Texto: Jesús Guerrero
Foto: Marlén Castro/Facebook Ángel Aguirre
Viernes 20 de septiembre de 2024
Chilpancingo
Uno de los personajes clave en el entramado del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, que este 26 de septiembre cumple 10 años, es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quién cuando se dieron los hechos de Iguala, gobernaba Guerrero.
Aunque a él no se le puede imputar ninguna responsabilidad directa en los hechos de la infausta noche, se le acusa de negligencia, omisión y probablemente encubrimiento, ya que a pesar de que seguramente tuvo conocimiento de lo que ocurría en Iguala con los estudiantes, es conocida su negligencia para atender este tipo de emergencias.
En 13 de septiembre de 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel devastaron Acapulco y Chilpancingo, entre otras muchas localidades de Guerrero, el exmandatario se encontraba de fiesta en la residencia oficial Casa Guerrero con la élite política local; principalmente, los exgobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, y no atendió la emergencia.
La reunión, que incluía cena y tragos, con el pretexto del aniversario de la lectura de los Sentimientos de la Nación en 1813, por parte del héroe de la Independencia de México José María Morelos y Pavón, en la catedral de Santa María de la Asunción de Chilpancingo.
La historia política de Ángel Aguirre, que empezó a extinguirse a partir del caso Ayotzinapa, está plagada de sucesos que lo retratan con un político de talante autoritario, déspota y caciquil.
En marzo de 1996, tras la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, negoció su salida del cargo con el entonces presidente Ernesto Zedillo, su compadre, e impuso como sucesor a Ángel Aguirre Rivero, en esos días dirigente estatal del PRI, con lo cual, el costachiquense empezó a consolidar su cacicazgo en Guerrero.
Ahora, 29 años después, su buena estrella está a punto de apagarse tras diez años de desgaste político por el caso de los normalistas desaparecidos en su periodo de gobierno.
Ángel Aguirre no quita el dedo del renglón de regresar a la política. A principios de septiembre celebró la primera asamblea de su corriente Izquierda Progresista, separada del PRD, a la que están integrados pequeños partidos políticos de Guerrero.Para entonces, Ángel Aguirre ya tenía largo trecho recorrido en la política, pero pareciera que el estilo déspota de gobernar lo aprendió de su predecesor, en los tres años que éste gobernó la entidad, y que resultó letal para los líderes de organizaciones sociales, a muchos de los cuales se les persiguió, encarceló, desapareció y, algunos, se les asesinó.
La irrupción de la guerrilla del EPR fue el pretexto del que se valió Aguirre para reprimir a activistas sociales. El hecho que más marcó al gobierno de Aguirre fue la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1997, en la que se cuentan 11 personas asesinadas y cinco heridas por el Ejército mexicano.
En noviembre de 1996, cuando Aguirre apenas había cumplido ocho meses en el cargo fue desaparecido el profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, quien era integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular y del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), esta última, ligada por el gobierno a la guerrilla.
Hasta la fecha, el maestro Gregorio Alfonso Alvarado sigue desaparecido.
En 1996, en una acción radical que enfureció a Aguirre, el FAC-MLN sitió el ahora viejo Palacio de Gobierno y apedreó la camioneta blindada en la que huía el mandatario por la puerta trasera del edificio.
Una decena de líderes de esta organización, entre ellos, Bertoldo Martínez, Pedro Nava, Lino López, Alfredo Barragán y Omar Garibay, fueron detenidos, torturados y encarcelados. Años más tarde los cuatro recobraron su libertad. Bertoldo, Pedro, Lino y Alfredo fallecieron al paso del tiempo por enfermedad.
Otro de los activistas que fue perseguido por los gobiernos de Rubén Figueroa y de ÁngelAguirre fue Ranferi Hernández Acevedo, quien logró que el gobierno de Francia le diera asilo por motivos políticos. Después de 2000, Ranferi Hernández regresó a Guerrero; y en 2019, fue asesinado a balazos junto con su esposa, sus suegros y un primo, y sus cadáveres, quemados en Chilapa por miembros del crimen organizado.
Originario de Ometepec, región Costa Chica, Aguirre Rivero inició su carrera política muy joven en el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, cuando la hegemonía del PRI estaba en su punto máximo, y la oposición en Guerrero empezaba a despuntar con el Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
En diciembre de 1984, cuando Ángel Aguirre era uno de los principales funcionarios del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, las policías motorizada y judicial desalojaron a balazos a estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG -ahora, bajo el rectorado de Javier Saldaña Alamazán, UAGro-) de las instalaciones de la central de autobuses de la Flecha Roja donde se encontraban en apoyo al paro de labores de los trabajadores de esa empresa de la que uno de los principales dueños era el exgobernador Rubén Figueroa Figueroa. En ese desalojo, hubo decenas de heridos y desaparecidos.
