizarse porque además es una medida de la segunda AVG, que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, derechos humanos.

Que no se avance en la dictaminación, dijo Marina Reyna, afecta porque el personal de salud no quiere hacer los procedimientos, porque el Código Penal dice que los va a castigar, aunque la norma 046 diga que pueden hacerlo, entonces es necesaria esa homologación.

Confirmó lo dicho por Mojica Morga, que aprobar la legalización del aborto, no significa que todas vayan a abortar, al contrario se van a reducir las muertes maternas, se va a garantizar el derecho a las mujeres y no se pondrá en riesgo su salud.

“Las organizaciones que de alguna manera de hace tiempo estamos trabajando por avanzar en el este marco legislativo lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que sí se va a lograr, va a costar un poco de trabajo pero se va a lograr”, insistió.

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Al menos tres décadas de lucha por la despenalización del aborto

La primera vez que se presentó una propuesta al Congreso local para la despenalización del aborto fue en 1992, dijo la representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín.

Garfías Marín es una feminista histórica, parte de la lucha por los derechos de las mujeres desde hace décadas en Guerrero, incluso cuando en el estado no había organizaciones feministas, contó en entrevista.

En algunas pláticas de mujeres, recordó, el tema de la despenalización del aborto estaba presente, y cuando fue diputada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el periodo 1990-1993 en tribuna planteó reformar el Código Penal y que se clasificara el acoso y hostigamiento sexual, como delito.

Después en el Código Penal ya establecía algunas excepciones, explicó, por ejemplo cuando el embarazo de una mujer era producto de una violación podía interrumpirlo y no había sanción, también si el producto presentaba anormalidades y habían dos médicos que diagnosticaran podían interrumpirlo, o también si la madre presentaba problemas de salud.

Aunque las excepciones ya estaban establecidas los ministerios públicos no lo autorizaban.

En 2007 comenzaron campañas impulsadas por mujeres organizadas en Guerrero, para que las excepciones se cumplieran, por ejemplo la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Dddser), Equidad de Género, el colectivo

Nosotras. Entonces se genera la primera iniciativa formal ante el Congreso local.

Un año antes en la ciudad de México se presentó la iniciativa y se aprobó la despenalización. En Guerrero se cabildeó para que votaran, pero de último momento el PRD se dividió. También se hicieron en el estado conferencias, mesas redondas en las siete regiones, hubo foros donde se presentaron propuestas, puntos de vista médicos, jurídicos y éticos, contó Garfias Marín.

“Ha sido un proceso largo y se violenta para quienes hemos promovido en diferentes momentos la iniciativa, porque fuimos agredidas. A mí me amenazan en la ventana de mi casa”, expresó.

En el 2014 se da una segunda iniciativa cuando era gobernador Ángel Aguirre Rivero y la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, y se contrató una consultoría para que se elaborara la propuesta de iniciativa. Los grupos feministas acompañaron el proceso, se movilizaron, hicieron campañas y nuevamente el PRD se dividió e impidió la aprobación.

En 2015 se dio una de las agresiones mayores contra los grupos de mujeres que apoyaban la interrupción legal del embarazo. En ese momento fueron invitadas a un foro, donde también hubo presencia de la iglesia, monjas y feligreses, quienes al tener una opinión contraria las agredieron verbalmente y las intentaron golpear. Tuvieron que huir.

“Yo he sido muy agredida”, manifestó la feminista y representante de Aliadas por la Justicia.

En el 2018 cuando le otorgaron la Presea Sentimientos de la Nación por su activismo por los derechos de la mujer, el obispo Salvador Rangel Mendoza y grupos católicos hicieron una campaña en su contra, la tacharon de asesina para impedir se le entregara la presea.

El 13 de septiembre del 2018, esa noche que recibiría la presea en la iglesia de la Virgen de la Asunción en Chilpancingo, el lugar estaba rodeado por personas en su contra, para no permitirle que recibiera la presea, por lo que ingresó y después salió custodiada por un grupo de personas que la protegieron.

