Texto: Amílcar Juárez y Amapola Periodismo
Fotografia: Facebook @cecopguerrero
10 de agosto del 2021
Acapulco
La resistencia de las comunidades contra los megaproyectos por la defensa del territorio y la vida es una constante en Guerrero. Una de estas luchas es la de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que comenzó en el año 2003 en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio Acapulco, contra el proyecto hidroeléctrico que impulsaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dentro del Cecop y su lucha por el resguardo de los bienes comunales han destacado dirigentes por su constancia, como Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del movimiento, y su hermano, Vicente Iván Suástegui Muñoz, a quienes les ha costado la cárcel por delitos que nunca les comprobaron y más.
La Parota es un megaproyecto hidroeléctrico planeado para la zona rural Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos. El Cecop se opuso porque proyecto afectaría el medio ambiente (agua, flora y fauna) y generaría el desplazamiento directo de 25,000 personas y 75,000 de manera indirecta, en su mayoría población indígena, de acuerdo con lo que dejaron asentado los integrantes de este movimiento en el Tribunal Latinoamericano del Agua en el año 2006.
Siguiendo es texto que nos permite conocer el inicio de su movimiento, la situación se agudizó el mismo año de arranque (2003), porque la CFE inició los trabajos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin que la población y los Bienes Comunales estuvieran informados del proyecto, y son contar con permisos de uso de suelo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esto desembocó en daños a la propiedad comunal, violación a los derechos humanos de los habitantes y en daños al medio ambiente (tala de árboles, destrucción de un cerro, perforaciones en el subsuelo, entre otros). De hecho los trabajadores ya tenían levantados sus campamentos.
Los bienes comunales realizaron consulta a las comunidades el 24 de agosto del 2004 para saber su posición sobre el proyecto de La Parota, y la respuesta de mayoría fue contra un proyecto de esas características en sus tierras.
A un así, el 13 de diciembre del mismo año, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el visto bueno para la realización del megaproyecto hidroeléctrico.
La CFE (para estatal del gobierno federal), según la declaración de los integrantes del Cecop, inició una campaña de hostigamiento contra los opositores al proyecto–porque hay quienes sí están a favor –, en un clima de violencia, porque se generaron las condiciones para confrontar a habitantes. Durante 2005 y 2006 se documentaron tres muertes entre simpatizantes y opositores del proyecto, casos que también documentó la prensa.
Los problemas y hostigamiento contra los opositores persistieron aun cuando en el 2012, reunidos en una mesa de trabajo con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ambas partes firmaron la cancelación del proyecto. En ese acto estuvo como testigo el entonces arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.
Pero el proyecto sigue activo, de acuerdo con la declaración de algunos comuneros el año pasado, en el contexto del 17 aniversario de la creación del Cecop.
Desde la fundación del Cecop han estado presos por su movimiento 60 de sus integrantes. Maximino Solís Valerio aún está en el penal de La Cruces de Acapulco; su caso legal sigue estancado.
También en estos 18 años de resistencia del Cecop han asesinado a nueve de sus integrantes, según lo que documentó la prensa del acto de ese 17 aniversario.
Marco Antonio Suástegui, el vocero del movimiento, ha estado encarcelado en cuatro ocasiones. La cuarta y última fue el 7 de enero del 2018, cuando fue detenido en Acapulco con otros 37 integrantes del Cecop y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, informó el periódico El Sur.
La irrupción en la madrugada del 7 de enero del 2018 por un grupo de hombres armados en la comunidad de La Concepción, ubicada en los Bienes Comunales de Cachuatepec, terminó en un enfrentamiento donde murieron ocho personas, cinco integrantes de la Policía Comunitaria de estos pueblos que fue reconocida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y tres del grupo armado.
Por la mañana, una operación policiaca encabezada por policías estatales, ministeriales y federales en la comunidad, dejó otros tres personas muertas, de acuerdo con los registros en la prensa.
Vicente Iván Suástegui también es uno de los 60 integrantes ha estado preso; lo aprehendieron ese 7 de enero del 2018 y estuvo recluido en el penal de Acapulco por más de un año. Hasta el 25 de julio del 209 fue liberado, de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los hermanos han denunciado en diversas ocasiones hostigamiento del gobierno. En estos momentos enfrentan una situación que otras organizaciones sociales que los respaldan aseguran es derivado de su lucha.
Apenas el jueves 5 de agosto pasado, hombres armados se llevaron a Vicente Iván; está desaparecido. Esos hombres le cerraron el paso al taxi que conducía por la colonia Renacimiento de Acapulco, y se lo llevaron de manera violenta, según la narración de testigos a su esposa.
Diversas organizaciones sociales han demandado al Estado la presentación con vida del miembro del Cecop.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero y el dirigente social Gonzalo Molina González denunciaron que estas acciones parecen una estrategia institucional para desarticular la lucha social y hacer a un lado a los activistas que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.
Exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la línea de investigación del caso sea su activismo en defensa de su territorio, “porque esa es la guerra de baja intensidad que el Estado asume contra los defensores de la vida”.
Los megaproyectos en el país representan a su vez una constante lucha de poblaciones en defensa de su territorio.
La FGE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron hoy, a cuatro días de la desaparición del actvista, que emplearon una operación de búsqueda del activista.
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2020 se documentaron 68 asesinatos contra defensores de los derechos humanos y defensores del medio ambiente, según la revista Forbes.
