Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Después que el Comité Directivo Estatal del PRD anunció que su bancada en el Congreso local buscará un juicio político contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, por reunirse con un presunto líder criminal, las fracciones del PRI y Morena mencionan que no hay recursos legales para proceder contra la edil.
El PRD de Guerrero fijó un posicionamiento en el que aseguró que su fracción parlamentaria buscará que a Hernández Martínez se le inicie un juicio político por reunirse con un presunto líder criminal.
Para el presidente estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, esa reunión es la causa de la violencia en Chilpancingo, por lo que aseguró se buscará un juicio político y que la alcaldesa sea destituida del cargo.
El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que el tema de la alcaldesa de Chilpancingo aún no lo abordan los diputados de su bancada, entonces «no tenemos una postura como grupo parlamentarío porque no nos reunimos, pero seguramente esta semana nos reuniremos».
Sobre la postura del PRD de pedir un juicio político contra la alcaldesa, Apreza Patrón comentó que el Congreso local no tiene facultades para iniciar por su cuenta un procedimiento de este tipo.
«Ningún servidor público sea mujer, sea hombre, de elección popular puede el Congreso intervenir si no hay una denuncia de juicio político o de revocación de mandato, la cual puede venir de cualquier ciudadano, pero mientras no halla eso el Congreso no puede intervenir de oficio», aclaró.
La fracción de Morena en el Congreso local, partido al que pertenece Hernández Martínez, decidió por acuerdo no realizar algún proceso en contra de la alcaldesa de Chilpancingo.
Una fuente de la bancada de Morena confirmó a Amapola, periodismo transgresor que después de una reunión del grupo parlamentario, realizada el viernes pasado, concluyeron que no hay recurso legislativo para separar del cargo a la alcaldesa de Chilpancingo o realizar un juicio político en su contra.
«A lo que sí llegamos como acuerdo es que comparezca el gabinete de seguridad para que expliquen qué está pasando en la capital, por estos últimos hechos de violencia», dijo esta fuente que pidió anonimato.
Después que las imágenes filtradas donde se observa a Hernández Martínez reunida con un hombre al que no se le ve el rostro, vestido de playera negra, gorra y un arma corta fajada en el cinturón, la alcaldesa fue cuestionada por actores políticos, porque presuntamente ese hombre es Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes de Los Ardillos, grupo criminal que opera en la región Centro y Montaña baja.
Esa reunión la confirmó la alcaldesa, pero mencionó que fue un encuentro fortuito y descartó que hiciera algún pacto con delincuentes.
Por esta acción los integrantes del Comité Directivo Estatal del PRD, durante un mitin que realizaron afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo, anunciaron que pedirían a su bancada en el Congreso local que comenzara un juicio político.
La mañana de hoy, durante la inauguración de Perritos felices, el refugio para perros en situación de calle del senador Félix Salgado Macedonio, el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dijo que el Poder Ejecutivo tiene conocimiento que hay investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de 10 alcaldes de Guerrero por presuntos relación con grupos criminales.
Apreza Patrón informó en entrevista que desconoce esos detalles de la FGE, pero comentó «que la fiscal (Sandra Luz Valdovinos Salmerón) envió a la presidenta de la Mesa Directiva una solicitud para que se le proporcionara copia certificada de las constancias de mayoría de una serie de servidores públicos de elección popular».
De acuerdo con el legislador priista, la Mesa Directiva contestará que el Congreso local no es la instancia para solicitar esos documentos, es otra autoridad, en este caso el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro).
Agregó que el Congreso local desconoce si está solicitud es parte una investigación judicial.
