Alcozacán y El Jagüey, las dos caras del exterminio indígena

Ambos pueblos, que están llenos de viudas, viudos, huérfanos y madres llorando por todas las muertes acumuladas, son vecinos de un proyecto minero


 

Texto: Marlén Castro

Fotografía: Jesús Rojas

4 de febrero del 2020

 

Chilapa

 

En este pueblo nahua también hay viudas, viudos, huérfanos y madres llorando por sus hijos asesinados. Usualmente, para llegar a El Jagüey se atraviesa un crucero vigilado por hombres armados agazapados en el cerro. Pero este lunes 3 de febrero que fue visitado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, no hay hombres con armas apuntando, sólo campesinos que descansan plácidamente, algunos tirados en el suelo, otros dentro de la caseta de vigilancia.

 

Este es el punto de la carretera a Hueycatenango que los medios han pasado de largo, que dejan atrás con temor, sin tomar fotos de los hombres que vigilan, porque es el sitio en el que desaparecieron varios de los pobladores adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y hallaron sus cadáveres con signos de haber tenido muertes dolorosas: desmembrados, decapitados, calcinados.

 

Es el terreno de la Policía Comunitaria por la Paz y Justicia, identificado con el grupo criminal Los Ardillos, extendido a 27 comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera, también comunidades originarias, también pobres, también abandonadas por el Estado, como las otras 16 en las que tiene presencia la CRAC-PF.

 

Es la zona nahua más grande de la entidad, el centro de Guerrero, la zona circundante del proyecto minero El Violín, de la empresa australiana Pacífico Minerals Ltd, que ya arrancó en Mochitlán, uno de los cinco municipios controlados por Los Ardillos, proyecto que de acuerdo al área concesionada por la Secretaría de Economía, se extenderá a Tixtla, Quechultengo y José Joaquín de Herrera.

 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) indica en su página que en esta zona en conflicto existen dos proyectos mineros, el operado por Pacífico Minerals Ltd y otro registrado a nombre de Jorge Preisser Rivera, titulado Reducción Triana, dentro del municipio de Chilapa: el quinto municipio dominado por Los Ardillos.

 

A los de la CRAC-PF, la defensa de su territorio, les ha costado 26 asesinados y dos desaparecidos sólo en el último año. Crearon la Policía Comunitaria en Rincón de Chautla, en octubre del 2014, para defenderse de las incursiones armadas de Los Ardillos, que venían de Mochitlán y Quecultenango, los que promovieron la creación de la Policía Comunitaria por la Paz y La Justicia.

 

 

 

Este 3 de febrero vino el gobernador Héctor Astudillo Flores a la región a entregar apoyos a las comunidades de la CRAC-PC y de las comunidades de Paz y Justicia. Los principales funcionarios de su gabinete de gobierno lo acompañaron y la presidente del DIF, Mercedes Calvo. Primero visitaron Alcozacán, de donde son los 10 empleados del grupo Sensación Musical, que salieron a trabajar a Tlayelpan y fueron asesinados de regreso, en Mexcalcingo, una de las 27 comunidades de Paz y Justicia, hechos de los que la Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó a Los Ardillos.

 

“Nosotros no los conocemos (a Los Ardillos)”, ataja Cándido Carbajal Hernández, un policía comunitario de Paz y Justicia de Celocotitlán, quien acudió este lunes 3 de febrero a El Jagüey, como todos los policías de este grupo, a donde llegó Astudillo después de estar en Alcozacán.

 

Cándido no porta arma. Ningún policía trae arma a la vista. Ni se sabe si son policías, no tienen algún uniforme que los identifique. Cándido está relajado. Cuando habla sale de su boca un tufillo con olor a cerveza.

 

 

En Alcozacán, todo lo contrario. Los comunitarios de la CRAC-PF, quienes se distinguen de la población en general, por su playera verde militar, nunca dejaron de vigilar, de estar alertas todo el tiempo, con las escopetas pegadas al cuerpo.

 

Mucho antes de que llegara Astudillo, arribó a la zona Gonzalo Molina, el ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, preso durante cinco años, después de enfrentar entonces a las autoridades de ese municipio, a las que se señalaba vínculos con el grupo criminal Los Rojos, ahora ya casi extintos. Aprovechó el dispositivo de seguridad que se diseñó para que Astudillo pudiera llegar hasta El Jagüey sin problema.

