Texto: Rocío Gallegos / La Verdad
Fotografía: Alejandro Sánchez / La Verdad. Rey R. Jauregui
23 de julio del 2019
Ciudad Juárez, Chihuahua
La mirada de Ricardo se sostiene hacia el norte mientras de su boca brotan palabras de manera atropellada para contar su historia: huyó de la violencia en Honduras junto con su esposa embarazada; llegó a esta frontera en 12 días; cruzó a Estados Unidos por el Río Bravo; los de la Patrulla Fronteriza los detuvieron, los separaron y al día siguiente a él lo regresaron a territorio mexicano.
“Solo estuve un día allá y me regresaron. Me dieron una fecha en la que debo volver y me dijeron que debo esperar en Ciudad Juárez”, dice.
Su retorno a México ocurrió el 13 de junio. El hombre, de 26 años, dice que escapó de su país el 30 de mayo por las amenazas contra su vida. Ahora debe esperar hasta el 22 de noviembre para acudir a la Corte de Inmigración en El Paso, Texas, para iniciar el proceso de asilo político.
Su compañera corrió otra suerte. A ella las autoridades migratorias la liberaron en Estados Unidos y pudo reunirse con familiares residentes en Houston, narra el hombre desde el exterior de un supermercado en la Felipe Ángeles, donde encontró refugio temporal. La colonia es un asentamiento que en la época de mayor violencia de esta ciudad se convirtió en un laboratorio fallido de la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos intervino en comunidades víctimas de la criminalidad.
Ricardo, que pide omitir sus apellidos por estar en trámite su asilo, es uno de los casi 9 mil extranjeros –la mayoría centroamericanos– que se encuentran en Ciudad Juárez bajo el polémico programa de la administración Trump, llamado “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en inglés), el cual obliga a los migrantes extranjeros a permanecer en México mientras siguen sus procesos en tribunales de Estados Unidos.
Muchos de ellos tienen sus citas hasta el 2020. Como Karla Mirón y su esposo, Wilber Velázquez, originario de El Salvador. Ella fue devuelta luego de permanecer cuatro días en un centro de retención cerca de El Paso, Texas. Tiene una cita hasta el 14 de enero para presentarse ante un juez de inmigración. A su esposo le dieron cita para finales de febrero. “Siento que lo de la cita es un engaño”, dice la mujer.
La pareja salió el 22 de marzo de Ahuachapan, una de las ciudades más importantes de la zona occidental de El Salvador, por las amenazas de muerte de pandilleros. Llegaron el 11 de mayo a Ciudad Juárez, cruzaron a Estados Unidos y fueron retornados.
De este lado de la frontera, personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) les entregó un permiso para permanecer en México por 180 días, que “servirá para que la policía no nos detenga y para que esperáramos aquí la fecha de la cita”. Del trabajo o de dónde vivir, nadie les dijo nada.
“Pregunté si iban a llevarnos a algún albergue y su respuesta fue: ‘no hay lugares’. Solo trasladaban a quien trae niños, a los demás nos dejan a nuestra suerte”, cuenta Karla, quien de tanto insistir por un refugio y de permanecer varias horas en el puente internacional sin pisar Juárez, junto con otras 40 mujeres, logró que los del Grupo Beta le buscaran un lugar en la Casa del Migrante.
Pero la historia de Karla y Ricardo se repite en miles de extranjeros solicitantes de asilo político retornados, que huyeron de sus países por la violencia y que fueron atraídos por historias de que la gente estaba pasando a Estados Unidos para salvar sus vidas.
“A veces se las pintan a uno de otra forma allá y uno viene con esa esperanza”, dice Karla luego de sostener por minutos su cabeza sobre sus manos entrelazadas.
Nunca imaginaron que deberían hacer antesala en otro país, en una ciudad conocida en el mundo por sus niveles de violencia y donde muchos han tenido que dormir en la calle hasta que encuentran refugio temporal, en espera de su turno en la corte estadunidense.
“No es una espera fácil”, advierte Rocío Meléndez Domínguez, abogada de Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhía), organización promigrante que ha advertido sobre el peligro de la política migratoria de Donald Trump para los solicitantes de asilo.
