Gobierno de Evelyn Salgado ofrece 400,000 pesos a desplazadas en vez de retorno a sus pueblos

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Arturo de Dios y Oscar Guerrero

28 de abril del 2022

Chilpancingo

 

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reconoció que no puede garantizar a los desplazados por la violencia el retorno a sus pueblos y por eso les ofrece 400,000 pesos a cada una de estas familias para que lo utilicen en la construcción de una vivienda.

El pasado 20 de abril acudió al municipio de Ayutla de los Libres, en representación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Alberto García para hacerles este ofrecimiento económico a las familias desplazadas de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.   

Desde el 2011 estas familias desplazadas viven en las localidades de Tepango y La Unión, ubicadas cerca de la cabecera del municipio de Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero.

«Con este ofrecimiento que hace la gobernadora Evelyn Salgado quiere finiquitar el asunto de los desplazados y se pierde el compromiso de regresarlos otra vez a su lugar de origen», dijo Hoger Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP); junto a varias mujeres desplazadas dio a conocer esta situación.

El activista y los desplazados ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) este miércoles a mediodía.

Después que el funcionario estatal les planteó esta propuesta las familias desplazadas se reunieron en una asamblea en la que acordaron recibir los 400,000 pesos con la condición de que el gobierno deje en libertad a sus compañeros Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes están presos en el penal de Ayutla desde el 2018, acusados de los delitos secuestro y homicidio.

La versión de los familiares de los dos encarcelados es de que son inocentes y el gobierno les fabricó los delitos.

Morales Miranda quien asesora a las familias desplazadas comentó que el gobierno sigue sin cumplir la Ley 487 que es para prevenir y atender el desplazamiento interno.

«Uno de esos beneficios que dice esa Ley es garantizar el regreso de los desplazados pero el mismo gobierno dice que no hay condiciones», expuso el activista.

Las familias viven en estos dos pueblos del municipio de Ayutla en unos terrenos que les prestó la comunidad se salieron de La Laguna en noviembre del 2011 después del asesinato de la dirigente ecologista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana.

«La gente desplazada que vive en Tepango y en La Unión que ahora se llama la Libertad, no tiene terreno propio, agua, drenaje, centro de salud y a los niño no se las garantiza el derecho a la educación», dijo Morales Miranda.

Desde hace 11 años el gobierno estatal les prometió a las familias que en su nuevo lugar de residencia (en Ayutla) tendrían tierras para vivir y tierras para sembrar.

«Pero nada se ha cumplido, la gente sigue viviendo igual», expresó el activista.

La hermana del preso Gildardo Díaz Pérez comentó que ellos anteponen los 400,000 pesos que les ofrece el gobierno para su vivienda por su libertad y la de suegro Ubaldo Santana Alonso.

Dijo que no existe ninguna prueba de que ambos hayan cometido algún delito.

Además están pidiendo que el gobierno deje sin efecto las órdenes de aprehensión que existe contra 16 desplazados.

«Nosotros no queremos regresar a nuestro pueblo porque no existen las condiciones y lo que queremos es de que nos ayuden aquí donde estamos», mencionó Catalina Díaz Salgado.

Gobierno de Evelyn ofrece 400 mil pesos a desplazadas en vez de retorno a sus pueblos

Recordó que cuando ella y sus padres se salieron de su comunidad de La Laguna ella tenía 10 años de edad y que se percató de que muchos de sus familiares fueron asesinados. A pesar de la tragedia que vivió de niña nunca recibió ayuda psicológica de parte del gobierno.

En marzo de este año, familias desplazadas que desde el 2019 vivián en Vallecitos de Zaragoza, acompañados por el Ejército y la Guardia Nacional, regresaron a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Pero ocho días después nuevamente se salieron de su pueblo porque integrantes de una organización delictiva los amenazó de muerte.

Hasta el momento, las familias viven en Vallecitos de Zaragoza, municipio de José Azueta, sin que el gobierno de Salgado Pineda les garantice el retorno a su pueblo.

Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, aseguró que desde hace menos de una década, 20,000 personas fueron desplazadas por la violencia en decenas de comunidades de las regiones de Guerrero, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin frenar la violencia.

Para la activista los gobiernos locales son incapaces de detener a las bandas de la delincuencia, porque, dijo, es evidente que están coludidas.

Agregó que la situación de violencia que vive en Guerrero atrae la mirada de gobiernos de países del primer mundo, porque ven esta situación como un signo de preocupación.

Este miércoles, la activista tuvo una reunión con el director de la política exterior de la embajada de la Gran Bretaña en México, Bhavik Shah, quien después en entrevista con los reporteros, reconoció que es preocupante la violencia en Guerrero en donde recibió informes de personas desaparecidas y desplazamientos de manera forzada.

El funcionario de la embajada británica realizó un recorrido de tres días en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, dijo Rosales Sierra.

Te puede interesar: Víctimas de matrimonio forzado en Guerrero, una promesa que sigue pendiente

Salir de la versión móvil