Murillo Karam enfrentará juicio en la cárcel. “Un paso más para nosotros como madres y padres de los 43″

Murillo Karam enfrentará juicio en la cárcel. “Un paso más para nosotros como madres y padres de los 43″

Después de una audiencia de más de 12 horas, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Permanecerá al menos 90 días encarcelado


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotos: Isabel Briseño

Ciudad de México

 

Cerca de las siete de la mañana una camioneta arribó al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde desde el sábado 20 de agosto duerme el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, y donde permanecerá 90 días hasta que se deslinde su responsabilidad en una serie de delitos cometidos en la investigación judicial de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

De la camioneta que se estacionó frente a los juzgados del Reclusorio bajaron los abogados de Karam. Cargaban  siete cajas llenas de papeles que servirían como evidencia para defender a su cliente, detenido desde el día viernes, acusado de cometer los delitos de tortura, desaparición forzada y atentar contra la administración de justicia.

La acusación derivó de una investigación especial para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Hecho que, apenas hace unos días, el gobierno federal reconoció como un crimen de Estado.

De acuerdo con el informe presentado por el gobierno federal, Murillo Karam, en ese entonces procurador general de justicia, fraguó una «verdad histórica» que, sin investigar a fondo la participación de las autoridades gubernamentales y mandos militares en el crímen, entorpeció las investigaciones para esclarecer este hecho.

Este miércoles, el político priista fue vinculado a proceso, por lo que se abrirá un juicio penal para investigar su presunta participación en estos crímenes.

Las cajas llenas de papeles que cargaban sus abogados sirvieron de poco.

La audiencia

En un juzgado anexo al Reclusorio Norte, Murillo Karam está sentado con el uniforme caqui que portan todos los internos del penal.

La imagen contrasta con el más reciente video del exprocurador; donde afuera de su casa en Lomas de Chapultepec, portaba un saco negro y «bromeaba» con los policías y militares que lo fueron a detener.

Ahora las risas estaban ausentes. Su semblante lucía sereno. Su voz no titubeaba para nada cuando negaba su participación en los delitos que se le imputan. Inclusive, con esa misma serenidad –muy cercana al cinismo– Karam defendía su “verdad histórica”.

“Puedo aceptar algunos errores. Pudieron haber fallas. Puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”.

Para el juez de control que decidiría el destino del exprocurador, sin embargo, poco importaban los argumentos de Murillo y su defensa.

En algún momento de la audiencia, cuando la defensa del exprocurador acusó que las acusaciones contra su cliente eran insostenibles y pactadas, el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó callar a los abogados. Les dijo que si seguían cuestionando la legitimidad de su tribunal, podrían ser expulsados de la audiencia.

Los abogados callaron, y después de exponer sus alegatos, el tribunal entró en receso. A la vuelta, la Fiscalía General de la República mostró el sustento de sus acusaciones ante el juez. El tribunal volvió a tomarse un tiempo para valorar lo que se expuso.

Pasaban las horas, y afuera, donde la prensa especulaba con teorías y deseos, poco se sabía de lo que pasaba adentro.

En ratos, reporteros salían e informaban a sus colegas: “No hay avances”; “entró en receso”; “yo creo que lo van a absolver”.

A eso de las cinco de la tarde un informe llegó hacia afuera. Rápido corrieron llamadas para corroborar lo que ahí estaba dicho: “ya vincularon a proceso a Murillo”. El rumor era cierto: el exprocurador tendría que enfrentar a la justicia y responder por los crímenes que le acusan.

Una larga deliberación

La audiencia continuó, pues aunque a Murillo debía de enfrentar la justicia, todavía quedaba un asunto pendiente. ¿Cómo la enfrentaría?

Hasta ese momento Jesús Murillo Karam se encontraba bajo prisión preventiva. Es decir, mientras se resolvía su situación jurídica el exprocurador estaría tras las rejas del Reclusorio Norte.

