Aumentan ataques a periodistas en el gobierno de Astudillo; prevalece impunidad

Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Cortesía Bernardo Torres

30 de mayo del 2019

 

Chilpancingo

Los periodistas Bernardo Torres Morales y Juan Blanco Alejo denunciaron  ante la Fiscalía General de la República (FGR) el robo a mano armada que sufrieron el pasado 14 de mayo a la 1 de la madrugada, cuando ambos regresaban de cubrir el inicio de la Brigada de Búsqueda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La denuncia ocurre 15 días después, ante la falta de garantías del gobierno que encabeza el priista Héctor Astudillo, para que los periodistas desempeñen su labor con seguridad, y porque pese a que el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los agraviados, no ha resuelto la vía adecuada para dotarles protección.

De estas agresiones tiene conocimiento la organización internacional Artículo 19, pero el respaldo dado, hasta ahora sólo ha sido telefónico.                                                     

La denuncia es presentada en un contexto de aumento de delitos y agresiones contra periodistas en México y en Guerrero. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas recuenta a siete periodistas asesinados en los seis meses del gobierno de Andrés López Obrador, pero organizaciones, como Reporteras en Guardia manejan la cifra de 13 asesinatos, entre ellos cinco comunicadores indígenas.

Artículo 19 recuenta a más de 100 periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 a la fecha. El sexenio más letal fue el del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien confrontó directamente a las instituciones policiacas del país con la delincuencia.

Acompañados de colegas periodistas, Torres y Blanco presentaron una denuncia que pretenden sea canalizada a la Fiscalía de Atención de delitos contra la libertad de expresión de la FGR.

Recordaron que ese 14 de mayo los dos sujetos los interrogaron y amenazaron: “no vayan a abrir la boca, porque los tenemos ubicados, vamos a regresar”. Todo ocurrió afuera del domicilio de Torres, cuando llegaban de casa de un compañero, donde pasaron a cenar después de la cobertura en Iguala.

Los periodistas entregaron una carta a la FGR dirigida al titular Alejandro Gertz Manero, y al fiscal Especial de Atención de Delitos Contra la Libertad de Prensa, Ricardo Sánchez del Pozo donde narran los hechos. Describen cómo “inmediatamente que se retiró el taxi, fuimos interceptados por dos personas, pude percatarme que por lo menos uno de ellos portaba una pistola, con la que fuimos amagados. Las personas estaban precisamente en ese punto.

Los asaltantes exigieron que le entregáramos nuestros teléfonos celulares, que nos obligó a desbloquear, posteriormente nos pidió con insistencia los nombres completos y de dónde éramos originarios, a lo que no respondimos.

En días posteriores, hubo intentos de ingresar a nuestras redes sociales y cuentas del teléfono, a pesar de que ya el número había sido dado de baja, y en dichos intentos aparecía una dirección ubicada en el municipio de Temixco, Morelos y otra en Toluca, Estado de México. De estos intentos recibimos notificaciones a nuestros correos electrónicos”.

 

Antecedentes

No es la primera vez que agreden a Bernardo Torres, reportero de diferentes medios, y quien ejerce la profesión desde los últimos ocho años; la primera vez, fue en 2015, también fue víctima de un asalto del que detuvieron a dos supuestos delincuentes. Uno salió en libertad. En esa ocasión recuperó parcialmente su equipo: una computadora y una cámara.

Entrevistado por la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), Torres consideró que ante la impunidad que prevalece en Guerrero, acudieron a la federación. Tanto él como Juan tienen temor de la información que los agresores pudieron haber obtenido de sus teléfonos.

Esta denuncia es, principalmente: “para que quede el antecedente ante las instancias correspondientes por si llega a haber un atentado en contra nuestra”.

Previo al asalto, desde su cuenta de Twitter, Bernardo Torres había hecho comentarios que aludían a Mercedes Calvo, empresaria de Chilpancingo y esposa de Astudillo Flores. El gobernador contestó desde su cuenta persona llamándolo difamador. Acto seguido, funcionarios de Astudillo atacaron a Torres, crearon el hash tag: #Reportorresdifamador. Juan Blanco también había hecho varias notas críticas del gobierno del estado.

Torres, quien fue de los siete periodistas que acudieron desde Chilpancingo a Iguala en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y ha participado en múltiples coberturas riesgosas, en diferentes puntos de Guerrero, recuerda que no es la primera agresión de la que es objeto.

“En enero de 2015 me despojaron de trabajo, equipo de video, el monto de lo robado; la denuncia se interpuso, hubo dos personas detenidas, que finalmente salieron bajo fianza cuando yo ni me enteré. Una de ellas, si me enteré, porque habían pasado dos años y no había reparación del daño, no avanzaba el caso, no asistía a las audiencias, fue muy tardado, que opté por otorgarle el perdón después de dos años del asalto”.

En esa ocasión recuperó su cámara de video y su laptop abolladas. No recuperó sus tarjetas de memoria, con su información, y poco a poco fue recuperando sus tarjetas bancarias e identificaciones. En enero de 2015 perdió su equipo de trabajo, pero también la tranquilidad de trabajar sin contratiempos.

Esta vez, para Torres es muy claro que Astudillo Flores azuzó a sus funcionarios para que lo atacaran y tiene un grado de responsabilidad que debería asumir.

“Yo no tengo pruebas para decir fue el gobernador; sin embargo, creo que cuando hay altercados de ese tipo, y un gobernador se pone a discutir, a pelear con un reportero, siempre da pie a sus funcionarios para que arremetan. Me dijeron misógino, machista, no me identifico con ninguno de esos términos… Parecía campaña en mi contra”, dijo y le pidió hacer un llamado a sus militantes a la cordura, al respeto de la libertad de expresión.

La Fiscalía local de atención a periodistas y activistas, se limitó a enviarle un mensaje vía Twitter de que las puertas estarían abiertas si decidía denunciar.

 

Repercusiones y panorama de libertad de expresión

Para Torres estas dos últimas semanas no han sido sencillas, porque además de que lleva 15 días sin trabajar de manera formal, porque ha tenido que invertir tiempo en trámites administrativos para recuperar sus credenciales y tarjetas, también fue a la FGR a denunciar: tiene que revivir todo lo ocurrido, y permanecer en un estado de incertidumbre.

Lo que más lamenta es que su familia esté preocupada. Que le digan que ya no haga periodismo, que se dedique a otra cosa, cuando su trabajo le gusta y apasiona.

La APEG ha documentado desde 1997 a la fecha 14 comunicadores asesinados, dos más desaparecidos. Cuatro de los asesinados han sido en el periodo de Astudillo Flores: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto, Pamela Montenegro y Gabriel Soriano. Además, existe el caso del compañero Martín Méndez, exiliado a Estados Unidos en enero de 2017.

 

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