Durante estos años Garfias Marín ha acompañado casos de mujeres que estaban en prisión por homicidio en razón de parentesco y se logró su libertad, después de sufrir abortos espontáneos, tal es el caso de la Me´phaa Adriana Manzanares, originaria del Camalote municipio de Ayutla, condenada a 22 años de prisión, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

La sentenciaron por homicidio.

Después de más de siete años en prisión, la SCJN revisó el amparo que interpuso con apoyo de las organizaciones. Fue puesta en libertad.

Este es uno de los tantos casos en Guerrero que se quieren evitar al reformar el código penal y homologar la Norma 046, además cumplir con lo establecido en la segunda AVG por agravio comparado y con lo que determinó la SCJN el pasado 7 de septiembre.

De acuerdo a datos oficiales, Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por aborto del país y la sexta con más muertes maternas entre 2002 y 2017.

 

Baja afluencia en vacunación en Chilpancingo

La Secretaría del Bienestar informó que este miércoles la vacunación a personas rezagadas sólo se realizará en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH)


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

15 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

La delegación estatal del Bienestar dio a conocer que en los centros de vacunación para la primera dosis a rezagados de la vacuna contra la Covid-19 en la capital hubo poca afluencia de personas.

«Tenemos muy poca afluencia para la aplicación de la primera dosis a rezagos en los dos puntos de Chilpancingo, en el Tecnológico y en las canchas deportivas de la colonia del PRI», escribió en sus redes sociales la dependencia.

También en otros municipios como Acapulco, Tecpan y Atoyac se observó poca afluencia de la gente para que le aplicaran la dosis.

«A mí me tocaba la primera vacuna en julio o agosto del 2021, pero no me vacuné porque estaba enferma y además tampoco tenía mis documentos en regla», comentó una joven de más de 20 años de edad que acudió a la cancha deportiva del PRI para que la inmunizaran.

«Apenas han venido unas 500 personas y la verdad ha venido muy poca gente», dijo un trabajador del Bienestar que se encargaba de recibir la documentación para la gente que iba a recibir su primera dosis.

El inicio de la vacunación empezó a las nueve de la mañana y a las dos de la tarde había poca gente haciendo fila.

Un señor de 40 años que se identificó como Efrén Carbajal y que estaba haciendo fila para recibir su primera dosis compartió que a él también se le pasó la vacuna porque se enfermó de Covid-19. «Además de que me enfermé cuando me tocaba hace un año, también andaba trabajando duro», dijo

Reconoció que él como otras personas de su colonia no creía que el Covid-19 existía pero que cuando se infentó tuvo otra opinión.»Cuando me enfermé de coronavirus no me vi grave, y afortunadamente la libré y aquí estamos», comentó.

Efrén Carbajal y otras seis personas hicieron fila para entrar a la cancha deportiva de la colonia del PRI para que le inyectaran la primera dosis.

Aquí en Chilpancingo se está inmunizando a la gente con la vacuna china Sinovac que es de procedencia china.

También en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH) se vio poca gente haciendo fila para recibir su primera dosis de la vacuna.

Durante enero, cuando a los adultos mayores se les aplicó la dosis de refuerzo, las filas llegaron hasta de dos kilómetros. Igual cuando apenas hace dos semanas se inmunizó a las personas de 50 a 59 años de edad.

A finales de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que entre los estados con mayor rezago de aplicación de la vacuna anti Covid-19 están Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

informó que en estas cuatro entidades la población vacunada alcanza un 70 por ciento, mientras que otras entidades, como la Ciudad de México, rebasan un 90 por ciento.

Iván Hernández Díaz, delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, quien este martes a través de las redes sociales hizo un llamado a la gente para que acuda a vacunarse, estableció algunos puntos de por qué Guerrero no figura entre las entidades con mayor población vacunada: la gente no quiere vacunarse, el tema cultural y la lejanía de los puntos de vacunación por la difícil situación orográfica.

La Secretaría del Bienestar informó que este miércoles 16 la vacunación a personas rezagadas sólo se realizará en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH).

