Marcos Barrios nunca sospechó que haber observado una escena violenta fuera del hospital podría ser motivo de su muerte
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Jesús Rojas
17 de enero del 2020
Chilapa
El sábado 28 de diciembre del 2019, Marcos Barrios, un campesino que se dedicaba a vender mezcal fue testigo del asesinato a balazos de un hombre fuera del Hospital General de Chilapa.
El hospital está ubicado sobre el bulevar Eucaria Apreza, a unas dos cuadras de la fachada que da la bienvenida a la cabecera municipal de Chilapa, y donde desde 2014 hay un retén de militares que recientemente reforzó el gobierno federal con agentes de la Guardia Nacional.
Marcos nunca sospechó que haber observado la escena violenta de ese sábado pudo ser motivo de que lo mataran horas después.
El domingo por la tarde Marcos acudió nuevamente a visitar a su esposa que estaba convaleciente en ese hospital de una cesárea desde el viernes.
Durante esa visita y con el bebé en brazos, Marcos le confió a su esposa que fuera del edificio había unos hombres armados, a quienes nunca había visto, que estaba seguro le querían hacer daño, sin saber el motivo.
Cansado también de recorrer las calles de Chilapa y de algunas comunidades del municipio vendiendo el mezcal que se produce en la fábrica artesanal de su suegro, Marcos se quedaría en el hospital, pero sobre todo por el acoso de los hombres armados.
Una enfermera llegó y le pidió a Marcos que se saliera porque tenía que atender a otros pacientes que la estaban esperando en ese mismo cuarto. “Si usted nada debe, entonces nada debe de temer”, le dijo la enfermera al saber la razón por la que Marcos se hallaba en el cuarto.
Marcos salió del hospital, pero antes se despidió de su esposa a quien le dejó el dinero que llevaba.
En cuanto estuvo fuera los hombres lo abordaron y se lo llevaron por la fuerza. Quienes son testigos de ese momento dijeron que lo subieron a una camioneta.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, informó que ese mismo día de la desaparición de Marcos, los familiares acudieron a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilapa a presentar la denuncia de los hechos.
Pero los servidores públicos de esa área se negaron a integrar la carpeta de investigación porque, justificaron, que los denunciantes no llevaban toda la documentación personal de Marcos.
El activista denunció que la Fiscalía General de Estado (FGE) otra vez no actuó en un momento crucial, porque sus áreas no funcionaron. Los familiares de Marcos, explicó Velázquez Florencio, exigían que la Fiscalía emprendiera una búsqueda para localizarlo con vida. “Eran horas muy importantes para que fuera encontrado con vida, pero la autoridad nunca hizo nada, dejó que pasara el tiempo”, menciona.
Lo que desconoce la familia de Marcos es que la FGE carece de un protocolo de búsqueda para varones mayores de edad, aun cuando las estadísticas de desaparición en Guerrero son hasta históricas.
El lunes 30 por la tarde, a través de las redes sociales de personas de Chilapa, se supo del hallazgo de un cadáver sobre una brecha que comunica a la localidad de Santa Ana, es decir a unos 15 minutos de la cabecera municipal.
El cadáver encontrado en ese lugar por peritos de la FGE era el de Marcos Barrios, de 31 años de edad, de la comunidad de Tenexatlajco.
El reporte forense de la Fiscalía indica que Marcos fue asesinado por asfixia y golpes.
El homicidio de este campesino queda, como en muchos casos que ocurren en Guerrero, en un dato más de la estadística de la Secretaría de Seguridad Pública.
Filiberto Velázquez quien es encargado de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, denunció que hasta la fecha, la Fiscalía sigue sin informar sobre los avances de la investigación del caso de Marcos Barrios.
El activista señala que existen dos hipótesis del secuestro y asesinato de este hombre, una de que se habría negado a pagar alguna cuota a la delincuencia, y la otra es por haber ido testigo accidental del asesinato de un hombre fuera del hospital de Chilapa.
“Estos sujetos se percataron de que Marcos había visto todo y fueron por él al otro día para matarlo”, dice el activista.
También ha sabido que familiares de otros pacientes de ese hospital de Chilapa se quejan porque al lugar llegan personas armadas para sacarles dinero. Todo, expuso, bajo la complacencia de las autoridades estatales y municipales.
El 31 de diciembre, Marcos Barrios fue sepultado en el panteón de su pueblo. Su esposa, aún convaleciente de la operación del parto, encabezó los funerales.
“Fue algo muy doloroso y triste para mí”, señala Velázquez Florencio, quien acompaña a la familia de Marcos en la búsqueda de que las autoridades esclarezcan el caso.
Más sobre el hospital del terror
Desde octubre del 2017 este hospital opera en una clínica particular que, según el ex diputado federal del PRD, Marcos Matías Alonso, es propiedad de la ex alcaldesa priísta de este municipio, Verónica Muñoz Parra, actualmente diputada local.
Ese edificio particular por el que la Secretaría de Salud paga renta después del sismo del 19 de septiembre de ese año, es utilizado también porque el gobierno estatal sigue sin terminar la obra del Hospital General de Especialidades de Chilapa, es decir con cobertura para Chilapa, Zitlala, Atlixtac, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, municipios que en conjunto son conocidos como región Montaña baja.
Esta obra la inició el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero el 21 de junio de 2011, con el compromiso de concluirla al siguiente año. Cuando comenzó su gobierno Héctor Astudillo Flores también hizo un compromiso similar. Hasta enero de 2020 no ha cumplido.
El edificio del hospital regional que está avanzado, pero sin acabar, se encuentra en la colonia Los Magueyes, un camino que lleva hacia la comunidad de Acatlán.
Desde el 2018, los trabajadores del hospital en edifico alquilado han denunciado que la inseguridad les alcanzó más allá del peligro cotidiano de Chilapa, municipio situado en los últimos años en la lista de los cinco más violentos de Guerrero. Han vivido los efectos de la violencia más de cerca, como irrupciones de personas armadas al inmueble para sacar a heridos y después matarlos.
Una enfermera recordó que en abril del 2019 un grupo de hombres armados interceptaron una ambulancia que trasladaba a una mujer herida al Hospital General de Chilpancingo para asesinarla.
La mujer lesionada fue atendida en el hospital de Chilapa, pero necesitaba mayor atención y decidieron su traslado a Chilpancingo. Poco después de tomar camino, los delincuentes sometieron a los paramédicos de la ambulancia de la Cruz Roja de Chilapa y luego mataron a tiros a la mujer.
Este caso fue publicado por varios medios de comunicación en su momento.
La enfermera denunció que además de todas las carencias del hospital, que comienzan por un inmueble pequeño, mal adaptado, la falta de personal, material y medicamentos, los trabajadores y pacientes tienen que sufrir la violencia de primera mano.
Desde ese 2018 que los empleados ubican el acoso de delincuentes directo al hospital, expusieron que el gobierno de Héctor Astudillo sólo envió dos policías estatales para resguardar el edificio.
“Pero de qué sirve, si de todos modos, los sicarios se meten a la hora que ellos quieren a nuestro centro de trabajo”, menciona la enfermera.
