Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Facebook – Centro de atención de enfermos mentales Cristo de la Misericordia en Acapulco
Chilpancingo
Cyndi Saucedo tenía 18 años cuando estudiaba la licenciatura en administración de empresas en Morelia, Michoacán, tenía una vida tranquila, dedicada a sus estudios. De pronto todo cambió. Comenzó a presentar síntomas que no comprendía, que eran extraños para su mente: fue diagnosticada con esquizofrenia.
Conseguir el diagnóstico médico no fue sencillo, en Guerrero no hay protocolos ni un marco legal para tratar a pacientes mentales. Cyndi recuerda que tuvo que salir del estado para atenderse adecuadamente.
En Guerrero a Cyndi sólo le otorgaron una orden para trasladarse a un hospital en la Ciudad de México para su tratamiento porque acá no hay un hospital psiquiátrico y, en el sector público, los especialistas son insuficientes.
“Ese diagnóstico me tambaleó y me cambió la vida por completo”, recuerda.
Cyndi tuvo que enfrentarse a algo desconocido, no sabía de qué se trataba y le daba miedo expresar a los demás lo que sentía, sufrió el rechazo social, laboral y, como estudiante, el escolar.
“Mis compañeros ya no me hablaban, recuerdo que una vez llegué y me senté en mesas con más compañeros, dejé mis cosas y mis compañeros empezaron a tomar sus mochilas y ponerlas en otro lado y me dejaron sola en la mesa”, explica.
Los síntomas se intensificaron cuando entró a la universidad, Cyndi trató de mantener su mente ocupada para olvidar un poco sus síntomas, estaba en el club de teatro y pintura, eso ayudaba a que pudiera socializar y hacer su diagnóstico más llevadero.
La enfermedad le trajo estragos, bajó su rendimiento escolar, luchó contra el estigma y lidió con la parte médica. Las citas médicas en la Ciudad de México se volvieron recurrentes, muchas eran semanales, hasta que ya no pudo: dejó la universidad.
Luego vinieron nuevos síntomas que encajaban con otras enfermedades, hace un año Cyndi fue diagnosticada con el trastorno ezquizoafectivo, trastorno de personalidad múltiple y epilepsia del lóbulo temporal.
El camino de Cyndi ha sido difícil. La falta de información sobre enfermedades psiquiátricas provocó que durante mucho tiempo no aceptara lo que le pasaba.
“Las personas piensan que porque eres paciente psiquiátrico vas a salir y los va a matar o les vas a hacer daño, cuando no es así, no somos un peligro”, comenta.
Su lucha ha sido constante, ahora está estable y en tratamiento. La mayoría de los diagnósticos médicos le advirtieron que siempre tendría que depender de alguien, que viviría aislada, que no podría tener un trabajo ni relacionarse.
Hoy Cyndi tiene un trabajo, amigos, pareja y un hijo de un año y medio.
Enfermos mentales sin seguridad
Para Cyndi en Guerrero no hay certeza para un enfermo mental. No hay hospitales especializados ni personal capacitado para dar una atención adecuada.
Recuerda que buscó atención médica en el área de psicología del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, pero no fue lo que esperaba. En primer lugar las citas eran muy espaciadas.
“Cada tres o seis meses agendaban una cita, imagínate para cuando llega a la cita ya tuviste una crisis y te recuperaste tú solo”, comenta.
Además el tiempo en las salas de espera era demasiado largo y las consultas demasiado cortas para tratar a un paciente con varios padecimientos.
Después de su mala experiencia, acudió a la Clínica de Salud Emocional, de la Secretaría de Salud Estatal, pero no contaban con psiquiatra, así que descartó esa opción.
Al final no tuvo otra opción, regresó a la Ciudad de México, donde paga consultas privadas a psicólogos y psiquiatras para recibir la atención adecuada.
“Pues uno paga y uno elige las fechas, el día, la hora y si uno se siente mal hay atención personalizada, a diferencia del sector público donde no existen tales protocolos”, explica.
Atenderse en el sector privado, para Cyndi fue costoso, debido a que tenía que trasladarse, así como alimentos y hasta hospedaje, lo que muchas veces merma su economía.
Además los medicamentos que necesita y que no son proporcionados por el sector público son un gasto más; reconoce que ha suspendido su tratamiento y sus consultas por falta de dinero, la más prolongada fue de un año y medio.
Sin ley que los proteja
En la Ley General de Salud federal existe un capítulo dedicado a la salud mental, ahí se especifican instancias, presupuesto y dependencias encargadas de atender padecimientos mentales.
En Guerrero, la Ley de Salud no establece un marco legal para atender dichos padecimientos, lo más cercano es el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones que fue instalado el 8 de abril del 2022, que responde a las reformas a la Ley General de Salud.
Ante la falta de instancias correspondientes y del incipiente Consejo de Salud Mental no existen datos que ayuden a dimensionar el problema.
El antecedente que existe es el Diagnóstico Operativo de Salud Mental 2020 donde se indica que en Guerrero no existe ningún Centro Integral de Salud Mental (Cisame), ni Hospital Psiquiátrico, lo único que hay son seis Centro de Atención para Prevenir Adicciones (CAPA), todas dependencias federales.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 por ciento de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida y, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.
En abril de este 2022, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud que obliga al Estado garantizar la atención equitativa e igualitaria a la atención de salud mental.
De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores federales, la atención de salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respecto a los derechos humanos de los usuarios en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.
En Guerrero falta que el Congreso local apruebe una reforma a la Ley Estatal de Salud para homologarla a su par a nivel federal.
