Texto: Amílcar Juárez
Fotografía: Especial
Chilpancingo
La mañana del 28 de junio de 1995 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien desapareció un mes antes, el 24 de mayo, durante una operación policiaco-militar en la región de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero.
El 3 de mayo de ese año, en la comunidad de Tepetixtla, Romero Vázquez leyó las demandas de la OCSS durante una visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El reclamo molestó al priista y focalizó la represión.
Esa mañana tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policías en El Vado de Aguas Blancas detuvieron a las camionetas en las que se transportaban los campesinos.
Los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca sin darles explicación.
El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales.
Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación: a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 más heridos.
Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el general Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino.
A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada y los tiradores perpetrados en la maleza.
En ese tiempo, Figueroa Alcocer tenía de asesor al general Francisco Quirós Hermosillo.
Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron los encargados de “combatir” la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes en el estado bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en los años 70 y 80, de la cual dejaron en Guerrero un sin número de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.
“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.
El origen
La OCSS se constituyó el 14 de enero de 1994 en la comunidad serrana de Tepetixtla.
Desde su formación, las autoridades buscaron desprestigiar y criminalizarla; se formó por demandas de los pueblos, por las violaciones graves a los derechos humanos pues después del año de los 60 quedaron muchas familias agraviadas, comunidades enteras sitiadas, dice Mesino.
La mayoría de campesinos que conforman la OCSS son sobrinos, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas de víctimas de la llamada Guerra sucia que golpeó todo el país pero en particular a la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Es por eso que desde su conformación la principal demanda fue la presentación con vida de cientos de desaparecidos políticos. Esta exigencia fue la principal molestia de Figueroa Alcocer.
El priista previo a la masacre trató de cooptar a la OCSS mediante cumplimientos de demandas económicas y a sus dirigentes entre ellos Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marína Sánchez Flores.
“A sus desaparecidos ya se los llevo…”, recuerda Mesino que les decía el ex gobernador.
La consigna por Figueroa Alcocer fue la cooptación, pero para los que no aceptaban les esperaba la represión y la cárcel, situación que tomó forma el 28 de junio de 1995 con la masacre Aguas Blancas. Luego vino más persecución, criminalización, encarcelamiento y asesinato.
Otra maniobra de Figueroa Alcocer fue tratar de dividir a través de Bertoldo Guzmán hermano de Benigno (uno de los dirigentes de la OCSS), quien formó una organización paralela provista con todos los recursos.
—¿Dentro de los asesinados murieron dirigentes de la OCSS?
—Sí, había compañeros representantes de comunidades, porque la organización tiene su estructura de representantes colectivos, pero también tiene representantes regionales y comunales, varios de los compañeros asesinados eran representantes comunales.
Represión selectiva tras la masacre
“Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer como es sabido por todos, mandó a traer y cooptar a las viudas, quiso dividir así a la organización para frenar la protesta de justicia”, dice Mesino.
Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos de Figueroa Alcocer, ofreció dinero a Benigno Guzmán e Hilario Mesino: 300,000 pesos y llevarlos a Cuba a cambio de que abandonaran la lucha. Ambos se negaron. El resultado: fueron perseguidos, detenidos y la organización criminalizada.
Fueron acusados de motín, sabotaje y recluidos en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco.
La estrategia focalizada contra las bases de la OCSS no paró ahí.
“Muchos de los sobrevivientes como Gerónimo Hernández Refugio, Gilberto Ramírez Bahena, Antonio Barragán están detenidos, el compañero Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado, otros compañeros fueron desplazados, otros compañeros como Celio Vázquez también fue asesinado”, precisa Mesino.
Agrega: “Todos ellos tenían un cargo dentro de la organización y el estado se encargó de infiltrar, investigar toda la estructura de la organización por eso los ataques iban bien dirigidos a las estructuras de la OCCS”.
La justicia no llega
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe declaró que se violaron gravemente los derechos humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente a Figueroa Alcocer.
Pero la masacre de Aguas Blancas no entró en los acuerdos que firmó el gobierno de la República en el marco internacional porque fueron posterior a 1998 y tampoco entró en la nueva Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990”.
La masacre de Aguas Blancas quedó en el limbo.
A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones.
“La nueva estrategia de visualizar la lucha y conseguir justicia nos ha llevado a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi padre Hilario Mesino Acosta y Marina Sánchez Flores, aun no ha sido atraído por dicha comisión, Aguas Blancas es una deuda histórica”, dice Mesino.
Gerónimo Hernández Refugio
Gerónimo Hernández es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.
Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.
Mesino responsabilizó a las autoridades penitenciarias de la integridad física de Gerónimo Hernández pues dentro de los reclusorios exigen cuotas económicas por seguridad.
El domingo 26 de junio, la OCSS instaló en Acapulco un plantón para exigir de una mesa de trabajo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para revisar los casos jurídicos de integrantes que se encuentran recluidos.
“Nos vimos en la necesidad y deber de manifestarnos porque pareciera que tenemos gobiernos con oídos sordos, porque se publica que somos el santuario de los derechos humanos pero es mentira tuvimos que hacer la manifestación para decirle a la gobernadora que intervenga y se hagan mesas de trabajo para revisar el caso de cada uno de los presos”, denuncia Mesino.