En tanto que en las canchas deportivas de la colonia del PRI se atenderá únicamente a niñas y niños con comorbilidades que aún no han recibido la segunda dosis.

También en este mismo sitio se les aplicará la primera y segunda dosis a los adolescentes de 15 a 17 años de edad.

 

Riña en penal de Iguala deja siete heridos

Ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el dormitorio conocido como El Panal, donde están hacinados 70 reos. El penal ubicado en la comunidad Tuxpan, a unos 30 minutos de la cabecera municipal


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial 

15 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Una riña a golpes, y con varillas y palos dejó un saldo de siete reos heridos de gravedad en el Centro de Reinserción de Social (Cereso) de Iguala, la tarde de este martes, informaron autoridades estatales.

Los siete reos heridos fueron trasladados al Hospital General de Iguala. Según los reportes, los siete lesionados presentan golpes con varillas y palos.

La riña ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el dormitorio conocido como El Panal, donde están hacinados 70 reos. Este penal está ubicado en la comunidad de Tuxpan, a unos 30 minutos de la cabecera municipal.

Extraoficialmente se sabe que durante el tiempo que ocurrían los disturbios, los trabajadores del Cereso se quedaron atrapados en las áreas administrativas.

Posteriormente llegaron el reclusorio elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes tomaron el control de la situación.

Las fuerzas de seguridad federal y estatal resguardan el área perimetral externa.

Trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje denuncian retención de salarios

Exigen que se les regularice su relación laboral para que tengan beneficios como la prima vacacional, salario justo y que se les inscriba en el ISSSTE para tener servicio médico y otras prestaciones

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

15 de febrero de 2022

Chilpancingo

Actuarios y auxiliares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCAE) interpusieron una demanda en la que reclaman sus derechos laborales como son salarios justos con todas las prestaciones sociales.

Los ocho trabajadores del TCAE que ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas de la delegación XVII del SNRP, dijeron que decidieron interponer la demanda porque la presidenta de esta instancia, Miriam Cisneros Cortés les retuvo su salario desde julio del 2021 y han recibido malos tratos de parte de ella.

A los trabajadores les dejaron de pagar sin decirles por qué retuvieron su salario, buscaron a Cisneros Cortés para que les diera una explicación; sin embargo, después de intentar un acercamiento verbal y después escrito al que se negó responder, los inconformes demandaron al Tribunal por privación de salarios.

La demanda fue interpuesta ante la Comisión sustanciadora del Poder Judicial y serán los magistrados los que determinen la resolución.

Los inconformes informaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuenta con un presupuesto de 36 millones de pesos y hay recurso catalogado para salarios y viáticos, pero Cisneros Cortés se los niega, dijo la actuaria Anabel Ayala Arteaga.

“Como actuaria tenemos que salir a notificar fuera de la ciudad y no nos dan viáticos, nos dicen que los gastos los tiene que cubrir el abogado”, comentó Ayala.

Los inconformes fueron acompañados por su abogado, Carlos Marx Barbosa Guzmán.

Iván Vargas Reyes representante de los afectados informó que en la demanda exigen que se les regularice su relación laboral para que tengan beneficios como la prima vacacional, salario justo y que se les inscriba en el ISSSTE para tener servicio médico y otras prestaciones.

“Los salarios son injustos, en tienda de raya los actuarios cobramos desde 1250 pesos, hasta 2500, y eso es algo que no alcanza para nada”, comentó Vargas Reyes.
Los inconformes explicaron que durante la pandemia Cisneros Cortés los hizo ir a las oficinas a pesar de no haber trabajo, ya que ninguna dependencia laboraba, informaron que a pesar de haber trabajadores contagiados de Covid-19 la institución sólo les da una semana de descanso.

Dijeron que siempre buscaron un dialogo con Cisneros Cortés, pero siempre se negó y desde que interpusieron la demanda no los atiende.

