Periodista Carlos Quintero denuncia persecución judicial

A quien corresponda:

Mi nombre es Carlos Quintero Juan, tengo 47 años de edad y soy periodista judicial independiente desde hace más de 19 años en el estado de Morelos.

Soy integrante del proyecto colectivo de investigación periodística “El país de las dos mil fosas”, ganador del Premio Nacional de Periodismo Breach-Valdez 2019 y el Premio Gabo 2019 en Iberoamérica.

En el año 2015, fui becario del Diplomado de Periodismo Judicial del programa de “Prensa y Democracia” (PRENDE) que promueve la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Entre las investigaciones que he realizado se encuentra la historia: “Los dos entierros de Oliver” que reveló la inhumación ilegal de 119 cuerpos desconocidos, que realizó la Fiscalía General de Justicia de Morelos, en un panteón irregular en dos fosas del poblado de Tetelcingo en Cuautla, Morelos.

 

ANTECEDENTES

Bajo protesta de decir verdad quiero denunciar, que derivado de mi actividad periodística, soy actualmente víctima de una persecución judicial del Gobierno del Estado de Morelos.

La acción es encabeza por Adriana Pineda Fernández, Fiscal Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, adscrita a la Fiscalía General de Morelos.

Adriana Pineda Fernández promueve una denuncia en mi contra, por el supuesto delito de Uso Indebido de Medios de Comunicación y lo que resulte, misma que no han judicializado.

La denuncia pretende ser presentada en los próximos días por la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

Esa “denuncia” se vincula a la cobertura periodística que he realizado en los últimos meses, sobre el conflicto en las prisiones del estado y los homicidios de 10 personas privadas de su libertad y más de 15 personas heridas.

Desde el pasado 22 de mayo del presente año, he documentado y seguido el conflicto en las prisiones de Morelos, en donde han ocurrido al menos cuatro motines desde el pasado mes de mayo a la fecha.

La información publicada se halla en mi blog: https://elguardianmex.blogspot.com/

Tres personas intoxicadas en el penal de Atlacholoaya (http://bit.ly/2Dx4HLT)

Custodios torturan a persona interna en Atlacholoaya (http://bit.ly/34BVOwD)

Asesinan a persona interna en prisión de Jojutla (http://bit.ly/2rH9Q18)

CES encubre violaciones a DDHH en penales (http://bit.ly/33zsl4X)

Disputan grupos control de autogobierno en penal de Atlacholoaya (http://bit.ly/2L9DqU3)

Implican a Director en homicidio de interno de Atlacholoaya (http://bit.ly/37LXmpP)

Conforman “Comisión” del autogobierno en Atlacholoaya (http://bit.ly/2DxGpBq)

Prevalece crisis en centros penitenciarios: se fuga interno (http://bit.ly/2L9pvgO)

Mientras, en el muro de Facebook: https://www.facebook.com/carlos.quintero.juan, he compartido información proporcionada por familiares de personas privadas de su libertad, agentes custodios, empleados administrativos, servidores públicos (quienes bajo la reserva de su identidad) reportan lo que ocurre en los penales.

Lo anterior porque las autoridades penitenciarias son omisas, no escuchan ni atienden los conflictos que prevalecen en los centros penitenciarios del estado, incluso, de acuerdo con una investigación periodística, se hallan implicadas en actos de corrupción.

El primer reporte lo hice el 29 de octubre de 2019, a las 11:36 horas, cuando informe por vez primera:

“#AlMomento de acuerdo con familiares de personas internas del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, se registra un motín en Atlacholoaya”

Ese día, se buscó una entrevista con el Coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, quien respondió a un reportero a través de mensajes por whatsapp, y dijo que la información era una “MENTIRA”.

Pero horas después, fue desmentido pues el mismo conflicto rebasó su capacidad y una persona privada de la libertad fue asesinada.

Así salió a la luz pública el conflicto y en los siguientes días se suscitaron otros dos motines, hechos que las propias personas internas del penal alertaron antes de que ocurriera y yo replique porque no había, ni hay hasta la fecha, una solución a la problemática.

HECHOS

Ahora, el Gobierno del Estado tergiversa esa información y pretende imputar la comisión de un delito a mi persona, en lugar de investigar a los servidores públicos que tienen una responsabilidad en el conflicto y esclarecer los homicidios de las personas internas.

A través de Adriana Pineda Fernández, pretende iniciar un proceso penal en mi contra, totalmente absurdo. Sin embargo el trasfondo del asunto no es ese, sino inhibir mi derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Se pretende legitimar una investigación para invadir mi esfera íntima y así obtener información personal para manipular y utilizar, en un fututo, para “fabricar” un delito distinto en mi contra y continuar así con una campaña de difamación.

Por ese motivo solicito la intervención de la CNDH, ONU DH, Reporteros sin Fronteras, Comité Internacional de Protección a Periodistas, Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de Protección a Periodistas para que den seguimiento a mi caso.

<