Aun cuando fue electa en urnas, la figura de su padre ha pesado sobre las decisiones operativas de su gobierno; encima de la designación de secretarios y sus estrategias de seguridad, política interna y comunicación
El último reporte de Segob indica que en 2021 se registraron 1,357 homicidios dolosos en Guerrero, 77 menos que en 2020, cuando hubo 1,434
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
26 de enero del 2022
Chilpancingo
Evelyn Salgado Pineda cumplió 100 días de mandato bajo la sombra de su padre, Félix Salgado Macedonio.
Nada o casi nada se decide en su gobierno sin la injerencia de su padre.
Era el miércoles 13 de enero, cuando el viejo luchador social Eloy Cisneros Guillén recibió una llamada telefónica. Era Salgado Macedonio para pedirle que se vieran en su casa en la calle Robles, en la colonia Marroquín, en Acapulco.
Cisneros Guillén asistió al encuentro. Salgado Macedonio le contó su plan: solicitaría licencia en el Senado, Saúl López Sollano retomaría la suplencia y él, Cisneros Guillén, se convertiría en el secretario general de Gobierno.
Después, Félix Salgado tomó su celular y le marcó a su hija para contarle su plan. La gobernadora secundó la propuesta.
Por razones de salud, el líder social rechazó la oferta de los Salgado.
El anterior episodio lo contó el propio Cisneros Guillén.
El primer cambio en el gabinete Evelyn Salgado lo provocó Félix Salgado, pero la Secretaría General de Gobierno seguirá bajo su influencia. Ludwig Marcial Reynoso Núñez, subsecretario para Asuntos Políticos, amigo y colaborador de años del senador con licencia, entró al relevo de Saúl López Sollano.
Desde antes y ahora durante el gobierno, Salgado Pineda ha dado el visto bueno a los nombramientos de funcionarios en el gabinete. Durante estos cien días de la administración, nadie detiene su protagonismo.
Félix Salgado no sólo tiene injerencia en el gobierno de su hija sino también en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde impuso como dirigente estatal a su amigo y uno de sus hombres de confianza, Cuauhtémoc Ney Catalán.
Desde que inició su gobierno, el 15 de octubre del 2021, la gobernadora ha mantenido un perfil bajo y la mayoría de las veces aparece de manera pública a través de las transmisiones en las redes sociales.
Inacción ante la violencia
En su toma de protesta, Salgado Pineda prometió enfrentar la violencia e inseguridad atacando las causas que la originan: la pobreza y la desigualdad social.
Cuando apenas se cumplían dos semanas de su gobierno, en los municipios de Huitzuco, Iguala, Chilpancingo y Acapulco se registraron oleadas de violencia. Fenómenos como desaparición forzada, homicidios, extorsiones y feminicidios, se mantienen y se extienden a más municipios.
En Huitzuco, un grupo criminal instauró un toque de queda a la ciudadanía, empresarios, comerciantes y transportistas.
También Acapulco, otra organización criminal arreció la presión a los transportistas para exigir el pago de cuota.
A principios de noviembre ocho trabajadores de camiones urbanos y taxistas fueron asesinados además de cuatro pasajeros heridos en plena costera Miguel Alemán y en otros puntos del puerto.
En Chilpancingo e Iguala, el primero gobernado por la morenista Norma Otilia Hernández y el segundo por el priísta David Gama Pérez, los fenómenos de las violencias arreciaron.
Operativos sin resultados palpables
El 10 de noviembre, Evelyn Salgado y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, pusieron en marcha el operación de seguridad «Refuerzo 2021» con casi 3,000 soldados del Ejército, la Guardia Nacional, marinos y agentes de la Policía Estatal para Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Esta estrategia de seguridad no incluyó Huitzuco aunque después fueron desplegados agentes de las fuerzas federales y estatales cuando incrementaron los hechos de violencia en esta demarcación de la zona Norte del estado.
Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado de Guerrero (Fecanaco), asegura que en Acapulco aumentaron las extorsiones a empresarios y comerciantes por parte de unas 40 bandas de delincuentes que operaban en colonias y barrios de este puerto.
Dice que la Secretaría de Seguridad Pública estatal les informó que en la operación Refuerzo 2021 hay 800 marinos que no pueden movilizarse a toda su capacidad para enfrentar a la delincuencia porque no tienen patrullas.
«Estamos a merced de la delincuencia porque este gobierno no acciona todavía», expresa el dirigente empresarial.
El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en 2021 se registraron 1,357 homicidios dolosos en Guerrero, 77 menos que en 2020, cuando hubo 1,434.
De los 50 municipios de todo el país con mayor incidencia de homicidios, Acapulco, está en el décimo lugar, Chilpancingo en el 40 e Iguala en el 47.
A su llegada al gobierno, Evelyn Salgado heredó del priista Héctor Astudillo Flores el conflicto en las comunidades de Chilapa y José Joaquín Herrera en donde hay una confrontación entre la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), el grupo delictivo Los Ardillos que tiene vínculos con políticos y autoridades de esa zona.
