Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
Consuelo Alonso Cabrera adquirió en 2019 un predio en la Colonia Las Terrazas, el vendedor le dijo que todo estaba en regla y que al ser una colonia en expansión pronto tendrían los servicios básico.
En 2021 intentó escriturar su terreno pero en el Ayuntamiento capitalino le informaron que la solicitud no procedía porque la colonia era irregular y que incluso estaba en litigio.
“Tenemos papeles, compramos con todas las de ley y nadie nos advirtió de nada”, mencionó Consuelo Alonso.
En casos similares están 1,500 familias de cuatro colonias del noreste de Chilpancingo; se trata de Las Terrazas, Cumbres del Pedregal, Nueva Esperanza y Flores Baños.
Estas cuatro colonias del norte de la capital que no están regularizadas sufren desabasto de agua, luz eléctrica y no pueden escriturar desde hace 25 años “por decidía gubernamental”, porque no las han incorporado al Plan de Desarrollo Urbano Municipal.
Es por esa razón que les niegan la obra pública, la red sanitaria, el acceso a luz eléctrica, de acuerdo con Urbano Lucas Santamaría, vocero del Bloque de Colonias del Norponiente de Chilpancingo.
Ante tal situación, los colonos de estás cuatro demarcaciones protestaron el pasado lunes y bloquearon las entradas de Ayuntamiento de Chilpancingo para que las autoridades municipales les den una alternativa.
Dijeron que conforman el Bloque de Colonias Noroeste y Comunidades de Chilpancingo, y acusaron que la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, de no cumplirles con lo que les prometió en campaña, la regularización de las cuatro colonias.
“Desde 25 años por decidía gubernamental no llegan los servicios de agua, energía eléctrica ni obra pública, todo por un desinterés gubernamental que sabemos no comenzó con esta administración pero si tiene la obligación de resolver”, mencionó Lucas Santamaría.
En las zonas más alejadas como la Nueva Esperanza y Las Terrazas se vive una obscuridad total, “aquí en la noche, después de las 7:30 ya no podemos salir porque no tenemos alumbrado público, queda todo oscuro y, pues, nos sentimos inseguros”, mencionó Consuelo.
Tampoco tienen acceso al agua potable. “No solamente es comprar pipas cada quince días o cada mes, además lidiamos que por la lejanía de las colonias, las pipas aumentan sus precios, la pipa pequeña que está entre los 300 y 400 pesos a nosotros nos la cobran a 700, solamente por la distancia, y muchos de los que habitan son de bajos recursos”, dijo Lucas Santamaría en entrevista.
Estás colonias tampoco tienen drenaje, utilizan fosas sépticas, y sólo la calle principal está pavimentada.
Los colonos explicaron que con la regularización de las colonias tendrán acceso a servicios como agua, drenaje, electrificación y obras, “por eso pedimos ser integrados al Plan de Desarrollo Urbano”.
Por la protesta, los colonos fueron atendidos por los integrantes del Cabildo Municipal y funcionarios estatales, pero nunca llegaron a acuerdos significativos.
“Esta lucha va a seguir y no será fácil, en esa reunión nos prometieron que funcionarios municipales y estatales acudirán a las colonias a revisar caso por caso, en un periodo no mayor a un mes, pero es sólo el compromiso, vamos a ver si cumplen”, dijo Lucas Santamaría.
Las 1,500 personas de las cuatro colonias ya mencionadas no son las únicas, está el caso de 179 personas defraudadas en 2018 por la entonces administración del perredista Antonio Gaspar Beltrán, a través del Instituto Municipal de la Vivienda de Chilpancingo (Imvich).
Habitantes de unas 25 colonias de la capital acusaron de fraude a Gaspar Beltrán por pedirles, a través de un programa de vivienda, 20,000 pesos para la construcción de su hogar, pero no les cumplieron. Por los 179 personas defraudadas acumulan 3 millones de pesos que nadie sabe dónde están.
Carlos Villanueva Torres, uno colonos defraudados, contó que él entró al programa porque quería su casa, ya tenía el terreno y consideró una buena oportunidad pagar 20,000 pesos para la construcción de su casa.
“Había planos, nos dieron a elegir de tres planos, todo parecía muy bonito y, sí fue demasiado bueno para ser verdad, se supone que Ayuntamiento pondría la cantidad restante, pero jamás la puso”, contó.
“Nosotros sostenemos que fuimos defraudados por el Imvich, no es posible que se hayan robado nuestro dinero y nadie sepa dónde está, ni esta administración sabe y nos dice que fue un problema generado por anteriores funcionarios y se niegan a darnos una solución”, agregó.
Hace mes y medio los colonos bloquearon por varias horas vialidades del centro de la ciudad, y se retiraron con el compromiso de la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, de convocar a una reunión a las dependencias federales involucradas en el proyecto de vivienda, pero hasta ahora no avanza la petición.
El costo de cada vivienda fue calculado en alrededor de 110,000 pesos, de los cuales los beneficiados aportarían el 30 por ciento y el resto el Ayuntamiento que, finalmente, no cumplió el compromiso, de lo cual responsabilizan al Imvich y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Villanueva Torres recordó que varios colonos demolieron las casas modestas en las que vivían, porque uno de los requisitos fue que el terreno debía estar listo para iniciar la obra.
Muchas de esas personas ahora pagan renta, y reconstruyeron su casa y gastaron más de los 20,000 pesos que aportaron al Ayuntamiento.
Casos como estos se repiten en la ciudad, otro caso es el de la colonia Nuevo Mirador, una zona destinada para las familias afectadas de los huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013.
Este asentamiento, donde viven alrededor de 300 personas, a lo largo de los años ha presentado un sinfín de irregularidades, tanto legales como de infraestructura.
Marcos Briones Vázquez, habitante del Nuevo Mirador, cuenta los problemas a los que se enfrentan al ser un predio irregular, a pesar de que les fue donado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el período del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Las casas comenzaron a mostrar deslizamiento y cuarteaduras, finalmente en 2018 se derrumbó una sección habitacional porque el suelo era muy inestable”, contó Marcos.
Hasta la fecha, casi nueve años después de su llegada al Nuevo Mirador, Marcos y sus vecinos no tienen escrituras y sus casas están en riesgo porque desconocen si existió un estudio previo del suelo para determinar su factibilidad, es decir, si era apto para que levantaran las viviendas en la zona.
Marcos recordó que cuando Sedatu compró el predio, el vendedor no les extendió un recibo de compra-venta, por lo que aún no está regularizado. “Sin regularización no podemos hacer nada, no podemos ni formar un Comité de Desarrollo porque no entramos en el marco legal del Ayuntamiento”.
Al no estar oficialmente registrados como colonia ante el Ayuntamiento capitalino los habitantes del Nuevo Mirador no tienen acceso a nada. La vigilancia de la Policía Municipal no les llega, no tienen agua entubada ni centro de salud.