Miriam Cisneros Cortés fue nombrada presidenta del Tribunal el pasado 2 de septiembre de 2022 por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, de acuerdo con el Reglamento Interno del Trribunal, la presidenta debe ser nombrada por el gobernador en turno y se mantendrá en el cargo por seis años, culminado esa etapa se podrá ratificar por otros seis años.

“Es vergonzoso que un Tribunal que debe expedir justicia laboral los esta transgrediendo en casa y esta violando derechos humanos”, mencionó Vargas.

Exigieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que conozca la situación y concilie para que disminuyan los malos tratos a sus trabajadores.

Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas llama al Gobierno de México a que asigne recursos suficientes para cumplir con sus funciones

Familiares de personas desaparecidas en México, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas han demandado al Gobierno de México la asignación de recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para la operación de las funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.


 

Texto: Zona Docs

Fotografía: Consejo Nacional Ciudadano

15 de febrero de 2022

 

Reconociendo que el Consejo Nacional Ciudadano es un componente fundamental del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sus integrantes exigieron al Gobierno de México que cumpla con su obligación y asigne el presupuesto suficiente para que tanto las familias, como las organizaciones y personas expertas que lo conforman puedan llevar a cabo sus funciones como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Según advirtieron en un comunicado, desde la integración del Consejo Nacional Ciudadano en el año 2018, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación “ha incumplido deliberadamente” en asignar recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Por lo tanto, denunciaron que frente a esta omisión, ni la primera generación del consejo (2018-2021), ni la segunda (2021-2024) han recibido hasta el día de hoy respuestas de la autoridad o voluntad política para que se haga cumplir este mandato de ley.

Expusieron que en múltiples ocasiones han intentado establecer comunicación con las autoridades encargadas, sin embargo, no ha existo una respuesta.

Una de estas solicitudes fue enviada al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas el 21 de abril de 2021, a través del oficio 2104/06. De acuerdo con las y los integrantes del consejo, esta comunicación pretendía, además de solicitar estos recursos, gestionar una reunión con el funcionario para tratar temas relacionados con el funcionamiento del consejo.

A la par, intentaron llamar la atención del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aunque obtuvieron el mismo resultado: ninguna respuesta.

Por ello, hicieron un llamado respetuoso pero firme al Gobierno Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación se cumpla con lo establecido en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para que el Consejo cuente con los insumos suficientes para el optimo desempeño de sus funciones.

 

 

 

 

Evelyn: en su imagen, ningún polvo de austeridad

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Facebook

15 de febrero del 2022

Chilpancingo

Si algo ha aprendido la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, es que dentro del mundo de la política la imagen personal juega un papel importante. 

El 5 de mayo del 2021, la imagen de Salgado Pineda dio un vuelco radical. Ese día se presentó en público como la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.  Desde entonces no sólo cambió su imagen, sino que adoptó el sobrenombre de la Torita, en alusión a su padre, Félix Salgado Macedonio.  

Salgado Pineda se convirtió en candidata después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló la postulación de su padre por supuestamente no haber presentado sus gastos de precampaña.  

Sin embargo, la candidatura de Salgado Macedonio ya estaba cuestionada: desde antes de que arrancara la campaña se hizo pública una denuncia penal que presentó una de sus ex colaboradoras en su contra por el delito de violación sexual. Con los días se conocieron de otras dos denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por el morenista.  

La candidatura de Salgado Pineda fue interpretada por muchos como una imposición. 

Aun con todo esto, Salgado Pineda arrancó su campaña, dejó los jeans de lado y comenzó a vestir huipiles de telar de cintura de Xochistlahuaca, Costa Chica, y de la Montaña; cambió las diademas por un sombrero calentano, igual al que usaba su padre. Cambió sus aretes discretos por unos tradicionales: largos y llamativos. Su cabello lacio pasó a tener ondas. 

También cambió su maquillaje a uno sútil pero suficiente para notar el cambio en sus párpados utilizando sombras color nude y labial del mismo color, cejas más marcadas, pestañas postizas y sus mejillas con un ligero toque de rubor. 

