Texto y fotografía: Amapola Periodismo
Chilpancingo
22 de octubre del 2023
La fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ordenó que el personal administrativo que labora en las agencias del Ministerio Público de Arcelia, San Miguel Totolapan y la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán suspendan actividades por la situación de violencia que se vive en esa zona.
«Con motivo de la situación de riesgo que prevalece en esa jurisdicción de Tierra Caliente y para no poner en riesgo su integridad física, le agradeceré a usted comunicar al personal administrativo que a partir del 21 de octubre y hasta nueva orden, se suspenden las actividades, debiendo para tal efecto comunicar al referido personal que permanezca comunicado con su respectivo jefe», dice el documento de la FGE firmado por el vice fiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez.
Esta decisión es después de que integrantes del grupo del crimen organizado La Familia Michoacana ha enfocado sus ataques contra funcionarios de la FGE de esa región.
El pasado 22 de agosto, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del MP de Coyuca de Catalán y se llevó por la fuerza a la titular de esta representación social, Patricia Jaqueline Salgado González, a quien tuvieron secuestrada durante 31 horas.
La agente del MP denunció que la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, se niega dar la orden para que le den medidas de seguridad. Señaló que sus captores, a quienes nunca les vio la cara, la mantuvieron vendada y esposada.
La noche del 10 de septiembre, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadra cumplía su primer día como fiscal regional en Coyuca de Catalán cuando fue interceptado por varios individuos armados, quienes lo asesinaron a balazos y su cadáver lo tiraron en las afueras de la comunidad de Jaripo.
El 23 de mayo, el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, al frente de medio centenar de personas tomó las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, ubicada en esta cabecera municipal, para exigir la liberación de un grupo de campesinos que fueron detenidos por robo de vehículos.
La FGE le integró una carpeta de investigación al edil perredista por delitos de obstrucción a la justicia, daños y privación de la libertad en agravio de nueve trabajadores que laboran en el MP.
«El alcalde realizó actos de vandalismo como pintas, golpes, ponchadura de llantas, daño al circuito cerrado de televisión y corte de suministro de energía eléctrica», acusó la FGE a través de un comunicado.
El pasado 20 de septiembre, habitantes de Arcelia, utilizaron maquinaria pesada para destruir las instalaciones del MP en protesta porque una patrulla militar atropelló a un joven que murió posteriormente en una clínica particular de Ciudad Altamirano.
Previa a la destrucción de las oficinas del MP, los ciudadanos retuvieron en las calles de Arcelia a un grupo de militares quienes, con balazos al aire, ahuyentaron a los manifestantes.
De acuerdo con la versión de las autoridades, el joven que murió después de haber sido atropellado por la patrulla militar, en el municipio de Tlachapa, llevaba entre sus ropas una bolsa de hierba verde, presuntamente marihuana.
En abril de este 2023, alcaldes y alcaldesas de siete municipios y dos diputados locales de la Tierra Caliente encabezaron a cientos de personas en un bloqueo de la carretera federal en esta región para exigir la renuncia de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La protesta de los ediles y diputados fue después que personal de la FGE, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron 13 vehículos con reporte de robo resguardados en una bodega que es propiedad de familiares cercanos de los líderes de la FM, en Ciudad Altamirano.
La FGE integró una carpeta de investigación contra los alcaldes, alcaldesas y diputados locales por diversos delitos.
Agentes del MP, peritos, comandantes y agentes de la Policía Ministerial de Tierra Caliente exigieron que también a ellos se les diga que suspendan sus actividades en esa zona.
«¿Qué acaso nosotros somos de hierro y vamos a resistir un balazo?, dijo uno de los agentes que pidió guardar su nombre para evitar represalias.
Los trabajadores de la FGE han denunciado que en estos dos años de gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no se les ha reintegrado su seguro de vida y el bono de riesgo se los entregan con retraso.
