Texto: Margena de la O
Foto: Archivo/ Amapola Periodismo
Chilpancingo
10 de mayo
Aun cuando el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio su primera reacción sobre su desaparición y agresión que lo mantuvo varios días hospitalizado, igual que otras voces de la iglesia católica y de autoridades de Morelos, donde ocurrieron los hechos, sigue sin quedar claro qué pasó durante el tiempo que no se supo de él.
Las versiones de la iglesia y de las autoridades son contradictorias, confusas o poco claras, lo que ha desatado hasta un uso político del caso. Aquí se hará un recuento de las reacciones públicas de ambos lados.
El 29 de abril pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció la desaparición del obispo, pero no sabían de él desde dos días antes, el sábado 27. Minutos después del reporte, la misma CEM informó de su localización en el Hospital General Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos.
La información que se supo en este contexto, porque el Episcopado no ofreció detalles, es que el obispo estaba en Jiutepec, Morelos, donde aparentemente tiene su domicilio. Rangel Mendoza en realidad ya está retirado de sus funciones de la diócesis desde 2022, pero le otorgaron el reconocimiento de obispo emérito, lo que lo mantiene vigente, además de sus opiniones mediáticas sobre el papel de las autoridades ante ciertos hechos criminales. Llegó a Guerrero en 2015 para asumir esas funciones.
Al día siguiente, el 30 de abril, quien era el abogado del obispo, Pedro Martínez Bello, sin que dejara claro los detalles de la privación ilegal de la libertad, fue el primero en exponer de manera pública que a su representado le habían suministrado una sustancia que lo mantenía aturdido.
Después creció la versión, desde diferentes fuentes, que el obispo fue intoxicado.
En ese momento informó también que lo habían sacado del hospital público de Cuernavaca, a donde lo llevaron personas desconocidas, y que lo trasladaron a un clínica privada. En ese momento expuso, y de eso hay más detalles aquí, que una vez que el obispo estuviera en condiciones acudiría a la Fiscalía General del Estado para dar su declaración ministerial.
A los dos días, el 2 de mayo, el abogado informó que dejaba de ser el representante legal del obispo. Ese día fue cuando más información contrastada hubo.
«Es importante informar a la opinión pública respecto de que ya no soy más el abogado del obispo emérito, monseñor Salvador Rangel; esto en virtud de que originalmente me contactan y me piden que les ayude a presentar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia por la desaparición del obispo; así lo hacemos, se da el resultado con la localización de este, y a partir de ahí son los abogados del Episcopado de Morelos, quienes tienen a cargo el asunto”, dijo el abogado, quien además es presidente del Foro Morelense de Abogados, en un clip de video difundido en redes sociales.
Para entonces había un debate mediático entre autoridades de Morelos, debido a que dieron versiones contrariadas de lo que pasó con el obispo, lo que, además, dejaba en evidencia la ruptura que existe en la administración estatal de esa entidad.
Por un lado, el 30 de abril, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, hablaba que había indicios de que el obispo pudo ser víctima de un secuestro exprés, y por el otro, el 2 de mayo, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, lo desestimaba, al informar que, de acuerdo a evidencias que reunieron, durante los días que Rangel Mendoza fue reportado como desaparecido, estuvo en un motel de Cuernavaca, a donde entró acompañado de un hombre, que después salió solo.
“Hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel con una persona; vimos eso (se entiende que en videos). Esa persona después se retiró. Es todo lo que sabemos, fuimos a pedir información pero ya había llegado la Fiscalía”, mencionó en una entrevista con reporteros el funcionario estatal de Morelos.
A la par, ese mismo 2 de mayo, algunos medios locales daban cuenta de las condiciones en las que llegó el obispo al hospital general, basado en un reporte del área de Trabajo Social del nosocomio público.
El medio digital local, Réplica Guerrero, informó con detalle, de lo que contenía ese documento, y de entrada exponía que el obispo fue hallado «‘inconsciente y desnudo’» dentro de una habitación del hotel Real de Octubre, pero sin que explicaran quien lo reportó. En ese documento, que se entiende fue filtrado, también exponen que en el lugar donde le habrían hallado estaban algunos preservativos y píldoras.
Esta versión del documento filtrado coincide con la versión de Ortiz Guarneros, quien no ofreció mayores pruebas que su palabra.
