Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Amílcar Juárez
Chilpancingo
Una niña de 14 años de Cochoapa El Grande que sufrió matrimonio forzado fue encarcelada por la policía comunitaria, huyó de su pueblo porque es perseguida por su suegra que le exige la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella.
La menor, a quien le pondremos el nombre de Ema para resguardar su identidad, fue obligada a casarse en julio del 2021 cuando tenía 13 años.
Con el que se casó tenía 16 años.
Fueron el abuelo materno y el tío paterno de Ema los que recibieron los 160 mil pesos de pago por su venta.
En la boda hubo comida, alcohol y baile que los mismos suegros pagaron.
Pero el suplicio de Ema continuó después de su matrimonio forzado ya que sus suegros y esposo se la llevaron a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.
En ese lugar, a pesar de su corta edad, los suegros y su esposo la obligaban a guisarles el desayuno, almuerzo, comida y cena todos los días.
La niña también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero porque se la paga se la daban a su suegra.
«Aquí la suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada», señaló Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En marzo de este 2022 la niña, esposo y suegros regresaron a Cochoapa El Grande. La menor ya tenía más de ocho meses de embarazo.
Fue en ese mismo mes que Ema decidió huir de la casa de sus suegros y refugiarse con su mamá que tiene su vivienda en la colonia San Rafael, ubicada en la misma cabecera del municipio.
En un parto de alto riesgo, la menor de edad parió en el centro de salud de Cochoapa.
Pero la suegra no se quedó contenta con su huida y continuamente la hostigaba para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que había pagado por su «venta».
El 28 de abril pasado, la suegra acompañó al comandante y a cinco integrantes de la policía comunitaria para que la detuvieran en su casa, todavía convaleciente del parto que había tenía un mes antes.
Con el encarcelamiento de Ema y de una de sus hermanas, sus suegros querían presionar a sus familiares para que les regresaran los 160 mil pesos.
Cuando se supo que Ema y su hermana estaban encerradas en la cárcel de Cochoapa, personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudieron y con el apoyo de la Fiscalía lograron la liberación de las dos víctimas, el mismo 28 de abril.
Al comandante y los cinco policías comunitarios se les integró una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las dos menores de edad.
Pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha actuado y ahora los policías comunitarios persiguen a Ema por el robo de un arma cuando fue detenida.
«Eso es absolutamente falso, ella no robó ninguna arma», señaló la abogada Arias Vitinio.
La situación de Ema, su mamá y otros siete familiares, entre hermanos y primos se complicó porque ante el acoso que sufrían por la comunitaria y sus suegros tuvieron que huir de su comunidad en la Montaña Alta, en donde los índices de pobreza y marginación son de los más elevados del país.
Ahora Ema y su familia desplazadas viven en una casa lejos de Cochoapa El Grande.
Son tan graves sus condiciones que a veces no tienen para comer.
Arias Vitinio contó que la mamá de Ema y los demás familiares que vivían en su casa en Cochoapa tenían como modo de manutención económica la venta de atole.
«Se salieron de su comunidad prácticamente sin nada y hasta ahora no vemos el apoyo de las autoridades del gobierno del estado», expresó la abogada.
Mencionó que en un principio la Secretaría de la Mujer apoyó con algunos insumos a la familia, pero eso ha sido insuficiente ya que aparte de comida se requiere el pago de la renta de la casa.
El caso de Ema no ha sido el único que se ha dado a conocer en el 2021 y en lo que va de este 2022.
Por ejemplo, en octubre del 2021, se informó del caso de la niña Nayely de la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, quien escapó de sus tratantes para evitar que la casaran de manera forzada a cambio de la cantidad de 200 mil pesos.
También como en el caso de Ema, Nayely fue detenida por la policía comunitaria para que sus familiares regresaran los 200 mil pesos que recibieron por su venta.
La abogada Arias Vitinio, dijo que a más de ocho meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar la venta de niñas o matrimonios forzados en la Montaña este plan solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios.
«No se va a fondo en el asunto», dijo la abogada.
Se trató de entrevistar a la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, quien contestó la llamada pero dijo que en ese momento era imposible dar una versión porque estaba en una reunión.
«Después le regreso la llamada», fue lo que dijo la funcionaria estatal.