Universitarios de aquella época aseguran que Alejandro Cervantes ordenó el desalojo para congraciarse con el viejo cacique ya fallecido Rubén Figueroa Figueroa, padre del también exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
El acercamiento de Alejandro Cervantes con la oposición y el reconocimiento del triunfo electoral del PSUM en el municipio de Alcozauca provocaron que Figueroa Figueroa tildara a su sucesor en el gobierno de «mano blanda» y «tibio».
Las diferencias entre Figueroa y el grupo político cervantista, al que pertenecía Ángel Aguirre, eran evidentes.
En 1986, cuando fungía como secretario general de Gobierno en el sexenio de Cervantes Delgado, Ángel Aguirre recibió una caja envuelta de regalo que contenía dos granadas de fragmentación. Aguirre envió el envoltorio a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública que estaban en el sótano 2 del llamado Palacio de Gobierno.
Policías inexpertos en explosivos abrieron la caja y al manipular una de las granadas ésta explotó; varios agentes resultaron heridos y, posteriormente, uno de ellos falleció.
El fotorreportero Rogelio Memije del Moral recuerda que él fue el primero que llegó al lugar de los hechos para tomar sus gráficas después de la explosión. «No se sabe si fue un atentado (contra Ángel Aguirre), pero lo que supe es que en ese regalo iba una tarjetita; y nunca supimos que decía el mensaje», recuerda el periodista.
En 1996, pese a que Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre eran de distintos grupos políticos, hicieron un pacto para el relevo en el poder.
Figueroa Alcocer le impuso a Ángel Aguirre a Fermín Alvarado Arroyo como secretario general de Gobierno y al exguerrillero y ex diputado local del desaparecido Partido Popular Socialista (PPS) Heriberto Noriega Cantú en Desarrollo Social.
Noriega Cantú y otros guerrilleros fueron excarcelados en la década de los setenta del siglo pasado, al ser beneficiados con la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
Pero a Fermín Alvarado, poco le duró el gusto de despachar como secretario general de Gobierno, ya que en 1997, Aguirre lo destituyó del cargo. El propio Aguirre le comunicó la decisión al figueroista en medio de un desayuno al que lo invitó una mañana en la residencia oficial Casa Guerrero.
Las diferencias entre Figueroa Alcocer y Aguirre Rivero salieron a relucir de nueva cuenta durante la elección interna del candidato a la gubernatura en 1998. Aguirre promovió, con el aparato de su gobierno, la precandidatura de su primo Manuel Añorve Baños, entonces presidente municipal de Acapulco; Figueroa apoyó a René Juárez Cisneros, quien a la postre ganó la elección interna del PRI, proceso en el que hubo dos trifulcas a golpes entre aguirristas y figueroistas.
En 2010, Ángel Aguirre renunció al PRI al no obtener la candidatura de este partido a gobernador, y consiguió la nominación del PRD, pese a que al interior de este partido había grupos de la vieja izquierda que se oponían a su candidatura, entre ellos el ex preso político Eloy Cisneros Guillén. El gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo fue otro de los que se molestó por designación de Aguirre.
Zeferino Torreblanca calificó de «heces» (fecales) a los dirigentes del sol azteca de ese tiempo: Sebastián de la Rosa Peláez, en lo local, y Jesús Zambrano, en la dirigencia nacional.
Ángel Aguirre ganó la gubernatura en la elección constitucional a su primo Manuel Añorve Baños; y en su primer año de gobierno, en el 2011, empezaron las violaciones de los derechos humanos en la entidad.
El 7 de diciembre de 2011, los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista fueron detenidos por hombres armados cuando viajaban en un autobús en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco. Hasta el momento los dos ambientalistas siguen desaparecidos.
El 12 de diciembre de 2011, normalistas de Ayotzinapa que pedían una audiencia con funcionarios del gobierno de Aguirre para plantearle sus demandas de mejoras materiales de la escuela y aumento de becas alimenticias cerraron la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco a la altura del Parador del Marqués.
Agentes de la hoy desaparecida Policía Federal, la Policía Judicial y la Policía Estatal desalojaron a balazos a los estudiantes.
Jorge Alexis Herrera y Gabriel de Jesús Echeverría, ambos de segundo año en la escuela normal, fueron asesinados a tiros durante el desalojo. El caso contra Aguirre llegó al Senado de la República, donde se solicitó su renuncia, pero nunca se le dio entrada a la petición.
En 2022, una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, que el caso de los dos normalistas asesinados está en investigación, aunque no se informó en qué fecha emitirán una recomendación al Estado mexicano.
En 2012, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, promotor ante el Senado de la República de juicio político contra Ángel Aguirre por el caso de los normalistas Gabriel de Jesús y Jorge Herrera Pino, se refugió en el extranjero durante unos meses tras recibir amenazas. El abogado activista regresó a Guerrero luego de que organizaciones sociales enviaron una carta al gobernador Ángel Aguirre, en la que le pidieron que su gobierno le garantizara su seguridad.
