Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
29 de marzo del 2022
Chilpancingo
En una reunión en la que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo esperar más de una hora a los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) les dijo que ella no puede frenar la consulta para la reforma constitucional que realiza el Congreso local que ha sido impugnada por las propias comunidades indígenas que tienen su propio sistema de justicia.
Durante el encuentro que se realizó este lunes en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal les dijo que a los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC que ella retiró las iniciativas de reformas a la Constitución que envió al Congreso y decidió primero dialogar con los pueblos originarios para que hagan su propuesta de nuevas iniciativas.
Después de que la mandataria retiró sus iniciativas, el PRD presentó otras iniciativas que establece los mecanismos de consulta los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas y poblaciones afromexicanas.
Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Apenas el pasado fin de semana, la casa de justicia de la CRAC-PC, de El Paraíso del municipio de Ayutla de los Libres sentenció a 25 años de reeducación a un feminicida que cometió contra su pareja sentimental el pasado primero de enero de este año.
En la reunión con la gobernadora los líderes de la CRAC le dijeron que esta consulta que realiza el Congreso local tiene como objetivo desaparecer a las policías comunitarias y al sistema de justicia que tienen los pueblos originarios.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) contestó a los coordinadores de la CRAC que su gobierno no puede ordenarle a un poder que realice tal o cual acción porque ella respeta su autonomía», señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de la CRAC, Rogelio Téliz García.
En la reunión que se desarrolló en Palacio de Gobierno y que duró casi tres horas, Salgado Pineda les dijo a los dirigentes de la CRAC que su gobierno solo coadyuva en los trabajos de esa consulta que realiza el Congreso.
Téliz García, señaló que lo que si les dijo a los coordinadores de la CRAC-PC es que después que concluya la consulta se va reunir con ellos para empujar una propuesta de proyecto de iniciativa de ley que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
«Habrá diálogo y más diálogo con nosotros, eso es lo que nos dijo la gobernadora», afirmó el abogado entrevistado después de que concluyó la reunión con la mandataria.
El abogado señaló que esta consulta para la reforma al artículo 777 de la Constitucional y la Ley 701 que lleva a cabo el Congreso local está «manipulada y racista» que pretende desaparecer el sistema de seguridad y justicia.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.
El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.
Rogelio Téliz García, prevé que la consulta que lleva a cabo el Congreso va a fracasar porque está plagada de irregularidades.
Derivado de estas fallas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría iniciar un procedimiento sancionador contra los 46 diputados por desacato judicial.
«La sanción podría ser una acusación judicial e incluso un procedimiento del desafuero de los 46 diputados locales», señaló el abogado.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC acordaron seguir con su plan para impedir que el Congreso apruebe las reformas a la Constitución.
El próximo 5 de abril habitantes de los pueblos, policías comunitarios y coordinadores de las cinco casas van a realizar una marcha en las calles de Chilpancingo.
Después del 14 de abril, el grupo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudirá a la Suprema Corte para impugnar esta consulta que realiza el Congreso.
Téliz García señaló que el sistema de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero están legalmente reconocidos por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«El Congreso o el gobierno jamás podrá desaparecer este sistema que tienen los pueblos porque ha dado certidumbre en el tema de seguridad», expresó el abogado.
Mencionó el caso de un individuo que el pasado fin de semana fue sentenciado a 25 años de trabajos comunitarios durante una asamblea que realizó la Casa de Justicia de la CRAC en la comunidad de El Platanal, del municipio de Ayutla de los Libres.
A esta persona se le dictó esta sentencia por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental a quien mató a machetazos.
«Si este individuo hubiera sido detenido por la justicia del gobierno hubiera transcurrido muchos meses o años para que se le dictara sentencia pero en el sistema de justicia que tienen los pueblos originarios el proceso duró tres meses», dijo Téliz García.
El encuentro con la mandataria estatal empezó después de las 12 del día de este lunes y concluyó a las 15 horas.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC estaban citados a las 11 de la mañana, pero la gobernadora llegó con ellos más de una hora después.