En diciembre, la CRAC-PF y comisarios de pueblos de esta zona denunciaron la desaparición de tres policías comunitarios y, pese a que agentes de fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas, ninguno ha sido localizado.
Lejos de apaciguarse la violencia en esa zona olvidada desde hace décadas por las autoridades, el pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años de edad, fue privada de su libertad por policías municipales cuando estaba en el zócalo de la localidad de Hueycantenango (cabecera del municipio de José Joaquín Herrera), como lo denunció su madre, Rocelia Morales Guerrero.
Al día siguiente, por la noche, fue localizada muerta a balazos en las inmediaciones de la comunidad de Temixco.
Ante la inacción del gobierno de Evelyn Salgado para frenar la violencia, los comisarios de los pueblos y líderes de la CRAC-PF, acordaron realizar una marcha el 24 de febrero en la que participarán niñas y niños armados.
Atención a víctimas, a la deriva
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está acéfala desde que su último comisionado Luis Camacho Mancilla renunció, cuando el Congreso local lo designó magistrado de Justicia Administrativa del Poder Judicial a propuesta del exgobernador, Héctor Astudillo.
En este momento, la CEAV no ha brindado los apoyos a los familiares de personas desaparecidas.
«Hay una inacción de la CEAV, porque ni siquiera nos apoya para realizar las búsquedas de nuestros desaparecidos», afirma el familiar de un desaparecido en Acapulco.
Para este año, el Congreso local le asignó a la CEAV un presupuesto de 12 millones 808 mil pesos, insuficiente para atender a las víctimas.
Una de las acciones del gobierno de Salgado Pineda que ha sido criticada por activistas feministas y organizaciones de derechos humanos es su estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados entre niños o venta de niñas en comunidades de la región de la Montaña.
Los matrimonios entre menores de edad que las autoridades tradicionales de las comunidades los hacen ver como una dote-de usos y costumbres- estalló en los medios después que se supo de tres casos en Cochoapa El Grande, el municipio con el más bajo índice de desarrollo humano en Guerrero y en algún tiempo lo fue del país.
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que estas acciones no han sido concretas ni profundas para frenar estas prácticas.
«Los funcionarios de la Secretaría de la Mujer y DIF estatal deben de ir a los pueblos para presentar una serie de programas, pero además cómo quieren erradicar esas prácticas (los matrimonios forzados) si no hay atención a problemas prioritarios que se necesitan resolver como es la salud, la educación, el empleo, caminos y que haya proyectos para desarrollo en el campo», planteó el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Recibe deudas y desdén del gobierno de AMLO
Cuando el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada informó que el nuevo gobierno había heredado una deuda de 22,932 millones de pesos al ISSSTE, SAT y prestaciones a los trabajadores, confió que para solventar el pago de salarios atrasados, vigentes y aguinaldos a los burócratas recibirían un apoyo económico de 3,500 millones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, ese recurso extraordinario de la Federación nunca llegó y el gobierno estatal tuvo que pedir un crédito bancario de 2,100 millones de pesos para pagar la nómina de sueldos y aguinaldos a los burócratas de noviembre y diciembre.
Por órdenes de Evelyn Salgado, ningún funcionario de primer nivel, incluyendo a la gobernadora, cobró su sueldo de la primera quincena de octubre y el mes de noviembre.
Con la prensa: al viejo estilo
El 20 de diciembre en la sala de la República en Casa Guerrero, la gobernadora atemperó los ánimos de columnistas, reporteros y algunos directores de periódicos impresos y digitales a quienes les prometió que no va a desaparecer el Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP).
Para este año, el FAP tendrá un presupuesto de 5 millones de pesos, de acuerdo a la Ley de Egresos aprobada por el Congreso. Este fondo lo instituyó el extinto ex gobernador, el priista José Francisco Ruiz Massieu, para cooptar a los periodistas y dueños de los medios.
Esa mañana a los 200 periodistas les sirvieron chilaquiles rojos, café, agua de naranja y pan.
Durante su discurso, la gobernadora evocó a su papá cuando fue periodista y dueño del diario Acción en Iguala.
Reporteros de esa época, a finales de los años ochentas, recuerdan a Félix Salgado en las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del estado ubicadas en la planta baja del viejo Palacio de Gobierno haciendo fila para cobrar el dinero de su convenio de publicidad.
Hace menos de una década, cuando era director del diario La Jornada-Guerrero, Félix Salgado estableció como línea editorial: «convenio mata nota», en referencia a que la información crítica de un reportero contra de un funcionario o dependencia, con quien tuviera un convenio no sería publicada.
Ocho días después de que en el desayuno, la gobernadora se comprometió a respetar la libertad de expresión, el director de Comunicación Social, René Posselt Aguirre, ordenó que sacaran a la reportera de El Sur, María Avilés, cuando intentó entrevistar a la gobernadora.
Por órdenes de Possetl Aguirre, un empleado de la Comunicación Social jaloneó y empujó a la periodista en Casa Guerrero durante un acto oficial. Salgado Pineda se percató de la agresión pero prefirió darse la vuelta y seguir su camino por uno de los pasillos de Casa Guerrero.
