Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
30 de enero del 2023
Chilpancingo
Durante la mesa de diálogo Acuerdo de Escazú y la Participación Ciudadana en la Conservación del Medio Ambiente, activistas y miembros de organizaciones internacionales coincidieron en lo necesario que es armonización de leyes locales con este tratado internacional en materia de medio ambiente
En en el marco de la Semana Jurídica 2023, el Congreso local, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizó esta mesa de diálogo para generar mecanismos que permitan armonizar el acuerdo con leyes estatales.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“También plantea garantizar el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible”, se lee en el resumen del Acuerdo de Escazú.
Dicho documento es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos el 27 de septiembre de 2018.
México es uno de esos países que lo suscribieron, pero a cuatro años de eso nunca se ha legislado para armonizar las leyes locales y nacionales, mencionó el diputado Manuel Quiñones Cortés, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local.
Al inaugurar la mesa de diálogo, el diputado se comprometió con los activistas y organizaciones internacionales a “fortalecer y generar los mecanismos necesarios para la protección y mejora del medio ambiente como pilar fundamental del desarrollo sustentable y sostenible en Guerrero”.
Durante la mesa de diálogo expuso el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (Propaeg), Carlos Arturo Toledo Manzur, quien mencionó la importancia de armonizar las leyes.
“Se debe analizar a fondo cómo se podría implementar este acuerdo en Guerrero y que no quede sólo en discurso, sino que contribuya a una gestión más efectiva de los recursos ambientales”, mencionó.
El coordinador del Programa Global Sobre Delitos que Afectan al Ambiente (Unodc), Marco del Toral, dijo que ya hay esfuerzos desde el Poder Legislativo para determinar qué delitos nuevos afectan al ambiente y sean agregados a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.
Aseguró que en esta Semana Jurídica se trabajará en las acciones de protección, conservación de medio ambiente y lo que corresponde a prevención y combate. “Se requiere de sectores de procuración e impartición de justicia, desde la detección, inspección, persecución propia de los delitos, hasta la adjudicación y sentencia”, mencionó Marco del Toral.
Algunas de las demandas de los activistas ambientales fueron revisar la situación de la Central Carboeléctrica de Petacalco y de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales que en el estado, de las cuales funcionan menos de la mitad.
Este contenido es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
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