Los argumentos de la Corte es que el Congreso de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, el diálogo y la deliberación de la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias, y con eso limitó las funciones del sistema comunitario que está amparado por tratados internacionales
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez y Óscar Guerrero
8 de junio del 2023
Chilpancingo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Congreso local por el tema de la Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el Congreso local cumplió con todas las fases del proceso, pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están en desacuerdo e impugnaron la decisión de los ministros.
El argumento principal de la CRAC-PC es que con la decisión de la SCJN su sistema comunitario les fue invalidado.
Los argumentos de la SCJN es que el Congreso de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, el diálogo y la deliberación. Para los ministros fue una consulta “libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
Integrantes de la CRAC-PC, en conferencia de prensa, dijeron que ellos defenderán su sistema y, de se ser necesario, impugnarán la resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
“Los pueblos indígenas y Afromexicano condenamos la resolución de la SCJN, ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros. Se limitaron a realizar un análisis de documentos fabricados por el Congreso del Estado en que se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones y decisiones que no se realizaron de manera efectiva”, mencionó el abogado de Tlachinollan que da acompañamiento a la CRAC, Vidulfo Rosales Sierra.
Martín Rosales Sierra, de la casa de justicia de la CRAC en Espino Blanco, aseguró que los ministros de la SCJN no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso de Guerrero nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos.
“Tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta. Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos, mucho menos se permitió la discusión y análisis”.
El asesor legal de la CRAC y ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, también reprochó la decisión de los ministros. “Con la presente resolución la SCJN flexibiliza los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos que dan fe de eventos que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades”.
Otros de lo aspectos que de acuerdo con la CRAC no fueron analizadas por la SCJN, fue la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la constitución política y el llamado principio de progresividad que obliga a las autoridades a abrogar derechos ya reconocidos, como es el caso de la Ley 701 del 2011, aprobada por la legislatura de ese tiempo.
“La SCJN se erige en el supremo poder neocolonial que pisotea a los pueblos indígenas y afromexicano desconociendo nuestros derechos, cual fiel capataz de las élites económicas y políticas da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”, mencionó Rosales Sierra.
Para las autoridades de la CRAC no son los gobiernos e instituciones “con modelos occidentales” quienes reconozcan sus derechos; dijeron que continuarán con su sistema de justicia comunitario en las 56 casas de justicia en la Montaña y Costa Chica en las que hay una sistema operado por la CRAC.
“Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia, coludida con el gobierno, penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”, dijo Martín Rosales Sierra.
La reforma
Todos estas impugnaciones y resoluciones tienen su origen en un reforma constitucional que se presentó en 2018 ante el pleno del Congreso local. Se trataba de la reforma a Ley 701, que reconoce el sistema de seguridad comunitaria.
En dicha reforma los diputados acotaron los alcances de las policías comunitarias para que no puedan retener y reeducar a las personas detenidas.
La reforma fue aprobada y una vez que se publicó en el Diario de Oficial de Guerrero, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 81/2018, porque para crear dicha reforma no fueron consultados los pueblos originarios.
Entonces, la CRAC propuso al Congreso de Guerrero que convocara a un diálogo para definir una reforma sobre las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos.
Después de un largo proceso en la SCJN, el 14 de julio de 2022, la Corte solicitó al Congreso de Guerrero información sobre cómo realizó la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias.
Fue hasta el 26 de agosto de 2022 que la SCJN, a través de un acuerdo emitido por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, determinó que los diputados de Guerrero no brindaron información exhaustiva de los alcances e implicaciones de la ley reformada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Pero el 5 de junio pasado, la SCJN emitió otra resolución en la que determinó que el Congreso sí realizó una consulta y garantizó las partes de todo el proceso.
Con esta determinación las policías comunitarias adheridas a la CRAC, por ley local, ya no podrían detener ni reeducar a las personas que detengan, pero insistieron hoy que su justicia comunitaria está amparada en tratados internacionales.
Integrantes de la CRAC protestan fuera del Congreso local contra la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos el 22 de marzo del 2022. Fotografía: Amílcar Juárez.
