De marzo a la fecha, Tlachinollan ha documentado 10 casamientos obligados entre menores de edad en el municipio de Cochoapa el Grande; el Congreso local ya determino sanciones para esta práctica
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Lenin Mosso / Archivo
23 de octubre del 2022
Chilpancingo
En Guerrero, aun con los intentos por erradicar los matrimonios forzados, éstos y la venta de niñas no cesan en la región Montaña, pues, de marzo a la fecha ha documentado 10 casamientos obligados entre menores de edad en el municipio de Cochoapa el Grande, informó Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se han encargado de darle seguimiento a los casos.
“El matrimonio forzado continúa pero ahora estos se realizan de manera clandestina por los casos que se han visibilizado a través de las redes sociales», dijo la abogada.
El dato es importante porque el pasado jueves, en el Congreso local, los diputados aprobaron la iniciativa para integrar en el Código Penal el delito de cohabitación forzada para erradicar los matrimonios forzados en la entidad.
Esta reforma establece hasta 20 años de prisión para las personas que promuevan los matrimonios forzados entre menores de 18 años de edad.
La tarea en este tema es complicada, pero con esta decisión legislativa se sentó un piso legal para su erradicación.
Neil Arias agregó que el asunto también fue retomado en las comunidades, al menos en Cochoapa el Grande, dijo, la gente que denuncia algún caso de matrimonio forzado es encarcelado por la Policía Comunitaria.
Supo que las autoridades comenzaron a emplear acciones, como la realización de talleres para sensibilizar a los habitantes de las comunidades, con el propósito de evitar que realicen estas prácticas.
«Pero esos talleres solamente son impartidos –por parte de la Secretaría de la Mujer, como parte de la estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados– a las mujeres y no a los hombres».
La abogada propone a los responsables de esta estrategia oficial de prevención y erradicación de matrimonios forzados que la sensibilización sea orientada a los hombres, porque, finalmente, son quienes deciden la venta de sus hijas.
En la imagen, una novia recibe dinero durante su boda en la Montaña de Guerrero. Foto: Lenin Mosso (Hemeroteca Amapola).«En los talleres que se han impartido las propias mujeres les dicen a los responsables de este programa que inviten a sus esposos a estos encuentros».
La abogada de Tlachinollan dijo que otra de las fallas de esta estrategia es de que no va acompañada de un ofrecimiento a las familias de las comunidades de proyectos productivos, obras sociales, escuelas, centros de salud y caminos.
«Esta estrategia debe de ser un programa integral», comentó.
Sobre la aprobación de los diputados, que derivan en adiciones al Código Penal, plantean incluir la cohabitación forzada en el capítulo de Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.
A partir de su entrada en vigor, está reforma establece que, a quien cometa este delito le impondrán de cinco a 15 años de prisión y una multa de 250 a 750 del valor diario de la Medida y Actualización (UMA), la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales.
Estas sanciones serán para «quien coaccione a una persona menor de 18 años de edad, que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, a unirse con ella o con otra persona, para cohabitar en una relación constante, equiparable al matrimonio», se lee en el dictamen aprobado este jueves.
Además establece la aplicación de tres a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces el valor diario de la UMA a quien solicite, gestione, oferte o induzca la cohabitación forzada, o se beneficie de ella.
En caso de que el autor del delito sea pariente de la víctima por consanguinidad en línea recta ascendente o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad, le impondrían hasta un tercio más de las sanciones previstas en los dos supuestos anteriores, o sea, hasta 20 años de prisión.
Esta iniciativa fue enviada al Congreso por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien en noviembre del 2021, semanas después de haber asumido el cargo puso en marcha en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad en la región de la Montaña y Costa Chica.
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