Antes de convertirse en la candidata, Salgado Pineda apoyaba a su padre en mítines políticos y en redes sociales constantemente escribía sobre cuánto lo admira. 

En los mítines y en cada aparición pública, vestía looks casuales: jeans y blusas sencillas con manga tres cuartos, cabello lacio, con accesorios como diademas. 

Cinco meses después, Salgado Pineda se convirtió en la primera gobernadora de Guerrero.   

Vestuario sin austeridad 

Desde el primer día de su gobierno, Salgado Pineda ha mostrado que la imagen es esencial. El 15 de octubre del 2021, cuando rindió protesta como gobernadora, tuvo cuatro cambios de vestuario.  

En los primeros minutos de ese día, en Casa Guerrero, en la entrega-recepción con Héctor Astudillo Flores, Salgado Pineda utilizó un traje de vestir color blanco, haciendo juego con una blusa color negra, cabello suelto y ondulado. 

Al mediodía, en el Congreso del estado, Salgado Pineda llegó vestida con un traje de alta costura, un diseño exclusivo y a la medida: una falda y un saco con tejidos de Xochistlahuaca, confeccionado por el famoso diseñador de modas, Julio Moranchel. 

El diseñador guerrerense compartió en sus redes sociales el atuendo de la gobernadora. De inmediato la fotografía se hizo viral, los comentarios no pararon. Unos reconocieron que utilizara prendas tradicionales de Guerrero, como los tejidos de Xochistlahuaca. 

Otros usuarios se preguntaban si iba a gobernar o a un desfile de modas. También cuestionaron el costo de la prenda al tratarse de un traje exclusivo confeccionado por un conocido diseñador. 

El tercer cambio fue el vestido que utilizó en la explanada del Palacio de Gobierno donde dio un mensaje a sus simpatizantes. Vistió el tradicional traje de acateca, confeccionado en Chilapa, y retocó su maquillaje, además de que cambió su peinado de ondulado a una media trenza de lado con el cabello suelto y sus famosos aretes dorados. 

El último vestuario fue en la presentación de su gabinete en Casa Guerrero. Lució un traje de falda y saco color negro con  detalles flores de Xochistlahuaca al frente. Otra vez cambió su maquillaje y peinado, regresó al cabello suelto y ondulado. 

Desde ese día, Salgado Pineda ha vestido una infinidad de trajes tradicionales como huipiles, faldas, blusas, sacos.  

Pero, ¿cuánto cuestan estas prendas? Geovanni Goicochea, experto en diseño de alta costura, considera que para definir el precio de estas prendas hay varios factores. Primero, ver el tiempo que lleva elaborar una prenda exclusiva, a la medida. Segundo: quién las diseña, porque si es un diseñador de renombre, el costo suele subir. 

 De acuerdo con la experiencia de Geovanni,  un traje como el que utilizó Salgado Pineda en su toma de protesta podría costar entre los  10,000 a los 15,000 pesos. 

Un vestuario que llamó la atención fue el que utilizó en la Feria de la Plata en Taxco. Era un vestido negro corte princesa estilizado con bordados de flores en la parte inferior, cabello recogido en una coleta, maquillaje de noche, collar y aretes dorados. 

Ese tipo de vestidos se han hecho populares por sus bordados y por el corte estilo princesa, no es muy común ver vestidos bordados o con toque tradicional en este estilo.  

El precio aproximado de estos vestidos es de entre 18,000  y 20,000 pesos. 

Salgado Pineda llegó a la gubernatura por el partido Morena que entre sus principios está la austeridad, pero la imagen que ha construido la mandataria está un poco lejana de esto. 

¿Quién paga los vestuarios? 

El 20 de noviembre, al finalizar un acto con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, la gobernadora se detuvo a dar una entrevista a reporteros.  

Le preguntaron sobre varios temas y al final se dio tiempo de presumirles una falda color rosa tableada con tejidos de Xochistlahuaca. Incluso se hizo unos pasos para atrás y con sus manos la extendió, para que todos la apreciaran mejor.  