Pero la persecución contra los activistas no paró. En noviembre de 2012, la ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana, de 17 años, fueron asesinados a balazos en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. Juventina formaba parte de familias desplazadas por la violencia en la sierra de esa zona de Tierra Caliente.
En mayo de 2013, 25 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por policías estatales en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a la altura de entronque de Casa Verde. Los agentes estatales persiguieron por los cerros a los estudiantes que realizaban un boteo en la vía. Los jóvenes fueron puestos en libertad tras la protestas que realizaron organizaciones sociales.
Otro hecho de violencia que marcó al gobierno de Ángel Aguirre, previo a los meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, fue el secuestro y asesinato de los líderes de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román.
Uno de los sobrevivientes de ese hecho, denunció que fue el entonces alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, quien se presentó al lugar donde los tenían secuestrados y fue el que disparó contra Arturo Hernández.
José Luis Abarca, preso por delincuencia organizada y la desaparición forzada de los 43, recibió el aval de Ángel Aguirre para que el PRD lo designara candidato a la presidencia municipal de Iguala en las elecciones de 2012.
El caso que cimbró al gobierno de Ángel Aguirre y que lo obligó a renunciar al cargo fue lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando policías municipales y la organización criminal Guerreros Unidos asesinaron a balazos a tres normalistas de Ayotzinapa y desaparecieron a otros 43.
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y de Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa informó que en estos hechos de Iguala participaron policías municipales, policías estatales, la Policía Federal y el Ejército.
El mismo informe también responsabiliza al exgobernador Ángel Aguirre, al exprocurador de justicia Iñaky Blanco Cabrera, al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Pérez. Este último fue detenido en el estado de Nayarit en agosto de 2022 y se encuentra sujeto a proceso judicial.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43, lamentó que desafortunadamente no le han dado seguimiento a su demanda de que se investigue a Ángel Aguirre por los hechos de Iguala.
«El informe de la Comisión de la Verdad dice que él (Ángel Aguirre) y otros funcionarios de su gobierno tuvieron responsabilidad en ser omisos, porque ellos sabían qué es lo que estaba pasando con los jóvenes en Iguala y no pudieron evitar su desaparición y el asesinato de otros tres además de otras dos personas», refirió.
Ángel Aguirre con integrantes de la coalición Unidos por Guerrero, formada por partidos políticos de reciente creación como Partido México Avanza, Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Partido Bienestar Guerrero y Partido Laborista.El director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró el Ejército y todas las autoridades civiles deben de pagar por lo que ocurrió en Iguala hace 10 años. «Ya basta de que la impunidad siga permeando en Guerrero, y caciques como los Figueroa y Aguirre sigan tan campantes», exigió.
Eloy Cisneros Guillén, viejo militante de la izquierda y fundador del PRD en Guerrero, al que renunció hace más de una década, estableció que pese a que Ángel Aguirre y él son paisanos y se conocen desde la infancia, en Ometepec, siempre han tenido marcadas diferencias políticas. «Él es un cacique, y yo, pues, soy de la izquierda. Así es que somos radicalmente opuestos, sostuvo el ex diputado local y ex dirigente estatal del PRD que renunció a este partido cuando Ángel Aguirre fue postulado como candidato a gobernador en 2010.
«En Guerrero nada ha cambiado. Desde hace décadas, hemos estado gobernados por caciques: los Figueroa, Aguirre y, ahora con Morena, (con Evelyn Salgado) no vemos ningún cambio”, criticó el profesor Eloy Cisneros, quien recuerda que en los ochenta del siglo pasado estuvo preso y Ángel Aguirre lo visitó en la cárcel. Eloy Cisneros dice que los asesinatos de los dos normalistas en la Autopista del Sol (Gabriel de Jesús Echeverría y Jorge Herrera Pino) y la desaparición de los 43 en Iguala es algo oprobioso sucedido en Guerrero.
“Si Ángel Aguirre es culpable, no lo sé, pero sí se le debe de investigar. Y creo que hasta el momento no lo han hecho», fustigó Eloy Cisneros.
Languidece poder de Aguirre
En el año 2014, luego de los hechos de Iguala, Ángel Aguirre renunció al cargo y a su militancia en el PRD, pero en 2018 regresó a la vida partidista e intentó ser candidato a diputado federal por el distrito 08, de la Costa Chica, intentona que se frustró por las protestas del caso Ayotzinapa.
Bajo el cobijo de la corriente política que él mismo fundó, llamada Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), Ángel Aguirre se alió con personajes del cascarón que queda del PRD.
Este año, que el PRD perdió su registro nacional por no haber conseguido cuando menos el 3 por ciento de la votación requerida en la elección federal, Ángel Aguirre y corriente IPG emigraron de este partido, que aún conserva su registro estatal.
Pero ahora parece que la buena estrella de Ángel Aguirre se está apagando.
Murales por los 43 en las paredes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
