Texto: Beatriz García
Fotografía: Lenin Mosso / Tlachinollan
5 de octubre del 2021
Chilpancingo
En las cinco jornadas de búsqueda, en dos meses, que ha participado el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, para localizar a su hermano Vicente, se dio cuenta que los responsables de la desaparición de su hermano mantiene de rodillas a los gobiernos municipal, estatal y federal.
Hoy se cumplieron dos meses de la desaparición de Vicente Suástegui en Acapulco. Vicente también es defensor de los recursos naturales y fundador del Cecop y se lo llevaron cuando manejaba su taxi el 5 de agosto pasado.
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan organizó un foro virtual para hablar de la lucha que emprendió la familia de Vicente y que el organismo los acompaña desde el 6 de agosto, cuando se interpuso formalmente la denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición del activista.
Los familiares acusan a los auotodenominados policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la desaparición de Vicente, porque además tienen antecedentes de que irrumpieron en las comunidades agrupadas al Cecop.
Marco Antonio Suástegui Muñoz reprochó los nulos avances en las investigaciones. Dijo que tal parece que no significa nada para la Fiscalía General del Estado (FGE) que tengan dos personas detenidas, además de los testigos que vieron cómo forcejearon y e dispararon a Vicente.
“Yo creo que solamente pasa en Guerrero, no es un hecho aislado, es un hecho debido a las actividades que realiza mi hermano Vicente, que hemos realizado las últimas dos décadas, defendiendo no sólo los recursos naturales, la biodiversidad, el río, el agua, los animales, la selva baja caducifolia allá en los bienes comunales”, expresó el vocero del Cecop.
Vicente es un defensor de los derechos humanos, es un defensor de las campesinas y los campesinos, entonces tiene que aparecer con vida, dijo al exigir a las autoridades la aparición inmediata de su hermano.
A los 10 días de la desaparición de Vicente, los familiares con apoyo de Tlachinollan lograron iniciar las búsquedas por mar y tierra, trabajo que sólo le corresponden a las autoridades. En estas búsquedas participan integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Ministerial.
“Con estas búsquedas nos damos cuenta que tienen de rodillas al gobierno municipal, estatal y federales”, dijo Marco Antonio Suástegui en su participación en el foro.
Comentó que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina le han dicho que no pudieron tocar a “las guardias comunitarias”, que es una orden de “arriba”, entonces, denunció, esto demuestra la complicidad, la impunidad y que las autoridades son parte de los grupos criminales.
En estas búsquedas se ha enterado por voz de la población cómo actúan los grupos criminales cuando desaparecen a una persona: la UPOEG, dijo, desaparece a sus víctimas echándolas vivas a los cocodrilos, los deshacen en tambos con ácido para no dejar huella, los entierran vivos y los arrojan a la laguna de tres palos. Al mismo tiempo, mencionó, hay personas que señalan a los integrantes de la UPOEG como “personas de la maña”.
No me voy a rendir, ni arrollar, mucho menos tengo miedo, porque luchamos con la justicia, la verdad y su lucha es limpia, sentenció Marco Antonio Suástegui.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, mencionó que el patrón de desapariciones y lo que enfrentan las familias, como la de Vicente, es que aun con las denuncias interpuestas la misma familia investiga sobre el modus operandi de los delincuentes arriesgando su vida.
También denunció que en la FGE no reaccionan como institución para proceder contra los perpetradores, aun cuando estén identificadas las personas responsables, por ejemplo, dijo, en el caso de Vicente están ubicadas quiénes se lo llevaron.
Denunció que existe una complicidad entre autoridades y delincuentes. Acapulco e Iguala, dijo, son los dos lugares más peligrosos y donde las autoridades no han intervenido para desmontar la estructura delincuencial que causa muertes.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar habló de las jornadas de búsqueda que hacen los familiares y los defensores en compañía de efectivos policiacos. En total han realizado cinco.
El abogado consideró que estas búsquedas se han hecho de manera tardía, porque comenzaron 10 días después de la desaparición, cuando las autoridades debieron buscar inmediatamente, como los señalan los lineamientos de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.
Estas jornadas de búsquedas han sido complejas por los accesos en campo y porque hay zonas donde hay presencia de integrantes de la UPOEG, por ejemplo, informaron, en El Arenal les impidieron el acceso.
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz, quien da seguimiento al caso, informó sobre la evolución legal.
Dijo que, Juan Carlos Valenzuela, es uno de los detenidos por la desaparición de Vicente, y quien actuó junto con otras cinco personas, él mismo lo declaró. Entre estas personas está el ex policía ministerial, Baltazar Cardona Clavel, y José Eduardo García Ramírez, Pedro Santos Pino, Felipe Sandoval Gasga y José Luis Carrera.
El 15 de septiembre pasado, la Fiscalía libró otras cuatro órdenes de aprehensión, además de las dos que ya había y que se ejecutaron, pero de las cuatro no se ha cumplido con la detención de los implicados en el caso de Vicente.
El abogado dijo que el 10 de agosto presentaron un amparo para que las autoridades agilizaran la búsqueda, y esta está en curso.
Por estos hechos también hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (CDHG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Como Centro de Derechos Humanos exigimos que las órdenes de aprehensión puedan ejecutarse a la brevedad posible para que estas personas puedan darnos datos sobre la ubicación de nuestro compañero”, manifestó el abogado de Tlachinollan.