Después dijo que hará todo lo posible para promover la ropa tradicional, llamó a pagar lo justo por las prendas y explicó el esfuerzo que realizan las artesanas, “tardan un año y luego se les paga muy poco”.  

Luego, Salgado Pineda aclaró: “la mayoría de las cosas que yo utilizo son regalos que me hacen, los huipiles que ustedes ven son regalos, lo que utilizan también el día de la toma de protesta (como gobernadora) también son regalos y me gusta mucho utilizar los diseños de la Montaña, Tierra Caliente con el sombrero tradicional que no me lo quito y de todas las regiones hay que aprovechar las manos artesanas que tienen una belleza impresionante en cuanto a la ropa, los telares la artesanía ”. 

Sí Salgado Pineda conoce del esfuerzo que implica confeccionar estas prendas y la precariedad en las que viven las artesanas, ¿Por qué en lugar de recibirlas, no las paga? 

Y las que no se las regalan, ¿De dónde las paga: de su salario o del erario? 

¿Qué imagen quiere mostrar Evelyn Salgado? 

Como mandataria, Salgado Pineda ha marcado su estilo. 

Geovanni Goicochea considera que Salgado Pineda está marcando su propio estilo y con su imagen busca que la gente se identifique con ella.  

“Busca crear una imagen para que la gente se sienta identificada con ella, porque depende de la región donde vaya usa su vestuario, por ejemplo cuando viene a Tierra Caliente y utiliza el sombrero calentano nosotros sentimos que está usando algo nuestro”, dice Goicochea. 

De acuerdo con su experiencia, Salgado Pineda también podría estar dando una imagen de ostentosidad, debido a que muchas de las prendas, tradicionales o de diseñador, son impagables para la ciudadanía promedio. 

Goicochea explica que Salgado Pineda ha optado por vestir con ropa tradicional para crear una conexión con la gente y ganar seguidores, pero también intenta darle un reconocimiento. 

“Muchas veces nosotros vemos ese tipo de vestimenta como algo inferior y no valoramos lo nuestro, tal vez ella quiera reconocer los orígenes de un lugar y revivir su identidad vistiendo sus atuendos”, dice. 

El diseñador no descarta que la gobernadora se convierta en una influencia y muchas  personas comiencen a utilizar su estilo, así como los huipiles o la ropa tradicional. 

En el maquillaje, tampoco hay austeridad 

Salgado Pineda tiene un maquillista personal. Es Santiago Salgado, un diseñador de imagen, es quien maquilla a la gobernadora para sus eventos especiales. 

Santiago Salgado tiene una amplia trayectoria en el mundo del maquillaje, peinado e imagen personal. Por muchos años fue parte del certamen Señorita Flor de Noche Buena, donde se encargaba de llevar la imagen de las participantes y después de la reina. Durante el certamen Señorita Flor de Noche Buena 2021, Salgado ya no participó, ahora su encomienda es dejar presentable a la gobernadora. 

Santiago Salgado tiene su propio salón de belleza que, de acuerdo a distintas versiones, lo mantiene cerrado porque ahora es el maquillista personal de la gobernadora. 

Daniela Bello, maquillista capitalina, considera que es primordial verte bien si tienes un cargo público tan importante, pero excederse puede generar una imagen equivocada. 

“No creo que dé la imagen de austeridad que maneja la Cuarta Transformación porque siempre se ve demasiado elegante, como alguien de dinero”, comenta. 

Bello calcula que los maquillajes de la gobernadora cuestan alrededor de 800 y 1,000 pesos pero, aclara, lo más costoso son los retoques, 1,500 cada uno aproximadamente. 

Si la gobernadora requiere de un maquillaje diario, de 800 pesos, a la semana se gasta 5,600, unos 22,400 al mes. Y si esta última cifra la multiplicamos por cada uno de los meses, suman 268,800 mil pesos.  

Y si sigue con ese ritmo en todo su mandato, Salgado Pineda podría gastar tan sólo en el maquillaje 1,720,800 pesos.  

 

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