El obispo también salió del hospital público y fue trasladado a una clínica privada ese jueves 2 de mayo.
Rangel Mendoza nombró a otro abogado, Luis Alberto Gasca Cisneros, quien en una entrevista en un medio nacional, la cual fue recuperada por otros medios, dijo que lo último que recordaba el obispo, según le dijo, fue que entró a una tienda de conveniencia a comprar, y ya no supo qué pasó.
El nuevo abogado se quejó del tratamiento que le daban servidores públicos de Morelos al caso. Denunció una revictimización del obispo y que su agresión era usada por las autoridades de manera política.
Pero la información seguía siendo escasa y confusa.
El domingo 5 mayo, durante la homilía en la catedral de Chilapa, el actual obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, habló por primera vez del tema. Después conversó con el periódico El Sur y expuso que el obispo fue golpeado: “En el cuerpo, brazos tiene moretones como que fue torturado y le fueron dadas sustancias muy fuertes que todavía no se puede desintoxicar”, es un párrafo difundido por el diario sobre lo que dijo el obispo.
Pero no ofreció detalles de lo que pasó, lo que sí planteó es que lo ocurrido al obispo emérito fue por su labor. Adelantó en ese momento que Rangel Mendoza estaba dispuesto a declarar.
Con los días transcurridos, otras voces de la iglesia católica se escucharon, porque los primeros días guardaron silencio, con el objetivo de fortalecer la idea de que el caso es usado con un propósito político. El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, expuso que el obispo Rangel vive “persecución política de los poderes fácticos”.
Desde su llegada a Guerrero, en agosto de 2015, Rangel Mendoza propuso una característica manera de pacificar Guerrero: reunirse con los líderes criminales y, de ser necesario, propiciar que hablen entre ellos y acuerden los límites de sus acciones criminales.
Después de todo lo que dijeron otros, el obispo Rangel Mendoza hizo su primera posición pública, y sólo informó que perdonaba a quienes le hicieron daño y que no procedería por la vía penal.
Con todo esta información reunida sobre el caso, que es pública, las preguntas son las mismas de al principio: ¿qué pasó?, ¿de dónde viene la agresión al obispo?, ¿cuáles son los propósitos? Sin que estos interrogantes niegue la agresión en su contra o intente hurgar en su vida privada.
Algunos rasgos del papel social del obispo agredido
Salvador Rangel fue nombrado por el Papa Francisco como el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en 2015, en sustitución del Monseñor Alejo Zavala Castro.
Dentro de sus acciones inmediatas, logró las reuniones con líderes criminales y lo admitió de manera pública; eso lo colocó como un referente nacional de gestor de esos diálogos.
Su función y por las posturas que asumió en ciertos momentos, también le han acarreado serios cuestionamientos, por ejemplo, la vez que dispensó ante la prensa al grupo criminal de Los Ardillos del asesinato de 10 hombres nahuas jóvenes, que eran trabajadores de un grupo musical, originario de Alcozacán, Chilapa. El asesinato ocurrió el 17 de enero de 2020 en un camino rural de la Montaña baja de Guerrero, cuando trasladaban parte del equipo musical.
Rangel Mendoza dijo en ese momento a reporteros que se reunió con gente de Los Ardillos y ellos le negaron que fueran responsables de esas muertes.
La Montaña baja del estado es la zona considerada feudo de ese grupo criminal liderado por los hermanos Ortega Jiménez.
Ha tenido, además, diferencias públicas con servidores públicos de Guerrero por la falta de contundencia en las acciones institucionales. Tuvo diferencias públicas con el ex gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, como con la actual gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda, a quien le cuestionó su falta de experiencia política.
Siguió con sus declaraciones mediáticas y volvió a salir a la escena publica en febrero pasado, después de los acuerdos entre los líderes de dos grupos del crimen organizado, Los Tlacos y Los Ardillos, para una supuesta tregua que pararía los ataques y asesinatos contra conductores del servicio público en Chilpancingo. La concreción de la tregua, que habría ocurrido mediante una llamada telefónica entre los líderes criminales que, en realidad nadie tiene la certeza de que ocurrió, se la atribuyeron personajes de la iglesia católica en Guerrero.
