El Congreso de Guerrero tiene asignados mil 25 millones de pesos para 2026, una cifra que rebasa por mucho los 611 millones 758 mil pesos que propone la iniciativa. El excedente es de 413 millones 242 mil pesos
Texto: Beatriz García
Foto: Archivo Amapola Periodismo
Chilpancingo
Jueves 9 de abril del 2026
Con los 413 millones 242 mil pesos que el Congreso de Guerrero recortaría a su presupuesto de concretarse el llamado “Plan B” de Reforma Electoral, 588 familias víctimas de la violencia en el estado podrían recibir el apoyo económico para alimentos que otorga la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) durante 10 años.
El 17 de marzo pasado, el Senado de la República recibió esta iniciativa en materia electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “El documento manifiesta el claro compromiso en el cuidado de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan y fortalecer la democracia directa”, se lee en la página oficial del Senado.
Esta iniciativa, según los argumentos presentados, busca “reducir privilegios”, hacer un uso eficiente del gasto y el cuidado de los recursos. La presidenta sugiere que los recursos que son destinados a los congresos locales sean ajustados en relación al presupuesto anual total de cada estado.
Los senadores aprobaron el “Plan B” el 26 de marzo pasado, después fue remitida a la Cámara de Diputados para seguir con el trámite legislativo, donde aún se debate para, finalmente, ser enviada a los congresos locales para que su evaluación y, entonces, entrada en vigor.
El “Plan B” establece un tope presupuestal de 0.7 por ciento para cada Congreso local en relación al presupuesto de su entidad.
En el caso de Guerrero, el presupuesto estatal asignado para este 2026 es de 87 mil 394 millones de pesos.
El Congreso de Guerrero tiene asignados mil 25 millones de pesos para 2026, una cifra que rebasa por mucho los 611 millones 758 mil pesos que propone el esquema del “Plan B”. El excedente es de 413 millones 242 mil pesos.
Considerando que Morena tiene la mayoría en el Congreso de Guerrero –con 27 de las 51 espacios–, como lo tiene en las dos cámaras nacionales, se espera que el Legislativo local se alinee con la iniciativa de la presidenta.
¿Qué pasaría si el excedente fueran apoyos a víctimas?
La presidenta de la República en declaraciones recientes a periodistas expuso que los ahorros de esta reducción de gastos por “Plan B” los destinarían a rubros como de la salud, la educación y los programas de asistencia social.
Qué pasaría, entonces, si estos recursos fueran destinados para las familias de víctimas de los efectos de las diferentes violencias que afectan a la población de Guerrero. Cabe destacar que la entidad ocupa primeros lugares en incidencia delictiva o criminal.
Por ejemplo, en un informe de este año, la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) destacó que dentro de las 50 ciudades más violentas en el mundo están Acapulco, con el lugar 14 y Chilpancingo, con el lugar 37.
La Red Lupa, una articulación de mujeres, personas buscadoras y acompañantes que monitorean la desaparición de personas, en su último registro que contempla de mayo del 2022 a mayo del 2025, ubica a Guerrero como uno de los 16 estados como mayor número de personas desaparecidas, con un total de 4,417 víctimas.
En diversas ocasiones, familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero han protestado y exigido ser incluidos en los apoyos económicos de la CEAV, porque con todos los cambios que les provocan los efectos de las violencias pierden casi todo.
Las víctimas han planteado en esas protestas la urgencia de ser incluidas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). El objetivo es acceder a los apoyos de la CEAV porque en la mayoría de los casos, la persona desaparecida o asesinada era el principal sustento del hogar. A la precariedad económica se suma la lucha constante por la justicia, una labor que les demanda tiempo y les impide mantener un empleo formal.
Guerrero cuenta con la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano, publicada en el Periódico Oficial el 17 de mayo de 2017. Esta legislación tiene como fin reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, asegurando medidas de asistencia, protección, atención y reparación integral.
Pero existen inconsistencias en su aplicación. El pasado 18 de febrero, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa para reformar la ley y reconocer a las “víctimas indirectas”.
El legislador argumentó que la normativa actual limita los derechos de personas afectadas de manera colateral, como hermanos, cuidadores, esposas, madres e hijas, y restringe su acceso a apoyos económicos o atención psicológica.
Considerando las necesidades de Guerrero, con la reducción presupuestaria del Congreso local derivada del “Plan B”, existiría la oportunidad de redirigir esos recursos.
El presupuesto total del Congreso local aprobado para este 2026 equivaldría a 10 años de apoyo alimentario para 123,000 familias, tomando como base los 5,850 pesos mensuales que la CEAV otorga por este concepto.
Es evidente que los congresos locales deben contar con un presupuesto, entonces, si solo se considera el excedente que mantiene con relación al tope que establece el “Plan B”, que es de 413 millones 242 mil pesos, cubre a 588 familias por 10 años cada una.
Otro apoyo que podrían recibir las familias víctimas sería para alojamiento. La CEAV otorga 8,600 pesos mensuales solo durante los primeros seis meses o el año completo. Con los 413 millones 242 mil pesos de excedente cubrirían el apoyo de alojamiento de 4,004 familias durante todos un año a cada una.
En el rubro de gastos funerarios, la CEAV asigna 75,680 pesos por víctima. El excedente presupuestario del Congreso local equivale a 5,460 de estos apoyos.
Resta esperar si en Guerrero aprueban el “Plan B” propuesto por la presidenta Sheinbaum. De aprobarlo, el otro retro es seguir que esos recursos sean destinen a quienes en realidad lo necesiten.