Esa medida cautelar,  es decir la prisión preventiva, fue ordenada debido al alto riesgo de fuga del político priista. Además de sus múltiples propiedades, los antecedentes de otros presuntos culpables de delitos graves durante la investigación del caso Ayotzinapa –como la fuga de Tomás Zerón– no daban un aura de confianza al poder judicial respecto a las próximas acciones de Murillo Karam.

Su defensa, obviamente, apeló esta medida. Argumentaban que la salud del exfuncionario era delicada. La discusión; el debate; los alegatos de ida y vuelta hicieron que el tiempo de espera se alargara. Pasaron más de 12 horas, y afuera la incertidumbre seguía reinando.

A eso de las nueve de la noche un informe surgió dentro de los juzgados. El juez había decidido imponer la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, por lo que el exprocurador tendría que pasar, al menos, 90 días naturales en el Reclusorio Norte. Esto, mientras se agotaba la investigación para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

Jesús Murillo Karam, además de su opacidad e intransigencia con las víctimas de derechos humanos, pasaría a la historia como el primer procurador general de la República en terminar en prisión. El asunto no es menor, pues en caso de comprobarse su culpabilidad, sería el primer procurador sentenciado por un delito grave a una pena de prisión.

Las horas se hacían cada vez más largas. Afuera los reflectores y cámaras comenzaban a transmitir la noticia en cadena nacional. Al poco tiempo, entre las sombras que separaban un largo pasillo entre el tribunal y la entrada a los juzgados, la defensa de Murillo Karam se vio bajar hacia los micrófonos y cámaras.

«Queremos que se aplique la ley, queremos justicia»

Sin nervios, inclusive tranquilos, los abogados Antonio y Javier López decidieron hablar frente a un país que desde hace casi 8 años espera respuestas sobre el caso de los 43.

Javier López citó jurisprudencias. Llamó inepto al juzgador. Y resaltó su propia labor, aunque su defendido fue vinculado a proceso y obligado a pasar la investigación en su contra tras las rejas.

Antonio López, en un tono más diplomático, dijo que Murillo Karam estaba “tranquilo y confiado de las instituciones’. Espera que le podamos decir, después de leer el expediente, qué es lo que sigue”.

Después, recordó que el exprocurador tiene algunos padecimientos de salud, pero “está estable”. También afirmó que un médico atendería a Jesús Murillo Karam mientras se encuentra en prisión.

Posteriormente no dudó en afirmar, con la mirada fija y la voz calmada, que apelarán la resolución del juez. Al poco tiempo dejaron de responder preguntas. Caminaron hacia la camioneta, ahora sin las cajas llenas de papeles, y entre una prensa que buscaba más respuestas, arrancaron el vehículo.

Mientras, detrás de ellos, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, caminaba al lado de sus asesores jurídicos: Santiago Aguirre, del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales.

En un tono distinto al de sus colegas, Vidulfo tomó la palabra. Primero agradeció a la prensa por seguir cubriendo el caso. Después afirmó que estaba de acuerdo con la resolución del juez.

“El juez valoró, de manera objetiva, todas las pruebas que presentó el ministerio público; y pudo establecer, razonablemente, que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que, a través de una investigación turbia, irregular, se ocultó el paradero de los estudiantes”.

Y recalcó que el mensaje que envió este tribunal va para aquellos otros funcionarios que han cometido –o cometen– irregularidades, “pues hay una consecuencia jurídica en este país”.

Cristina, con una voz más calma, dijo que esta decisión del juez significa “un paso más para nosotros como madres y padres de los 43 que es relevante. Que lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia».

«No nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron (los delitos) esa noche del 26 de septiembre de 2014, pero sí queremos saber la verdad, para que otras personas se puedan animar de hablar y ya alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos, eso es lo que más queremos, eso es lo que más exigimos”.

Hubo preguntas incómodas, desde la ignorancia o las fobias políticas, pero Cristina mantuvo la calma, pues está a punto de caer el primer mando de alto rango del gobierno que, presuntamente, estuvo implicado en ocultar la verdad a las familias de los 43 por ya casi 8 años.

“Seguimos en pie de lucha. Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Hasta encontrarlos. Hasta saber la verdad”, concluyó Cristina.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

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