Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan
26 de septiembre del 2020
Ciudad de México
María Martínez Zeferino quien tiene 2, 190 días sin ver a su hijo Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fue amable, contundente y enérgica con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su exigencia de que se resuelva el caso. “No nos defraude”, le dijo.
A seis años de no saber dónde están sus hijos, hermanos, primos, sobrinos, parejas, los familiares, sobre todo las madres y padres, llegaron a Palacio Nacional con la misma exigencia: la presentación de los estudiantes con vida.
Escucharon el informe con los avances del caso Ayotzinapa, acto organizado y encabezado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Las madres y padres en un sexenio han protestado en Guerrero, en la mayoría de los estados del país; han recorrido universidades hablando del caso, cruzado fronteras, denunciando al gobierno federal de desaparecer y matar estudiantes; han gritado que el Ejército y la policía están involucrados con el crimen organizado.
Están enfermos, cansados, pero aquí con sus caretas y mascarillas por la pandemia de covid–19.
María se dirigió al presidente durante su participación con un agradecimiento y un reclamo.
“Es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más, nosotros queríamos llegar hoy 26 con algo más. ¡Entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada! Sí nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios libres, llevándose información. Nos da coraje que están encerrados, pero no dan la información que tienen”.
Le pidió que así como depositaron su confianza en él: “que no nos defraude, que los mexicanos necesitamos confiar en alguien, necesitamos tener a alguien que nos ayude, porque en lugar de que vengan a proteger a sus mexicanos, vengan a desaparecerlos, a matarlos, y no es posible que los delincuentes sean más fuertes que usted, señor presidente”.
Le recordó que esa noche hubo participación de las instituciones del Estado, de las fuerzas que preservarían la seguridad en un país corrompido por la violencia. En Iguala fueron asesinados tres normalistas: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes; hubo 17 heridos de relevancia, como Aldo Gutiérrez Solano, quien sigue en coma y Edgar Andrés Vargas, quien ha recibido operaciones de reconstrucción facial, tras sus heridas de bala en el rostro.
“Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia. A nosotros no nos interesa eso, hubo militares, hubo policías, operaron el C4, ¿dónde están todas esas pruebas?, ¿dónde quedaron?, y ¿cuándo les van a llegar a los militares?, señor, para nosotros cada día que pasa nos desespera. Llega día y noche y no sabemos nada, llegamos a la casa con las manos vacías. Nosotros estamos teniendo esperanza en usted, porque hemos visto que es diferente”, le dijo portando el rostro impreso de su hijo en su gallardete blanco.
María habló en representación de todo el movimiento de exigencia de verdad y justicia por el caso Ayotzinapa. Los ojos de los padres estaban clavados en ella. La escucharon decirle reiterativamente a López Obrador que no parara de buscar a sus hijos hasta encontrarlos. Las camas y mesas de sus hogares siguen vacías.
Luego le entregó unas prendas hechas por las madres de los 43, “no es un regalo, son mensajes, para que cuando los vea se acuerde, que aún en nuestra casa y cuando llegue a la suya, los vea y diga: nos faltan 43 y miles más”. Nuestros 43 y miles más llevaba bordado las servilletas entregadas a los funcionarios federales, con una tortuga que simboliza Ayotzinapa.
López Obrador la dobló y guardó en su chamarra.
Después de la intervención de María, se escucho estruendoso: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!
Andrés Manuel López Obrador dijo al término del mensaje de María Martínez que el acto es “trascendente y triste” y se comprometió a llegar a la “auténtica verdad” de los hechos.
Reveló que hay órdenes de aprehensión giradas contra militares que participaron la noche del 26 en Iguala y se deben ejecutar las existentes contra ministerios públicos, Tomás Zerón de Lucio, a quien también se persigue por peculado y agentes federales.
Avances del caso
El fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio como el principal artífice de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña.
A cambio, recibió mil millones de pesos por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), los cuales obtuvo de manera fraudulenta.
Sobre los avances de las investigaciones explicó que «se han obtenido legalmente las 70 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 34 por delincuencia organizada y tortura. Se han detenido a altos funcionarios de la PGR, que fueron los principales operadores de esa mentira histórica. Y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra en prisión, sujeto a proceso”.
Recordó los nuevos puntos de búsqueda que han encontrado y los recientes hallazgos, como restos coincidentes con el estudiante Christian Rodríguez y otros que están analizándose en la universidad de Innsbruck.
“El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones y órdenes de aprehensión legalmente obtenidas así lo demuestran; el delito de delincuencia organizada, igualmente, se ha probado plenamente. Los delitos contra la aplicación de justicia, se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados”, precisó.
Antes, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó sobre la detención de Blanca Alicia “N”, ministerio público, a quien acusan de tortura y desaparición forzada, entre otros delitos. Además, de encubrir a Tomás Zerón.
“La verdad histórica ha colapsado”
El subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas dijo que la verdad histórica ha colapsado, que “la única verdad es que no hay verdad”.
Parten de nuevos puntos de partida, incorporaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las hipótesis que no habían sido tomadas en cuenta. “No habrá impunidad”.
Les dijo a las madres y padres que desde marzo han detenido a 34 nuevos autores materiales de la desaparición de sus hijos. Van 80 arrestos, entre los que están integrantes de los grupos delictivos y los agentes federales y del Ministerio Público ya mencionados.
Reveló que los normalistas no estuvieron juntos, como dictaba la narrativa del anterior gobierno y reiterada por el ex procurador Jesús Murillo Karam y su sucesora Arely Gómez. Los normalistas nunca estuvieron juntos.
Las organizaciones defensoras del caso, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez, estuvieron presentes junto a otras que han apoyado el caso.
Vidulfo Rosales Sierra, uno de los abogados, dijo al final que la investigación pasada se dedicó a encubrir a los culpables y desaparecer pruebas. Para sostener la verdad histórica. Estos avances, que no son suficientes, dijo, mantienen viva la esperanza de los padres, pero recordó que ellos han tenido que hacer mucho para ser escuchados.