“Al ser retornadas, las personas quedan con un alto grado de vulnerabilidad porque aquí no tiene redes de apoyo, familiares, amigos, y ha habido, en los casos que hemos atendido, muchos problemas de víctimas de delito grave, como secuestro y violación”, dice la defensora.
“Son personas que regresan del otro lado con estado emocional critico porque allá estuvieron varios días encerrados en condiciones inhumanas, frustrados porque no los dejaron exponer su situación y también confundidos porque no sabían que iban a regresar a México”.
La frontera amurallada
Juárez una ciudad fronteriza que colinda con los estados de Texas y Nuevo México. Por su ubicación, ha sido ruta del tráfico de migrantes que se dirigen hacia el norte, desafiando las condiciones del desierto, su cruce por el Bravo y la violencia de los cárteles. También es polo de atracción de la actividad maquiladora desde hace 50 años —aunque se han registrado repuntes y descensos en períodos determinados— lo que impulsó un crecimiento desordenado, principalmente hacia el suroriente.
Aquí habitan más de un millón 400 mil habitantes, de los cuales casi un 40 por ciento son personas no nacidas aquí, sino migrantes que llegaron de otros estados y de otros países. En la última década, a partir de lo que se llamó la “guerra contra las drogas”, fueron asesinadas aquí más de 13 mil 500 personas.
La frontera amurallada es una realidad desde más de dos décadas. Sobre un paisaje arenoso y a pocos metros de que inicie los caseríos por el norponiente, se extiende una valla metálica que, ubicada entre Anapra y Sunland Park, divide a México de Estados Unidos. Es el muro, que lejos de ser la propuesta del presidente Donald Trump, es una realidad en Ciudad Juárez. La barrera se colocó ahí en septiembre de 1995. Era una malla ciclónica que desde mediados del 2016 fue sustituida por una valla metálica pegada por el bordo del Río Bravo.
La barda dividió a una comunidad binacional, porque cuando México cedió su territorio a Estados Unidos las familias quedaron en los dos países. Por eso Juárez es la frontera más porosa del norte del país. Comparte seis cruces internacionales, de los cuales cinco son puente, sólo uno es un paso terrestre.
Atrapados entre dos países
Frente al juez de inmigración en la Corte de El Paso, Texas suplicó que la dejarán quedarse en ese país; sin embargo, ella y a sus tres hijos, con los que abandonó Guatemala, fueron regresados a Ciudad Juárez.
“Le pedí al juez que me ayudara, necesito cruzar no por un sueño, sino por la vida de mis hijos”, cuenta la mujer que permanece en la Casa del Migrante y desde este lado de la frontera enfrenta su proceso en tribunales estadunidenses. Llora al narrar que tuvo que salir de su país por violencia familiar y amenazas de muerte lanzadas por su esposo.
Ella llegó el 3 de marzo y aunque le decían que corriera y cruzara por el río Bravo, se negó.
Caminó junto con sus hijos —una niña y dos niños—, hasta un puente, ahí pasó hasta la mitad, donde “unos oficiales gringos” les dijeron que se regresaran al lado mexicano, que acá les iban a dar un número con su turno para cruzar. Les asignaron el 7 mil 923, el 7 mil 924, 7 mil 925 y 7 mil 926.
Ahora se alista para su segunda cita ante la Corte de Estados Unidos, programada para el 24 de agosto.
Pero el futuro de esta madre guatemalteca es incierto, advierte Carlos Spector, abogado estadunidense que atiende asuntos migratorios en El Paso, Texas.
Como el de más de 20 mil 800 migrantes de 11 nacionalidades que esperan en México respuesta a su solicitud de asilo hecha ante el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo la cancillería mexicana. El 50 por ciento de ellos está en Baja California, donde se puso en marcha, desde febrero, el Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en inglés). Luego se extendió a Ciudad Juárez, en mayo, y ahora en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.