 

Aun así, Gonzalo tomó precauciones. Llegó con otros cuatro ex comunitarios de Tixtla con armas de asalto. Casi medio acto de la visita de Astudillo y su gabinete, los guardias de Gonzalo Molina, con sus rifles pegados al cuerpo, vigilaron la cancha techada desde la azotea de la comisaría, hasta que Astudillo pidió a Molina que los retirara. “No te ayudan ni a ti ni a mí”, le dijo.

 

Astudillo y Molina hablaron previo al acto de entrega de apoyos.

 

–Hay que fomentar el respeto entre los pueblos, que dejen de verse como enemigos, porque ya ha habido mucho daño en muchas partes, –pidió Astudillo.

 

–La lucha no es entre los pueblos, es entre la delincuencia, –le hizo ver Molina.

 

–Entonces, hay que evitar que se meta la delincuencia –respondió el

mandatario.

 

El gobierno estatal entregó en Alcozacán apoyos para las viudas y huérfanos que ha dejado el enfrentamiento entre ambos grupos de comunidades. Anunció que ya inició la construcción de las viviendas para las 10 viudas de los empleados del grupo musical; Mercedes Calvo entregó dos máquinas de coser, herramienta para carpintería y dejó dos parteras que atenderán la Unidad de Salud y estarán disponibles las 24 horas del día.

 

Al final, Astudillo dijo en Alcozacán que su interés principal es promover la paz entre los pueblos, “los pueblos no son enemigos, los enemigos son la pobreza y los que están fuera de la ley”. Anticipó que iría a visitar a los pueblos con los que están enfrentados. “Voy a ir a otros pueblos y también se los voy a decir”.

 

Consultado al respecto, Bernardino Sánchez Luna, fundador de la CRAC-PF, indicó que este gesto de Astudillo indica que no va a hacer nada para detener a Los Ardillos. “El gobierno cree que así va a aplacar la región: con apoyos a nosotros y a aquellos”.

En El Jagüey también hay dolientes. Hay huérfanos, viudas y madres con hijos asesinados. Juan Virginio Albino es un viudo con cuatro hijos, tres niñas de nueve, siete y seis años y un niño de dos.

 

Dice que su esposa Lidia Luna Hernández fue asesinada el 19 de diciembre del 2018, en una incursión de la CRAC-PF, a Paraíso de Tepila, quienes llegaron a atacar las casas de tres familias, entre ellas, la suya. Entonces, el pequeño de dos años era un bebé recién nacido. Este lunes, sus niñas se confunden entre unas dos mil personas que vinieron a El Jagüey a ver qué apoyos les va a dar Astudillo y su gabinete. Toda su familia, dice, está refugiada en otra comunidad porque Paraíso de Tepila no es un lugar seguro para ellos.

 

En esa comunidad también murió asesinado Abraham Abarca, quien dejó nueve huérfanos. Su esposa Juana Tapia dice que Abraham era policía comunitario y fue asesinado cuando vigilaba la casa de Juan Virginio Albino.

 

Cándido Carbajal Hernández dice que tienen que vigilar las comunidades para defenderlas de la CRAC-PF, que por eso están en el crucero de Tula y El Jagüey, pero que ellos no tendrían por qué hacer esa tarea, que eso le corresponde al gobierno.

 

La noche anterior a esta visita de Astudillo, la Policía Comunitaria Paz y Justicia nombró a un nuevo coordinador. Severino González se paró frente a Astudillo en el acto celebrado en El Jagüey y le dijo que él estaba al frente de esta policía. Contó que había sido designado por los 27 comisarios de las comunidades adheridas. Contó que han tenido incursiones armadas en sus pueblos y que varios han sido asesinados, no dijo cuántos.

 

La CRAC-PF después del asesinato de los 10 pobladores de Alcozacán y del entrenamiento público de 19 menores cuya noticia se hizo viral y atrajo a medios internacionales, pidieron al gobierno que retire los puestos de vigilancia de los comunitarios de Paz y Justicia en los cruceros de Tula y El Jagüey, porque de ahí desaparecieron varias ciudadanos de sus comunidades.

 

Severino González advirtió a Astudillo: “Aquellos están pidiendo que movamos la comunitaria pero todavía no estamos seguros de que habrá paz, la verdad no nos sentimos muy seguros y vamos a seguir”.

 

La sangre nahua seguirá corriendo. Los procedimientos con los pueblos originarios para arrancarlos de sus tierras son diferentes, la única manera para sacarlos, son muertos. Aquí se están matando entre ellos.

 

El mandatario priísta podrá decir tranquilo que fue a conciliar, a llevar la paz.