Los inmigrantes enfrentan un sistema judicial cambiante que pone a prueba su esperanza. Spector explica que el gobierno de Trump modificó y complicó el proceso: primero eliminó a las víctimas de la violencia, a los perseguidos por la delincuencia, o por la criminalidad de cárteles o pandilleros, de la lista de personas que pueden calificar para el asilo político. Ahora, ordenó prohibir el asilo para los migrantes que pasen por México u otro país antes de llegar a Estado Unidos.
También restringió las opciones establecidas en la ley con ordenanzas a jueces o tribunales, redefinió las calificaciones para otorgar asilo, y excluyó a los grupos más vulnerables en México y Centroamérica.
Con esas condiciones es más difícil ganar el asilo. Después de la primera audiencia, el proceso se puede llevar hasta 12 meses o más y al final de cuentas, es probable que sean rechazados debido a que huir de la violencia ya no es un argumento válido por los cambios ordenados por el gobierno del Trump. Además, explica el abogado, “son como 4 audiencias o más ante un juez de inmigración y cada vez que vienen tiene que ser retornados a México. Allá deben esperar”.
Los migrantes cruzan y se enfrentan con un proceso legal confuso, en un idioma que no hablan, sin conocer sus derechos y sin quién los defienda. ¿Cómo conseguir un abogado en Estados Unidos?
“Muchos piensan que se pueden resolver su solicitud de asilo en la primera audiencia y no es así” explica Rocío Meléndez, la abogada de Dhía, que desde octubre no se da abasto para atender a migrantes que llegan en busca de ayuda, un abogado y traductores voluntarios para llenar formulario que deben presentar en inglés ante los tribunales.
La organización juarense ha establecido lazos con grupos de derechos humanos en Estados Unidos, como con Americas Immigrant Advocacy Center, para preparar a los migrantes en sus procesos ante los jueces.
La abogada asegura que hay organizaciones probono en Estados Unidos que ayudan a sus contrapartes mexicanas con listados de defensores y aunque sus servicios tienen costos simbólicos (de mil 500 a 3 mil dólares por persona y por audiencia) son montos que la mayoría no puede costear, mucho menos si se trata de familias. Pero los abogados privados cuestan más.
Hay migrantes que nunca logran contactar un abogado, por lo que ante el juez desisten de su solicitud de asilo y piden su regreso a su país. Eso ocurrió con una mujer y sus hijos de 9 años y de 11 meses, que entraron a Estados Unidos por El Paso el 25 de marzo, según documentos judiciales. Ellos fueron enviados a Ciudad Juárez entre las primeras personas retornadas a México bajo el programa MPP.
La familia compareció inicialmente en la Corte el 17 de abril y sus casos continuaron hasta la segunda semana de mayo, para darles la oportunidad de encontrar un abogado. Sin embargo, ante el tribunal de inmigración la madre dijo que no pudo conseguirlo y rechazó la oferta del juez de tener dos semanas más para seguir buscando. “Quiero volver a mi país”, le dijo al juez. Al final de la audiencia se emitió una orden de expulsión que resultó en la deportación de la familia a Guatemala.
“Uno les explica a los solicitantes de asilo: ‘vas a tener que hacer esto, vas a tardar un año o más después de tu primera cita y al fin de cuentas te van a rechazar’. Entonces ellos responden: ‘ni modo, voy a tratar’”, dice Spector, quien asegura que los migrantes desconfían de sus explicaciones y se niegan a escuchar que al final del proceso enfrentarán la deportación. Incluso, cree que algunos los consideran como “abogados de la migra”.
“Debemos hablarles con la verdad, advertirle lo que van a pasar. Uno les dice sus opciones: ‘te regresas a tu país o vas a México y pides asilo allá o esperas un año más en este trauma que vives, entre dos países, y al final enfrentarás la deportación’. ¡Es una tragedia!”, afirma Spector.
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Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie Página y La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Ciudad Juárez ha sido una ruta de migrantes hacia el norte desde hace muchos años, pero ahora está convertida en una sala de espera de Estados Unidos. Desde octubre pasado han llegado más de 17 mil migrantes que esperan su turno para cruzar. A ellos se suman los retornados, porque Juárez y Tijuana fueron las primeras ciudades donde se aplicó el programa de retorno a solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluso antes de que Donald Trump lanzara su amenaza arancelaria.
